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Modo: Corpus Pro

PRÓRROGA DEL PLAZO PARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE DEL AMPARO INDIRECTO NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 21/2025. · Registro digital (IUS): 33598
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-09-12
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Septiembre de 2025, Tomo II, Volumen 2, Pág.1488.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 21/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 13 DE AGOSTO DE 2025. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR Y DE LOS MAGISTRADOS JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ Y CASIMIRO BARRÓN TORRES. PONENTE: MAGISTRADO JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ. SECRETARIA: ELBA FERNANDA VÁZQUEZ MÁRQUEZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al trece de agosto de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Que resuelve la contradicción de criterios 21/2025, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado y el Primer Tribunal Colegiado, ambos en Materia Penal del Séptimo Circuito(1) al resolver los recursos de queja 243/2024 y 313/2024, respectivamente.

I. ANTECEDENTES

1. Denuncia de contradicción de criterios. Mediante oficio recibido vía electrónica, el catorce de febrero de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de este Pleno Regional la denuncia presentada por los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en atención a la solicitud del quejoso en los autos del recurso de queja 243/2024, por conducto de su autorizada, en relación con la posible contradicción de criterios entre los sustentados por ese órgano jurisdiccional, al resolver el citado recurso, y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 313/2024.

2. Trámite ante este Pleno Regional. El diecisiete de febrero de dos mil veinticinco, la Magistrada María Enriqueta Fernández Haggar, Presidenta de este Pleno Regional, radicó la denuncia con el número señalado al rubro, requirió a los tribunales colegiados contendientes para que remitieran la versión electrónica, con firmas, del proveído en el que informaran si el criterio sustentado en los aludidos asuntos de su índice seguía vigente. Asimismo, se remitiera la determinación respectiva y que se pusiera a disposición de este Pleno Regional la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Electrónico del Consejo (exceptuando de ello al Segundo Tribunal Colegiado). Ordenó hacer saber al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la admisión de la presente contradicción de criterios para que comunicara si existía precedente obligatorio radicado en ese Máximo Tribunal sobre el tema que delimitó de forma preliminar. Asimismo, turnó electrónicamente el asunto a la ponencia a cargo del Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz.

3. En el mismo proveído, la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional señaló como posible tema de contradicción:

PRÓRROGA DEL PLAZO PARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. DETERMINAR SI EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO ES O NO LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI SU RECLAMO ACTUALIZA DE FORMA NOTORIA Y MANIFIESTA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CONSISTENTE EN QUE NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.

4. El veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco, se tuvieron por recibidos los informes rendidos por las respectivas Presidencias de los Tribunales contendientes, en los que señalaron que sus criterios se encontraban vigentes, giraron instrucciones para poner a disposición de este Pleno la consulta del respectivo expediente electrónico y remitieron las sentencias relacionadas.

5. Mediante acuerdo de tres de marzo de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que refirió que durante los últimos seis meses no había sido radicada en ese Máximo Tribunal contradicción de criterios alguna sobre el tema referido.

6. En la misma data, se confirmó el turno electrónico al Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz.

7. El uno de abril de dos mil veinticinco se listó el proyecto de resolución de la presente contradicción de criterios, para discutirse en la sesión de nueve de abril siguiente, en la cual este Pleno Regional determinó retirar la contradicción de criterios y reservar su resolución hasta en tanto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera la diversa contradicción de criterios 60/2025, derivado de la similitud del tema delimitado en ambos asuntos, lo que así se hizo mediante proveído de diez de abril del año que transcurre.

8. El siete de julio de dos mil veinticinco, la Secretaria de Acuerdos de este Pleno Regional certificó que de la consulta realizada en la página electrónica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desprende que la Primera Sala, en sesión de veinticinco de junio de dos mil veinticinco, resolvió como inexistente la contradicción de criterios 60/2025, suscitada entre el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, al resolver la contradicción de criterios 104/2024, y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 313/2024.

9. En proveído de esa misma fecha, se levantó la reserva decretada con antelación y se devolvió el expediente a la ponencia del Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.

II. COMPETENCIA

10. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 94, párrafos quinto y séptimo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; séptimo transitorio; 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; y, fracción I, punto 4, así como los ordinales 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, Denominación e inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con los artículos 1, 2 y 3, fracción II, punto 2, del Acuerdo General 38/2023, acuerdos generales todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los tribunales contendientes pertenecen a la jurisdicción de este Pleno Regional.

III. LEGITIMACIÓN

11. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, derivada de la petición del quejoso en los autos del recurso de queja 243/2024, de su índice, por conducto de su autorizada.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

12. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito al resolver el recurso de queja 243/2024.

13. Marco procesal. Una persona [imputada en el proceso de origen], por conducto de su defensora particular, promovió juicio de amparo indirecto contra el acto de la Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Congregación de Pacho Viejo, Veracruz, consistente en la resolución de tres de julio de dos mil veinticuatro, dictada en el proceso penal **********, a través de la cual concedió a la representación social una prórroga de dos meses de investigación complementaria.

14. A manera de antecedentes, en relación con los documentos que exhibió como anexo a la demanda de amparo, la parte quejosa señaló que en febrero de dos mil veinticuatro, se celebró la audiencia inicial y se determinó vincularlo a proceso por el delito de tortura; y se le concedió un plazo de tres meses de investigación complementaria, que terminarían el veintiuno de mayo de ese año.

15. Previo a vencerse ese plazo, la defensa solicitó por escrito ante el Ministerio Público que se le informara y entregara copia de los actos de investigación que se hubieran realizado en dicho periodo complementario; mediante auto de diecinueve de abril de dos mil veinticuatro, la representación social señaló que no había realizado nuevos actos.

16. Posteriormente, se les convocó a una audiencia en la que se debatiría una ampliación de plazo de investigación complementaria solicitada por el Ministerio Público. Como resultado de esa audiencia, se concedió una prórroga de dos meses a dicha fase.

17. Por razón de turno, le tocó conocer al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, bajo el número de expediente 739/2024; en proveído de ocho de julio de dos mil veinticuatro desechó de plano la demanda, al estimar que el acto reclamado no es uno de aquellos que produzca efectos de imposible reparación, por lo que tuvo por actualizada la causal de improcedencia que se obtiene de relacionar la fracción XXIII del artículo 61 con el diverso precepto 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo.

18. El Juzgado de Distrito consideró que la resolución combatida en la vía constitucional es de naturaleza meramente intraprocesal, en virtud de que sólo amplió por dos meses la investigación complementaria solicitada por la representación social, lo que de ningún modo produce la afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, pues no se le está impidiendo el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente; además, no constituye la resolución con la que se culmina la etapa de investigación.

19. El juzgador constitucional añadió que a través del juicio de amparo indirecto pueden combatirse las determinaciones tomadas en la etapa de investigación, pero después de emitida la determinación del vencimiento del plazo para el cierre de la investigación complementaria.

20. Es decir, dijo, independientemente de que la violación procesal pueda o no causar un perjuicio predominante o de grado superior o grave, la Ley de Amparo es clara al señalar que el amparo indirecto procederá únicamente cuando se reclamen actos cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por tales actos deberá entenderse, únicamente, “los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.

21. De igual modo, hizo hincapié en que no pasaba por alto que la parte quejosa invocó en la demanda de amparo, la contradicción de criterios 104/2024, del índice del Pleno Regional en Materia Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, con la finalidad de robustecer la procedencia del juicio de amparo, pero que el juzgado emisor se encuentra comprendido en la Región Centro-Sur.

22. En contra de esa decisión, el quejoso, por conducto de su defensora particular, interpuso recurso de queja del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en el expediente 243/2024; en sesión ordinaria virtual de trece de diciembre de dos mil veinticuatro, declaró fundado el citado medio de impugnación.

23. Consideraciones que sustentan el criterio. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito estimó que la causal de improcedencia invocada por el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, no se actualizaba de manera indudable y manifiesta.

24. Explicó que la determinación de ampliar el plazo para el cierre de la investigación complementaria, a solicitud de la fiscalía, constituye una resolución que, eventualmente, puede producir afectación a derechos adjetivos del imputado, cuyos efectos sean solamente de carácter formal o intraprocesal, pero también son susceptibles de irrogar lesión a sus derechos fundamentales, dependiendo de su resultado, e incluso, de que la solicitud de la prórroga para el cierre de investigación complementaria se haya realizado oportunamente y se encuentre debidamente justificada; pues una vez agotado el plazo otorgado para tal efecto, el Ministerio Público necesariamente habrá de solicitar el sobreseimiento parcial o total de la causa, la suspensión del proceso, o bien, formular acusación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

25. Añadió que sólo con pleno conocimiento de la forma en que se desenvolvió esa fase es que se puede conocer cuál de esas dos afectaciones tuvo lugar; es decir, si la lesión irrogada al imputado fue de índole meramente intraprocesal o, si en su caso, se generó alguna afectación a sus derechos fundamentales, por violentarse el principio de igualdad procesal de las partes, al colocarlo en una posición sustancialmente desventajosa frente al órgano acusador; al derecho a una justicia pronta y expedita contemplado en el artículo 17 de la Constitución Federal, e incluso, al derecho de ser juzgado dentro del plazo legalmente previsto.

26. El Tribunal Colegiado indicó que, como la única información con la que se contaba, era la contenida en el escrito de demanda, no resultaba factible establecer si la determinación del juez de control, en cuanto otorgó al Ministerio Público la ampliación de la prórroga para el cierre de la investigación complementaria, afectó derechos puramente adjetivos o intraprocesales, al carecerse de elementos indispensables para hacerlo.

27. Apoyó su decisión, como criterio orientador, en las consideraciones sostenidas por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, al resolver la contradicción de criterios 104/2024, que dio origen a la jurisprudencia PR.P.T.CN. J/23 P (11a.), de rubro “PRÓRROGA DEL PLAZO PARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI SU RECLAMO ACTUALIZA DE FORMA NOTORIA Y MANIFIESTA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CONSISTENTE EN QUE NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN”.

28. En consecuencia, declaró fundado el recurso de queja por considerar que debió darse trámite a la demanda para el efecto de integrar debidamente la litis, para que pudiera establecerse si el acto reclamado es susceptible de trastocar derechos sustantivos.

29. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito al resolver la queja penal 313/2024.

30. Marco procesal. Una persona de identidad reservada –víctima en el proceso de origen– promovió demanda de amparo indirecto en la que reclamó del Juez de Control de Tantoyuca, Veracruz, como autoridad ordenadora, el auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, dictado dentro del cuadernillo innominado **********, cuya ejecución reclamó de la Fiscal Primera en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres y Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con adscripción en el municipio y estado citados previamente.

31. A manera de antecedentes, la parte quejosa señaló que presentó denuncia por pederastia ante la Fiscal Primera en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres y Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con adscripción en el Municipio de Tantoyuca, Veracruz, lo que motivó que se iniciara una carpeta de investigación.

32. Radicada la carpeta de investigación ante el juez de control, se le asignó el número de proceso **********. En su oportunidad se dictó y ejecutó una orden de aprehensión; asimismo, se formuló imputación, se dictó auto de vinculación a proceso y se discutió el plazo de investigación complementaria, en donde se otorgó un plazo de cuatro meses.

33. La persona quejosa añadió que, fenecido el plazo de investigación complementaria, se le hizo del conocimiento que debía presentarse a una audiencia en la que tendría verificativo el recurso innominado. Estando en audiencia, el juez de control concedió una prórroga de investigación complementaria de dos meses, solicitado por la defensa, sin haber fundado ni motivado dicha decisión.

34. De la demanda de amparo indirecto, por cuestión de turno, correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano; radicó la demanda bajo el número 551/2024 y la desechó de plano al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos numerales de la Ley de Amparo, al no tratarse de un acto de imposible reparación que afectara los derechos sustantivos de la parte quejosa de manera real, actual e inminente.

35. En contra de esa decisión, la parte quejosa, por conducto de su autorizado, interpuso recurso de queja, el cual fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, quien registró el expediente con el consecutivo 313/2024 y en sesión de treinta de enero de dos mil veinticinco, declaró infundado el referido medio de impugnación.

36. Consideraciones que sustentan el criterio. El Tribunal Colegiado de referencia consideró ineficaces los agravios propuestos por la parte recurrente, sin advertir queja alguna que suplir en términos del artículo 79, fracciones II y IIII, inciso b), de la Ley de Amparo.

37. Estimó que el Juez de Distrito actuó correctamente al desechar la demanda de amparo por actualizarse la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con la fracción V del numeral 107 de esa misma ley, que tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal.

38. Explicó que los actos reclamados en la instancia de origen ocurrieron durante el trámite de la fase de investigación complementaria, previo a la audiencia intermedia, por lo que la decisión atribuida al juez de control, por sí misma, no deja en estado de indefensión al promovente del amparo, pues las pruebas que, en su caso, llegase a obtener la contraparte del quejoso en esa etapa, de conformidad con los artículos 334 y 340, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene que ofrecerlas en la audiencia intermedia del proceso penal durante el descubrimiento probatorio para que sean desahogados en el juicio oral, momento en el cual podrá solicitar al Juez de Control que no sean admitidas y, en caso de no obtener resolución favorable, todavía esas probanzas tendrán que ser objeto de valoración en la audiencia de juicio en donde, incluso, puede obtener una resolución favorable, ya sea en la primera o en la segunda instancia o, también, en el juicio de amparo directo que promueva en contra de esta última.

39. El Tribunal Colegiado determinó que los actos reclamados por el recurrente no son de aquellos cuya ejecución sea de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues como se estimó en el auto recurrido, la decisión del juez de control de ampliar el plazo de la investigación complementaria ocurrió durante el trámite de la fase de investigación complementaria, previo a la audiencia intermedia, por lo que define cuestiones meramente procesales que involucran derechos de naturaleza adjetiva, ya que, incluso, las pruebas que llegasen a ofrecer estos últimos, tienen que trasladarlos al tamiz de la etapa intermedia y, en todo caso, podrá ser objeto de impugnación mediante el juicio de amparo directo que eventualmente se promueva contra la sentencia definitiva. 40. Añadió que lo anterior encuentra sustento en la teleología de dicha disposición legal que busca, a través de la aplicación de la fórmula general de procedencia para reclamar actos dictados dentro del procedimiento penal, evitar el excesivo ejercicio de la acción constitucional por la vía indirecta, con el fin de no retardar las cuestiones esenciales del proceso que exige continuidad en sus etapas, para que éstas no se prolonguen indefinidamente en perjuicio de los derechos de las víctimas y de los propios procesados.

41. Concluyó que los actos reclamados son determinaciones que pueden o no trascender al desenlace del juicio, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse de forma efectiva, ya que las pruebas obtenidas en esa etapa tienen que ser ofrecidas durante la etapa intermedia y, de admitirse, esa violación será materia de análisis, de ser el caso, por el Tribunal de enjuiciamiento al emitir sentencia.

42. Así, el Tribunal Colegiado estimó correcta la decisión del Juez de Distrito de desechar la demanda de amparo, lo que apoyó en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 1a./J. 73/2024 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2028933, de título: “CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. NO AFECTA IRREPARABLEMENTE EL DERECHO DE DEFENSA DE LA PERSONA IMPUTADA, POR LO QUE NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.”

43. Puntualizó que no era óbice a esa decisión, la jurisprudencia PR.P.T.CN J/23 P (11a.), sustentada por el Pleno Regional en Materia Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, de rubro: “PRÓRROGA DEL PLAZO PARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI SU RECLAMO ACTUALIZA DE FORMA NOTORIA Y MANIFIESTA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CONSISTENTE EN QUE NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.”; toda vez que dicho criterio no era de observancia obligatoria para ese órgano colegiado, ya que éste se encuentra bajo la jurisdicción del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur.

V. ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS

44. Sintetizadas las decisiones contendientes debe determinarse si, en el caso, existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es posible resolver cuál es el que debe prevalecer, o bien, cuál es el razonamiento conforme al cual debe resolverse el tema del asunto.

45. Para que exista materia a dilucidar en una contradicción de criterios debe, cuando menos formalmente, haber una oposición de decisiones jurídicas en las que se analice la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.

46. Por contradicción de criterios debe entenderse cualquier discrepancia en el razonamiento adoptado por órganos jurisdiccionales mediante argumentos lógico-jurídicos que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito no constituya jurisprudencia debidamente integrada, pues ello no será requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál será el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia.

47. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 94/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el tomo XII, en noviembre de 2000, consultable en la página 3219, cuyo rubro y texto son los siguientes:

“CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados”.

48. De acuerdo con lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la causa que motiva la solución de los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios, sin exigir el cumplimiento de una serie de características formales o fácticas.

49. Entonces, para determinar que una contradicción de criterios es procedente, se requiere verificar si existe la necesidad de unificar criterios; es decir, si hay una posible discrepancia en las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito sustentadas durante el proceso de interpretación que llevaron a cabo los referidos órganos jurisdiccionales.

50. En otras palabras, para resolver si existe o no la contradicción denunciada, es necesario analizar detenidamente cada una de las consideraciones interpretativas involucradas –no los puntos resolutivos– con el objeto de identificar si en los respectivos razonamientos, en relación con un mismo punto de derecho se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.

51. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXXII, en agosto de 2010, consultable en la página 7, cuyo rubro y texto son los siguientes:

“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que "al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes" se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en "diferencias" fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33598-d20d1f5f/prorroga-del-plazo-para-el-cierre-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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