COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 74/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 23 DE MAYO DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIA: DIANA MINERVA PUENTE ZAMORA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis sustentadas por dos Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos que versan sobre la materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.(1)
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 192 y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por uno de los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, que resolvió el conflicto competencial **********, con el que aparentemente existe contradicción de criterios con el diverso conflicto competencial **********, resuelto por el órgano colegiado contendiente.
TERCERO. Con el objeto de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es necesario conocer las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados, estimadas como posiblemente contradictorias, para ello, se transcriben, en lo conducente:
El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el uno de septiembre de dos mil once, el conflicto competencial **********, sostuvo:
"SEGUNDO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente relativo al presente asunto, este Tribunal Colegiado concluye que corresponde al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal la competencia legal para resolver del asunto de que deriva este conflicto competencial, por las razones que enseguida se expondrán: En efecto, de la demanda de amparo promovida por ********** se pone de manifiesto que éste señaló como autoridades responsables a las siguientes: ‘III. Autoridades responsables, como ordenadoras y ejecutoras: 1. C. Director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con domicilio en **********. 2. C. Gerente de Servicios Legales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con domicilio en **********. Asimismo se señaló como acto reclamado, en lo que importa: IV. Acto reclamado: Se reclama el contenido del oficio No. SGAJ-GSL-0860-011, de fecha 18 de marzo de 2011, expedido en la Ciudad de México, Distrito Federal, suscrito por el gerente de Servicios Legales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en representación del propio Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del director general de dicho instituto; el oficio aludido se reclama por vicios propios, respecto del acto concreto de aplicación y ejecución del artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del decreto que reforma la ley relativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, cuya norma jurídica ha sido declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; dicho oficio contiene la respuesta en relación a mi solicitud para que se me hiciera entrega del total de los depósitos que se constituyeron a mi favor, como gasto de previsión social de la empresa donde trabajé ... específicamente las aportaciones patronales efectuadas en la subcuenta de vivienda, acumuladas a partir del primero de julio de 1997 o cuarto bimestre de 1997 (Infonavit 97). En el oficio No. SGAJ-GSL-0860-011, antes mencionado cuyo contenido se reclama por vicios propios, el gerente de servicios legales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, manifiesta ... que ... ese instituto se encuentra imposibilitado jurídica y materialmente para efectuar la entrega de las citadas aportaciones, por lo que no es posible acceder a mi petición. El citado oficio No. SGAJ-GSL-0860-011, de fecha 18 de marzo de 2011, me fue notificado personalmente el día 30 de marzo de 2011 en las oficinas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ubicado en **********’. Ahora bien, de las anteriores transcripciones se pone de manifiesto que el acto reclamado se hace consistir en la negativa a una solicitud del quejoso, por lo que dicho acto no tiene ejecución material y, en consecuencia, debe aplicarse el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece la competencia del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiere ejecución material. El citado precepto 36 de la Ley de Amparo, establece: ‘Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya efectuado el acto reclamado. Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiera dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material.’. En efecto, según se precisó en los antecedentes de la demanda de amparo la autoridad que dictó el acto reclamado tiene su domicilio en: **********, por lo que el conocimiento del juicio de amparo corresponde, como se anticipó, al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, pues en la jurisdicción de éste, reside la autoridad que dictó el acto reclamado. Se invoca en apoyo de lo anterior, sólo en su parte conducente, la tesis aislada número 2a. XXXIV/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 227, Tomo I, junio de 1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: ‘COMPETENCIA. PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROMUEVA EN CONTRA DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE CAREZCA DE EJECUCIÓN MATERIAL, ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD QUE LO TRAMITÓ.’ (se transcribe). También se invoca, en lo conducente, la tesis aislada, sin número, de la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, Tomo CXV del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dispone: ‘COMPETENCIA EN AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO TIENE EJECUCIÓN MATERIAL’. (se transcribe). No es obstáculo a lo anterior, lo manifestado por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, en el sentido de que es en el Estado de México, en ‘donde está radicada la pensión del quejoso y por tanto, donde surtirá efectos materiales la negativa a devolverle los fondos relativos y la transferencia correspondiente, esto es, se ejecutará fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional’. Se afirma lo anterior porque es evidente que la pensión otorgada al peticionario de garantías por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, es una cuestión diversa a las aportaciones que se otorgan al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por lo que, el lugar en que se haya otorgado la citada pensión, no puede servir de base para determinar la competencia del Juez Federal que debe conocer del asunto. En ese contexto, este Tribunal Colegiado estima que el conocimiento de la demanda instaurada por **********, en contra de actos del director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del gerente de servicios legales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, corresponde al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal."
CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial **********, el diecinueve de enero de dos mil doce sostuvo, en lo medular lo siguiente: Es importante explicar que dicho tribunal resolvió también los conflictos competenciales **********, ********** y **********; sin embargo, en obvio de repeticiones innecesarias se omite la transcripción relativa, en virtud de que las consideraciones son esencialmente iguales a la que a continuación se transcribe:
"CUARTO. En primer término, precisa destacar que **********, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, reclamando: 1. Del delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores delegación IV en el Estado de Sinaloa: ‘la inconstitucionalidad de la negativa en la entrega y de la transferencia al Gobierno Federal de los recursos de la subcuenta de vivienda en mi cuenta individual con número de seguridad social **********, posteriores al tercer bimestre de 1997, más accesorios para la contratación o incremento de mi pensión, con base al artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1997, y los artículos tercero y duodécimo transitorios de la Ley del Seguro Social, conforme al contenido del oficio de fecha 14 de octubre de 2011, que en original se anexa.’. 2. Del gerente del área de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, delegación IV, en el Estado de Sinaloa: ‘el acto de aplicación en contra del quejoso de un artículo ya declarado inconstitucional, que lo es el artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1997, y los artículos tercero y duodécimo transitorios de la Ley del Seguro Social, aplicación que se realizó mediante el oficio de fecha 14 de octubre de 2011, que me fue notificado el mismo día, mismo que contiene la negativa de entregarme el monto que me corresponde de los recursos de la subcuenta de vivienda de mi cuenta individual con número de seguridad social **********, bajo el rubro Infonavit 97’. Asimismo, se aprecia, como antecedentes del acto reclamado, que el quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó lo siguiente: ‘1. Soy asegurado en el régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social, con el número de afiliación **********, en la subcuenta de vivienda se registraron a mi favor aportaciones por concepto de vivienda, subsecuentes del tercer bimestre de 1997, con el resumen de saldos de la cuenta individual expedido por la administradora **********, documental que se acompaña en donde se aprecia a la fecha del corte en ese rubro un saldo de **********, bajo el rubro Infonavit 97. 2. No recibí del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, crédito para vivienda, por tanto, mis aportaciones efectuadas y registradas en la subcuenta de vivienda de la cuenta individual antes indicada siguen siendo administradas por dicho organismo, atento a lo dispuesto, a contrario sensu, por el artículo 43 de la ley del instituto en mención. 3. Las aportaciones antes indicadas conforme a lo sustentado en la jurisprudencia P./J. 33/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el artículo 29, fracción II, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, constituyen patrimonio del trabajador, por ende, dichos recursos son de su propiedad y solamente él o en su caso, sus beneficiarios, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 40 de dicha ley, pueden disponer del destino de ese dinero, dicho en otras palabras, el trabajador o sus beneficiarios en caso de que haya fallecido, les corresponde determinar si solicitan la devolución de tales recursos o que se transfieran en la contratación de su pensión o para que ésta se incremente. 4. El jefe de pensiones subdelegacional en Los Mochis, Sinaloa, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de manera unilateral, sin haber elegido esquema para el pago, me otorgó mi pensión régimen 73, conforme a la copia certificada de la resolución correspondiente que anexo, además, tampoco di autorización expresa al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para que haga la transferencia de los recursos de mi subcuenta de vivienda para la contratación, pago o incremento de mi pensión, por tanto, tal numerario permanece intocado, no se dispuso para ello, sigue siendo administrado por dicho organismo descentralizado, por ser quien legalmente le corresponde su administración, conforme a lo dispuesto por el artículo 43 de la ley suprainvocada, las administradoras de fondo para el retiro son meras entidades receptoras, que actúan por orden y cuenta del Infonavit. No es óbice a lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable marcada con el inciso B al emitir el acto cuya constitucionalidad se analiza, se quiera apoyar en los diversos numerales tercero y duodécimo transitorios de la Ley del Seguro Social, pues no obstante que el derecho de los trabajadores a obtener créditos accesibles y baratos para la adquisición de vivienda, constituye una garantía social, al igual que la del seguro de invalidez o vejez, ambas de la Ley de Seguro Social y de Infonavit tienen constitucionalmente finalidades totalmente diferentes y sus respectivas aportaciones patronales no deben confundirse entre sí, ni debe dárseles el mismo destino, salvo que haya consentimiento expreso del propio trabajador para que los fondos de la subcuenta de vivienda se destinen al pago de su pensión. 5. Como no recibí crédito del Infonavit, no elegí régimen de pensión, ni di autorización expresa a dicho organismo para que se transfiera el numerario registrado en mi subcuenta de vivienda, para la contratación o aumento de mi pensión, mediante petición por escrito presentada ante la delegación regional IV Sinaloa del Infonavit, solicité la devolución de las aportaciones de vivienda referidas con antelación, junto con sus accesorios legales y mediante oficio de fecha 14 de octubre de 2011, signado por el gerente del área de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores delegación IV en el Estado de Sinaloa, donde se declaró improcedente y, en consecuencia, se negó a entregarme los recursos de mi subcuenta de vivienda solicitados, bajo el argumento que se transfieren al Gobierno Federal para la contratación o incremento de mi pensión, con base en el artículo octavo transitorio del decreto por el que se reformó la Ley del Infonavit, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de enero de 1997, dicho precepto ha sido declarado inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se trata de un acto notoriamente ilegal y, por ende, no se encuentra debidamente fundado y motivado. 6. Como el día 14 de octubre del año 2011, se me notificó la aplicación en mi perjuicio del precepto transitorio antes indicado, pues no puede haber aplicación anterior de dicho precepto al no haber firmado documento de elección de régimen para el pago de mi pensión, además, los preceptos legales que sirvieron de fundamento de la resolución concesoria de pensión, no disponen como condición de su otorgamiento y disfrute, que se aplique lo establecido en el artículo octavo (sic) de la Ley del Infonavit, ni se aplicó en ésta, por lo que era inexistente en el (sic) aquel momento, de ahí que no puede considerarse consentido con el otorgamiento de la pensión, precepto que conforme a lo sostenido por el Alto Tribunal es contrario al texto expreso de los artículos 14, 16 y 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Federal, es por lo que encontrándome dentro del término vengo a impugnar su inconstitucionalidad, los actos de aplicación del referido precepto y sus consecuencias directas e inmediatas.’. La demanda se radicó ante el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, quien estimó que dicho juzgado carecía de competencia legal para conocer del asunto, dado que el quejoso reclamó el oficio de catorce de octubre dos mil once, emitido por la gerente del área de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, delegación IV Sinaloa, residente en la ciudad de Culiacán, en el que dio respuesta a la petición del quejoso, negándole la entrega de los recursos de su subcuenta de vivienda, fundando dicha contestación en los artículos tercero y duodécimo transitorios de la Ley del Seguro Social vigente y octavo transitorio del decreto por el que se reformó y adicionó la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de enero de mil novecientos noventa y siete. Agregó el juzgador, que en el caso particular tenía aplicación la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado por el quejoso no es meramente declarativo, pues aunque se ubica en su forma de expresión como acto negativo (no entrega de recursos); sin embargo, refirió que por sus efectos tiene naturaleza positiva que tiene ejecución en el ámbito de los derechos del pensionado, cuyas consecuencias se materializan en el lugar del domicilio de éste; por lo que precisó, que el acto reclamado consistente en el oficio de catorce de octubre dos mil once, en el cual se niega al quejoso la devolución de sus fondos de la subcuenta de vivienda, con base en la aplicación del artículo octavo transitorio, tiene ejecución en el domicilio donde reside el quejoso, pues es ahí, donde se depositarán las aportaciones por ese concepto, ya que ello permite acercar la justicia al gobernado, pues considerar lo contrario, es decir, sostener que es competente el Juez del lugar de residencia de las oficinas centrales de la autoridad responsable, conllevaría a que se concentraran todos los juicios en un solo lugar y se alejara la justicia al quejoso; además de que el quejoso en la demanda de garantías precisó que tiene su domicilio particular en **********, aunado a que la resolución de otorgamiento de pensión por cesantía de veintidós de diciembre de dos mil tres, se emitió y notificó en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, por lo que se estimó que la competencia radicaba en el Juez de Distrito con residencia en Los Mochis, Ahome, Sinaloa; apoyándose en el artículo cuarto, punto XII, segundo párrafo, del Acuerdo General ********** del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, el Juez Quinto de Dis
rito en el Estado de Sinaloa, residente en Los Mochis, para no aceptar la competencia declinada, estimó básicamente: Que en el caso, carecía de competencia legal para conocer de la demanda de garantías, ya que conforme al tercer supuesto que se desprende del artículo 36 de la Ley de Amparo, era competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material, lo que en la especie acontece, pues el oficio reclamado, no está sujeto a ningún cumplimiento material; que el acto de aplicación de la norma transitoria no consistió en el desvío de las aportaciones de vivienda del quejoso, en tanto que la afectación de la esfera jurídica del impetrante en ese sentido ya había acontecido desde que eligió el régimen pensionario al que optó pertenecer. Que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, lo único que hizo fue negarse a resarcir el perjuicio que ya le había ocasionado el Instituto Mexicano del Seguro Social al momento en que por propia voluntad del quejoso lo sujetó a la observancia la norma transitoria cuestionada, lo que quiere decir que la lesión jurídica que ocasiona esta disposición ya estaba consumada previamente por otra autoridad ajena al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en tanto que este último no fue quien aplicó por primera vez dicho precepto; que, en consecuencia, de llegar a concederse el amparo en contra de la negativa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores resarcir al quejoso de los perjuicios que le ocasionó la norma transitoria, el efecto de la protección no podría llevarse al extremo de afectar al primer acto de aplicación de dicha disposición emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que ello equivaldría a dar, incluso, mayores efectos restitutorios de los que se obtendrían con un amparo contra leyes, el cual aun teniendo una fuerza expansiva más allá del acto de aplicación enjuiciado, no logra; sin embargo, afectar actos acaecidos con anterioridad al primer acto lesivo de la norma cuestionada. Que el acto reclamado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no fue propiamente el que desvió por primera vez las aportaciones de vivienda de los quejosos con base en el transitorio reclamado, puesto que esto lo hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social al situarlos por su propia voluntad dentro del régimen pensionario previsto en el repetido artículo octavo transitorio, y de ello se sigue que aquel instituto de la vivienda únicamente negó al quejoso la restitución de una lesión jurídica que ya se había ocasionado con anterioridad por otra dependencia. Que por tanto, la protección constitucional que en su caso llegara a dictarse no puede surtir efecto legal alguno, ya que no podría obligarse al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a devolver cantidades cuyo desvío fue producto de una decisión administrativa previa del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues entonces la sentencia ya no se limitaría a amparar y proteger al impetrante en el caso especial sobre el que versó la queja, por lo que el oficio, no tiene ejecución material; que el principio de relatividad de las sentencias no permite declarar la insubsistencia de actos que no fueron reclamados, y mucho menos si acaecieron con anterioridad a la emisión del que fue enjuiciado, conforme lo dispone la fracción II del artículo 107 constitucional. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo dispone: ‘Artículo 36.’ (se transcribe). Del precepto transcrito derivan tres reglas básicas de competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber: 1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito de esas jurisdicciones que prevenga en el conocimiento del asunto; y, 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que dictó la resolución reclamada. Resulta aplicable al respecto, la tesis 3a. XLIX/93 de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, septiembre de 1993, página 13, que dispone: ‘COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA.’ (se transcribe). Asimismo, es aplicable a lo precisado, la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 163-168, Primera Parte, página 113, que dice: ‘LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, CUANDO SE RECLAMAN CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. CORRESPONDE CONOCER DEL JUICIO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL AL QUE COMPETE CONOCER DEL AMPARO CONTRA EL ACTO DONDE SE HIZO LA APLICACIÓN.’ (se transcribe). Precisado lo anterior, en una nueva reflexión, este Tribunal Colegiado abandona el criterio que sostuvo en la competencia ********** administrativa, que se suscitó entre el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad de Mazatlán, y el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, residente en Tijuana, en el cual sustentó que el acto reclamado, consistente en la negativa de la gerente del área de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a entregar los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda posteriores al tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete, con apoyo en el artículo octavo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de diciembre de mil novecientos noventa y siete, no tenía ninguna ejecución material, por ser meramente declarativo y, que por tanto, aplicaba la tercera de las reglas que para esos casos prevé el artículo 36 de la Ley de Amparo, que consiste en que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material. Se aparta de tal opinión porque los efectos del acto reclamado sí tienen ejecución en el ámbito de los derechos del pensionario y sus consecuencias se materializan en el lugar donde éste tiene su domicilio. Así es, si bien el acto reclamado es de aquellos que se considera revisten el carácter de negativos; sin embargo, sus consecuencias se traducen en un hacer de la autoridad, es decir, en una ejecución que transgrede la esfera jurídica del gobernado, al no permitirle decidir el destino o uso que considere conveniente a sus intereses, respecto de la cantidad total acumulada en la subcuenta de vivienda que forma parte de su patrimonio. Lo anterior es así, porque desde el momento en que la autoridad responsable niega la entrega de una suma de dinero, que en opinión del quejoso pertenece a su patrimonio, con tal negativa prácticamente se ve disminuida su economía, pues la autoridad responsable considera improcedente su devolución sobre la base de que, con fundamento en el artículo octavo transitorio del decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, por el cual se reformó la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la cantidad de dinero cuya entrega exigió la parte quejosa, se transfirió al Gobierno Federal para la contratación o incremento de la pensión, lo que sin duda genera un decremento en su economía, con cuya restricción se seguirá resintiendo la esfera jurídica del promovente del amparo, por lo que en manera alguna tienen el carácter de declarativos, pues por tales deben entenderse aquellos que se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, que no implica modificación alguna de derecho o de situaciones existentes, como acontece en el caso. Criterio éste que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XLVII, página 2894, del rubro: ‘ACTOS DECLARATIVOS, CUALES NO LO SON.’. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la negativa a la entrega de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda posteriores al tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete, y los rendimientos que se hubieran generado, por estimarse que se abonarán para cubrir las pensiones de los trabajadores, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, que se desenvuelven en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, lo que es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por lo tanto, si de las constancias de autos se desprende que la copia de la resolución de veintidós de diciembre de dos mil tres, en la que se le otorgó pensión por cesantía al quejoso **********, visible a foja 19 del juicio de garantías, fue emitida en Los Mochis, Sinaloa; asimismo, de la demanda de garantías y del estado de cuenta, se desprende que el impetrante del amparo señaló como domicilio personal el ubicado en **********, el Juez competente para conocer del juicio de amparo, será el que resida en el Municipio de Los Mochis, Sinaloa, atento a lo dispuesto por artículo cuarto, punto XII, segundo párrafo, del Acuerdo General 11/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual dispone: ‘CUARTO. La jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito es la siguiente: «... XII. Décimo Segundo Circuito: Los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Culiacán
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23735-26b4e0f1/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-promovido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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