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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL DECRETO QUE PREVÉ LA TRANSFERENCIA DE LAS APORTACIONES DE LAS CUENTAS INDIVIDUALES PARA EL RETIRO AL FONDO DE PENSIONES PARA EL BIENESTAR. CORRESPONDE A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 162/2024. · Registro digital (IUS): 33342
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-06-27
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO Y POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO EN MATERIA DE TRABAJO, NOVENO, DÉCIMO QUINTO Y VIGÉSIMO SEGUNDO EN MATERIA ADM
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo IV, Volumen 2, Pág.1014.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 162/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO Y POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO EN MATERIA DE TRABAJO, NOVENO, DÉCIMO QUINTO Y VIGÉSIMO SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, TODOS DEL PRIMER CIRCUITO. 27 DE MARZO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR Y GUADALUPE MADRIGAL BUENO, Y DEL MAGISTRADO JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ. PONENTE: MAGISTRADO JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ. SECRETARIA: MÓNICA VALERIA GARIBAY ÁLVAREZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al veintisiete de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Que resuelve la contradicción de criterios 162/2024, suscitada entre el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 46/2024 y el emitido por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo, Noveno, Decimoquinto y Vigésimo Segundo en Materia Administrativa, todos del Primer Circuito al resolver los conflictos competenciales 36/2024, 30/2024, 25/2024 y 24/2024, respectivamente.

I. ANTECEDENTES

1. Denuncia de contradicción de criterios. El doce de diciembre de dos mil veinticuatro el Pleno del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, mediante escrito firmado electrónicamente, denunció ante éste Pleno Regional el criterio sustentado por el mencionado tribunal al resolver el conflicto competencial 46/2024 y el emitido por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo, Noveno, Decimoquinto y Vigésimo Segundo en Materia Administrativa, todos del Primer Circuito al resolver los conflictos competenciales 36/2024, 30/2024, 25/2024 y 24/2024, respectivamente.

2. Trámite ante este Pleno Regional. El dos de enero de dos mil veinticinco, la Magistrada María Enriqueta Fernández Haggar, Presidenta de este Pleno Regional, radicó la denuncia con el número señalado al rubro, requirió a los tribunales colegiados contendientes para que remitieran la versión electrónica, con firmas, del proveído en el que informaran si el criterio sustentado en los aludidos asuntos de su índice seguía vigente. Asimismo, se remitiera la determinación respectiva y que se pusiera a disposición de este Pleno Regional la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal (exceptuando de ello al mencionado Decimocuarto Tribunal Colegiado de Circuito). Ordenó hacer saber al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la admisión de la presente contradicción de criterios para que comunicara si existía precedente obligatorio radicado en ese Máximo Tribunal sobre el tema que delimitó de forma preliminar. Por último, turnó electrónicamente el asunto a la ponencia a su cargo.

3. En acuerdo de tres de enero siguiente, la presidencia de este Pleno Regional, informó que el presente asunto corresponde a la ponencia "A", por lo que, reservó el turno en tanto comisionaran a una Magistrada o Magistrado que integrara este Pleno Regional en dicha ponencia.

4. Por acuerdos de ocho, nueve, diez y veinte de enero de dos mil veinticuatro, se tuvieron por recibidos los informes de los Magistrados Presidentes del Decimoquinto, Vigésimo Segundo y Noveno, todos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito y del Presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, respectivamente, por el que señalaron que giraron instrucciones para poner a disposición de este Pleno Regional la consulta del respectivo expediente electrónico y precisaron que la sentencia emitida en dicho expediente era asunto totalmente concluido y se encontraba vigente.

5. Mediante acuerdo de veinte de enero del año en cita, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que refirió que durante los últimos seis meses no había sido radicada en ese máximo tribunal contradicción de criterios alguna en la que el tema: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. DETERMINAR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL AL QUE CORRESPONDE CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMAN LAS NORMAS QUE PREVÉN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS E INGRESOS GENERADOS CON MOTIVO DE LAS APORTACIONES REALIZADAS POR LOS TRABAJADORES, EN SUS CUENTAS INDIVIDUALES DEL AHORRO PARA EL RETIRO, Y QUE PRETENDEN DESTINARSE AL FONDO DE PENSIONES PARA EL BIENESTAR, AL NO SER RECLAMADAS POR SUS TITULARES O SUS BENEFICIARIOS EN UN PLAZO ESPECÍFICO".

6. En proveído de seis de febrero de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el oficio signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, por el que señaló que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintinueve de enero del año en curso, determinó comisionar temporalmente a este Pleno Regional al Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz, con efectos a partir del uno de febrero del año en cita.

7. En la misma data, se ordenó el turno electrónico definitivo al Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz.

II. AMICUS CURIAE

8. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.

9. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.

III. COMPETENCIA

10. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver esta denuncia de la posible contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación -vigente-;(1) 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y 1, fracción I, punto 4, así como los ordinales 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con los artículos 1, 2 y 3 del diverso Acuerdo General 38/2023, del citado Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.

11. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios en materia de trabajo suscitada entre Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo, Noveno, Décimo Quinto y Vigésimo Segundo en Materia Administrativa, todos del Primer Circuito.

IV. LEGITIMACIÓN

12. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, ya que fue formulada por el Pleno del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

V. CRITERIOS DENUNCIADOS

13. Criterio del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el Conflicto Competencial 46/2024.

14. Marco procesal. Mediante escrito presentado electrónicamente el doce de junio de dos mil veinticuatro, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Iveth Espinoza Mora, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto contra la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, y se advirtió que los actos reclamados son los siguientes:

"La aprobación y expedición del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del2024, mediante el cual expide el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y del Decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado, denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y se abroga su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, en específico los artículos 192, 251 y cuadragésimo octavo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado".

15. Por razón de turno correspondió conocer de dicho amparo indirecto al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, bajo el número de expediente 1892/2024, quien por acuerdo de diecisiete de junio de dos ml veinticuatro, se declaró incompetente por razón de la materia para conocer del asunto y ordenó remitirlo al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno.

16. El Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, recibió la demanda registrándola con el número 1114/2024, y en proveído de veintiuno de junio de dos mil veinticuatro, resolvió rechazar la competencia declinada por razón de la materia, por considerar, que pertenece a la materia laboral y ordenó devolver al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México.

17. En función de lo anterior, se elevó el conflicto competencial, el cual correspondió conocer al Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el cual por acuerdo de presidencia de tres de julio de dos mil veinticuatro, se avocó a su conocimiento, bajo el registro 46/2024; dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, previo turno, el once de noviembre del año en cita, se ordenó el returno del expediente a la ponencia correspondiente.

18. Luego, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro, dicho Tribunal, por unanimidad de votos, determinó, en lo que interesa, que el órgano legalmente competente para conocer de la demanda de amparo era el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México.

19. Consideraciones que sustentan el criterio sostenido en el conflicto competencial 46/2024, el Tribunal comienza su análisis refiriéndose al artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se establece la competencia para dirimir al poder Judicial de la Federación.

20. Explica que la jurisdicción es el poder que tienen los tribunales para resolver controversias mediante la aplicación del derecho, mientras que la competencia es la facultad de conocer y resolver asuntos específicos según criterios como materia, cuantía, grado y territorio. La especialización de los tribunales en diversas materias, como civil, penal, laboral y administrativa, ha llevado a la necesidad de establecer reglas claras sobre qué órgano es competente en cada caso.

21. También, el cuerpo colegiado menciona que la Ley de Amparo prevé distintas competencias, como la territorial, por materia, por especialidad y por grado. En el caso particular, señaló que se trató de definir si la materia de la controversia pertenece al ámbito administrativo o laboral, ya que de ello depende si el asunto corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa o en Materia de Trabajo.

22. Para resolver el punto anterior, hizo referencia a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital: 195007, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES".

23. Asimismo, el Tribunal citó la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 167761, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.".

24. A partir de esas consideraciones, el Tribunal analizó el acto impugnado por la demandante, trabajadora del sector público activa, argumentando que la reforma impugnada le afecta porque prevé la transferencia de los fondos de ahorro para el retiro sin necesidad de resolución judicial, alegando la vulneración a sus derechos laborales y patrimoniales.

25. El cuerpo colegiado identificó que las normas impugnadas tienen un impacto directo en derechos laborales, ya que regulan aspectos relacionados con la seguridad social y el retiro de los trabajadores.

26. Para reforzar su conclusión, el Tribunal hizo referencia a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2015476, de rubro: "INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO POR EL QUE SE REFORMA DE MANERA INTEGRAL LA LEY RELATIVA, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE TRABAJO, CUANDO QUIEN PROMUEVE EL JUICIO TIENE EL CARÁCTER DE TRABAJADOR EN ACTIVO".

27. Con base en lo anterior, el Tribunal concluyó que los actos reclamados en la demanda de amparo deben ser analizados desde una perspectiva laboral, ya que afectan derechos derivados del artículo 123 de la Constitución. Por ello, determinó que el órgano competente para conocer el asunto es el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, al que ordena remitir el expediente para su resolución.

28. Criterios de los Tribunales Colegiados Noveno, Decimoquinto y Vigésimo Segundo en Materia Administrativa, todos del primer Circuito al resolver los conflictos competenciales 30/2024, 25/2024 y 24/2024, respectivamente.

29. Marco procesal. En los conflictos competenciales, los promoventes (trabajadores activos) promovieron juicios de amparo en contra de las normas que prevén la administración de los recursos e ingresos generados con motivo de las aportaciones realizadas por los trabajadores, en sus cuentas individuales del ahorro para el retiro, y que pretenden destinarse al fondo de pensiones para el bienestar, al no ser reclamadas por sus titulares o sus beneficiarios en un plazo específico.

30. En el conflicto competencial 24/2024, Carlos René Cervantes Méndez y otros, trabajadores en activo, promovieron juicio de amparo, cuya demanda tocó conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, impugnando normas generales derivadas de reformas legislativas en materia de seguridad social y administración de bienes públicos. Dicho juzgado determinó que el acto reclamado afectaba derechos laborales y declinó competencia en favor del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo, el cual tampoco aceptó el conocimiento del asunto, dando lugar al conflicto competencial mencionado, del que conoció el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

31. El conflicto competencial 25/2024 se originó con la demanda de amparo promovida por un grupo de trabajadores en activo, en contra de la implementación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, argumentando que las modificaciones a los sistemas de ahorro para el retiro vulneraban su derecho a la jubilación y administración de los recursos de seguridad social. La demanda fue turnada al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa, quien estimó que correspondía conocer del asunto a un Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo, declinando su competencia. En consecuencia, le correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo, quien a su vez rechazó el conocimiento del asunto, por lo que, remitió a los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa para que resolvieran dicho conflicto, el que por razón de turno administrativo tocó al conocimiento del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

32. En el conflicto competencial 30/2024, Ramón Ladislao Jacobo Moreno, trabajador en activo, promovió juicio de amparo en contra de la aplicación de reformas legislativas que, a su juicio, afectaban su derecho a la seguridad social y la administración de los fondos de pensiones. El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, conoció en primer término del asunto, pero declinó competencia. Por lo tanto, le tocó conocer del asunto al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, el cual tampoco aceptó el conocimiento del asunto, dando lugar al conflicto competencial mencionado del que conoció Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

33. Dichos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, determinaron que, de los amparos indirectos, correspondía conocer los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

34. Consideraciones que sustentaron los criterios sostenidos al resolver los conflictos competenciales 30/2024, 25/2024 y 24/2024, en esencia, los Tribunales Colegiados hicieron el estudio siguiente:

35. Se determinó que la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa o en Materia de Trabajo, debía resolverse conforme a la naturaleza del acto reclamado y la normativa que lo regulaba. Para ello, se apoyaron en diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

36. Los Tribunales analizaron si los actos reclamados en los juicios biinstanciales, relativos a la administración de los recursos generados por las aportaciones de los trabajadores a sus cuentas individuales de ahorro para el retiro y su destino al Fondo de Pensiones para el Bienestar, debían ser conocidos por Juzgados de Distrito en Materia Administrativa o en Materia de Trabajo.

37. Para determinar la competencia, se estableció que el análisis debía centrarse en la naturaleza del acto reclamado y en el bien jurídico protegido, sin atender exclusivamente a la autoridad que lo emitió. En este sentido, los Tribunales sostuvieron que los Decretos impugnados versan sobre la administración de los recursos de los trabajadores que no han sido reclamados dentro de un plazo específico y que, conforme a las reformas legales, se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

38. Se concluyó que estas disposiciones no modifican derechos laborales de los trabajadores, sino que establecen reglas para la administración de recursos económicos, por lo que su regulación corresponde al ámbito del derecho administrativo. 39. En apoyo de esta determinación, fundamentaron sus decisiones en los artículos 57 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del primer precepto mencionado concluyeron que las normas impugnadas encajan en esa categoría, pues regulan la disposición de recursos económicos y no afectan directamente la relación laboral de los trabajadores; respecto del segundo, determinaron que las disposiciones impugnadas no modifican la relación laboral, ni establecen derechos o prestaciones de seguridad social, sino que regulan la transferencia de recursos no reclamados, lo que constituye un tema de naturaleza administrativa.

40. También, argumentaron que la administración de los recursos de los trabajadores jubilados no entra en la categoría de derechos laborales, sino que corresponde a la gestión de recursos públicos dentro del marco del derecho administrativo. Destacando que el Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso público administrado por el Estado y que el Banco de México actúa como fiduciario, por lo que su regulación escapa del ámbito laboral y pertenece al derecho administrativo.

41. Asimismo, se citó la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 195007 de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES". Conforme a este criterio, mencionaron que la competencia debe asignarse con base en el bien jurídico tutelado y no en la clasificación subjetiva de la acción realizada por el promovente.

42. De igual manera, fundamentaron su decisión con la jurisprudencia emitida por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil, con registro digital 2028614, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. CORRESPONDE AL JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y SU ACTO DE APLICACIÓN." En donde mencionaron que esa jurisprudencia sostiene que los juicios de amparo promovidos en contra de normas que regulan la administración de recursos públicos deben ser conocidos por los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa.

43. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 36/2024.

44. Marco Procesal. María Eugenia Valdés Ortiz, esposa supérstite de un trabajador fallecido quien goza del otorgamiento de pensión por viudez, presentó por escrito ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo, demanda de amparo la que señaló como actos atribuidos al Presidente Constitucional de los Estados y otras autoridades, los consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, orden de publicación, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; del Decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y se abroga su Ley Orgánica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar y su ejecución, por parte del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores; en particular del artículo 37, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, que dispone que dicho Instituto de Vivienda deberá transferir al Fondo de Pensiones para el Bienestar, los recursos de la subcuenta de vivienda, del trabajador que cumpla setenta años y, en su caso, sus beneficiarios que no hubieren ejercido su derecho a recibirlos.

45. El Juez Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, quien recibió la demanda amparo, la registró bajo el expediente 1417/2024 y declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, al estimar que la materia debió ser la administrativa, y ordenó remitir la demanda y el acuerdo mencionados al Juzgado de Distrito en Materia de Administrativa en la Ciudad de México, a fin de que se avocara al conocimiento del asunto.

46. El Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, tuvo por recibida la demanda, la registró bajo el expediente 919/2024 y no aceptó competencia declinada para conocer del asunto, por razón de la materia, ordenando devolver los autos al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México y solicitó le informara lo que en derecho resolviera.

47. Por lo anterior, el Juez Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, insistió en declararse legalmente incompetente para conocer de la demanda, en atención a las consideraciones planteadas en el acuerdo de dieciséis de mayo de la presente anualidad, y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en turno, para que determinara a qué órgano constitucional corresponde el conocimiento y resolución del juicio de amparo.

48. Por razón de turno, correspondió conocer del conflicto al Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el cual, registró el conflicto competencial bajo el número 36/2024, y en sesión de veinte de junio de dos mil veinticuatro, determinó que la competencia legal para conocer de la demanda de amparo indirecto era del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

49. Consideraciones que sustentaron el criterio sostenido al resolver el conflicto competencial 36/2024.

50. El Tribunal Colegiado puntualizó que la allá quejosa señaló como responsables a autoridades eminentemente administrativas, dado que son aquéllas que intervinieron en la creación o reforma de las leyes y decreto que impugna de inconstitucionales y como autoridad responsable ejecutora al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, organismo, cuya función principal es dar acceso a los instrumentos financieros necesarios —como el crédito— a las personas trabajadoras para que puedan adquirir, mejorar, ampliar o construir una vivienda, así como el pago de pasivos adquiridos previamente por esos conceptos; y, coordinar programas de construcción de habitaciones, pudiendo cubrir desde una pequeña cantidad hasta gran parte del costo del inmueble, el cual forma parte de la administración pública federal paraestatal; y consecuentemente, su naturaleza sea administrativa.

51. Por lo que, el cuerpo colegiado mencionó que la naturaleza de los actos reclamados consistentes en discusión, aprobación, expedición, promulgación, orden de publicación, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; del decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y se abroga su Ley Orgánica, para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar y su ejecución, por parte del Director General del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores; en particular, del artículo 37, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, que dispone que el Instituto de Vivienda deberá transferir al Fondo de Pensiones para el Bienestar, los recursos de la subcuenta de vivienda del trabajador que cumpla setenta años y, en su caso, sus beneficiarios que no hubieren ejercido su derecho a recibirlos.

52. De lo que se desprendió que los actos reclamados lo constituyeron todos aquellos encaminados a la modificación y creación de las normas que tienen como fin adjudicarse de los recursos de la subcuenta de vivienda de aquellas personas que teniendo setenta años no han ejercido su derecho a recibirlos, para ser transferidos o entregados al Fondo de Pensiones para el Bienestar, para el otorgamiento de pensiones a personas ajenas a la quejosa, no obstante que los recursos son propiedad de la peticionaria de amparo, por lo que no sólo se reclama la modificación del régimen de una prestación de previsión social, que deriva de un derecho laboral, como lo sostiene el Juez de Distrito en Materia Administrativa, sino que lo que en realidad se impugna, es la inconstitucionalidad de las normas dictadas por dichas autoridades administrativas, encaminadas al apoderamiento y transferencia de los recursos existentes en las cuentas de ahorro para la vivienda de los trabajadores o sus beneficiarios, para alimentar económicamente al Fondo de Pensiones para el Bienestar y que éste los destine a un fin diverso al que tuvo en su origen, lo que a consideración de la solicitante de amparo vulnera su derecho fundamental de seguridad jurídica, por lo que el hecho de que dichas autoridades pretenda modificar las condiciones y destino de los recursos económicos de la subcuenta de vivienda para destinarlos a un fin distinto para el cual fue creado, incluso beneficiando a personas distintas a la ahora quejosa, constituye un acto de naturaleza administrat

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33342-05899c02/competencia-para-conocer-del-amparo-indirecto-contra-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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