COMPETENCIA POR MATERIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SUSPENSIÓN DE PAGO DE UNA PENSIÓN OTORGADA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 103/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y OCTAVO EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO. 28 DE MAYO DE 2025. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: SELENE VILLAFUERTE ALEMÁN.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiocho de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre los Tribunales Colegiados Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito (Región Centro-Norte) y el Octavo en Materia de Trabajo del Primer Circuito (Región Centro-Sur).
El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si la competencia para conocer de un juicio de amparo indirecto se surte en favor de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa o de Trabajo, cuando el acto reclamado se hace consistir en la suspensión del pago de las pensiones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Por oficio en versión digitalizada 18990/2025, de nueve de abril de dos mil veinticinco, el Juez Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México denunció la posible contradicción de criterios entre:
• El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 6/2025 (Región Centro – Norte); y,
• El Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 12/2025 (Región Centro – Sur).
2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de catorce de abril de dos mil veinticinco, el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determinó carecer de competencia para conocer de la contradicción de criterios 55/2025 suscitada entre Tribunales Colegiados que pertenecen a regiones distintas, por lo que remitió a través del Módulo de Intercomunicación entre Órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación MINTER, la versión digitalizada de las constancias de cuenta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3. Las constancias referidas fueron recibidas por conducto del MINTERSCJN y se registraron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el quince de abril de dos mil veinticinco.
4. Por acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar la denuncia de contradicción de criterios bajo el expediente 103/2025 y la admitió a trámite; consideró que se surtía la competencia de esta Segunda Sala al tratar sobre criterios contradictorios de distintas regiones, por lo que turnó el asunto para su estudio a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.
5. Asimismo, instruyó a las presidencias de los órganos colegiados contendientes para que por conducto del MINTERSCJN informaran si el criterio sustentado en los conflictos competenciales 6/2025 y 12/2025 de su índice se encuentran vigentes.(1)
6. Avocamiento. En acuerdo de doce de mayo del dos mil veinticinco, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta se avocaba al conocimiento del asunto.
I. Competencia
7. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII,(2) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(3) y 21, fracción VII, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(4) en relación con los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023,(5) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de diferente región y no se estima necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.
8. Lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro,(6) en relación con el Octavo y Décimo Segundo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación, publicado el quince de septiembre de dos mil veinticuatro.(7)
II. Legitimación
9. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II,(8) de la Ley de Amparo; ya que la formuló el Juez Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
III. Criterios denunciados
• Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Conflicto competencial 6/2025.
10. Demanda de amparo indirecto. Una persona demandó del Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Diez Churubusco del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Sur del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social, la suspensión, de manera unilateral e injustificada, del pago de la pensión de cesantía en edad avanzada sin que se haya emitido resolución fundada y motivada, sin derecho de audiencia previo y sin respetar las formalidades esenciales del procedimiento, afectando los derechos del mínimo vital, seguridad social y subsistencia digna; asimismo, todo acto, omisión o resolución que derive, emane o tenga como consecuencia directa o indirecta de la suspensión antes señalada.
11. La demanda se turnó al Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien la registró bajo el expediente 177/2025 y se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, por razón de materia, y remitió los autos al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México.
12. El asunto fue turnado al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, el cual registró la demanda bajo el expediente 271/2025, y determinó no aceptar la competencia planteada, por lo que devolvió los autos al juzgado oficiante.
13. El Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México insistió en declinar competencia y remitió el asunto al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a efecto de dirimir el conflicto suscitado.
14. Conflicto Competencial. Recibidos los autos en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito registró el conflicto competencial bajo el expediente 6/2025.
15. En sesión de cinco de marzo de dos mil veinticinco, el Tribunal Colegiado de Circuito determinó que era existente el conflicto competencial entre los juzgados de Distrito contendientes; y, declaró competente al Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, para conocer de la demanda de amparo, bajo las siguientes consideraciones:
• Los artículos 54, fracción I y 58, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, regulan la competencia por materia de los Jueces de Distrito en materia administrativa y de trabajo, cuando se trata de actos de autoridad distinta de la judicial.
• De los preceptos antes citados, se desprende que los jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán substancialmente del amparo contra actos provenientes de un acto de autoridad o de un procedimiento de autoridad administrativa, en los cuales, apliquen leyes federales; y por su parte, los Jueces de Distrito en Materia de Trabajo conocerán de los amparos en materia laboral que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial.
• De la interpretación de los citados artículos advirtió que, para fijar la competencia por materia, el legislador tomó como base: a) la naturaleza del acto reclamado; y, b) la naturaleza de la autoridad responsable.
• La competencia por materia se justifica en que las determinaciones que se dicten en los juicios de amparo requieren del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican en forma preferente a las diversas ramas del derecho, y por ese motivo pueden ponderar en forma expedita distintas soluciones en los casos concretos, buscando con ello dar cumplimiento a la obligación establecida para las autoridades jurisdiccionales en el artículo 17 constitucional.
• La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la competencia por materia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional.
• En el caso concreto, en la demanda de amparo el quejoso reclamó la suspensión del pago de la pensión de cesantía en edad avanzada otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social desde el mes de agosto de dos mil veintitrés, sin que haya mediado alguna determinación judicial o se le haya otorgado derecho de audiencia.
• Señala que cuando los asegurados o sus beneficiarios pretendan combatir la resolución que suspendió o modificó una pensión previamente otorgada, pueden interponer el recurso de inconformidad previsto en los artículos 292 y 294 de la Ley del Seguro Social; o bien, acudir ante los Tribunales Federales en materia laboral, como lo establece el artículo 295 del citado ordenamiento.
• La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 9/2008, definió que toda controversia derivada de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a preservar derechos laborales quedarán enmarcados en los objetivos del derecho de trabajo, por lo que, en caso de que los trabajadores o sus beneficiarios impugnen una resolución que modifique o extinga una prestación del régimen obligatorio del seguro social previamente otorgada, serán competentes para conocer del juicio de amparo los órganos que conozcan de la materia laboral.(9)
• De ahí que, si el afectado promueve juicio de amparo indirecto contra la modificación a las prestaciones que otorga la Ley del Seguro Social realizada unilateralmente por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el órgano competente para conocer de éste, así como de los recursos que en él se interpongan, es un Juzgado de Distrito o, en su caso, un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo, toda vez que ese acto, a pesar de ser formalmente administrativo, afecta una prestación de carácter laboral, sin que pase inadvertido que el Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo refirió la jurisprudencia 2a./J. 37/2023 (11a.), de rubro: “COMPETENCIA POR MATERIA CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA CUANTIFICACIÓN DE UNA PENSIÓN OTORGADA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL”,(10) no obstante, este criterio se emitió, con base en un supuesto específico que no se actualiza en el presente caso.
• Se afirma lo anterior, toda vez que al resolverse la contradicción de criterios 46/2023 por la Segunda Sala, si bien se estableció que la relación entre una persona pensionada y el Instituto Mexicano del Seguro Social es de naturaleza administrativa, porque no puede extenderse la relación laboral después de concedida la pensión, lo cierto es que hace alusión a los casos en que la controversia planteada se refiera específicamente a su indebida cuantificación, ya sea por la forma en que se realizó el cálculo o por la inexacta aplicación de los porcentajes o incrementos correspondientes, al tratarse de un acto de naturaleza administrativa.
• En ese contexto, es claro que la contradicción se centró en determinar a qué juzgado de Distrito correspondía conocer del juicio de amparo indirecto cuando se reclama la cuantificación de una pensión, excluyendo del análisis todos aquellos casos que involucraran el derecho a su otorgamiento o revocación.
• Ello, porque el otorgamiento de una pensión, su negativa, modificación o revocación, se encuentran inmersos en el principio constitucional de seguridad social reconocido y protegido dentro del artículo 123 constitucional, circunstancia que lo dota de naturaleza laboral, en la medida en que la pretensión del quejoso no es hacer valer el indebido cálculo de su pensión, sino lo que explícitamente cuestiona es la suspensión del pago de dicha prestación por parte de la autoridad.
• Por lo que, si la naturaleza del acto que se reclama en el juicio de amparo que nos ocupa incide o impacta directamente con el pago de la pensión de cesantía previamente otorgada, es evidente que, la relación entre el quejoso y el Instituto se enmarca en el derecho laboral y se rige por el artículo 123 constitucional y, por ende, el órgano jurisdiccional que debe conocer de la demanda de amparo es un Juzgado de Distrito en Materia Laboral, atento a los lineamientos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Conflicto competencial 12/2025.
16. Antecedentes. Una persona obtuvo la pensión por viudez ante la muerte del padre de sus hijos. Posteriormente, inició una relación de concubinato, la cual se acreditó con la resolución definitiva de la jurisdicción voluntaria.
17. La concubina solicitó la pensión de viudez ante el Instituto Mexicano del Seguro Social ante el fallecimiento de su concubino, la cual fue negada, porque contaba con una pensión de viudez previamente otorgada.
18. Como consecuencia de la nueva solicitud de pensión de viudez, se canceló la pensión que tenía y se informó que se cobraría una multa por concepto de cobro indebido de la pensión de viudez de junio de mil novecientos noventa y siete a febrero de dos mil veinticuatro.
19. Se inició con el pago de la pensión de viudez por concubinato el dos de noviembre de dos mil veinticuatro, pero, el dos de diciembre siguiente se suspendió el pago.
20. Demanda de amparo indirecto. La pensionada promovió demanda de amparo indirecto ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, señalando como acto reclamado y autoridades responsables, en ambos casos, los siguientes:
• Congreso de la Unión compuesto por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, Presidente, Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación: la iniciativa, discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación el doce de marzo de mil novecientos setenta y tres, específicamente, del artículo 155 de la Ley del Seguro Social.
• Del Director General, Titular de la Subdelegación Diez Churubusco y Jefe de Departamento de Pensiones de la Subdelegación Diez Churubusco, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social: la baja del pago de pensión de viudez por la aplicación del primer párrafo del artículo 155 de la Ley del Seguro Social, que entró en vigor el uno de abril de mil novecientos setenta y tres, por segundas nupcias y la instrucción de restitución al Instituto por la baja de pensión de viudez por existir nuevas nupcias, así como la suspensión de la pensión por viudez recién otorgada.
21. Del asunto conoció el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, radicó la demanda bajo el expediente 3412/2024 y se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo, por considerar que, el acto reclamado tiene naturaleza administrativa, ya que consiste en la suspensión de la pensión por viudez otorgada a la parte quejosa, en su carácter de pensionada, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual constituye una nueva relación de naturaleza administrativa, en la que dicho instituto actúa con el carácter de autoridad responsable y remitió al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
22. El asunto fue turnado al Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el cual lo registró bajo el expediente 24/2025 y determinó no aceptar la competencia declinada, por considerar que los actos reclamados son de naturaleza laboral, y ordenó devolver el expediente al juzgado oficiante.
23. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México recibió el oficio proveniente del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa, de la misma ciudad, mediante el cual hizo del conocimiento que no aceptaba la competencia declinada y reiteró su incompetencia para conocer del juicio de amparo, por lo que ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en turno.
24. Conflicto Competencial. Recibidos los autos en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, lo registró bajo el expediente 12/2025.
25. En sesión de veintiocho de marzo de dos mil veinticinco, el Tribunal Colegiado de Circuito determinó que era existente el conflicto competencial entre los juzgados de Distrito contendientes; y, declaró competente al Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para conocer de la demanda de amparo, bajo las siguientes consideraciones:
• El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el órgano jurisdiccional que lo resuelva debe examinar la naturaleza de la acción intentada y no por las leyes que las partes invoquen, debiendo prescindirse del análisis de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, al constituir una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir al órgano jurisdiccional y no al tribunal cuya intervención en el procedimiento se limita a calificar el conflicto competencial.
• La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para fijar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, y no así, a los conceptos de violación expresados por la parte quejosa.
• En el caso concreto, conforme al análisis de la demanda es posible advertir que la quejosa reclamó en su calidad de viuda del trabajador extinto asegurado por el Instituto Mexicano del Seguro Social -quien era su concubino- como acto destacado la aplicación del artículo 155 de la Ley del Seguro Social, con motivo de la suspensión o baja de la pensión por viudez otorgada y, el cobro de una multa.
• La Segunda Sala al resolver la contradicción de criterios 46/2023 y al emitir la jurisprudencia 2a./J. 37/2023 (11a.), de rubro: “COMPETENCIA POR MATERIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA CUANTIFICACIÓN DE UNA PENSIÓN OTORGADA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.”(11) determinó que, si bien es cierto que el otorgamiento de las pensiones tiene como fuente una relación de trabajo, también lo es que, la surgida entre la persona pensionada y el Instituto Mexicano del Seguro Social constituye una nueva relación de naturaleza administrativa, toda vez que la relación laboral no puede considerarse extendida después de concedida la pensión respectiva, porque la pensión tiene su justificación en el otorgamiento de prestaciones en dinero derivadas del cumplimiento de ciertos requisitos que permitan la subsistencia del trabajador o de sus beneficiarios después de concluida la relación de trabajo, motivo por el cual la pensión no puede constituirse como una prestación de tipo laboral. • Además, el Alto Tribunal consideró que cuando se reclama en el juicio de amparo indirecto la indebida cuantificación de una pensión a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya sea por la forma en que se realizó su cálculo o por la inexacta aplicación de los porcentajes o incrementos correspondientes, al tratarse de un acto de autoridad de naturaleza administrativa, la competencia debe corresponder a los Juzgados de Distrito especializados en Materia Administrativa.
• Así, conforme a lo resuelto en dicho precedente, en lo que interesa, se destaca que, el Máximo Tribunal determinó que, si bien es cierto que el otorgamiento de las pensiones tiene como fuente una relación de trabajo, también lo es que la surgida entre el beneficiario, ya como pensionado o derechohabiente, y el Instituto Mexicano del Seguro Social constituye una nueva relación de naturaleza administrativa, en la que éste actúa con el carácter de autoridad, puesto que puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del pensionado.
• En el asunto de análisis, la parte quejosa promovió demanda de amparo indirecto en contra del Jefe de Departamento de Pensiones de la Subdelegación Diez Churubusco del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades, en el que reclamó como acto destacado la aplicación del artículo 155, primer párrafo, de la Ley del Seguro Social, con motivo de la suspensión o baja de la pensión por viudez otorgada, en virtud del concubinato que la unió con el extinto trabajador, así como el cobro de una multa por pago indebido de pensión de viudez.
• Por tanto, la relación entre la quejosa y el Instituto atendiendo a lo afirmado por la quejosa respecto a que ya se le había otorgado la pensión de viudez por parte de dicho organismo de seguridad social, así como lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el precedente citado, es de naturaleza administrativa.
• Por lo que el amparo indirecto en el que la promovente aduce que el Instituto de forma unilateral le suspendió la pensión y le impuso una multa, al tratarse de un acto y autoridad de naturaleza administrativa, la competencia para conocer de la demanda de amparo indirecto corresponde a los Juzgados de Distrito especializados en esa materia, esto es, el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Sobre el particular, aplicó por identidad de razón la jurisprudencia 2a./J. 111/2005.(12)
• Señaló que no inadvierte el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 9/2008, de rubro: “SEGURO SOCIAL SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO, LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL.”,(13) sin embargo, no resulta aplicable al caso, porque de su texto se puede advertir que hace referencia a la modificación de una prestación del régimen obligatorio del seguro social previamente otorgada, cuando exista una relación laboral vigente, lo cual en el caso no aconteció al tratarse de la suspensión de una pensión de viudez.
• Máxime, que como ya se mencionó en la jurisprudencia 2a./J. 37/2023 (11a.), se determinó que la relación que surge entre el beneficiario, ya como pensionado o derechohabiente, y el Instituto Mexicano del Seguro Social constituye una nueva relación de naturaleza administrativa, en la que éste actúa con el carácter de autoridad, puesto que puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del pensionado, como en el caso de la suspensión de la pensión de viudez, por tanto, la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en contra de dicho acto corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa.
IV. Existencia de la contradicción
26. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para que se actualice la contradicción de criterios basta que exista oposición respecto de idéntico punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales.(14)
27. La existencia de la contradicción no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos se opongan, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
28. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, dado que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando la postura que prevalezca sea única y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
29. Establecido lo anterior, corresponde ahora señalar los requisitos para la existencia de una contradicción de criterios,(15) a saber:
• Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
• Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a idéntico tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
• Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
30. En el caso, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que se cumple con los requisitos de existencia de la contradicción de criterios. A continuación, se desarrollan las razones para alcanzar dicha conclusión.
31. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. En efecto, los órganos contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo.
32. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Segunda Sala considera que el segundo requisito se cumple en relación con el criterio emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, ambos del Primer Circuito.
33. En efecto, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo que cuando en el juicio de amparo indirecto se reclame la suspensión del pago de la pensión por cesantía en edad avanzada, otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, será competente por razón de materia el juzgado de Distrito en Materia de Trabajo, dado que la naturaleza del acto que se reclama incide o impacta directamente con el pago de la pensión previamente otorgada, ya que la relación entre el quejoso y el Instituto se enmarca en el derecho laboral y se rige por el artículo 123 constitucional, en tanto que si bien el acto es formalmente administrativo, afecta prestaciones de carácter laboral.
34. Mientras que, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 12/2025 sostuvo que, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclame la suspensión del pago de la pensión por viudez otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, será competente por razón de materia el juzgado de Distrito en Materia Administrativa, al tratarse de un acto y autoridad de esa naturaleza, en tanto que el Instituto actúa con el carácter de autoridad, puesto que puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, la situación jurídica del pensionado.
35. Conforme a lo anterior, es claro que los órganos colegiados contendientes arribaron a conclusiones jurídicas divergentes respecto de la naturaleza del acto reclamado, sin que pase desapercibido que en uno de los casos se analizó la suspensión del pago de la pensión de cesantía en edad avanzada y, en el otro, la pensión de viudez; no obstante, tal circunstancia no es una limitante para la configuración del punto de toque, ya que ambas pensiones se encuentran reguladas dentro del régimen obligatorio previsto en la Ley del Seguro Social.
36. Tercer requisito: elementos constitutivos de la hipótesis y surgimient
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33431-44fd4238/competencia-por-materia-corresponde-al-juez-de-distrito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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