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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE RESPONDER LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, Y NO SE APLIQUE ALGÚN PRECEPTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 348/2012. · Registro digital (IUS): 24279
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO Y TERCERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRC
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Pág. 1243.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 348/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO Y TERCERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. CINCO VOTOS; VOTÓ CON SALVEDAD JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia laboral, en la que se encuentra especializada esta Sala.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; ..."

De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, órgano colegiado que dictó una de las resoluciones que participan en la presente contradicción.

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el amparo en revisión **********, que deriva de la revisión principal ********** del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesión del cinco de julio de dos mil doce, por mayoría de votos, en lo conducente, sostuvo:

"QUINTO. ... III. Estudio de la causal de improcedencia invocada por el Juez a quo en la sentencia impugnada. Los agravios son sustancialmente fundados, suplidos en su deficiencia en términos del artículo 74, fracción IV, (sic) de la Ley de Amparo. Como punto de partida es prudente destacar que en el fallo sujeto a revisión, el Juez de Distrito tuvo por actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, bajo la consideración de que el impetrante no respetó el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, pues, a su parecer, contra el acto reclamado en el propio juicio procede el juicio laboral en términos del artículo 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de ahí que, según ese juzgador, previo a acudir a la vía constitucional el quejoso debió ocurrir a la vía laboral, por ser el medio de defensa idóneo para revocar, modificar o nulificar el acto de que se trata, motivo por el cual el Juez Federal estimó procedente sobreseer en el juicio, apoyándose con el numeral 74, fracción III, de la ley de la materia. Este órgano colegiado considera que el Juez de Distrito no estuvo en lo correcto al arribar a tal conclusión, pues ese juzgador perdió de vista que en el caso opera una de las excepciones al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Con el objeto de poner en claro la conclusión de que se trata, de entrada debe decirse que es cierto, como lo consideró el Juez de Distrito en el fallo sujeto a revisión, que en la procedencia del juicio de garantías deben observarse ciertas reglas y principios jurídicos sobre los que ha sido estructurado. Uno de esos principios, como atinadamente lo dijo tal juzgador, es el de definitividad, que supone el agotamiento o ejercicio previo de todos los recursos ordinarios establecidos en la ley que rige el acto reclamado, a fin de que sea modificado, revocado o nulificado, de modo que si existiendo algún medio ordinario de defensa no lo interpone el quejoso, previo a la promoción del juicio constitucional, el amparo es improcedente por carecer de definitividad. Es importante destacar que este principio se fundamenta en la naturaleza del amparo, pues constituye un medio extraordinario de defensa destinado a invalidar los actos de las autoridades que se consideren violatorios de garantías, cuando ya se han recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Sin embargo, el principio de definitividad no es absoluto, sino que admite diversas excepciones en la vía indirecta. Entre ellas se encuentra la relativa al caso en el que la ley del acto reclamado no prevé la suspensión de su ejecución, con motivo de la interposición de los recursos o medios de defensa que procedan en su contra, tal como expresamente lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, en el que, por cierto, se apoyó el Juez Federal para tratar de apoyar la decisión asumida en el fallo recurrido. Ese precepto legal, en lo que interesa, es del tenor siguiente: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). De acuerdo con el numeral de que se trata, por regla general el juicio de amparo es improcedente cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa susceptible de modificar, revocar o nulificar el propio acto, salvo en los casos en que la ley del acto no prevea la suspensión de sus efectos por la interposición del recurso o medio de defensa, o aun previéndola se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo regula para conceder la suspensión definitiva. Con lo anterior se advierte que no hay obligación jurídica de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, entre otros supuestos, cuando la ley que rige el acto reclamado no prevé la suspensión de su ejecución con motivo de la interposición de los recursos o medios de defensa que procedan en su contra. Por tanto, si la ley del acto reclamado no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos ordinarios o los medios de defensa procedentes en su contra, el quejoso no se encuentra obligado a agotar ningún recurso o medio de impugnación que se establezca para impugnar el acto de autoridad, pues sin acudir a ningún otro conducto de defensa puede ocurrir directamente a la vía constitucional, lo cual, sin lugar a duda, constituye una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. Al respecto, cabe citar la tesis 2a. LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, relativo a julio de dos mil, que es del tenor siguiente: ‘DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe). En el caso, cabe recordar que en el fallo recurrido el Juez de Distrito estimó que contra el acto reclamado en el juicio de origen, procede el juicio laboral en términos del artículo 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, motivo por el cual, según dicho juzgador, previo a ocurrir a la vía constitucional el quejoso debió acudir a la vía laboral, por ser el medio de defensa idóneo para revocar, modificar o nulificar el acto de que se trata, en tanto que ese acto involucra una controversia entre tal instituto y un trabajador, como es en la especie el propio impetrante. Sobre el particular, debe decirse que es cierto, como lo adujo el Juez del conocimiento, que la vía laboral ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es el medio de defensa idóneo para resolver los conflictos o controversias suscitados entre los trabajadores o sus beneficiarios y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pues así está expresamente contemplado en el artículo 53 de la ley del propio Instituto. Ese numeral dice así: ‘Artículo 53.’ (se transcribe). Con esto se pudiera decir, como a primera vista lo apreció el Juez de Distrito, que contra el acto reclamado en el juicio procede la vía laboral ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por ser la idónea para ello en términos del artículo 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en tanto que tal acto involucra una controversia entre el trabajador, hoy quejoso, y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que radica en la procedencia de la devolución a favor del impetrante de los recursos de su subcuenta de vivienda 97 y que, por tal motivo, atento al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, antes de acudir a la vía de amparo el inconforme estaba constreñido a acudir a la vía laboral para atacar el acto de que se trata. Sin embargo, esto no es así sobre todo si se toma en cuenta que en la Ley Federal del Trabajo ni en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en general, está contemplada la suspensión de los actos impugnables a través de la vía laboral y, en particular, contra actos que involucren alguna controversia entre tal instituto y los trabajadores o sus beneficiarios, pues lo cierto es que en esas legislaciones federales no se advierte precepto alguno dirigido a establecer la suspensión en los términos de que se trata. Luego, si en tales legislaciones federales no se contempla la suspensión de un acto como el reclamado en el juicio de amparo, con motivo de la instauración de la vía laboral correspondiente, es inconcuso que, contra lo expuesto por el Juez Federal, el quejoso no tenía obligación jurídica alguna de ocurrir a esa vía ordinaria antes de ejercer la acción constitucional, porque en el caso se actualiza una de las excepciones al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. No obsta a la conclusión alcanzada, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 144/2005, sustentada por la Segunda Sala de nuestro Más Alto Tribunal del País, invocada en el fallo recurrido, en la cual se establece el criterio de que cuando se reclama al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores la transferencia de los recursos aportados a la subcuenta de vivienda, en términos del artículo 40 de la ley de tal instituto, la competencia para conocer de la litis se surte a favor de la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Se dice que no obsta, porque este órgano colegiado estima que esa tesis de jurisprudencia es inaplicable en el caso concreto, en tanto que regula un supuesto jurídico diverso al que es materia en el juicio de donde deriva este recurso. Tal tesis de jurisprudencia está visible en la página trescientos veintisiete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, relativo a diciembre de dos mil cinco, cuyo contenido es del tenor literal que sigue: ‘INFONAVIT. CUANDO A ESTE ÓRGANO FEDERAL SE LE DEMANDA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS APORTADOS A LA SUBCUENTA DE VIVIENDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY QUE LO REGULA, LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA LITIS SE SURTE A FAVOR DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, PORQUE DICHA PRESTACIÓN ES PRINCIPAL.’ (se transcribe). Como puede verse, en tal tesis de jurisprudencia la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al establecer el criterio jurídico ahí contenido, examinó el caso en el que mediante la vía laboral se demanda del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la transferencia de los recursos de la subcuenta de vivienda en términos del artículo 40 de la ley de tal instituto. Sobre el particular, la propia Segunda Sala consideró que en tal supuesto aquella prestación tiene el carácter de principal, por afectar el patrimonio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y que, por ello, la competencia para conocer de la litis atañe a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Con lo anterior se advierte que el criterio jurídico contenido en la tesis de jurisprudencia de que se trata, está referido al caso en el que se demanda del propio Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a través de la vía laboral relativa, la transferencia de los recursos de la subcuenta de vivienda en los términos del artículo 40 de la ley de tal instituto. En este caso, debe tomarse en consideración que lo que es materia del juicio de garantías de donde deriva este recurso, es la negativa a devolver al impetrante los recursos de su subcuenta de vivienda 92 y 97, recaída a la solicitud que elevó al respecto, por cierto, apoyada en la declaratoria de inconstitucionalidad de octavo transitorio (sic) del decreto por el que se reformó la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero del año mil novecientos noventa y siete (folios 13 al 16 del expediente de garantías). En tal tesitura, no hay duda de que en el caso es inaplicable la tesis de jurisprudencia de que se trata, pues, aunado a que no se demandó al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a través de la vía laboral respectiva, debe tenerse en cuenta que tampoco se reclamó del instituto la transferencia de los recursos de la subcuenta de vivienda en términos del artículo 40 de la ley relativa, sino más bien se reclamó la negativa a devolver los fondos de la subcuenta de vivienda 92 y 97. Esta conclusión se torna lógica y jurídicamente razonable si se toma en cuenta que la tesis de jurisprudencia de que se trata, no aporta algún elemento jurídico respecto de la procedencia del juicio de amparo promovido contra un acto como el reclamado en el juicio de origen, esto es, una negativa a devolver los fondos relativos a la subcuenta de vivienda, ni relacionado con el agotamiento o no del principio de definitividad en los casos como en el que aquí nos ocupa. Luego, aunque tal tesis de jurisprudencia es de observancia obligatoria para el Juez de Distrito en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, lo cierto es que ese juzgador no estaba obligado a acatarla, precisamente, por no ser aplicable al caso concreto, de ahí que no existía razón jurídica alguna para que el propio Juez Federal ciñera su decisión al criterio contenido en ella. Al efecto, es de citarse la tesis 2a. XXV/99, sustentada por la Segunda Sala de nuestro Más Alto Tribunal del País, visible en la página trescientos dieciséis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, relativo a marzo de mil novecientos noventa y nueve, que dice así: ‘JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. LA OBLIGATORIEDAD DE SU APLICACIÓN, AUN EN SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, ESTÁ SUJETA A QUE EN EL CASO CONCRETO SEA PROCEDENTE SU APLICACIÓN.’ (se transcribe). Así, las razones anteriores conducen a estimar que en este caso opera una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque la ley del acto reclamado en el juicio no prevé la suspensión del propio acto con motivo de la instauración de la vía laboral relativa, de ahí que, adverso a lo sostenido por el Juez de Distrito, el impetrante no estaba obligado a acudir a tal vía antes de la promoción del juicio constitucional, motivo por el cual ese juzgador no estuvo en lo correcto al tener actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, precisamente, por no surtirse en la especie los extremos necesarios para su configuración. ..."

CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, derivado de la revisión principal ********** del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesión del siete de junio de dos mil doce, por unanimidad de votos, en la parte que interesa consideró:

"SEXTO. ... II. Estudio de oficio de una diversa causa de improcedencia a la indicada en la sentencia de primer grado. Al respecto, interesa destacar que las causales de improcedencia son de orden público y estudio preferente a cualquier otra cuestión del juicio de garantías, ya sea que las partes lo aleguen o no, en cualquier instancia que se encuentre el juicio; por lo que, de advertirse la existencia de alguna de ellas, el tribunal revisor debe emprender su estudio oficioso, incluso por motivos diversos a los analizados en la sentencia combatida, conforme a los parámetros dispuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 122/99, que dispone: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (se transcribe). Igualmente es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 30/97, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, que refiere lo siguiente: ‘REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.’ (se transcribe). Bajo esos parámetros, este Tribunal Colegiado estima que previamente al estudio de los motivos de inconformidad, corresponde analizar una causal de improcedencia que no fue examinada por el a quo, al involucrar una cuestión de orden público de conformidad con lo previsto en el último párrafo de la fracción XVIII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, así como acorde con las jurisprudencias anotadas, al margen de quien acuda al recurso de revisión y su pretensión impugnativa. En ese orden, este órgano colegiado aprecia de análisis preferente determinar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del amparo. Esto es, delimitar si una negativa de devolución de fondos por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que rechaza expresamente alguna aplicación del artículo octavo transitorio de la legislación de tal organismo, respecto de la parte quejosa, puede ser considerada un acto de autoridad para efectos de controvertirla en amparo, como es el caso en que el instituto no accede a la entrega de fondos administrados por diverso motivo, relativo a considerar que no se cumple algún supuesto que permita su devolución, o bien, estime aplicable algún requisito. En la especie, el motivo para denegar la devolución de fondos de vivienda al quejoso solicitante, según lo informa el oficio reclamado, fue considerar que era una persona pensionada conforme a un plan privado de su empleador y que debía acreditar el registro de tal contratación colectiva ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, invocándose como apoyo el artículo 190 de la Ley del Seguro Social. En dicho supuesto, este órgano colegiado observa que el anotado instituto actúa en su calidad de ente administrador de los referidos recursos, dando lugar a una controversia en la que no actúa provisto de imperio. Lo que a la postre hace improcedente el amparo conducente, en la medida que no actúa con potestad pública al formular una respuesta de ese orden al solicitante de los fondos. La causal de improcedencia señalada es la prevista en el precepto 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 1o. y 11 de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados a contrario sensu, en torno a que el juicio de amparo, no procede contra actos que no sean de autoridad. El concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellos órganos del Estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales, es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Las facultades decisorias que les están atribuidas en la ley comprenden una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí que surge dentro de las denominadas relaciones de supra o subordinación entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva, existiendo como límite a su actuación el marco constitucional y legal. Esta consideración tiene origen en la tesis P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: ‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.’ (se transcribe). En la misma línea interpretativa se orienta la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, que establece: ‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.’ (se transcribe). De acuerdo con estos parámetros de análisis jurídico, en la especie interesa definir si existe una relación de supra a subordinación y las notas distintivas de autoridad señaladas, tratándose del vínculo que existe entre un trabajador o titular de recursos de la subcuenta de vivienda frente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, respecto a la administración y disposición de tales fondos, específicamente, cuando éste contesta que no procede la devolución de recursos solicitada por estimar que no se cumplen los supuestos para su entrega, o bien, algún requisito para ese fin. Así, la cuestión a determinar es si la relación jurídica preexistente entre el titular de los fondos y el órgano público descentralizado en mención, es una de supra a subordinación, donde esté de por medio una potestad pública de ejercicio irrenunciable del referido Instituto de vivienda, o bien, en caso contrario, establecer los motivos por los que no se reúnen las citadas notas distintivas de autoridad para efectos del amparo. Para ello conviene distinguir que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, en las que los órganos del Estado comprenden una actuación con imperio o potestad de derecho público. Una de sus características es la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales, por lo que está en condiciones de sujetar la esfera jurídica del afectado a su determinación, producto del ejercicio de una potestad pública al respecto. Luego, es fundamental que el órgano de amparo, al conocer de un reclamo de ese tipo, analice y determine si la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y a quien señala como autoridad responsable, efectivamente provenga de una genuina relación de supra a subordinación, entre gobernante-gobernado. Premisa que en la especie no satisface el acto reclamado. Cierto, ese extremo no se cumple cuando la negativa de devolución de fondos por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no involucra una relación de supra a subordinación con un particular, es decir, en el que no esté de por medio el despliegue de una facultad administrativa de ejercicio irrenunciable y pública, como es cuando el referido organismo descentralizado contesta que no advierte procedente la entrega de recursos de vivienda administrados, por considerar que aún no se cumplen las hipótesis en que esté obligado a su entrega. Una controversia al respecto con el particular no la define por sí y ante sí el instituto de vivienda, porque como será analizado, no es quien decide con imperio en tales casos, sobre el destino de los recursos de vivienda, sino ello compete a los órganos de justicia laboral, como es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En efecto, el oficio mediante el cual el señalado instituto no acepta que esté aún obligado a la devolución de los recursos respecto de los que figura como su administrador o que no se reúnen los supuestos para su transferencia o entrega a favor del operario, involucra una relación de coordinación propia de su calidad de administrador de fondos. Lo que es así, porque no despliega atribuciones administrativas de naturaleza pública con imperio, ya que la decisión que adopta al respecto sobre la entrega de fondos no vincula al afectado, porque éste puede controvertirla en juicio laboral, demandando al referido órgano (con personalidad jurídica y patrimonio propio), para obligarle a dicha entrega de recursos, en caso de que sea procedente, como se obtiene del artículo 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y en relación con el diverso numeral 37, que prevé un plazo de diez años para que prescriba el derecho de un trabajador a recibir tales recursos. Así, tratándose de órganos públicos descentralizados de carácter social como el referido, el Alto Tribunal ha diferenciado los casos en que no les resulta el carácter de autoridad, como es la hipótesis en que la materia u objeto del acto reclamado, guarda relación directa con su calidad de órganos aseguradores o de los servicios que prestan a sus derechohabientes o beneficiarios. Supuesto en el que incluso se ha precisado que es inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia de no ser autoridad para efectos del amparo. En esa directriz se orienta la jurisprudencia 2a./J. 134/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que precisa: ‘SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). En relación al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores igualmente existen casos en los que no le resulta el carácter de autoridad y han quedado definidos en jurisprudencia, o bien, en los que en contrapartida se ha considerado que está involucrado el despliegue de una potestad pública imperativa, qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24279-b09892c1/instituto-del-fondo-nacional-de-la-vivienda-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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