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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A LA PETICIÓN DE INFORMACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, POSTERIORES AL TERCER BIMESTRE DE 1997. AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 253/2011. · Registro digital (IUS): 23102
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO (ANTES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR DE LA MISM
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, , Pág. 1339.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 253/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO (ANTES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR DE LA MISMA REGIÓN) Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el tema sobre el que versa la posible contradicción de criterios denunciada, corresponde a la materia laboral, en la que esta Segunda Sala se encuentra especializada.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región.

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región (antes Primer Tribunal Colegiado Auxiliar), con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver por unanimidad el recurso de revisión 1045/2010-L, en sesión de dieciséis de noviembre de dos mil diez, en la parte conducente, sostuvo:

"SEXTO. Entre las cuestiones necesarias para resolver el asunto, destacan las siguientes.

"I. Antecedentes relevantes del caso.

"1. El quejoso acudió al amparo contra la falta de respuesta a su petición de veintitrés de abril de dos mil diez, mediante la cual solicitó al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, información y la devolución del saldo de la subcuenta de vivienda (fojas 6 a 7).

"2. Una vez sustanciado en sus etapas el juicio de amparo, el Juez de Distrito del conocimiento dictó la sentencia sujeta a revisión, en la cual tuvo por cierta la existencia de la falta de respuesta a dicha petición y concedió el amparo solicitado para que la dependencia en comento emitiera la respuesta conducente en breve término y la hiciera del conocimiento del interesado.

"3. La autoridad responsable acude en revisión contra el fallo protector en mención en los términos descritos.

"II. Estudio oficioso de una causa de improcedencia no advertida en la sentencia de primer grado. Al respecto, interesa destacar que las causales de improcedencia son de orden público y estudio preferente a cualquier otra cuestión del juicio de garantías, ya sea que las partes lo aleguen o no, en cualquier instancia que se encuentre el juicio; por lo que de advertirse la existencia de alguna de ellas, el tribunal revisor debe emprender su estudio oficioso conforme a los parámetros dispuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 122/99, que dispone:

"‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (Resulta innecesario transcribir su texto).

"Así como en función de lo resuelto en la jurisprudencia 2a./J. 30/97, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, que refiere lo siguiente:

"‘REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.’ (Resulta innecesario transcribir su texto).

"Bajo esos parámetros, este Tribunal Colegiado estima que previamente al estudio de los motivos de inconformidad, corresponde analizar cierta causal de improcedencia que no fue examinada por el a quo, al involucrar una cuestión de orden público, de conformidad con lo previsto en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, así como acorde con las jurisprudencias anotadas, al margen de quien acuda al recurso de revisión y su pretensión impugnativa.

"En ese orden, en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el anotado precepto 73, fracción III, en relación con los numerales 1o. y 11 de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, así como en relación con la jurisprudencia 42/2001, de rubro: ‘PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD.’, dado que respecto a lo que fue materia de petición por el gobernado relacionado con la administración de los recursos de la subcuenta de vivienda que alega, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no actúa como autoridad en los términos concebidos para efectos del amparo, sino en un plano de coordinación en sustitución de la parte patronal como será explicado a continuación:

"En cuanto a este punto, conviene retomar como elemento de partida que el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo cual permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución.

"Dicho criterio jurídico está contenido en la tesis P. XXVII/97, que señala:

"‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.’ (Resulta innecesario transcribir su texto).

"De ahí que en torno al concepto de autoridad responsable, cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación; donde el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si en vez de aquella vinculación se trata de una relación de coordinación, la que excluye la idea de autoridad, ya que por su propia naturaleza existirá un procedimiento establecido en el derecho privado para ventilar cualquier controversia que se suscite en vía civil o mercantil, incluso la laboral, o bien, también puede suceder que las normas constitucionales coloquen al Estado en situación jurídica parecida a la de un particular.

"Por ello, conviene distinguir las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas (tales como los del derecho civil, mercantil y laboral, entre otros). Su característica distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación.

"Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados reguladas por el derecho público, los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio aquél. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En tanto que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Nota al pie de página número 11 (Apoya lo anterior la tesis aislada 2a. XXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.’. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, marzo de 1999, Novena Época, página 307).

"Los lineamientos señalados que permiten delimitar cuándo se está frente a una autoridad para efectos del juicio de amparo, no son ajenos al derecho de petición y la consabida reclamación que puede realizar un particular cuando una autoridad omite ceñirse a lo que el numeral 8o. de la Constitución Federal impone al respecto (contestar en breve término sobre lo pedido), pues el derecho de pedir surgió como la potestad de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstos intervengan para hacer cumplir la ley, con la correlativa obligación de las autoridades de dictar un acuerdo escrito a la solicitud o petición que el gobernado les eleve.

"Derivado de lo anterior, resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho en caso de que no se cumpla la obligación correlativa de la autoridad que supone este derecho. Luego, es fundamental que el órgano de amparo, al conocer de un reclamo de ese tipo, analice y determine si la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y el servidor público es de esa clase, pues el amparo sólo podrá ser intentado contra una genuina omisión de ‘autoridad’ de contestar una petición hecha entre gobernante-gobernado, como medio de salvaguarda de las garantías individuales.

"Lo anterior, en congruencia con la jurisprudencia 42/2001, que precisa:

"‘PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD.’ (Resulta innecesario transcribir su texto).

"De esa manera, si la premisa de procedencia del juicio de garantías es que la petición a una autoridad propiamente dicha, ese extremo no se cumple cuando la solicitud es formulada ante un organismo descentralizado cuando involucra su esfera de ente asegurador y actúa con relaciones de coordinación con el beneficiario, bajo un mismo plano de igualdad, en contraposición a cuando actúa como organismo fiscal autónomo, por lo que como ente asegurador el Alto Tribunal ha dispuesto que el juicio de amparo será improcedente.

"En ese sentido, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 211/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone:

"‘INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.’ (Resulta innecesario transcribir su texto).

"Los parámetros de estudio señalados permiten arribar a la consideración de que se actualiza similar causal de improcedencia de no ser autoridad para efectos del amparo el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando se le reclama la falta de respuesta a una petición de solicitud de información o devolución del saldo de la subcuenta de vivienda que legalmente le corresponde administrar, dado que en cuanto a ese rubro actúa bajo un plano de coordinación y no de supra a subordinación.

"La razón jurídica, en términos de la propia jurisprudencia que se comenta, sería que esta clase de institutos, cuando no actúan en ejercicio de sus funciones de autoridad fiscal autónoma, sino de ente asegurador, actualizan una situación de coordinación con los particulares, donde se expresan relaciones en un plano de igualdad, conforme al régimen jurídico que determina sus funciones en la materia de prestación del servicio público de seguridad social y, en algunos casos, en sustitución de los patrones en las obligaciones de seguridad social que originalmente, respecto de sus trabajadores, corresponden a ellos.

"Para arribar a esa clase de conclusión -indica la ejecutoria de la jurisprudencia precisada-, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter, a saber: 1) como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación; y, 2) como ente asegurador, y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y patrón, o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual, actúa en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades.

"De modo que en este último supuesto, ha precisado que cuando es planteada una petición en lo que comprende su calidad de ente asegurador y omite contestarla el órgano relativo del señalado instituto, no se configura un acto de autoridad para efectos del amparo y, por ende, tampoco procede el amparo conducente.

"A ese respecto, y a fin de obtener mayor ilustración al respecto, cabe traer a cita un extracto de la ejecutoria de que se trata:

"‘Así las cosas, resulta válido llegar a la conclusión de que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando omite responder una solicitud que se le formula con fundamento en el artículo 8o. constitucional, cuando actúa en su carácter de organismo fiscal autónomo, pues con dicha omisión se lesionan las garantías individuales del particular solicitante, específicamente la prevista en el artículo constitucional suprarreferido.

"Sin embargo, en contra de la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador no procede el juicio de garantías, pues no se trata de un acto de autoridad para efectos del amparo, ya que el referido instituto actúa en sustitución del patrón porque el Instituto Mexicano del Seguro Social no está investido de imperio.

"Esto es, se trata de una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, ya que en la especie, tratándose de las prestaciones de seguridad social, el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo.’

"En congruencia con lo expuesto anteriormente, este órgano colegiado auxiliar también ha fijado criterio en el sentido de que el factor o elemento determinante para reconocer el carácter de autoridad en el amparo en casos como el citado, no tiene que ver con el contenido de los conceptos de violación, sino sólo con el tipo de atribuciones que se involucren en su actuación u omisión de conducta, y siempre que correspondan a las prestaciones que, como patrón sustituto, se encuentra obligado a proporcionar a los beneficiarios del régimen de aseguramiento legalmente previsto.

"Supuesto en el cual, dicho instituto no debe ser considerado como autoridad en el juicio de garantías, sin que ello permita afirmar que el agraviado quedará en indefensión por no poder acudir a instancia ni autoridad alguna a defender sus intereses, pues, según se expone en la resolución de la Segunda Sala del Alto Tribunal, cuyo extracto quedó inserto, los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. Nota al pie de página número 12 (Lo anterior quedó reflejado en la tesis aislada III.1o.T.Aux.11 A, sustentada por este Tribunal Colegiado Auxiliar, que establece en su rubro: ‘INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SU ACTUACIÓN U OMISIÓN SE MATERIALIZA EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES COMO ENTE ASEGURADOR Y EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN, COMO CONSECUENCIA DEL VÍNCULO LABORAL ENTRE ÉSTE Y EL TRABAJADOR Y NO SÓLO CUANDO SE RECLAME LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 211/2009.)’ (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, septiembre de 2010, Novena Época, página 1273).

"Por ello, el rasgo determinante no obedece al tipo de garantías que el quejoso aduzca como violadas ni a la circunstancia de que reclame la falta de respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, pues ello sólo tiene que ver con el contenido de los conceptos de violación y con lo que el agraviado decida señalar como acto reclamado, pero no necesariamente involucra el tipo de atribuciones que, con su actuación u omisión ejerce, las que deben coincidir con las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación identifica como propias de un organismo fiscal autónomo en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales.

"Ahora bien, siguiendo los lineamientos señalados, las razones jurídicas que permiten precisar que tampoco cuenta con la calidad de autoridad para efectos del amparo el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando se le reclama la falta de respuesta a una petición de solicitud de información o devolución del saldo de la subcuenta de vivienda que legalmente le corresponde administrar, son que precisamente en cuanto a este ámbito, actúa constitucional y legalmente como órgano administrador de tales recursos en sustitución de la parte patronal, por ende, el tipo de relaciones que al efecto resultan vinculadas son las que derivan de un plano de coordinación y no de supra a subordinación.

"Lo cual se confirma si se toma en cuenta que las controversias que al efecto se susciten por la reclamación de los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda por parte del trabajador contra el instituto en mención, igualmente corresponde dirimirlos ante los órganos jurisdiccionales en materia laboral, lo que evidencia que en ese plano, el instituto tampoco actúa jurídicamente de manera coercitiva frente al sujeto trabajador ni puede decidir de manera terminal o definitiva así como unilateral, imperativa y coercitivamente sobre su devolución.

"En cuanto a este tema, es conveniente señalar que la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 25/2006-SS, nota al pie de página número 13 (De tal contradicción de tesis derivó la jurisprudencia 2a./J. 100/2006, de rubro: ‘SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO EN QUE SE DEMANDE A UNA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO [AFORE] LA ENTREGA DEL SALDO DE LA CUENTA INDIVIDUAL DE UN TRABAJADOR.’. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio de 2006, Novena Época, página 404), entre otras cuestiones señaló que:

"‘Consecuentemente, las cantidades aportadas por los patrones a la subcuenta de vivienda son patrimonio de los trabajadores y tales recursos son administrados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el que cubrirá los intereses conforme a la tasa que determine el consejo de administración de dicho instituto, que deberá ser superior al incremento del salario mínimo del Distrito Federal.

‘...

"‘Por tal motivo, tratándose de los recursos correspondientes a la subcuenta de vivienda, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores debe transferirlos para su disponibilidad por el trabajador a la administradora de fondos que lleve su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, ya sea para su entrega o para la contratación de la pensión correspondiente, previa solicitud de éste y siempre que ello proceda.

‘...

"‘Tal íntima vinculación lleva a concluir que aun cuando los recursos que integran la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro de un trabajador forman parte de su patrimonio, al encontrarse su disponibilidad sujeta a la autorización relativa del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando se reclama la entrega del saldo de la cuenta referida necesariamente deben intervenir tales institutos en el juicio relativo y tal intervención tiene el carácter de principal, pues la entrega de recursos al trabajador que se reclama en el juicio depende de la autorización de su disponibilidad por los institutos de seguridad social, y en el caso del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, además, de la transferencia de los recursos a la cuenta relativa para su entrega al trabajador, lo que involucra el patrimonio del referido instituto, según lo ha determinado esta Segunda Sala en la tesis jurisprudencial 2a./J. 144/2005 ...’ (énfasis añadido).

"En función de lo anterior, la Segunda Sala, al resolver la diversa contradicción de tesis 171/2008-SS, en que fue dirimido el problema relativo a determinar si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es el que administra los recursos depositados en la subcuenta de vivienda y, en consecuencia, si es necesario que transfiera dichos recursos a la administradora de fondos para el retiro correspondiente a efecto de que sean entregados al particular, con motivo de tal reclamación hecha en un juicio laboral concluyó, entre otras cuestiones, lo siguiente:

"‘d) Conforme al artículo 123, fracción XII, primer y segundo párrafos, de la Constitución General, el Fondo Nacional de la Vivienda es administrado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por lo que dicho instituto es el encargado de administrar la subcuenta de vivienda y de cubrir los intereses que generen las aportaciones patronales de vivienda a favor de los trabajadores.

"‘e) Es derecho del trabajador y, en su caso, de sus beneficiarios recibir los recursos de la subcuenta de vivienda los cuales, de no haber sido aplicados en la obtención de un crédito para la adquisición de vivienda, serán transferidos a las administradoras de fondos para el retiro para la contratación de la pensión correspondiente o su entrega. Para tal efecto, el trabajador o sus beneficiarios deberán solicitar al citado instituto la transferencia de los recursos de la subcuenta indicada a las referidas administradoras.

"‘f) Cuando se promueva un juicio en contra de las administradoras de fondos para el retiro en el que se reclame la devolución del saldo integral de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, debe considerarse implícitamente demandado al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, toda vez que al ser éste el encargado de administrar los recursos depositados en la subcuenta de vivienda, es al que le corresponde hacer la transferencia de tales recursos a la administradora demandada.

"‘De lo hasta aquí expuesto se aprecia que por disposición constitucional es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores el encargado de administrar los recursos depositados en la subcuenta de vivienda. Siendo así, cuando un trabajador reclame de la empresa administradora de fondos la devolución del saldo integral de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, dicho instituto debe hacer la transferencia correspondiente al saldo contenido en la referida subcuenta.’ (énfasis añadido).

"De lo cual derivó la jurisprudencia 2a./J. 15/2009, de rubro: ‘SUBCUENTA DE VIVIENDA. LOS RECURSOS DEPOSITADOS EN ELLA SON ADMINISTRADOS POR EL INFONAVIT Y, EN CONSECUENCIA, PARA QUE SEAN ENTREGADOS AL TRABAJADOR O, EN SU CASO, A SUS BENEFICIARIOS, ES NECESARIO QUE AQUÉL LOS TRANSFIERA A LA AFORE CORRESPONDIENTE.’, que retoma en síntesis tales consideraciones.

"Como puede apreciarse, en torno a que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es el encargado de administrar los recursos depositados en la subcuenta de vivienda y, por ende, el obligado por antonomasia para hacer la transferencia de las cantidades relativas cuando un trabajador reclame de la empresa administradora de fondos la devolución del saldo respectivo, existe jurisprudencia que define ese punto, en congruencia con el artículo 123, fracción XII, primer y segundo párrafos, de la Constitución General.

"En congruencia con la disposición constitucional comentada, los artículos 1o., 2o. y 3o. de la legislación del instituto citado disponen, respectivamente, que es de utilidad social, de observancia general en toda la República, que crea un organismo de servicio social denominado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el cual tiene por objeto administrar los recursos del fondo; establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: a) adquirir en propiedad habitaciones; b) construir, reparar, ampliar o mejorar las que posean; o, c) para destinarlo al pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores; coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores, y lo demás a que se refiere la fracción XII del apartado A del artículo 123 constitucional y el título cuarto, capítulo III, de la Ley Federal del Trabajo, así como lo que la propia ley establece.

"Así que bajo ese plano de ente administrador de fondos de vivienda frente al trabajador, no actúa como autoridad que puede decidir en definitiva así como de manera unilateral, imperativa y coercitiva el destino de los señalados recursos en perjuicio del trabajador, al igual que lo conducente a su devolución, pues cualquier determinación en ese sentido, es susceptible de ser objeto de controversia en un juicio laboral.

"En efecto, como se advierte de lo anterior, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como ‘organismo de servicio social’ constituido bajo el principio de solidaridad social, debe considerarse como una entidad con personalidad y patrimonio propio que, a diferencia de un organismo público descentralizado del Gobierno Federal, no se encarga de administrar ‘bienes del Estado’, sino ‘recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores’, que se destinan a crear y operar el sistema de financiamiento a que se hizo referencia, así que como ente administrador sus actos u omisiones son susceptibles de control jurisdiccional por los órganos de justicia laboral en cuanto a esa esfera de su actuación.

"Esto último queda igualmente robustecido al tomar en cuenta que el Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 147/2005-SS, en sesión de veintiocho de octubre de dos mil cinco, señaló entre otras cuestiones, que en relación a la demanda suscitada por la transferencia de los recursos aportados a la subcuenta de vivienda, la competencia para conocer de la litis se surte a favor de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, porque dicha prestación es principal.

"De lo cual derivó la jurisprudencia 2a./J. 144/2005, que precisa lo siguiente:

"‘INFONAVIT. CUANDO A ESTE ÓRGANO FEDERAL SE LE DEMANDA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS APORTADOS A LA SUBCUENTA DE VIVIENDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY QUE LO REGULA, LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA LITIS SE SURTE A FAVOR DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, PORQUE DICHA PRESTACIÓN ES PRINCIPAL.’ (Resulta innecesario transcribir su texto).

"De lo cual se obtiene que uno de los órganos que jurídicamente puede responder en un inicio de la transferencia de los recursos aportados a la subcuenta de vivienda es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por lo que las controversias en que sea demandada la devolución o transferencia de tales recurso

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23102-7fc912b7/instituto-del-fondo-nacional-de-la-vivienda-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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