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Modo: Corpus Pro

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES DE BIENES MUEBLES. EL RECIBO DE PAGO NO CONSTITUYE RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 206/2011. · Registro digital (IUS): 23098
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, , Pág. 1291.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 206/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia, corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios que participan en la presente contradicción, concretamente el sostenido en el amparo directo **********, por lo que se actualiza el supuesto previsto en el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo.(1)

TERCERO. Contenido de las ejecutorias que participan en la contradicción de tesis.

Las consideraciones vertidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo número **********, son las siguientes:

"En el fallo reclamado, la Sala responsable sobreseyó en el juicio de nulidad del que deriva aquél, por considerar que el acto impugnado consistente en el recibo oficial número **********, de veintiuno de abril de dos mil diez, no reúne las características de un acto administrativo definitivo, porque únicamente constituye una constancia reveladora del pago, que se entrega al contribuyente, aquí quejoso, por el impuesto enterado por concepto de la cesión onerosa de crédito y derechos litigiosos del acto jurídico contenido en la escritura pública número **********, de fecha dieciséis de abril de dos mil diez, erogación realizada ese día veintiuno posterior, en la oficina recaudadora fiscal número 125, de Guadalajara, Jalisco, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado; que ello es así, ya que, en la especie, es el propio actor el que, de manera unilateral y espontánea, acude a efectuar el pago de sus obligaciones fiscales, aunado a que el demandante no ha solicitado, ante la potestad de la autoridad exactora, la devolución de la erogación por estimarla como indebida o en exceso, en cuanto a que no tenía por qué cumplir con dicha obligación tributaria o, en su caso, que cubrió en demasía el monto respectivo; y que ante la manifestación aislada de que se trata, a saber, el pago consignado en el recibo oficial, éste se traduce en una erogación espontánea, como lo expresa el actor en el capítulo de hechos de su demanda de nulidad, al señalar que el régimen fiscal del instrumento en cita, el fedatario público le retuvo la cantidad correspondiente al pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales de bienes muebles, por lo que no se advierte que exista una determinación previa, debidamente documentada, a la que obedeciera el entero, ni la emisión de un mandamiento escrito de requerimiento de pago en ese sentido, menos aún, manifestación oficial en relación al cumplimiento debido o indebido de la obligación tributaria ahí consignada, lo que es suficiente para considerar actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 29, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, puesto que la Sala responsable no puede conocer de resoluciones que no cumplan con el principio de definitividad, ello en remisión necesaria al numeral 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que otorga competencia al Tribunal de lo Administrativo, únicamente sobre resoluciones definitivas, debido a lo cual, procede decretar el sobreseimiento del juicio, con apego al precepto 30, fracción I y último párrafo, de esa Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Frente a lo determinado por la Sala responsable, el peticionario de garantías aduce en sus conceptos de violación, que el recibo de pago combatido, sí constituye un acto administrativo definitivo, en tanto que, en los términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Procedimiento Contencioso (sic) Administrativo de esta entidad federativa, tal actuación es un fin en sí misma o el resultado de un procedimiento ordinario tramitado por la autoridad, en el caso particular, el de comprobación fiscal, porque la demandada, en uso de esas facultades, reconoce una situación jurídica del administrado, como es la determinación y cobro del impuesto que se genera por el acto sometido a su revisión, y precisamente el recibo oficial que expide la autoridad, es un documento emitido por ella que, en todos los casos, debe ceñirse a las formalidades de fundamentación y motivación que establece el numeral 16 de la Constitución Federal; que el acto impugnado sí se contrae a una declaración unilateral de la voluntad dictada por la autoridad administrativa, en ejercicio de su potestad pública, que crea, declara, reconoce, modifica, transmite o extingue, derechos u obligaciones del demandante, y en el caso particular, la oficina recaudadora, al momento en que le es presentado por el actor, el indicado contrato determinó que el mismo era sujeto del impuesto sobre transmisiones de bienes muebles, y en ese momento llevó a cabo la determinación y cobro de ese tributo, por lo que procedió a emitir el recibo oficial respectivo, que fue pagado por el contribuyente, documento mediante el cual la demandada, en uso de sus funciones de comprobación fiscal, como autoridad exactora, establece la obligación tributaria a cargo del actor, y lleva a cabo su cobro mediante la expedición del recibo de pago correspondiente; que en el juicio de nulidad se plantea una controversia de carácter fiscal entre el contribuyente, como sujeto obligado, y la autoridad demandada, como fiscalizadora, de conformidad con lo establecido en los preceptos 52, 56, 57, 65, 67 y demás relativos y aplicables de la Constitución Estatal, 57 y 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco y 1 de la Ley de Justicia Administrativa de esta entidad federativa; que fue la autoridad demandada y no el fedatario público, quien realizó la determinación y cobro del indicado impuesto, en tanto que fue quien expidió el recibo de pago en uso de sus facultades de comprobación; que si ese notario hizo constar que calculaba y retenía el tributo aludido, ello no quiere decir que haya sido, puesto que el propio recibo fue emitido con fecha muy posterior a la que se celebró el acto jurídico y la autoridad expidió el documento a nombre del demandante, quien compareció ante la propia autoridad a realizar dicho pago; que los artículos que regulan el impuesto de referencia establecen la obligación de efectuar la erogación en comento, por el hecho de encontrarse en alguno de los supuestos contenidos en el numeral 2o. de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, por lo cual, al haber acudido el actor a la oficina de recaudación demandada, fue porque el fedatario ante el que fue pasado el instrumento considerado como hecho generador, estableció que tenía que realizar el pago correspondiente del tributo; que si el pago fuera optativo, así lo señalaría la legislación aplicable y así se hubiera consignado en la escritura respectiva y en el recibo oficial, lo cual no aconteció; que la erogación del impuesto es una condición para que se valide la realización del trámite o acto administrativo, en términos de lo dispuesto por el precepto 19 de esa legislación hacendaria estatal, que establece que los fedatarios públicos o quienes hagan sus veces, los registradores y las autoridades, no expedirán testimonios ni registrarán o darán trámite a actos o contratos en que intervengan, o documentos que se les presenten, hasta que se haya pagado el tributo que se cause; debido a lo cual, el recibo de pago, como forma de recaudación, es un acto impugnable a través del juicio de nulidad administrativa, al exigirse al solicitante la erogación del impuesto y condicionarse a que ninguna autoridad dará trámite o expedirá documento alguno que tenga relación con el acto jurídico celebrado por el actor, y en ese sentido, la autoridad demandada ejerció las facultades de comprobación fiscal, como si se tratara de una revisión de gabinete, además de que cuando indicó al contribuyente la suma adeudada, su acción resulta sustancialmente análoga a una resolución determinante de crédito fiscal, y que es aplicable la jurisprudencia titulada: ‘TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. SI EL CONTRIBUYENTE ACUDE ANTE LA AUTORIDAD A REALIZAR UN TRÁMITE DE SU AUTOMÓVIL, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES EN MATERIA DE TRÁNSITO Y ÉSTA LE DETERMINA UN ADEUDO POR CONCEPTO DE AQUEL TRIBUTO Y LE CONDICIONA EL SERVICIO A SU PAGO, EL RECIBO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.’. Como se adelantó, tales conceptos de violación son esencialmente fundados, mismos que se analizan en forma conjunta dada su estrecha relación. En efecto, asiste la razón al quejoso cuando aduce que el acto impugnado sí constituye un acto definitivo impugnable mediante el juicio administrativo, de conformidad con lo establecido por los artículos 1 de la Ley de Justicia Administrativa y 57, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de Jalisco que prevén, respectivamente: ‘Artículo 1. El juicio en materia administrativa tiene por objeto resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades del Estado, las municipales y de los organismos descentralizados de aquellas, con los particulares. Igualmente, de las que surjan entre dos o más entidades públicas de las citadas en el presente artículo. Procede el juicio en materia administrativa en contra de disposiciones normativas de carácter general siempre que no se trate de leyes emanadas del Congreso. En estos casos la demanda deberá interponerse en contra del primer acto de aplicación, ante las Salas del Tribunal de lo Administrativo. También procede el juicio en materia administrativa en cualquier otro caso que expresamente determinen las leyes.’ y ‘Artículo 57. El Tribunal de lo Administrativo, es el órgano especializado del Poder Judicial del Estado, con plena jurisdicción para resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades del Estado, de los Municipios y de los organismos descentralizados de ambos, con los particulares, además de las que surjan entre el Estado y los Municipios, o de éstos entre sí. El Tribunal de lo Administrativo conocerá también, de los conflictos laborales que se susciten con sus propios trabajadores.’. De la anterior transcripción se advierte, en especial del numeral 57, que es el Tribunal de lo Administrativo quien debe conocer de las controversias de carácter administrativo que se susciten entre las autoridades y el Estado, y del precepto 1, que procede ante el Tribunal de lo Administrativo el juicio en materia administrativa que tenga por objeto resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades del Estado, las municipales y de los organismos descentralizados con los particulares; lo que ocurre en el presente caso, toda vez que el quejoso impugna el cobro del pago por concepto de impuesto sobre transmisiones patrimoniales sobre (sic) bienes muebles, que se hizo en la Oficina de Recaudación Fiscal Número 125, con motivo de la celebración del contrato de cesión de derechos de crédito y/o litigio, contenidos en la escritura pública número **********, pasada ante la fe del notario público número 15 de Tlaquepaque, Jalisco, el día dieciséis de abril de dos mil diez, y por el cual fue expedido el recibo oficial **********, que se refiere a dicho concepto, mismo que constituye una resolución definitiva impugnable ante la Sala responsable, como enseguida se explica; además, no obstante que la oficina demandada no haya emitido ningún crédito fiscal en contra del peticionario de garantías, sino que simplemente haya expedido el mencionado recibo oficial, de cualquier forma su actuación fue en atención a la liquidación que realizó el notario público respectivo, ya que inclusive la cantidad a pagar por ese tributo, señalada por el fedatario público, coincide con la que consta en ese recibo de pago **********; y tanto es así, que si la liquidación no es exacta, en su caso, la autoridad tiene el derecho de cobrarle la diferencia al notario, pues conforme a la ley éste es responsable solidario. En consecuencia, reitérase, tal cobro constituye resolución definitiva, por lo que contrariamente a lo re

uelto por la Sala, dicho cobro sí encuadra en los supuestos del numeral 67, fracción II y último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que manda: ‘Artículo 67. El Pleno del Tribunal de lo Administrativo conocerá de los asuntos en que se dé trámite a recursos de apelación, reclamación y los que se deriven de la aplicación de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y de los Municipios. Las Salas del Primer Partido Judicial del Estado, las Regionales y las Auxiliares del Tribunal de lo Administrativo, conocerán de los juicios que se instauren en contra de: ... II. Las resoluciones definitivas dictadas por cualquiera de las autoridades fiscales del Estado o municipales, y de sus organismos fiscales autónomos, en las que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido, o cualquiera otra clase de agravio en materia fiscal ... Para los efectos de las dos primeras fracciones de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas, cuando no admitan recurso administrativo o cuando, previéndolo, el afectado opte por no agotarlo.’. De este precepto se desprende, que corresponde al Tribunal de lo Administrativo conocer del presente asunto, toda vez que, como lo alega el quejoso, el ‘recibo oficial’ sí es una resolución definitiva, pues fue el notario público quien, en auxilio de la autoridad correspondiente, calculó el tributo de mérito al momento de protocolizar la operación de impuesto sobre transmisiones patrimoniales con motivo de la celebración del contrato de cesión de derechos, según se desprende del capítulo del régimen fiscal de la mencionada escritura **********, que dice: ‘I. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales de bienes muebles: Con fundamento en lo dispuesto por la fracción IX novena del artículo 2o. (dos), y de los artículos 3o. (tres), 4o. (cuatro), 5o. (cinco), 7o. (siete) y 9o. (nueve) de la Ley de Hacienda del Estado y la fracción IV (cuarta) del artículo 7o. (siete) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, el suscrito notario calculo y hago de su conocimiento el impuesto sobre transmisión patrimonial de bienes muebles que se genera con motivo de la presente operación. Valor de la operación. **********. Base gravable. **********. Impuesto (2%) **********.’ (foja 8, ídem). De ello se advierte, insístese, que el notario actuó como auxiliar de la administración tributaria en el cálculo del impuesto, y fue la propia autoridad demandada la que cobró el impuesto respectivo al recibir el pago, tanto es así, que expidió el señalado recibo oficial número **********, que fijó la obligación fiscal en cantidad líquida; debido a lo cual, al tratarse de una manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial, ese cobro constituye una resolución definitiva, con base en la tesis número 2a. X/2003, de aplicación analógica y en lo conducente, acuñada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, localizable en la página trescientos treinta y seis del Tomo XVII, febrero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: ‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL. La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la administración pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan «resoluciones definitivas», y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de «resoluciones definitivas» las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento; y, b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la administración pública, serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados.’ (el subrayado es de este tribunal). Por otra parte, también es fundada la parte de los conceptos de violación en los que alega que no asiste la razón a la Sala al señalar que el pago realizado es optativo, pues tal y como lo señala el quejoso, era obligación realizar dicho pago de conformidad con lo establecido por los numerales 7o., fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2010 y 19 de la Ley de Hacienda de esta entidad federativa, Estado de Jalisco (sic) que ordenan, respectivamente: ‘Artículo 7o. Este impuesto se causará y pagará de acuerdo con las siguientes tasas y tarifas, sobre el valor de cada operación: ... IV. En las demás operaciones de enajenación o transmisión de bienes muebles o derechos sobre los mismos, no contenidas en las fracciones anteriores, el 2%.’ y ‘Artículo 19. Los notarios o quienes hagan sus veces, los registradores y las autoridades, no expedirán testimonios, ni registrarán o darán trámite a actos o contratos en que intervengan, o documentos que se les presenten, hasta que sea pagado el impuesto que se cause. En todo caso, al margen de la matriz y en los testimonios en los documentos privados, deberá asentarse la constancia de pago o la que éste no se causa. No se dará trámite ni se registrará documento alguno si no obra en él dicha constancia.’. De los citados preceptos legales se ve que sí es obligatorio para el quejoso realizar el pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales de bienes muebles pues, contrariamente a lo resuelto por la Sala, no es optativo, ya que de no realizarse éste, el notario no podría dar trámite, ni registrar la escritura relativa al contrato de cesión de derechos de crédito y/o litigio, hasta que dicho impuesto fuera pagado y comprobado con el recibo pago correspondiente, pues como ya se dijo, el recibo oficial constituye resolución definitiva y, por ende, la recaudación de dicho impuesto es un acto impugnable a través del juicio de nulidad. Similares consideraciones fueron pronunciadas por este Tribunal Colegiado al resolver, por unanimidad de votos, el amparo directo número **********, en sesión de uno de marzo de dos mil once. Cabe agregar que no es aplicable la jurisprudencia que invoca el peticionario de garantías en sus conceptos de violación, que indica: ‘TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. SI EL CONTRIBUYENTE ACUDE ANTE LA AUTORIDAD A REALIZAR UN TRÁMITE DE SU AUTOMÓVIL, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES EN MATERIA DE TRÁNSITO Y ÉSTA LE DETERMINA UN ADEUDO POR CONCEPTO DE AQUEL TRIBUTO Y LE CONDICIONA EL SERVICIO A SU PAGO, EL RECIBO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Si un contribuyente acude ante la autoridad responsable con el propósito de efectuar trámites relacionados con la documentación de su vehículo, de conformidad con la reglamentación en materia de tránsito, y el personal de la oficina recaudadora, utilizando los documentos que aquél había entregado, le determinó un adeudo por concepto del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos que tuvo que ser cubierto por el monto señalado, a fin de que fueran atendidas todas sus pretensiones, sin lugar a dudas que esa forma de recaudación es un acto impugnable a través del juicio de amparo. Ello es así, porque al exigirse al solicitante los documentos que llevaba consigo, la autoridad ejerció las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, emprendiendo lo que, para efectos jurídicos, debe conceptuarse como una revisión equiparable a las de gabinete, además de que cuando indicó al contribuyente cuál era la suma adeudada, su acción resulta sustancialmente análoga a lo que debía ser la resolución determinante del crédito fiscal a que se refiere el precepto 48, fracción IX, del propio ordenamiento, y finalmente, la exigencia de pago, condicionando la prestación de servicios de control vehicular a su inmediato entero, constituye el cobro coactivo que, si se hubiese hecho formalmente, debió revestir la naturaleza de un procedimiento administrativo de ejecución, máxime que los actos unilaterales y coactivos así desplegados por la autoridad responsable deben encontrar fundamento en la norma, atendiendo al principio de legalidad, según el cual el poder público únicamente puede actuar de conformidad con las facultades que específicamente tiene encomendadas, y al plasmarse en el recibo de pago, éste debe cumplir con los requisitos formales de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 de la Carta Magna, ya que la intervención directa del ente fiscalizador en las fases de liquidación, requerimiento y cobro de la contribución correspondiente, es un acto que crea, modifica y extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del gobernado y, por tanto, impugnable a través del juicio de amparo.’. Esto debido a que no se refiere al supuesto que aquí se analiza, es decir, a si el recibo de pago de un impuesto estatal, constituye resolución definitiva, para efectos de la procedencia del juicio de nulidad local. Consecuentemente, la resolución reclamada es violatoria de los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, por interpretación impropia de los (sic) dispuesto por los citados preceptos de la legislación local, lo que impone conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente el fallo reclamado y en su lugar emita otro en el que, en atención a lo considerado en esta ejecutoria, resuelva conforme a derecho corresponda. Debido a lo anterior, no es cierto lo que aduce la agente del Ministerio Público Federal adscrita, en su pedimento, en el sentido de que son infundados e inoperantes los conceptos de violación, porque, como se dijo previamente, este órgano jurisdiccional los encuentra sustancialmente fundados, por las razones antes expresadas. No pasa inadvertida la tesis III.1a.T.Aux.14 A, del homólogo Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, consultable en la página tres mil doscientos veinte del Tomo XXXII, octubre de 2010, del referido Semanario ... y su Gaceta, que dice: ‘TRANSMISIONES PATRIMONIALES DE BIENES MUEBLES. EL RECIBO DE PAGO POR CONCEPTO DEL IMPUESTO RELATIVO NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. El artículo 67, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco prevé que las Salas Regionales del Tribunal de lo Administrativo local conocerán de los juicios promovidos contra resoluciones definitivas que determinen la existencia de una obligación fiscal, la fijen en cantidad líquida o den las bases para su liquidación; nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido, o cualquier otro agravio en materia tributaria. Por su parte, el artículo 9 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco define como actos definitivos a aquellos que son un fin en sí mismos o que son el resultado de un procedimiento ordinario. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 2a. X/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, página 336, con el rubro: «TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.», sostuvo que el concepto «resoluciones definitivas» abarca no sólo aquellas determinaciones que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, sino también las que reflejen el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, o bien, como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En tal virtud, si los artículos 2o., 3o., 5o., 7o. y 9o. a 12 de la Ley de Hacienda del Estado establecen el objeto y sujetos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales de bienes muebles, así como la forma de su liquidación y pago y, específicamente, prevén que los notarios públicos o el funcionario que intervenga en la operación de transmisión de un bien de esas características deberá retener y enterar el impuesto causado por ese acto, realizándose el pago en las formas aprobadas por la Secretaría de Finanzas de la entidad en la oficina de recaudación fiscal, se concluye que el recibo de pago por concepto del mencionado impuesto no constituye una resolución definitiva impugnable ante el indicado Tribunal de lo Administrativo, toda vez que la obligación tributaria surge en el momento en que se realizó la situación de hecho o de derecho que de acuerdo con la ley la origina, por lo que la exigencia de pagar dicha contribución nace con anterioridad, y el recibo de pago simplemente acredita el cumplimiento de la obligación a cargo del contribuyente, esto es, no representa el producto final de la manifestación de la autoridad administrativa.’. Sin embargo, este Tribunal Colegiado, por las razones antes expuestas, no comparte el criterio contenido en esta última jurisprudencia, por lo que procede denunciar la correspondiente contradicción de tesis, conforme a lo previsto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo."

Las consideraciones que sustentó el Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver con fecha veintiséis de agosto de dos mil diez, el amparo directo número ********** (cuaderno auxiliar **********) del índice del Segundo Tribunal Colegiado antes referido son, en lo conducente, las siguientes:

"SÉPTIMO. Los argumentos expuestos por el quejoso en sus conceptos de violación resultan infundados. La cuestión de fondo del asunto radica en decidir si el recibo oficial, que ampara el pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales de bienes muebles, es un acto administrativo definitivo, impugnable ante el Tribunal de lo Administrativo, o bien, es sólo un justificante de pago y, por ende, no cumple los requisitos para ser considerado como definitivo. Los conceptos de violación serán analizados en su conjunto por tener estrecha relación. En ellos, el quejoso en síntesis manifiesta lo siguiente: El recibo oficial que contiene el pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales de bienes muebles es impugnable en el juicio administrativo en términos del artículo 1 de la Ley de Justicia Administrativa, ya que, opuesto a lo determinado por la responsable, constituye un acto administrativo definitivo, pues constituye una declaración unilateral de la voluntad de la autoridad demandada, que crea, declara, reconoce, modifica, transmite o extingue derechos y obligaciones, dado que dicha autoridad en ejercicio de sus facultades de comprobación, al momento que le fue presentado el contrato de cesión de derechos, determinó que el mismo era sujeto al impuesto de mérito y en ese momento llevó a cabo la determinación y el cobro de ese tributo. El acto impugnado sí constituye un fin en sí mismo, puesto que el fin lo constituye precisamente la determinación y el cobro del impuesto sobre transmisiones patrimoniales de bienes muebles que realizó la autoridad demandada en sus facultades al momento en que se le exhibió un contrato de cesión de derechos cuyo contribuyente es él (quejoso); y es

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23098-8105f836/impuesto-sobre-transmisiones-patrimoniales-de-bienes-muebles-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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