POLICÍA INVESTIGADORA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, A MENOS DE QUE ÉSTE SE VERIFIQUE EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESE ESTADO Y SUS MUNICIPIOS NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LA LEY ORGÁNICA DE AQUÉLLA, EN LO RELATIVO AL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA INVESTIGADORA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 331/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan dos Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que dictaron una de las resoluciones señaladas como participantes en la posible contradicción de tesis.
TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver la revisión principal 105/2010, derivada del toca 01/2010 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el dieciocho de febrero de dos mil diez, sostuvo, en la parte conducente, lo que a continuación se transcribe:
"SEXTO. Entre las cuestiones necesarias para resolver el asunto destacan las siguientes. I. Antecedentes relevantes del caso. De las constancias del juicio de origen, se advierte que: 1. ********** refirió desempeñarse como policía investigador ‘B’ de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, adscrito a Guadalajara y que mediante oficio CGA/0847/2009, de siete de septiembre de dos mil nueve, el coordinador general administrativo de la referida procuraduría, ordenó su cambio de adscripción a la Delegación Regional Zona Costa Norte, Puerto Vallarta, de la dependencia de referencia. En razón de lo anterior solicitó el amparo contra el acto y autoridad referidos. 2. El Juez de Distrito del conocimiento, sustanció el juicio de amparo instado en sus correspondientes etapas y previa celebración de la audiencia constitucional, el doce de noviembre de dos mil nueve, dictó sentencia en la que determinó sobreseer con motivo de haber estimado la causal de improcedencia de falta de interés jurídico, contenida en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo (fojas 41 a 47). El planteamiento central del a quo fue considerar que en términos de los artículos 14, 19 y 20 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los numerales 13, 15, 18, 21, 24, 35, 36 y 51 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la entidad en comento, se obtenía que el servidor de que se trata no contaba con un derecho a permanecer en la sede anterior de adscripción, frente al cambio que impugnaba, derivado de las necesidades del servicio y para continuar en similar cargo, es decir, desarrollando las mismas funciones en igualdad de condiciones. Igualmente apoyó su determinación de modo principal en la jurisprudencia 2a./J. 38/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘SEGURIDAD PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES.’. Así como el precedente de Tribunal Colegiado de rubro: ‘POLICÍAS, NO SON TITULARES DEL DERECHO DE INAMOVILIDAD EN LAS FUNCIONES A QUE FUERON DESTINADOS, Y EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN NO AFECTA LOS INTERESES JURÍDICOS DE LOS.’. II. Agravios. La sentencia materia de revisión se controvierte con motivo de lo siguiente: a) En términos del artículo 20 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se le otorga al quejoso el derecho a permanecer en la sede a que fue destinado, dado que se requiere su anuencia por escrito como servidor público, para el cambio de adscripción, de ahí que tenga interés jurídico. Además que la responsable fundamentó el acto reclamado en el citado precepto. b) Las tesis invocadas por el a quo eran inaplicables al caso porque abordan cuestiones distintas como es el caso de elementos policiacos de entidades diferentes al Estado de Jalisco, pues la legislación de esta entidad sí contiene el derecho a la inamovilidad en el puesto si no se obtiene la citada anuencia. c) El Juez de amparo no analizó que en el caso no existía la anuencia del quejoso para el cambio de adscripción así como desatendió las tesis que invocó en la demanda de amparo. -d) Asimismo que similar criterio fue sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver en sesiones de veintisiete de mayo, cinco de agosto y once de noviembre, todos de dos mil ocho, las revisiones principales 29/2008, 70/2008 y 519/2008, de su índice, respectivamente. Así como el Cuarto Tribunal Colegiado de idéntica materia y circuito, en el juicio de amparo directo 133/2008, fallado el cuatro de diciembre de dos mil ocho, donde se mencionó que los policías investigadores de la Procuraduría del Estado de Jalisco tienen interés jurídico para reclamar su cambio de adscripción. III. Estudio del asunto. De conformidad con los antecedentes y agravios narrados corresponde determinar dos cuestiones en torno a las cuales se controvierte la legalidad del sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito. Esto es, los dos problemas jurídicos centrales a contestar son: a) ¿Es aplicable a los policías investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, el artículo 20 la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en cuanto al requisito de contar con escrito de anuencia del servidor público para ordenar su cambio de adscripción? b) ¿Es factible considerar que tienen interés jurídico los elementos de policía de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, conforme el marco legal que reglamenta su cambio de adscripción a una plaza diferente en igualdad de condiciones? Para dar respuesta integral a tales planteamientos resulta necesario precisar que los agentes del Ministerio Público y los agentes de la policía investigadora, que guardan relación directa con la institución de la procuración de justicia e investigación de hechos delictuosos, tienen un régimen excepcional, de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, por ser uno de los grupos cuyo vínculo con el Estado es de naturaleza administrativa, ya que son partícipes directos de la función primordial que tiene esta autoridad con la investigación y persecución de los delitos, con el monopolio de la acción penal de que está investido acorde con el artículo 21 constitucional, noveno y décimo párrafos, lo que determina su inclusión en el régimen excepcional del referido precepto 123, dadas las estratégicas funciones de la persecución de investigación del delito, para la prevalencia del Estado de derecho. De lo anterior se puede obtener como acotaciones preliminares que: 1. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal; y 2. La facultad de los órganos legislativos para expedir todo tipo de leyes en las que se establezcan las bases de coordinación y organización de las instituciones de seguridad pública. Así, dado que los sujetos a que alude el Texto Constitucional en comento, realizan las actividades que en general se denominan como de policía, constituidas por el conjunto de facultades que tiene el poder público para vigilar y limitar la acción de los particulares. Es así, que el Estado deposita en los miembros de las instituciones encargadas de realizar las funciones de seguridad pública, los instrumentos que permitan tener orden y control de lo administrado, teniendo por objeto evitar que se produzcan, amplíen o generalicen los daños sociales que las leyes procuran evitar a través de elementos como la prevención de los delitos, su investigación y persecución para hacer efectiva la seguridad pública. Lo anterior, en cuanto la actuación de las instituciones de seguridad pública se guíen constitucionalmente por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. De conformidad con ese marco normativo fundamental, que invariablemente debe tener presente el órgano de control constitucional para definir las implicaciones jurídicas de las instituciones de seguridad pública, es que resulta válido señalar que por la naturaleza propia de sus funciones así como garantizar el cumplimiento de los principios señalados, quienes componen tales cuerpos de seguridad, incluida la inherente a la investigación y persecución de hechos delictuosos, está sujeta preferentemente a un régimen legal que no resulta igual al de la generalidad de los restantes servidores públicos y que precisamente debe atender a las características particulares de la función que tienen encomendada desarrollar. En congruencia con lo anterior, es que se ha sustentado como parámetro general que esta clase de servidores públicos cualificados, en particular no cuenta con una prerrogativa normativa a permanecer en determinado lugar, siempre y cuando su readscripción, no genere un menoscabo en cuanto a los términos generales en que venía desarrollando sus atribuciones, es decir, mientras continúen desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones para su desempeño. Situación que además resulta congruente con el tipo de actividades que particularmente llevan a cabo los elementos de las instituciones policiacas, como la que se comenta, ya que una titularidad del derecho de inamovilidad en las funciones a que fue destinado originalmente, generaría una dificultad relevante para la disponibilidad de los recursos humanos con los cuales cuenta el Estado para cumplir con sus fines en la materia, dado que éste no tendría en esta clase de áreas, un margen amplio de planeación y operación que se requiere para adscribir a determinadas zonas o poblaciones, los elementos que resulten necesarios, ya sea con un menor o mayor lapso de permanencia, si como se anota por el inconforme, éste tuviera que recabar la venia del elemento policiaco cuyo cambio se estima conveniente o necesario para el desarrollo de tales funciones. Es importante resaltar, que tales razonamientos no pretenden desconocer la serie de derechos que la legislación aplicable prevé a favor de tales elementos, sino distinguir que en relación al tema específico de movilidad o desplazamiento de las fuerzas de seguridad publica, ya sea con efectos inmediatos o con prolongación mayor en el tiempo, no es dable considerar que exista una titularidad o potestad de tal clase de servidores, a la permanencia en el mismo lugar y requisitos como el que se menciona para poder disponer sobre su cambio a otro lugar -en igualdad de circunstancias en cuanto al cargo que se venía desempeñando y funciones-, porque en gran medida ello limitaría la funcionalidad y eficacia con la cual ha pretendido actuar el Estado en materia de seguridad pública, como denotan las reformas constitucionales y secundarias de los ordenamientos aplicables a tales elementos. Bajo ese contexto, la normatividad que regula la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, no resulta ajena a ese marco constitucional y principios que delinean a la seguridad pública, como se aprecia de los artículos 15, 18, 20, 21, 24, 35, 36 y 51 de su legislación orgánica, en función de los cuales se obtiene básicamente lo siguiente: a) Posibilidad de establecer las delegaciones y agencias del Ministerio Público que se requieran, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales y necesidades del servicio, con autonomía técnica y financiera, así como subordinación jerárquica al procurador. b) Potestad del procurador para delegar facultades, salvo las que la legislación disponga como indelegables. Entre las cuales destaca la de poder autorizar al personal de la Procuraduría para auxiliar a otras autoridades que lo requieran en el desempeño de una o varias funciones, que sean compatibles con las que corresponden a la procuración de Justicia, entra (sic) las que se encuentra la policía investigadora. La cual no constituye un cambio de adscripción sino únicamente su asignación para desarrollar las labores de auxilio. c) En relación a la policía investigadora se prevé como personal de confia
za, el cual, entre otros, es adscrito por el procurador o por otros servidores públicos de la institución en quienes delegue esta función, a las diversas unidades administrativas de la procuraduría, tomando en consideración su categoría y especialidad. d) Sujeción del personal que presta sus servicios en la Procuraduría General de Justicia del Estado a las disposiciones que al efecto se señalen en la Ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el entendido que conforme al principio de especialidad de las normas la posibilidad de aplicar la legislación para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, es en aquellos temas generales que no regule en forma particular el ordenamiento específico relativo a la organización de la citada procuraduría. Asimismo, su carácter subsidiario comprende que es reglamentaria de la legislación orgánica en comento, en la medida que no contravenga la naturaleza y esencia de tal ordenamiento al cual complementa. De esta manera de lo señalado en el artículo 36 de la legislación orgánica mencionada, expresamente señala que los agentes de la policía investigadora, entre otros, servidores públicos de la Procuraduría General del Estado, serán adscritos por el procurador o por otros servidores públicos de la institución en quienes delegue esta función, a las diversas unidades administrativas de la procuraduría, tomando en consideración su categoría y especialidad. Entonces, si bien el artículo 51 de la ley orgánica en consulta, señala que el personal que preste sus servicios en la Procuraduría General de Justicia del Estado, se regirá por las disposiciones que al efecto se señalen en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, lo cierto es que al estar debidamente regulado en el diverso numeral 36 (de la ley citada en primer término) que sólo el procurador u otros servidores públicos de la Institución en quienes delegue esta función, tienen la facultad para adscribir (concepto dentro del cual desde luego queda inmerso el de readscripción) a los servidores públicos de esa dependencia pública, no existe justificación legal para aplicar supletoriamente en ese aspecto (tratándose de esta exclusiva facultad) la citada ley burocrática. Esto es, debe prevalecer la norma especial, la cual únicamente dispone para desarrollar la potestad de adscribir al servidor público de que se trate, atender su categoría y especialidad, pero de modo alguno exige como premisa para que el procurador o a quien delegue la atribución de ordenar una readscripción, tenga previamente que recabar la anuencia del elemento policiaco (cuyo cambio se estime conveniente). Así las cosas, aunque la legislación complementaria de los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, otorga ciertos derechos y prerrogativas a los trabajadores de las dependencias públicas del Estado, a saber: los pertenecientes a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y sus dependencias respectivas; de los Ayuntamientos, organismos descentralizados del Estado y sus Municipios, así como aquéllas (sic) empresas o asociaciones de participación estatal o municipal mayoritaria, que por leyes, decretos, reglamentos o convenios llegue a establecerse su aplicación, de conformidad con el artículo 1, sin embargo, por más que se prevea que a los trabajadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado les aplican las disposiciones de la ley burocrática, tal remisión no llega al extremo pretendido por la parte recurrente. En todo caso, ello obedece a que en esa dependencia, al ser parte integrante del poder ejecutivo estatal, necesariamente está conformada de servidores públicos (llámese secretarios, mecanógrafos y personal administrativo), al tenor del artículo 2, que regula la relación laboral y establece que, servidor público, es toda persona que preste un trabajo subordinado físico o intelectual en las entidades públicas, empero, se reitera, tratándose de las facultades que tiene el procurador u otros servidores públicos de la institución en quienes delegue esta función, para adscribir a servidores de esa dependencia, no deriva necesariamente en que esas disposiciones le son aplicables, al ahora recurrente. Pues dadas las características peculiares de la actividad de los agentes investigadores, que son partícipes directos en la función inherente a la institución del Ministerio Público, cuyo control y disciplina jerárquica debe ser rígida por su alto impacto social, no gozan de las prerrogativas y beneficios que son propios de quienes sostienen una relación de índole laboral con el Estado como patrón equiparado, antes bien, deben sujetarse a un severo escrutinio por la mayor responsabilidad de las funciones que desempeñan y generar condiciones que permitan su movilidad. Esto es así, porque conforme a la fracción XIII del artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal, prevé que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales, se rigen por sus propias leyes (Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco y Ley de Seguridad Pública del Estado), lo que demuestra la intención del Constituyente, de que a esos grupos, se les excluyera de la relación laboral que existe entre los trabajadores y el Estado, pues si se hubiera querido dar un trato igual, no existiría razón para que en dicha fracción se hiciera la distinción, por el contrario, la inclusión en un precepto expreso de que tales grupos se regirán por sus propias leyes, nulifica la intención de asemejarlos como trabajadores al servicio del Estado. Lo anterior, se corrobora con lo sostenido por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencia 2a./J. 38/2005, de aplicación obligatoria para este órgano colegiado, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, cuyo rubro y texto son: ‘SEGURIDAD PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES.’ (se transcribe). De la ejecutoria de la que derivó esa jurisprudencia, se puede ver que al realizarse el estudio relativo a si un agente perteneciente a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, tenía o no interés jurídico para reclamar en el juicio de garantías la orden de cambio de su adscripción, se atendió exclusivamente a las leyes que rigen esa institución policial (Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México y su Reglamento), y no a la ley burocrática de esa entidad federativa. Por lo cual se constata que en temas inherentes a este tipo de servidores públicos cualificados debe atenderse preferentemente a su marco normativo específico y la mayor precaución en las disposiciones generales que se les pretenda aplicar con la finalidad de no generar situaciones incompatibles o que desnaturalicen su régimen específico, o bien, lleguen a negar la funcionalidad y eficacia con la cual debe actuar el Estado en materia como la seguridad pública. De ahí que no asiste razón al recurrente, en cuanto aduce reiteradamente en sus agravios, que el párrafo primero del artículo 20 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, aplicado supletoriamente a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, le concede el derecho de permanecer en la sede en la que está destinado (aunque incorrectamente le denomina inamovilidad) ni por ende le asiste interés jurídico para reclamar en el juicio de amparo la orden de cambio de adscripción de una población a otra, como policía investigador de la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara. Por ello, al caso resulta aplicable por analogía e identidad de razón, la citada jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó que el cambio de adscripción de los agentes de seguridad pública pertenecientes a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, no afecta su interés jurídico cuando se realiza en igualdad de funciones y condiciones, en virtud de que no se trata de una orden de remoción o destitución, o cualquier otra de separación de cargo, y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco y la de Seguridad Pública del Estado, no conceden al servidor público la titularidad del derecho a permanecer en la sede a que fue destinado, como atinadamente lo sostuvo el Juez Federal. En adición a lo anterior, debe decirse, que en oposición a lo que se afirma en los agravios, el otorgamiento o no de la anuencia por parte del servidor público a que se refiere el referido precepto legal de la ley burocrática, únicamente constituye un parámetro para la entidad pública correspondiente, a fin de que determine si debe cubrir o no el importe de los gastos de traslado del servidor, su familia y sus pertenencias, cuando ordene su traslado de una población a otra, como en el caso aconteció, pero no contempla un derecho a permanecer en la misma adscripción cuando el cambio atiende a las necesidades del servicio. En efecto, el artículo 20 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, establece diferentes supuestos, a saber: 1) El primero se refiere al caso en que la entidad pública en la que labora ordena el traslado del servidor público de una población a otra (a fin de prestar sus servicios), obteniendo su consentimiento por escrito; caso en el que le cubrirá el importe de los gastos inherentes al traslado de él, su familia y sus pertenencias. 2) El segundo alude cuando también la entidad pública ordena el traslado del servidor público de una población a otra (a fin de prestar sus servicios), con independencia de su anuencia por las necesidades del servicio. 3. El último de los supuestos se refiere al caso en que es el servidor público quien pide el traslado de una población a otra o éste se realiza por permuta (a fin de prestar sus servicios), caso en que la entidad pública no cubre el importe de los gastos inherentes al traslado de él, su familia y sus pertenencias. Ahora bien, la última parte del segundo párrafo del precepto en cita, señala que en cualquiera de los supuestos señalados no se afectarán los derechos laborales del servidor público. Pero además destaca que en este segundo párrafo la norma en comento dispone que los titulares de las entidades públicas podrán cambiar la adscripción del servidor público, conservando sus derechos y cubriendo los requisitos a que se refiere este precepto, sin que por ello deba estimarse comprendido el de la previa anuencia del servidor. En efecto, no resultaría razonable la previsión de esta última porción normativa en que se faculta que ante las necesidades del servicio se puede generar el cambio de adscripción del servidor público de que se trate, si invariablemente debe sujetarse a su anuencia. Esto es, el primer y segundo párrafo (sic) del artículo 20 se deben interpretar de manera armónica y no de forma aislada como se pretende, porque de aceptar que todo cambio de plaza exige el escrito de anuencia referido, no guardaría sentido el citado segundo párrafo, en que se pretende contemplar un supuesto adicional como es que las necesidades del servicio pueden dar margen a su movilidad sin requerir del consentimiento del individuo, precisamente para garantizar la satisfacción de tal necesidad colectiva, anteponiendo ésta al interés individual del sujeto, en tanto que el cambio no debe modificar sus condiciones del cargo que desempeñaba y funciones propias de aquél. Conforme a lo dicho, desacierta el recurrente al sostener que el referido precepto le concede el derecho a permanecer en la sede a que fue destinado permanentemente, puesto que el mismo no se refiere a las facultades de adscripción que tiene el procurador u otros servidores públicos de la institución en quienes delegue esta función, conforme a la ley orgánica que rige la Procuraduría General de Justicia del Estado, sino que el otorgamiento de la anuencia por parte del servidor a que se refiere, sólo constituye un parámetro para la entidad pública correspondiente, a fin de que determine si debe cubrir o no el importe de los gastos de traslado de él, su familia y sus pertenencias, cuando ordene su traslado de una población a otra; asimismo, contrario (sic) a lo que aduce, tampoco la Ley de Seguridad del Estado de Jalisco, dispone alguna cuestión relacionada con las referidas facultades entre las que se encuentran las de readscripción de los servidores públicos de esa entidad pública. En tanto que si bien el oficio objeto de reclamación, mediante el cual se determinó el cambio de adscripción del recurrente, como policía investigador de la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara a otra población del Estado de Jalisco, se funda, entre otros preceptos, en el artículo 20 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, fue respecto del segundo párrafo de ese numeral, en cuanto dispone que los titulares de las entidades públicas podrán cambiar la adscripción del servidor público, conservando sus derechos. Pues, se insiste, tratándose a las facultades de adscripción (en donde queda inmersa la readscripción) de los servidores públicos de la Procuraduría General del Estado, a que se refiere el artículo 36 de la ley orgánica de esa entidad pública, que tiene el procurador u otros servidores públicos de la institución en quienes delegue esta función, no existe justificación legal para la aplicación supletoria en ese aspecto de la ley burocrática en cita y con los alcances particulares que pretende el quejoso; de ahí que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, como certeramente lo determinó el a quo. Es corolario de lo anterior, que atendiendo a la naturaleza de sus funciones, el cambio de adscripción de los agentes adscritos a las corporaciones policiales por necesidades del servicio no les da interés jurídico para combatirlo a través del juicio de garantías, siempre que, en razón de la nueva adscripción, continúen desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, tal como en el caso aconteció. Por otra parte, es inoperante el agravio relativo a que el Juez de Distrito no se pronunció al emitir la sentencia recurrida, en relación a la aplicación o no al caso particular, de la tesis de rubro: ‘TRASLADO O CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. ES ILEGAL EL ORDENADO UNILATERALMENTE SIN CONSENTIMIENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO Y SIN ESPECIFICAR QUE SE DEBE A NECESIDADES DEL SERVICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’. Se afirma lo anterior, en tanto que si bien es cierto el órgano de amparo no analizó los conceptos de violación ni las tesis que invocó en la demanda de amparo, tiene su justificación en haber decretado el sobreseimiento en el juicio de garantías, por estimar que se actualizó la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, en relación con el diverso numeral 74, fracción III, de la ley de la materia, pues esto le impidió decidir las cuestiones de fondo, tal como se establece en la tesis de jurisprudencia número 33, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que precisa: ‘AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO.’ (se transcribe). Asimismo, debe decirse que al caso resulta inaplicable la tesis referida, la cual también cita el recurrente en sus agravios, así como la diversa de rubro: ‘ADSCRIPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, CAMBIO DE, POR NECESIDADES DEL SERVICIO, DEBEN INDICARSE LAS CAUSAS QUE LO JUSTIFIQUEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’, porque además de que se refiere a la materia de trabajo, en nada apoyan sus argumentos relativos a que le asiste interés jurídico para reclamar la orden de cambio de adscripción de que se queja. Similar criterio asumió éste órgano colegiado al resolver el amparo en revisión 23/2009, en sesión de nueve de noviembre de dos mil nueve. Ahora bien, en cuanto a los precedentes judiciales que invoca el recurrente, emitidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en las revisiones principales 29/2008 y 70/2008, así como el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de idéntica materia y circuito, en el juicio de amparo directo 133/2008, es de referir que este órgano colegiado no los tiene a la vista dado que no fueron aportados por el inconforme, así como tampoco se pudieron localizar con los datos proporcionados en el Sistema Integral de Seguimi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22694-6f321997/policia-investigadora-de-la-procuraduria-general-de-justicia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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