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Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDADES. LA CITA DEL ARTÍCULO 52 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL ISSSTE ES SUFICIENTE PARA FUNDAR LA COMPETENCIA TERRITORIAL DEL TITULAR DEL ÁREA RELATIVA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE ESE INSTITUTO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 204/2011. · Registro digital (IUS): 23046
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO Y EL DÉCIMO SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, , Pág. 354.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 204/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO Y EL DÉCIMO SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios sustentada entre Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos en materia administrativa, en la que se encuentra especializada esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco, que sustenta uno de los criterios entre los que se suscita la posible contradicción.

TERCERO. En relación con la resolución dictada el seis de enero de dos mil once, en la revisión fiscal **********, el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco, sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:

"QUINTO. Los agravios en una parte son infundados, y en otra, inoperantes. Para explicar la afirmación anterior se debe tener en cuenta que la actora ********** demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio ********** de diez de junio de dos mil ocho, dictada en el expediente administrativo **********, en la que el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sancionó a la actora con multa en cantidad de ciento sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y tres pesos, además de la destitución del cargo e inhabilitación para ejercer el empleo, cargo, o comisión en el servicio público por cinco años, luego de que la consideró que incurrió en las causas de responsabilidad administrativa previstas en los artículos 7 y 8, fracciones I y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En la sentencia recurrida la Sala recurrida (sic) fiscal declaró la nulidad de esa resolución, por dos razones, a saber: 1. Porque estimó, que el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no fundó su competencia territorial, porque los preceptos que citó en la resolución impugnada, esto es, los artículos 37, fracciones XII y XVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 62, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 1, 2, 3, fracción II, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 21, y 24 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 52 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 3, apartado D, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, no señalan que esté facultado para actuar en relación con el domicilio de la actora. 2) Porque el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no motivó debidamente la resolución impugnada debido a que no demostró que las conductas omisivas imputadas a la actora, esto es, no supervisar las actividades de **********, servidora pública adscrita al departamento a su cargo, y que llevara a cabo el control de las solicitudes de préstamos en la libreta de control, se encontraran previstas como infracción, porque de los preceptos citados para fundar la resolución recurrida, es decir, los puntos 30 y 32 del apartado de funciones del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas, del Manual de Organización de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, tipo D, y punto 3 del numeral 3, apartado 5 del Manual de Procedimientos de Delegaciones del Instituto tipo B, y de los artículos 7 y 8, fracciones I y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no se advertía la obligación de llevar a cabo esas conductas, las cuales, en consideración de la Sala, debían estar previstas en los citados ordenamientos. A lo anterior, la Sala Fiscal agregó que, en relación con la omisión de llevar el control de las solicitudes de préstamos en la libreta de control, si bien se encontraba prevista en el punto 3 del apartado 5 del Manual de Procedimientos de Delegaciones del Instituto tipo B, lo cierto era que éste no se encontraba vigente en el momento de comisión de la infracción, porque se emitió en base al acuerdo del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicios del Estado por el que se reexpiden los manuales de organización y de procedimientos de las delegaciones tipos ‘A’ y ‘B’ del instituto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil siete, con vigencia a partir de ese propio día. Ahora bien, la cuestión principal a resolver en relación con el primer agravio propuesto consiste en determinar si el Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que emitió la resolución impugnada, fundó adecuadamente su competencia territorial, esencialmente porque los órganos fiscalizadores de cada dependencia o entidad de la administración pública poseían o no competencia para sustanciar procedimientos disciplinarios e imponer, en su caso, sanciones a los servidores públicos adscritos a éstas, de manera que como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tenía delegaciones en todo el territorio nacional, dicho titular era competente para conocer de las conductas irregulares de los servidores públicos adscritos a estas delegaciones, de lo que se desprende su competencia territorial. Agregó el recurrente que el Área de Responsabilidades, dependía jerárquicamente y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública en términos de lo dispuesto por el artículo 37, fracción XII, de la administración pública federal, quien tiene facultades específicas para actuar en el ámbito competencial determinado y por ello contaba con la existencia y competencia para sustanciar procedimientos administrativos disciplinarios en contra de servidores públicos; y apoyó su argumento en la tesis registrada con el número 2a./J. 135/2008, que tiene por rubro: ‘TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES. DEPENDE JERÁRQUICAMENTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, POR LO QUE LA FUNDAMENTACIÓN DE SU COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN ESAS ENTIDADES, NO REQUIERE LA CITA DE LAS NORMAS QUE LOS VINCULE CON ÉSTAS.’. Al respecto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece lo siguiente: ‘Artículo 16.’ (se transcribe). Asimismo, el segundo párrafo del numeral 14 de la propia Carta Magna, prevé: ‘Artículo 14.’ (se transcribe). De la interpretación conjunta y armónica de las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los preceptos transcritos, se advierte que los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros requisitos, que sean emitidos por autoridad competente cumpliéndose las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado, expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter en que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues de lo contrario se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si éste es o no conforme a la ley o a la Constitución, para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga, ya que puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley secundaria o con la Ley Fundamental. En efecto, la competencia de la autoridad constituye uno de los requisitos esenciales para la validez jurídica del acto de molestia, pues si es dictado por una autoridad cuyas facultades no encuadran en la hipótesis legal que funda el acto, resulta claro que éste no podrá producir efecto alguno, como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis cuyos datos de identificación y contenido son los siguientes: ‘AUTORIDADES INCOMPETENTES, EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES DE LAS.’ (se transcribe). ‘AUTORIDADES INCOMPETENTES. SUS ACTOS NO PRODUCEN EFECTO ALGUNO.’ (se transcribe). De lo anterior se concluye que para respetar el principio de seguridad jurídica tutelado por el artículo 16 constitucional, resulta necesario que en el mandamiento escrito que contenga el acto de autoridad se mencionen con exactitud las disposiciones legales específicas que incorporen al ámbito competencial del órgano emisor la atribución que le permite afectar la esfera jurídica del gobernado, lo cual requiere también que en el acto de autoridad se invoquen con toda exactitud los preceptos legales que prevén la existencia jurídica de la autoridad emisora, a fin de que el gobernado esté en posibilidad de saber si esta última efectivamente se encuentra adscrita a una entidad con vida jurídica reconocida por la ley, y a su vez cuente con atribuciones para expedir el acto administrativo. En conclusión, las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, tienen el alcance de exigir que todo acto de autoridad, ya sea de molestia o de privación a los gobernados, deba emitirse por quien tenga facultad expresa para ello, señalando en el propio acto, como formalidad esencial que le dé eficacia jurídica, los dispositivos que legitimen la competencia de quien lo emita y el carácter con que este último actúe, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la dependencia correspondiente o por delegación de facultades. En este sentido es aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, visible en el tomo 77, mayo de mil novecientos noventa y cuatro, que dice: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’ (se transcribe). Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para estimar cumplida la garantía de fundamentación prevista en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la fijación de la competencia de la autoridad en el acto de molestia, es necesario que en el documento se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorga las facultades a la autoridad emisora y, en caso de que tales normas legales contengan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle el apartado, fracción o fracciones, incisos y subincisos en que se apoya su actuación, pues de lo contrario, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, lo que no permite la garantía en comento, pues no es dable al respecto ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste en una exacta individualización del acto de autoridad de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica. Tal criterio orientador se desprende del contenido de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 57/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en el Tomo XIV, noviembre de dos mil uno (sic) cuyos rubro y texto disponen: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.’ (se transcribe). De igual forma, acorde al criterio antes indicado la Segunda Sala sostuvo la jurisprudencia 2a./J. 115/2005, cuyos texto y datos de localización son los siguientes: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.’ (se transcribe). En el caso concreto, en la resolución impugnada en el juicio de origen, el titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para fundar su competencia citó, entre otros preceptos, los siguientes: 37, fracciones XII y XVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 62, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 1, 2, 3, fracción II, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 21 y 24 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 52 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 3, apartado D, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, que establecen lo siguiente: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ‘Artículo 37.’ (se transcribe). Ley Federal de las Entidades Paraestatales. ‘Artículo 62.’ (se transcribe). Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. ‘Artículo 1.’ (se transcribe). ‘Artículo 2.’ (se transcribe). ‘Artículo 3.’ (se transcribe). ‘Artículo 4.’ (se transcribe). ‘Artículo 5.’ (se transcribe). ‘Artículo 6.’ (se transcribe). ‘Artículo 7.’ (se transcribe). ‘Artículo 8.’ (se transcribe). ‘Artículo 9.’ (se transcribe). ‘Artículo 10.’ (se transcribe). ‘Artículo 11.’ (se transcribe). ‘Artículo 12.’ (se transcribe). ‘Artículo 13.’ (se transcribe). ‘Artículo 14.’ (se transcribe). ‘Artículo 15.’ (se transcribe). ‘Artículo 16.’ (se transcribe). ‘Artículo 21.’ (se transcribe). ‘Artículo 24.’ (se transcribe). Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ‘Artículo 52.’ (se transcribe). Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. ‘Artículo 3.’ (se transcribe). De los preceptos legales transcritos se advierte que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entre ellas el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuentan con un órgano interno de control, que de conformidad con las disposiciones jurídicas citadas, tiene plena competencia para conocer sobre responsabilidades de los servidores públicos a su cargo e imponer las sanciones administrativas correspondientes. Así también se advierte de tales numerales, que corresponde a la Secretaría de la Función Pública designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de la Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, los órganos de control interno serán parte integrante de la estructura de las entidades paraestatales, cuyas acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión de la entidad; desarrollarán sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública, de la cual dependerán los titulares de dichos órganos y de sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, pudiendo, por ende, recibir quejas, investigar y, en su caso, por conducto del titular del Órgano Interno de Control o del Área de Responsabilidades, determinar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la entidad e impondrán las sanciones aplicables en los términos previstos en la ley de la materia, así como dictar las resoluciones en los recursos de revocación que interpongan los servidores públicos de la entidad respecto de la imposición de sanciones administrativas. De todo lo anotado se concluye que, de conformidad con los dispositivos legales en comento, a los titulares de los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades de la administración pública federal, como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, les resulta aplicable la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento, y que dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública, quien establecerá los lineamientos conforme a los que desarrollarán sus funciones, los cuales podrán recibir quejas, investigar y, en su caso, por conducto de los titulares de esos órganos internos de control o de las áreas de responsabilidades, determinar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos de las entidades de su adscripción e impondrán las sanciones aplicables en los términos previstos en la ley de la materia, así como dictar las resoluciones en los recursos de revocación que interpongan los servidores públicos de las entidades correspondientes, respecto de la imposición de sanciones administrativas; por tanto, conforme a las disposiciones legales transcritas en párrafos precedentes, los titulares de los órganos internos de control mencionados cuentan con existencia legal y facultades para conocer de las responsabilidades de los servidores públicos que laboran en las entidades a las que fueron asignados e imponer las sanciones correspondientes. Cabe destacar que el precepto del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública transcrito en párrafos precedentes, contempla en la estructura de ese organismo a los titulares de los órganos internos de control y de las áreas de responsabilidades, quienes estarán investidos de diversas facultades que implican, entre otras, instaurar los procedimientos y dictar las resoluciones relacionadas con las responsabilidades de los servidores públicos que laboran en las entidades paraestatales de la administración pública federal, por lo que aun cuando el citado ordenamiento no mencione expresamente al titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, entre los funcionarios dependientes de la citada unidad administrativa, su existencia jurídica resulta indudable en términos de los mencionados preceptos reglamentarios, al contemplar éstos, en género, a los titulares de órganos internos de control y de sus respectivas áreas de auditoría, quejas y responsabilidades y precisar las funciones que tienen encomendadas, que comprenden, entre otras, instaurar los procedimientos y dictar las resoluciones relacionadas con las responsabilidades de los servidores públicos que laboran en las entidades paraestatales de la administración pública federal. Con estos elementos se puede advertir que el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no fundó debidamente su competencia territorial al emitir la resolución impugnada, debido a que ninguno de los preceptos que citó se refiere a ese aspecto, pues los citados sólo establecen la existencia de los órganos internos de control de las entidades de la administración pública federal, su integración estructural a las entidades paraestatales en términos generales, y las facultades para conocer de los procedimientos de responsabilidades de los servidores públicos que laboren en la entidad correspondiente a la que fueron asignados tales órganos e imponer las sanciones respectivas; pero ninguno de ellos se refiere a la circunscripción territorial en que deben ejercer sus atribuciones. En estas condiciones, a pesar de que los órganos de control interno de cada dependencia o entidad de la administración pública poseen competencia para sustanciar procedimientos disciplinarios e imponer, en su caso, sanciones a los servidores públicos adscritos a éstas, esta circunstancia no lo exime de la obligación de citar los preceptos legales que le permitan actuar en todo el territorio nacional, porque como ya se explicó, para satisfacer la garantía de fundamentación del acto de autoridad es necesario que sea emitido por quien esté facultado para ello, y exprese el carácter con el que lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que permita su actuación en todos los ámbitos, esto es, territorial, material y por grado. Además, el cumplimiento de la garantía de fundamentación y motivación no contempla alguna excepción. No son óbice para considerarlo así, la tesis citada por la recurrente que lleva por título ‘Las autoridades de carácter federal, tienen competencia para actuar en todo el territorio nacional, excepto cuando el titular del Poder Ejecutivo Federal les limita el ejercicio de las facultades concedidas, a una región o circunscripción territorial determinada.’, y la tesis de jurisprudencia 2a./J. 135/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 263 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, que es del tenor siguiente: ‘TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES. DEPENDEN JERÁRQUICAMENTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, POR LO QUE LA FUNDAMENTACIÓN DE SU COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN ESAS ENTIDADES, NO REQUIERE LA CITA DE LAS NORMAS QUE LOS VINCULEN CON ÉSTAS.’ (se transcribe). No lo son, porque, en cuanto a la primera, si bien indica que las autoridades federales pueden actuar en todo el territorio nacional, no refiere que dichas autoridades no estén obligadas a citar el fundamento legal o reglamentario que les confiera competencia para actuar en todo el territorio nacional. Además, esta tesis no es obligatoria para este tribunal, en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Y la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se refiere a un tema distinto al que involucra este asunto, esto es, que para fundar su competencia los titulares de los órganos internos de control no requieren citar las normas que los vinculen con las entidades a las que están asignados; pero nada refiere en cuanto a la obligación de fundar su competencia territorial, que es el tema al que se refiere el agravio que se estudia. Por tanto, el agravio que se estudia es infundado. Sobre este tema, similar criterio se sustentó al resolver el expediente revisión fiscal **********."

CUARTO. En relación con la resolución dictada el cuatro de junio de dos mil nueve, en la revisión fiscal **********, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:

"SÉPTIMO. Es eficaz el agravio en atención a las siguientes consideraciones: Como lo aduce la autoridad recurrente, de los artículos 37, fracciones XII y XVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 62, fracción I, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 1, 2, 3, fracción III, 7, 8, 21, 22, 23, 24 y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 192 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 52 del estatuto orgánico del propio instituto, 3, apartado D y segundo párrafo, y 67, fracción I, punto 1, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil cinco, reformado el veintiuno de junio del mismo año; se desprende que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tiene competencia para iniciar y sustanciar los procedimientos de responsabilidad de servidores públicos, del instituto en cita, sin limitación territorial dentro del país; por tanto, tales fundamentos son suficientes para conocer que, incluso territorialmente, la autoridad demandada fundó su competencia para actuar. Los preceptos referidos disponen: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ‘Artículo 37.’ (se transcribe). Ley Federal de las Entidades Paraestatales. ‘Artículo 62.’ (se transcribe). Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. ‘Artículo 1.’ (se transcribe). ‘Artículo 2.’ (se transcribe). ‘Artículo 3.’ (se transcribe). ‘Artículo 7.’ (se transcribe). ‘Artículo 8.’ (se transcribe). ‘Artículo 21.’ (se transcribe). ‘Artículo 22.’ (se transcribe). ‘Artículo 23.’ (se transcribe). ‘Artículo 24.’ (se transcribe). ‘Artículo 47.’ (se transcribe). Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ‘Artículo 192.’ (se transcribe). Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ‘Artículo 52.’ (se transcribe). Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. ‘Artículo 67.’ (se transcribe). De la lectura de los preceptos transcritos se arriba a la conclusión de que en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado sólo hay un órgano interno de control y que éste tiene, entre otras funciones, la de iniciar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidades a los servidores públicos que ahí laboren; por lo que, si ********** fue llamado al procedimiento de responsabilidades administrativas en su carácter de jefe del Departamento de Sistemas de la Delegación Estatal en Nuevo León, como servidor público adscrito al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, contrario a lo considerado por la Sala, la autoridad demandada señaló en forma suficiente los preceptos con los cuales el servidor público estaba en oportunidad de saber que era autoridad competente quien actuaba en el procedimiento referido; al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 135/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 70/2008-SS, publicada en la página 263, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es como sigue: ‘TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES. DEPENDEN JERÁRQUICAMENTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, POR LO QUE LA FUNDAMENTACIÓN DE SU COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN ESAS ENTIDADES, NO REQUIERE LA CITA DE LAS NORMAS QUE LOS VINCULEN CON ÉSTAS.’ (se transcribe). En consecuencia, y por las razones apuntadas, lo que procede es revocar la sentencia recurrida, para el efecto de que la Sala en su lugar, emita otra en la que determine que no era necesario que la autoridad demandada fundara su competencia territorial, y sin dejar de observar lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que la obliga a pronunciarse en relación con todos los argumentos que le hagan valer las partes respecto de la resolución impugnada, que estime deban ser materia de estudio."

QUINTO. Como cuestión previa, cabe determinar si la presente contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia.

Al respecto, de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la figura de la contradicción de tesis se presenta cuando existen dos o más criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno de la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho y que por seguridad jurídica deben uniformarse a través de la resolución que establezca la jurisprudencia que debe prevalecer y, dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de idéntica o similar naturaleza.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que enseguida se transcribe:

"Núm. Registro: 164120

"Jurisprudencia

"Materia(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXII, agosto de 2010

"Tesis: P./J. 72/2010

"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de lo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23046-f43357b2/responsabilidades-la-cita-del-articulo-52-del-estatuto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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