RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. LOS ARTÍCULOS 61 Y 64 DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 330/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa en la que se encuentra especializada esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que sustenta uno de los criterios entre los que se suscita la posible contradicción.
TERCERO. En relación con la resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, el ********** dos mil diez en el expediente ********** (derivado el juicio de amparo directo ********** del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito), los antecedentes que destacan son los siguientes:
a) Por escrito presentado el catorce de abril de dos mil ocho, ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, la ahora quejosa, a través de sus apoderados especiales, demandó del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, las prestaciones siguientes:
"A) Por la declaración de nulidad que emita este tribunal respecto de la resolución del expediente de responsabilidad administrativa ********** emitida por el Ayuntamiento demandado a través de la Comisión de Vigilancia e Inspección Municipal de Guadalajara, en donde indebidamente se ordenó la suspensión sin goce de sueldo de la actora por un término de treinta días comprendido entre el dieciséis de abril y el quince de mayo del año en curso.
"B) En consecuencia de lo anterior porque se cancele de su expediente personal la resolución antes mencionada y por el periodo antes mencionado y se le haga entrega por parte del presidente municipal del Ayuntamiento un oficio en donde se le exonere de las imputaciones que se le hubiesen realizado.
"C) Por el pago de los salarios correspondientes al periodo del dieciséis de abril al quince de mayo de dos mil ocho, toda vez que fue injustamente suspendida de su empleo.
"D) Por el pago de la parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional correspondiente al periodo de la suspensión.
"E) Porque se reconozca para los efectos de su antigüedad y demás efectos legales correspondientes, como tiempo efectivamente laborado, el periodo en que nuestro mandante se encontró suspendida injustificadamente, así como el pago de las cuotas correspondientes a la Dirección de Pensiones del Estado y al SEDAR por el periodo antes mencionado."
b) Mediante acuerdo de ********** de dos mil ocho, el tribunal responsable tuvo por recibida la demanda, formó el expediente respectivo, registrándolo con el número **********, ordenó su admisión y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 128 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
c) La autoridad demandada dio contestación a la demanda y opuso la defensa que estimó conducente a sus intereses.
d) Mediante escrito de veintiséis de junio de dos mil ocho, la actora amplió su demanda, en los términos siguientes:
"Se amplía el capítulo de conceptos de la demanda inicial en los siguientes términos:
"El horario de la actora comprendía de las 9:00 a las 16:00 horas diariamente descansando miércoles y jueves de cada semana.
"El salario de la accionante es de ********** quincenales después de las deducciones correspondientes.
"En razón del horario de labores de la actora se amplía el capítulo de conceptos en lo siguiente:
"F) (sic) Por el pago de los días de descanso obligatorio en los términos de los artículos 38 y 39 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y que corresponden a los días dieciséis y veintiocho de septiembre, doce de octubre, dos y diecinueve de noviembre, todos del dos mil siete, así como cuatro de febrero, diecinueve de marzo y cinco de mayo, estos últimos de dos mil ocho.
"Asimismo se aclara que a la actora no se le corrió traslado al momento de notificársele la resolución que mediante este juicio se impugna de la totalidad de las actuaciones que conforman el procedimiento llevado a cabo en su contra, por lo que se vulneró por analogía lo establecido por el artículo 1907 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que solicitamos se le requiera al Ayuntamiento demandado para que le haga entrega a la parte actora de todas y cada una de las actuaciones que integran dicho procedimiento para que se encuentre en posibilidad de atacar en forma debida la misma.
"Cabe aclarar que este tribunal en acatamiento a una sentencia de amparo tuvo que acceder a una petición similar de los suscritos en el expediente **********, acompañando una copia simple del auto que da por cumplida la sentencia de amparo para acreditar mi dicho, por lo que, en su caso, solicito se traiga a la vista el expediente en mención para compulsar y cotejar dicho documento."
e) La autoridad demandada dio contestación a la ampliación de demanda e hizo valer sus defensas.
f) La actora, nuevamente, compareció ante el tribunal responsable a efecto de ampliar su escrito inicial de demanda, para lo cual expresó los motivos de inconformidad respectivos.
g) La autoridad demandada dio contestación a la ampliación de demanda de que se trata y opuso sus defensas.
h) La audiencia a que se refiere el artículo 128 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se llevó a cabo a la hora y fecha señaladas para tal efecto, en la cual las partes ratificaron su postura.
i) Seguido el procedimiento, el tribunal responsable dictó sentencia el veinticinco de marzo de dos mil nueve, que concluyó con los puntos resolutivos siguientes:
"PRIMERA. La parte actora **********, no acreditó su acción y la demandada Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, justificó sus excepciones, en consecuencia.
"SEGUNDA. Se absuelve a la demandada Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, de dejar sin efectos la sanción que le fue impuesta a la actora como consecuencia del procedimiento de responsabilidad administrativa número **********, y por la suspensión de los efectos de la resolución dictada dentro de dicho procedimiento en cuanto a la sanción económica de 30 treinta días sin goce de sueldo, identificados bajo los incisos A) y B) del capítulo de prestaciones de su escrito de demanda, al haberse demostrado la legalidad del procedimiento de responsabilidad número **********, así como habérsele acreditado a la actora su participación en la conducta desplegada y que fue sancionada al haber encuadrado en la hipótesis prevista por el artículo 61, fracciones I, XVII y XXIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; de igual forma, se absuelve a la demandada de realizar pago alguno de los que reclama la parte actora del juicio, bajo el amparo de los incisos C, D, E y F, de su escrito inicial de demanda, lo anterior en base a los razonamientos y fundamentos de derecho expuestos en los Considerandos de la presente resolución."
j) La actora promovió juicio de amparo en contra del laudo de ********** de dos mil nueve, dentro del expediente laboral********** dictado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado de Jalisco.
k) El ********** dos mil diez, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito admitió a trámite la demanda y se declaró incompetente por razón de la materia para conocer del asunto, por considerar que correspondía a la materia administrativa.
l) Por razón de turno le correspondió conocer del asunto al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual lo registró con el número de amparo directo ********** y el veinticuatro de mayo siguiente, asumió su competencia para conocer del citado asunto.
m) No obstante, en cumplimiento del oficio de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el primero de julio de dos mil diez se remitió el asunto al Primer Tribunal Colegiado Auxiliar con sede en Guadalajara, Jalisco, formándose el expediente **********, el cual emitió resolución el diecinueve de agosto de dos mil diez en el sentido de considerar infundados los argumentos de inconstitucionalidad de los artículos 61 y 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y otorgó el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente el fallo reclamado y, en su lugar pronuncie otro, en el cual se ocupe de los planteamientos expresados en la ampliación de demanda y que fueron destacados en la ejecutoria y, con plena jurisdicción, resolviera lo que en derecho procediera.
Las consideraciones en que se basó la citada resolución son, en esencia, las siguientes:
• Son infundados los conceptos de violación relacionados con el planteamiento de inconstitucionalidad de los artículos 61 y 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, en los cuales se prevén tanto las infracciones que se le atribuyeron en su calidad de servidora pública, como la sanción que se le impuso en la resolución materia del expediente de origen.
• No es jurídicamente factible adoptar la posición de la quejosa, en cuanto a que la determinación de la gravedad de la falta o infracción es arbitraria o caprichosa, sólo por el hecho de que el artículo 61 de la ley atacada no prevé cuál falta es grave y cuál no, pues, aunado a que el propio numeral prevé con claridad el núcleo de las conductas calificadas como infractoras, así como los parámetros necesarios que permiten a la autoridad determinar el tipo de falta que da lugar a la imposición de la sanción relativa, debe tenerse presente que de aceptar tal postura, implicaría hacer nugatoria tanto la facultad disciplinaria con que cuenta la autoridad, como la disposición contenida en el numeral 72 de ese cuerpo de leyes, conforme con la cual la autoridad debe ponderar no sólo la gravedad de la conducta, sino todos los elementos ahí descritos al imponer la sanción correspondiente.
Por tanto, no hay razón jurídica alguna para considerar, como lo pretende hacer notar la quejosa, que la autoridad administrativa puede determinar arbitraria o caprichosamente la gravedad de las infracciones sometidas a su potestad, pues, como se observó, el legislador local, a través de la ley de la materia, acotó la actuación de la propia autoridad sobre el particular, motivo por el cual es claro que, adverso a lo sostenido por la inconforme, en el caso no existe el vicio de inconstitucionalidad que le atribuye al artículo 61 de la ley combatida en este juicio de amparo. En lo conducente, es de invocarse la tesis 2a. LXXIX/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ... que es del tenor siguiente: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA." (se transcribe).
• Tampoco existe el vicio de constitucionalidad que la impetrante le reprocha al artículo 64 de la ley controvertida en este juicio, pues el legislador local, en el propio numeral, fija el marco legal al que debe sujetarse la autoridad para ejercer el arbitrio sancionador impositivo, con el cual, desde luego, se acota la facultad sancionadora con la que se halla revestida.
En efecto, en el precepto legal de que se trata, el legislador local estableció claramente las sanciones que la autoridad puede aplicar al servidor público relativo, ante el incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en el artículo 61 de la propia ley de la materia, que son las siguientes: i. Apercibimiento. ii. Amonestación por escrito. iii. Suspensión en el empleo, cargo o comisión. iv. Destitución. v. Destitución con inhabilitación. vi. Sanción pecuniaria.
Con lo anterior se advierte que el numeral de que se trata, da la certeza legal necesaria sobre las consecuencias jurídicas de la conducta infractora de los servidores públicos, pues, aunado a que prevé con claridad, las sanciones correspondientes a las faltas o infracciones relativas, debe tenerse presente que esas sanciones sólo serán por actos u omisiones que impliquen incumplimiento de alguna disposición jurídica, que tenga relación con el propio servicio público que presta cada sujeto de la ley de la materia, lo que podrá constituir la falta o infracción, limitándose de esa forma el actuar de la autoridad respectiva.
Cabe destacar que si bien el artículo 64 de la ley atacada en este juicio, no prevé específicamente qué sanción corresponde a las infracciones precisadas en el numeral 61 de tal ordenamiento legal, debe tenerse presente que ello, adverso a lo sostenido por la quejosa, no implica que la aplicación de la sanción sea arbitraria o caprichosa por parte de la autoridad relativa.
Esto es así, pues no debe olvidarse que el artículo 72 de la ley de la materia encausa la actuación de la autoridad para imponer las sanciones relativas, dado que limita su atribución mediante la fijación de elementos objetivos a los que debe ajustarse para, en su caso, decidir el tipo de sanción que corresponde a la infracción o falta cometida por el servidor público, para lo cual no sólo debe atender a la graduación de la gravedad de cada conducta irregular, sino también a todos los demás elementos descritos en el numeral de que se trata.
Lo anterior significa que la facultad conferida a la autoridad no puede ser producto de una actuación caprichosa o arbitraria, como lo alega la quejosa, sino más bien justificada por la evaluación de todas las circunstancias que rodean la situación de hecho advertida por la propia autoridad y que, por cierto, se concreta mediante los elementos de convicción aportados en el curso del procedimiento relativo, en el cual el servidor público tiene oportunidad de rendir las pruebas que estime pertinentes, en concordancia con las normas que regulan tal facultad sancionadora, pues, de conformidad con el margen legislativamente impuesto a la autoridad, su actuar tendrá que ser el resultado de la ponderación objetiva de los elementos correspondientes a la gravedad de la infracción o falta y los demás elementos que previene el artículo 72 de la ley de la materia para acotar su determinación y, así, permitir la fijación de una sanción congruente con la infracción cometida.
En tal virtud, es patente que el marco jurídico que regula las responsabilidades de los servidores públicos está reglamentado y específicamente estructurado en la ley de la materia, a través de un ordenado sistema disciplinario, cuyo incumplimiento, desde luego, provoca la iniciación del procedimiento relativo, el que, en su caso, concluye con la aplicación de sanciones predeterminadas, entre las que se encuentra la suspensión en el empleo, cargo o comisión, a que se contrae la fracción III del artículo 64 atacado en este juicio.
Sólo resta señalar que el hecho de que el artículo 64 de la ley atacada en este juicio de garantías, otorgue a la autoridad relativa la discrecionalidad necesaria para la aplicación de la sanción que, en su caso, considere procedente respecto de la conducta de que se trate, de ninguna forma torna arbitraria o caprichosa la actuación de la autoridad, porque no debe olvidarse que en todo proceso de individualización de sanciones existe un mínimo de discrecionalidad del aplicador, lo cual no es incompatible con la circunstancia de que existan reglas que limiten ese ejercicio.
• Que en el caso de una sanción administrativa, como de la que fue objeto la quejosa, que establece como elementos no sólo la gravedad de la infracción, sino también todos los previstos en el artículo 72 de la ley de la materia, se está ante el ejercicio lícito de una facultad discrecional, por esencia, abierta, esto es, no condicional, que los operadores de la norma impugnada han de ejercer cuando así lo estimen prudente, apoyándose para tal fin en las cuestiones legales y fácticas que rodeen el caso concreto, lo cual no implica un actuar caprichoso o arbitrario.
Consiguientemente, es evidente que, contra lo sostenido por la aquí quejosa, el legislador local, a través de la ley de la materia acotó la actuación de la autoridad para imponer las sanciones a los servidores públicos relativos, de tal manera que la afectación a su esfera jurídica no deriva de un proceder caprichoso o arbitrario, sino más bien justificado tanto por las normas que regulan tal facultad sancionadora, como por las circunstancias que rodean la situación de hecho advertida por la autoridad, de ahí que en este caso no se actualiza el vicio de constitucionalidad atribuido por la inconforme al artículo 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
En lo conducente, es de invocarse la tesis 1a. LXIV/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ... que es del tenor literal que sigue: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LOS ARTÍCULOS 8o., FRACCIONES I, II, XVII Y XXIV, 13, 14, 15 Y 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PREVÉN EL SISTEMA PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES, NO CONTRAVIENEN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA." (se transcribe).
Por todo lo anterior, cabe concluir que, contra lo sostenido por la quejosa, el texto de los numerales combatidos no produce un estado de inseguridad ni incertidumbre jurídica para los servidores públicos, en cuanto a la naturaleza de la conducta relativa -grave o leve-, ni deja a la arbitrariedad de la autoridad el determinar o imponer la sanción relativa, de ahí que esos preceptos legales no contravienen las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional.
Sólo resta señalar que este órgano colegiado no comparte la tesis III.4o.A.29 A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito, en la cual la quejosa apoya el vicio de constitucionalidad que le atribuye a las normas atacadas en este juicio, pues, como se vio, se considera que esos preceptos legales no vulneran las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
• En otro aspecto, la inconforme alega que el fallo reclamado vulnera garantías en su perjuicio, dado que el tribunal responsable no respetó el principio de congruencia que debe regir en todas las resoluciones jurisdiccionales, pues no se pronunció sobre todos los planteamientos jurídicos propuestos en el expediente de origen, en particular, en la ampliación de su demanda inicial. Dicho concepto de violación es parcialmente fundado.
En este caso, debe decirse que es cierto, como lo asevera la quejosa, que al emitir el fallo reclamado, el tribunal responsable no cumplió con el requisito de congruencia, pues no se ocupó de todos y cada uno de los planteamientos expresados en la ampliación de la demanda inicial.
CUARTO. En relación con la resolución dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el nueve de mayo de dos mil siete, en el amparo directo **********, interpuesto por **********, los antecedentes, en síntesis, son los que a continuación se reseñan:
1) Con motivo del robo de un automotor oficial que se encontraba en poder de **********, este último fue sometido a un procedimiento de responsabilidad administrativa y fue despedido de su lugar de trabajo en una entidad pública, por "haber declarado con falsedad ante una autoridad en el ejercicio de sus funciones", en relación con las circunstancias del robo del auto.
2) En contra de lo anterior, el afectado promovió juicio ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, el cual, previos los trámites legales dictó resolución el quince de febrero de dos mil seis, en que absolvió a la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de reinstalar al actor y de cubrir los pagos solicitados.
3) En contra de tal resolución, la parte quejosa promovió juicio de garantías del cual correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
4) Previos los trámites de ley, el citado Tribunal Colegiado de Circuito otorgó el amparo a la parte quejosa por haber considerado, sustancialmente, lo siguiente:
• Es fundado el concepto de violación en que se tildan de inconstitucionales los artículos 61 y 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, cuya aplicación se materializó en la sanción combatida en el juicio natural, por no establecer una graduación de sanciones para cada caso específico, lo que deja a la autoridad administrativa en aptitud de imponer sanciones caprichosas y arbitrarias, en oposición a lo establecido por los artículos 14 y 16 constitucionales.
• Los artículos 61, 64 y 72, fracción II, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, prevén las obligaciones cuyas faltas implican responsabilidad de los servidores públicos y las sanciones, las que se impondrán atendiendo a la gravedad de las faltas, la frecuencia y los antecedentes del infractor, empero, en ninguno de esos preceptos establece la ley cuáles faltas son graves y cuáles no, por tanto, si la autoridad administrativa demandada en el juicio natural, al pronunciar la resolución combatida en el mismo, determinó que la conducta imputada al quejoso es una falta grave, imponiéndole en consecuencia, con fundamento en el artículo 64, fracción IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco la sanción consistente en destitución, lo cual fue confirmado por el tribunal responsable en el acto reclamado, transgrede en perjuicio del quejoso las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna.
Esto es así, porque las sanciones sólo deben imponerse si el acto, hecho u omisión que se imputa, encuadra en el supuesto previsto por la norma, esto es, debe encuadrar la conducta desplegada con la que la ley describe y, además, la sanción que se imponga al infractor sea la que establezca el propio ordenamiento legal respecto de tal conducta.
Por consiguiente, aun cuando los artículos 61 y 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco especifiquen cuáles son las faltas que implican responsabilidad de los servidores públicos y las sanciones respectivas, además de preverse en los numerales 69 a 77 el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente, sin embargo, por cuanto al caso específico, no dispone que las faltas previstas en el artículo 61, fracciones I, IV, XVII y XXVIII, sean graves, y cuál de las sanciones enumeradas en el diverso 64 debe imponerse específicamente al servidor público que realice la falta establecida en dicho precepto; por tanto, ante la imposibilidad de poder establecer con precisión, a la luz de las normas convergentes, si la conducta que se imputa al quejoso es una falta grave y qué sanción es la aplicable exactamente a ese tipo de conducta, este Tribunal Colegiado considera que la autoridad responsable, al confirmar la resolución administrativa de responsabilidad, transgrede en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica, enmarcadas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que las autoridades sólo pueden sancionar en los términos que la ley señala.
Conforme al artículo 14 constitucional las autoridades deben actuar precisamente de conformidad con la ley, y en este asunto, la sanción impuesta a ********** no se mandó imponer precisamente con esa conformidad, en virtud de que los preceptos aplicados no otorgan la precisa definición requerida acerca de la sanción que debe aplicarse a la conducta desplegada.
En cuanto a la garantía prevista en el artículo 16 constitucional, no basta que se expresen los preceptos legales aplicables y el señalamiento de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, sino que es necesario, además, la debida adecuación entre los motivos argumentados y las normas aplicables para que se estime configurada la hipótesis indicada, lo cual en el caso no se logra, precisamente por la apuntada indefinición de que adolece la ley de que se trata.
El criterio anterior dio origen a la tesis que establece:
"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. LOS ARTÍCULOS 61 Y 64 DE LA LEY RELATIVA, AL NO PRECISAR LA NATURALEZA DEL INCUMPLIMIENTO A ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL PRIMERO DE ELLOS NI CUÁL DE LAS SANCIONES SEÑALADAS EN EL SEGUNDO DEBE RECAER AL INFRACTOR, VIOLAN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."(1)
QUINTO. Como cuestión previa, cabe determinar si la presente contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia.
Al respecto, de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la figura de la contradicción de tesis se presenta cuando existen dos o más criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno de la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho y que por seguridad jurídica deben uniformarse a través de la resolución que establezca la jurisprudencia que debe prevalecer y dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de idéntica o similar naturaleza.
Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues perm
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22615-a9c0005e/responsabilidades-de-los-servidores-publicos-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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