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Modo: Corpus Pro

INSTITUCIONES DE SEGUROS DE PENSIONES. TIENEN EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI EN LA ETAPA DE CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA QUE ORDENA AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ENTREGAR A LOS QUEJOSOS LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, ACREDITAN HABER CELEBRADO CON ÉSTOS CONTRATO DE SEGURO PARA EL PAGO DE SU PENSIÓN POR RENTA VITALICIA (RÉGIMEN DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 244/2017. · Registro digital (IUS): 27577
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-01-26
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, Pág. 379.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 244/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 18 DE OCTUBRE DE 2017. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre dos Tribunales Colegiados de Circuito especializados en distinta materia del mismo Circuito, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los puntos primero y segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado **********, que es integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, órgano jurisdiccional que sustentó uno de los criterios que se denuncia como contradictorio.

TERCERO.-Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis, es preciso tener en cuenta las consideraciones esenciales que sustentan las posturas de los dos cuerpos colegiados, previo resumen de sus antecedentes.

A) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito resolvió el amparo en revisión 165/2016. En sesión celebrada el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, determinó desechar el recurso de revisión relativo, y previo a exponer las consideraciones que sostuvo el órgano colegiado, se destacan los siguientes:

Antecedentes

Demanda de amparo indirecto. La quejosa, en su carácter de viuda y beneficiaria del trabajador pensionado, al promover amparo señaló como autoridades responsables al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Delegación, Sinaloa, y gerente del Área de Servicios Jurídicos de la Delegación IV, Sinaloa, del citado instituto.

Reclamó de las autoridades señaladas como responsables "la aplicación de los artículos 40 y 8o. transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, específicamente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, al haberle negado el reintegro de las aportaciones de la subcuenta de vivienda."

Seguido los trámites legales del juicio, la Juez dictó sentencia en la que consideró que fue aplicado en perjuicio de la quejosa el artículo octavo transitorio de la citada ley, el cual fue declarado inconstitucional por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 32/2006, y otorgó el amparo para el efecto de que la autoridad deje insubsistente la resolución, con la que negó la entrega de las aportaciones de vivienda del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete a esa fecha, y en su lugar emita otra, en la que haga entrega a la parte quejosa de las aportaciones acumuladas en la subcuenta de vivienda con posterioridad al treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, en una sola exhibición, para lo cual, precisó, que las cantidades fueron previamente transferidas al Gobierno Federal y que cuenta con el plazo de diez días para los trámites que requiera efectuar.

Inconforme con dicho fallo, y estando en vía de cumplimiento de sentencia, Pensiones **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero *********, por conducto de su apoderado legal, interpuso recurso de revisión en contra del fallo protector, cuyo conocimiento correspondió al citado Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, quien determinó desechar el recurso de revisión, con base en las siguientes:

Consideraciones: Destacó que el asunto se rige por las disposiciones de la Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y la recurrente se ostenta como tercero perjudicada no emplazada al juicio de amparo indirecto, al pretender vincularla al cumplimiento de la sentencia, y en el considerando sexto sostuvo que el recurso de revisión resulta improcedente, al no reunir las condiciones para darle tal carácter, conforme a las siguientes consideraciones

"SEXTO.- ... como se destacó en el considerando anterior, el acto reclamado consiste en la aplicación del artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reformó la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, es pertinente destacar que el Alto Tribunal del País declaró la inconstitucionalidad de esa norma.-Ello, sobre la consideración toral consistente en que dicha disposición legal establece que los recursos acumulados en la subcuenta de ‘vivienda 97’, propiedad de los trabajadores-pensionados, se destinen a una finalidad distinta (pago de la pensión) para la que fueron acumulados, en infracción a lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción XII, del Pacto Federal.-Lo anterior, aparece en la jurisprudencia 2a./J. 32/2006 (registro digital: 175575), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materias constitucional y administrativa, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 252, que dice: ‘INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe).-También, es oportuno acotar que la citada Segunda Sala, igualmente determinó que los efectos de las sentencias de amparo, que se dicten en relación con los actos de aplicación del mencionado artículo octavo transitorio, son para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado entregue en una sola exhibición, las aportaciones patronales acumuladas con posterioridad al treinta de junio de mil novecientos noventa y siete.-Así, se extrae de la jurisprudencia 2a./J. 93/2011 (registro digital: 161832), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, Tomo XXXIII, junio de 2011, página 297, que dice: ‘INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CONTRA ACTOS DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997.’ (se transcribe).-Aunado a esas premisas, toda vez que la recurrente se ostenta como tercero perjudicada no emplazada al juicio de amparo indirecto de origen, resulta indispensable delimitar lo siguiente: El artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo abrogada(1) dispone: (se transcribe).-De conformidad con el precepto legal transcrito, las reglas para determinar quiénes pueden intervenir en un juicio de amparo con el carácter de tercero perjudicados son, a saber: ... Disposición legal, que, como se destacó, establece que en materia administrativa puede intervenir como tercero perjudicado: a) la persona que haya gestionado el acto reclamado, o bien, b) la persona que tenga interés en que subsista.-De suerte que, quien no se ubique en alguno de los citados supuestos, entonces, no podrá comparecer al juicio de amparo, con el carácter de tercero perjudicado y menos inconformarse contra la sentencia que al efecto dicte el Juez de Distrito, a través del recurso de revisión previsto en el artículo 84 de la Ley de Amparo abrogada.-Ahora bien, respecto a la condición referente a que cuenta con el carácter de tercero perjudicado, la persona que haya gestionado a su favor el acto reclamado, es menester precisar que esa circunstancia debe estar debidamente acreditada.-Al respecto, es ilustrativa, la tesis aislada sin número (registro digital: 813881) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en los Informes (1951) al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 94, cuyos rubro y texto son: ‘TERCERO PERJUDICADO. NO PUEDE RECONOCÉRSELES ESE CARÁCTER EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO GESTIONARON EL ACTO RECLAMADO ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA SEÑALADA COMO RESPONSABLE.’ (se transcribe).-En la inteligencia de que, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española), edición vigésimo tercera, dos mil catorce, el vocablo gestionar significa: ‘... Llevar adelante una iniciativa o un proyecto // ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una empresa, actividad económica u organismo // manejar o conducir una situación problemática.’.-Por otra parte, en cuanto a la diversa condición, prevista en el artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, atinente a que son terceros perjudicados, aquellos que tengan un interés en que subsista el acto reclamado, resulta oportuno indicar que, al resolver por unanimidad de votos, la contradicción de tesis 99/2010, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros, sostuvo lo siguiente: Que para determinar si una persona tiene o no el carácter de tercero perjudicado en el juicio de amparo, debe atenderse, primordialmente, al interés jurídico que tenga en la subsistencia del acto reclamado, no siendo suficiente que tenga una mera facultad o un interés simple; y que para ello es necesario analizar la naturaleza del acto reclamado, con el objeto de verificar si dicho acto incide en la esfera jurídica de quien pretende se le reconozca tal carácter, esto es, si se vulnera algún derecho reconocido por la ley, del que sea titular.-Que si no existe lesión al interés jurídico de la persona que pretende se le reconozca el carácter de tercero perjudicado, al no ser titular de un derecho protegido por la ley, que resulte afectado por la insubsistencia del acto reclamado en virtud de la concesión de amparo, no puede tener el carácter de parte en el juicio de garantías.-De esa contradicción de tesis derivó la jurisprudencia 2a./J. 136/2010(2) (registro digital: 163535), que si bien se refiere a las cámaras de la industria en tratándose de un juicio de amparo promovido contra un acuerdo emitido por el secretario de Economía.-Lo cierto es que en la ejecutoria de referencia, se obtienen los lineamientos de carácter general destacados, a los que válidamente puede acudirse para la solución del presente asunto, por versar sobre el punto jurídico central que aquí se ventila, concerniente en definir qué sujetos pueden considerarse como terceros perjudicados en el juicio de amparo ... En concomitancia con lo expuesto, debe decirse que en la ejecutoria correspondiente a la contradicción de tesis 81/2011, en la que se examinó el tema específico del artículo octavo transitorio del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, la también Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró que el interés para que subsista el acto reclamado, debe ser jurídico, no bastando tener una mera facultad o un interés simple.-Asimismo, precisó que no obstante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como parte integrante de la Administración Pública Federal Centralizada, tiene a su cargo, a través de la Tesorería de la Federación, la recepción, custodia y concentración de fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, esa circunstancia no otorga al encargado de dicha Secretaría de Estado, el carácter de tercero perjudicado en los juicios de amparo promovidos contra el tantas veces mencionado artículo octavo transitorio.-Lo anterior, porque aun cuando en acatamiento de dicha norma transitoria el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como encargado de administrar los recursos depositados en la subcuenta de vivienda, transfiere al Gobierno Federal los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda posteriores al tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete, para que el propio Gobierno Federal financie las pensiones que tiene a su cargo.-La realidad es que, ese hecho no significa que el secretario de Hacienda y Crédito Público tenga derecho subjetivo alguno para exigir que persista la transferencia de los recursos que se dicen destinados para el financiamiento de pensiones.-Que esto es así, ya que en la jurisprudencia 2a./J. 32/2006, de la voz: ‘INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’, la misma Segunda Sala declaró la inconstitucionalidad de la citada norma transitoria, la cual prevé la transferencia de los fondos de la subcuenta de vivienda al Gobierno Federal.-Por ende, concluyó el Alto Tribunal del País, el secretario de Hacienda y Crédito Público no tiene el carácter de tercero perjudicado en los juicios de amparo promovidos en contra del multicitado artículo octavo transitorio, al no ser titular de derecho subjetivo alguno del cual resulte privado o se vea afectado o menoscabado con motivo de la concesión de amparo.-En el entendido de que, en todo caso, atendiendo las facultades de las que está investido como autoridad encargada, a través de la Tesorería de la Federación, de la recepción, custodia y concentración de fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, su participación en el juicio de garantías se constriñe al cumplimiento de la eventual concesión de amparo.-De la ejecutoria en comento, resultó la jurisprudencia 2a./J. 96/2011 (registro digital: 161598), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 600, que dice: ‘INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL INSTITUTO RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997.’ (se transcribe).-Consideraciones, que son igualmente atendibles en el caso de los juicios de amparo promovidos contra los actos de aplicación del multicitado numeral octavo transitorio (como sucede en la especie), ya que debe recordarse que en esos supuestos, la concesión se extiende al tema de la transferencia.-Lo expuesto, en la medida en que, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 93/2011 (transcrita en este fallo), los efectos de la concesión, son para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores entregue en una sola exhibición, las aportaciones patronales acumuladas con posterioridad al treinta de junio de mil novecientos noventa y siete.-Inclusive, en la jurisprudencia P./J. 14/2012 (registro digital: 2001884), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó el supuesto referente a la transferencia material de los recursos al Gobierno Federal, en relación con el cumplimiento del fallo protector y estableció el procedimiento que debe seguirse para regresar dichos recursos al instituto, a fin de que éste a su vez, los entregue en una sola exhibición a su titular, es decir, al quejoso.-El criterio invocado se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, materia común, Libro XIII, Tomo 1, octubre de 2012, página 12, que es de la literalidad siguiente: ‘CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE DEBE LLEVAR A CABO EL JUEZ DE DISTRITO RESPECTO DE LAS QUE CONCEDAN LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, Y SUS ACTOS DE APLICACIÓN.’ (se transcribe).-En la especie, a fin de justificar su legitimación para interponer el recurso de revisión, Pensiones **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero **********, a través de su apoderado legal, esgrime que le resulta el carácter de tercero perjudicada, en términos de lo previsto en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, esencialmente, porque se le pretende vincular al cumplimiento de la sentencia de amparo, a pesar de que no se le emplazó al juicio de amparo de origen.-Lo anterior, toda vez que -afirma- celebró con la quejosa **********, un contrato de seguro, a fin de que esa institución aseguradora le cubriera a la justiciable, las rentas vitalicias derivadas de la resolución de otorgamiento de pensión por viudez y orfandad ‘régimen 97’, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. A lo que la revisionista agregó: (se transcribe).-Sin embargo, contra lo que se aduce, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero **********, no reúne las condiciones para ser considerada como tercero perjudicada, en relación con el juicio de amparo indirecto número 551/2011-V, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán.-Es así, pues, en primer término, es dable retomar que lo que se reclamó en el juicio de garantías invocado, fue la negativa determinada por la autoridad responsable, gerente jurídico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Delegación IV, Sinaloa, respecto la solicitud que formuló la justiciable **********, como beneficiaria del finado trabajador **********, para la entrega en una sola exhibición de los fondos acumulados en la subcuenta de ‘vivienda 97’.-Negativa que se fundó en el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reformó la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, declarado inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.-Luego, es inconcuso que Pensiones **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero **********, no gestionó a su favor el acto reclamado sino la propia quejosa, y al resultar contrario a sus intereses instó la acción constitucional, por ende, es claro que no se configura el primer supuesto a que se refiere el artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo.-Tampoco se actualiza la segunda condición prevista en dicha norma (que la persona tenga interés en que subsista el acto reclamado), ya que la citada inconforme no demostró ser la titular de derecho subjetivo alguno, el cual resulte privado o se vea afectado con motivo de la concesión de amparo.-En efecto, con el propósito de justificar sus afirmaciones, el apoderado legal de Pensiones **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero **********, anexó al escrito de agravios copia simple del convenio de pago de pensión, aparentemente signado por la quejosa, en el que aparece la siguiente leyenda (foja 8 del anexo 1): ‘AUTORIZO MEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO A PENSIONES *********** S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO **********, PARA PAGARME MIS PERCEPCIONES POR CONCEPTO DE PENSIÓN MENSUAL EN EL CONDUCTO DE PAGO DE MI ELECCIÓN ABAJO DETALLADO Y A TRAVÉS DEL TITULAR DE COBRO ARRIBA MENCIONADO, ES INDISPENSABLE QUE LA CUENTA ESTÉ A NOMBRE DEL TITULAR DE COBRO.’.-También, exhibió copia simple del documento de fecha veintinueve de diciembre de dos mil quince, sin sello de recibido, aparentemente firmado por la gerente del Área de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Delegación IV, en el Estado de Sinaloa, dirigido a Pensiones ***********, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero **********, que se transcribe parcialmente (fojas 15 y 16 del anexo 2): (se transcribe).-Documentales que al tratarse de copias fotostáticas simples, carecen de fuerza probatoria. En ese sentido, se pronunció la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 203 (registro digital: 917737), consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año dos mil, página 165, que dice: ‘FOTOCOPIAS. DIFERENTE VALOR PROBATORIO AL DE LAS COPIAS SIMPLES.’ (se transcribe).-Empero, es dable clarificar que aun en el caso de que se exhibieran en original, no son aptas para acreditar que la ocursante es titular de derecho subjetivo alguno, que resultara privado o se vea afectado con motivo de la concesión de amparo.-Es así, pues de acuerdo con lo narrado por aquélla, en cuanto a que se encuentra administrando los fondos de la sub-cuenta de ‘vivienda 97’, para el pago de la pensión de la quejosa, es inconcuso que su situación se equipara a la del secretario de Hacienda y Crédito Público, examinada en la jurisprudencia 2a./J. 96/2011, transcrita en esta ejecutoria.-Por tanto, resulta evidente que no puede exigir que persista la transferencia de los recursos, en virtud de que quien es su titular, es decir, a quien le asiste un derecho subjetivo sobre los mismos, es la promovente del amparo.-Al respecto, es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXI/2012 (registro digital: 2001349), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Tomo 1, agosto de 2012, Décima Época, página 1005, que dice: ‘INFONAVIT. EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY RELATIVA, QUE PREVÉ LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA QUE NO HUBIESEN SIDO APLICADOS COMO PAGO DE UN CRÉDITO, A LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE AUDIENCIA.’ (se transcribe).-Aunado a que, el indicado acto se llevó a cabo en aplicación de un precepto legal declarado inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por último, como la propia inconforme lo reconoce, su participación en el juicio de amparo indirecto **********, legalmente estaría limitada a la fase de ejecución.-Empero, no como una autoridad responsable, pues en el caso, dicha calidad les corresponde únicamente a las señaladas en la demanda de amparo, sino como un ente, se reitera, que eventualmente puede vincularse al cumplimiento del fallo protector.-Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 57/2007 (registro digital: 172605), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, Tomo XXVI, mayo de 2007, página 144, que dice: ‘AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.’ (se transcribe).-Siendo que, inclusive, la vinculación de la inconforme al cumplimiento de la sentencia de amparo, es una mera posibilidad, pues de acuerdo con la narración de antecedentes desarrollada en el considerando anterior, el titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, no ha hecho requerimiento alguno a la inconforme, en tanto que el oficio en el que finca su postura, aparentemente lo envió la autoridad responsable.-En esa tesitura, toda vez que, como se explicó a lo largo de este estudio, la recurrente no gestionó el acto reclamado y tampoco cuentan con interés para que aquél subsista, entonces, es claro que no le asiste el carácter de tercero perjudicada, al no concurrir ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo.-De consiguiente, es válido concluir que la inconforme carece de legitimación para interponer el presente medio de impugnación; de ahí que, como se adelantó, lo que procede es desecharlo."

B) El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito resolvió el amparo en revisión 57/2016. En sesión celebrada el catorce de octubre de dos mil dieciséis, determinó revocar la sentencia y ordenó reponer el procedimiento para que se considerara que la recurrente Pensiones **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero **********, tiene el carácter de tercero perjudicado. Previo a exponer las consideraciones que sostuvo el citado Tribunal Colegiado, por cuanto hace a la materia de contradicción, se destacan los siguientes:

Antecedentes

Demanda de amparo indirecto. El quejoso en su carácter de pensionado señaló como autoridades responsables al titular de la Delegación IV, Sinaloa, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Delegación, Sinaloa, y subgerente de Servicios Jurídicos del citado instituto, la aplicación del "artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día seis de enero de 1997, los cuales fueron declarados inconstitucionales por el Máximo Tribunal del País,", en donde se sustentan para emitir la negativa de entregar los fondos de la subcuenta de vivienda, acumulados a partir del primero de julio de mil novecientos setenta y siete, en la Administradora de Fondos para el Retiro, acto contenido en el escrito de veintiuno de octubre de dos mil uno, emitido por el subgerente de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Delegación IV, Sinaloa.

El Juez Cuarto de Distrito en Sinaloa celebró audiencia constitucional y dictó sentencia en la que consideró que el motivo de la negativa de devolución solicitada por la quejosa, tiene su génesis en el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, el cual fue declarado inconstitucional por esta Segunda Sala, el cual no puede servir de sustento en la emisión del acto.

Consecuentemente, otorgó el amparo para el efecto de que en una nueva resolución las autoridades hagan entrega de las aportaciones de vivienda solicitadas

En la etapa de ejecución de sentencia. No estando conforme con la anterior resolución, por escrito presentado el once de mayo de dos mil dieciséis, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Pensiones **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero **********, por conducto de quien se ostentó como su representante legal interpuso recurso de revisión exponiendo como motivo, que su representada no fue emplazada como tercera perjudicada.

Correspondió conocer del asunto, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en cuyo considerando cuarto destacó que en el asunto resultaba aplicable la Ley de Amparo abrogada, y precisó el acto reclamado, para lo cual, consideró lo siguiente:

"... del estudio de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consistió en el oficio 731, de veintiuno de octubre de dos mil once, signado por la subgerente de Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Delegación IV, Sinaloa, en el cual, según la parte quejosa, se le negó la entrega de las aportaciones de la subcuenta de vivienda posteriores al tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete, sustentándose en el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el cual fue declarado inconstitucional.-Al analizar ese documento se advierte que la autoridad que lo suscribe transcribe el contenido de los artículos tercero y duodécimo transitorios de la Ley del Seguro Social vigente y el artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para enseguida establecer que si el destinatario de ese documento eligiera pensionarse de acuerdo al régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el uno de julio de mil novecientos noventa y siete, los fondos de vivienda aportados a partir del tercer bimestre de ese año serían transferidos al Gobierno Federal para el pago de su pensión, pero para colocarse en esa situación y en todo caso elegir la devolución de los fondos de vivienda era necesario contar con una resolución de pensión otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social conforme al ‘régimen 73’.-Lo que desde luego demuestra que en ese documento no se reconoce que el quejoso se hubiese pensionado conforme a las reglas de la Ley del Seguro Social que estuvieron vigentes hasta mil novecientos noventa y siete, dado que sólo se describe la consecuencia jurídica que ocurriría si existiera una pensión de esa naturaleza. Así también, la parte quejosa presentó en copia simpl

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27577-0a3b37a5/instituciones-de-seguros-de-pensiones-tienen-el-caracter · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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