FONDO DE VIVIENDA. LOS JUICIOS EN LOS QUE SE RECLAME LA NEGATIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA A DEVOLVER A LOS PENSIONADOS O JUBILADOS LAS APORTACIONES ACUMULADAS EN AQUÉL, DEBEN RESOLVERSE EN LA VÍA ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 4 DE JUNIO DE 2019. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ TORRES, MARIO GALINDO ARIZMENDI Y JOSÉ DE JESÚS BAÑALES SÁNCHEZ. DISIDENTES: JORGE PÉREZ CERÓN Y JESÚS ENRIQUE FLORES GONZÁLEZ. PONENTE Y ENCARGADO DEL ENGROSE: JORGE PÉREZ CERÓN. SECRETARIO: JORGE GARZÓN BONILLA.
Mazatlán, Sinaloa. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, correspondiente a la sesión del día cuatro de junio de dos mil diecinueve.
VISTOS los autos para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción. El dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió ante el Pleno en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en esta ciudad, el escrito por el cual el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, denunció la posible discrepancia entre los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito.
SEGUNDO.—Trámite de la denuncia. Por acuerdo de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, el presidente del Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, admitió a trámite la denuncia de la posible contradicción de tesis y ordenó su registro como contradicción de tesis 3/2018; asimismo, solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, el envío por correo electrónico de la información que contuviera las ejecutorias relativas a los amparos en revisión de sus respectivos índices, y copia certificada de las resoluciones correspondientes; por último, les requirió que informaran si el criterio sustentado en los asuntos con los que se denunció la contradicción, se encontraba vigente o, en su caso, la razón para tenerlo por superado o abandonado.(1)
En auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, el presidente de este Pleno de Circuito acordó la recepción del oficio número 12/2018 de veintidós del mismo mes y año, suscrito por el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, a través del cual acompañó copias certificadas del escrito de demanda y de la relativa al amparo directo 534/2017, del índice de dicho órgano colegiado; asimismo, informó que el criterio sustentado en dicho fallo se encuentra vigente.(2)
Mediante auto de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, se agregó al presente expediente el oficio CCST-X-13-01-2019, de cuatro de enero del presente año, por el que la licenciada **********, encargada del despacho de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México, comunicó que, tal y como le fue informado por la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del oficio SGA/GVP/848/2018, así como de la consulta del sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver en ese Alto Tribunal, visible en las direcciones electrónicas https://www.scjn.gob.mx y/o https://intranet.scjn.pjf.gob.mx, apartado Pleno, sección de amparos, contradicciones de tesis y demás asuntos, y de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que el punto a dilucidar guarde relación con el tema: "... Si los juicios en que se demande al ISSSTESIN la resolución que niega a devolver a un pensionado las aportaciones acumuladas en el fondo de vivienda, son de naturaleza laboral, en virtud de que ese derecho deriva directa e inmediatamente del artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso F), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por existir remisión expresa de la ley local aplicable que faculta al Tribunal Local de Conciliación y arbitraje para conocer de ese tipo de controversias; o bien, si tales juicios deben resolverse en la vía administrativa en virtud que si bien es cierto las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en que haya laborado, también lo es que la surgida entre aquél y el referido instituto, constituye una nueva relación de naturaleza administrativa que puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del pensionado."
Luego, en proveído de uno de febrero de dos mil diecinueve, el presidente de este Pleno de Circuito tuvo por recibido el oficio sin número, mediante el cual el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, informó que no se ha apartado del criterio sostenido al resolver el amparo directo 717/2017, y envió copia certificada de la ejecutoria respectiva.(3)
Integrado que fue el expediente relativo, por auto de catorce de marzo de dos mil diecinueve, se turnó al Magistrado Jorge Pérez Cerón, integrante del Pleno de Circuito, para los efectos previstos en los artículos 17, fracción III, 18 y 28 del referido Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince.
Posteriormente, por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se agregó al presente expediente el oficio número 3/2019, mediante el cual el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, informó que el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, en auxilio del Tribunal Colegiado que preside, resolvió el juicio de amparo 305/2018 (auxiliar 919/2018), en el que determinó que la acción de nulidad contra la negativa de devolución del fondo de vivienda, instada por un jubilado es de naturaleza administrativa; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, párrafo séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 3 y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince.
Se afirma lo anterior, en razón de que la denuncia versa sobre una posible contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, por lo que su resolución corresponde a este Pleno de Circuito, de acuerdo con su competencia material y territorial.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues en el caso, fue realizada por el Magistrado Jesús Enrique Flores González, integrante del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad.
TERCERO.—Posturas contendientes. Para determinar si existe contradicción entre los criterios denunciados, es necesario tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia en el sentido de que debe considerarse que existe contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.
De la misma manera, estableció que por "tesis" debe entenderse el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; de ahí que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos lógico-jurídicos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones.
Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de este Alto Tribunal, de rubro y contenido siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(4)
En el anterior orden de ideas, con la finalidad de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente tener presentes las consideraciones en que se apoyaron los órganos colegiados señalados, al dictar las ejecutorias respectivas.
I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, al resolver el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el amparo directo 717/2017, sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente:
"... SEXTO.—Los conceptos de violación son jurídicamente ineficaces.
"En una parte de ellos se alega, básicamente, violación a los artículos 1o., 14, 16 y 17, de la Constitución Federal, toda vez que la negativa de devolución del fondo de vivienda, aportado por el Ejecutivo Estatal a favor de los trabajadores de la educación, es de naturaleza administrativa, pues se peticionó por la impetrante en su carácter de jubilada ante el organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y administrador de dicho fondo, esto es, ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, quien no fue ni es patrón de la impetrante, sino el Gobierno del Estado de Sinaloa.
"Precisa además la quejosa, que la Sala responsable se equivoca al considerar que las aportaciones efectuadas por el Ejecutivo Estatal a ese fondo, constituyen parte del patrimonio de los trabajadores, cuando que de conformidad con el artículo 101, fracción II, de la Ley que crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, forman parte de tal instituto.
"En ese sentido, aduce la parte quejosa, que si bien es cierto que las aportaciones se realizaron por el Ejecutivo Estatal cuando la quejosa prestaba sus servicios al Estado de Sinaloa, no menos lo es que laboralmente no tuvo una relación con el referido instituto, pues a éste se solicitó la devolución únicamente como administrador del fondo, por ello, es que se trata de un asunto de naturaleza administrativa.
"Alega también, que la ley que crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, no establece que las referidas aportaciones se consideren prestaciones de previsión social, ni que las controversias al respecto debieran dirimirse ante tribunales laborales, sino que conforme a los numerales 29, párrafo segundo y décimo transitorio, de dicha legislación, se prevé la devolución de esas cantidades.
"En ese sentido, la quejosa expone que son aplicables las jurisprudencias 2a./J. 3/2010 y 2a./J. 149/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la diversa PC.IV.L J/15 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, cuyos rubro, y títulos y subtítulos, en ese orden, son los siguientes: ‘PENSIONES DEL ISSSTELEÓN. EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ESTADO DE NUEVO LEÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN.’, ‘INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO O DE LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL QUE SE RECLAMÓ EL DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO, POR EL QUE SE REFORMA DE MANERA INTEGRAL LA LEY RELATIVA, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, CUANDO QUIEN PROMUEVE EL JUICIO TIENE EL CARÁCTER DE PENSIONADO O JUBILADO.’ y ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR UN JUBILADO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN LA QUE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS DECRETOS 201 Y 241 POR LOS QUE SE EXPIDE LA LEY DEL PROPIO INSTITUTO, Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE ÉSTA, RESPECTIVAMENTE, CON MOTIVO DE UN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA LA DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.’
"Expone además la quejosa, que contrario a lo estimado por la responsable, en el caso es inaplicable la jurisprudencia PC.I.L. J/17 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro, título y subtítulo: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS POR LAS QUE LOS TRABAJADORES JUBILADOS ADSCRITOS A LOS PLANTELES Y DEMÁS SERVICIOS QUE SE INCORPORARON AL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL POR VIRTUD DEL ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, RECLAMAN LA DEVOLUCIÓN DE LAS APORTACIONES AL FOVISSSTE ACUMULADAS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA ADMINISTRADA POR EL PENSIONISSSTE. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.’; puesto que se refiere a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y en el caso, se trata de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, que no contempla que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tenga competencia para dilucidar la devolución del referido fondo de la vivienda.
"Finalmente, señala la quejosa que si bien las aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, se ubican en el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal, también es cierto que la negativa a la devolución del fondo de la vivienda, no genera una afectación directa e inmediata al derecho fundamental de la seguridad social, pues la pensión deriva de una nueva naturaleza administrativa entre ese instituto y los trabajadores derechohabientes, y del cumplimiento de requisitos legales para su pago, verbigracia, antigüedad, edad, etcétera, aunado a que no se está cuestionando el otorgamiento o revocación de la pensión, sino la devolución solicitada, de ahí que, su naturaleza corresponde a la materia administrativa, siendo aplicable la jurisprudencia 2a./J. 3/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘PENSIONES DEL ISSSTELEÓN. EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ESTADO DE NUEVO LEÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN.’
"Los anteriores argumentos son jurídicamente ineficaces.
"En efecto, en primer término es preciso destacar que para analizar la legalidad de la sentencia reclamada, en la medida en que se confirmó el sobreseimiento en el juicio contencioso, este Tribunal Colegiado estima que es necesario examinar si el acto impugnado en esa instancia es de naturaleza laboral o administrativa, precisamente porque en ello estriba la causa de improcedencia del juicio que se tuvo por actualizada.
"Para ello, en principio, debe tomarse en cuenta que en la demanda de juicio contencioso administrativo la parte actora, ahora quejosa, en su carácter de jubilada del sistema de la educación del Estado de Sinaloa, demandó a la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, la resolución en que negó la devolución de las aportaciones (5% sobre el sueldo base de los trabajadores), realizadas por el Ejecutivo Estatal al fondo para la construcción de vivienda, al considerar que se emitió en contravención de los artículos 29, párrafo segundo y décimo transitorio, de la Ley que crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, que establecen lo siguiente:
"‘Artículo 29. El Ejecutivo del Estado cubrirá al instituto como aportación el 12.75 por ciento sobre los equivalentes al sueldo básico de los trabajadores.
"‘Además de la cuota indicada, el Ejecutivo entregará al instituto como aportación, un 5 por ciento sobre el sueldo base de los trabajadores de la educación a su servicio, para ser invertido en la construcción de viviendas.’
"‘Artículo décimo. Los trabajadores con diez años o más de servicios, computados a partir del primero de septiembre de mil novecientos setenta y tres, tendrán derecho a la devolución de los fondos a que se refiere el artículo 29, párrafo segundo. Para tal efecto, cada tres años se harán estudios actuariales de la situación que guarda el instituto, los que servirán de base a la junta directiva para programar dichas devoluciones y revisar las cuotas y aportaciones que se requieran para el correcto funcionamiento del propio instituto.’
"De lo expuesto, se obtiene que la parte actora pretende el reconocimiento de un derecho que aduce se incorporó a su esfera jurídica, como consecuencia directa de la existencia de una relación de trabajo, precisamente porque las cuotas aportadas con motivo del fondo de la vivienda, se traducen en una prerrogativa inherente a los trabajadores a los que se refiere, como consecuencia del trabajo personal subordinado que prestó al patrón, de acuerdo con lo previsto en las normas legales transcritas.
"Asimismo, se aprecia que tal pretensión la basa la quejosa, en lo que aduce que es un derecho adquirido a través del transcurso del tiempo, el cual se generó durante el periodo en que desempeñó el trabajo derivado de la relación laboral que existió con su empleador, de acuerdo con lo dispuesto en la norma transitoria citada.
"Ahora bien, para determinar si la impugnación de esa negativa de devolución debe considerarse como un acto de naturaleza administrativa, o bien, si debe resolverse a través de una instancia de naturaleza laboral, se estima importante destacar la naturaleza de la relación conforme a la cual se generó ese derecho adquirido que pretende hacer valer la parte quejosa
"En ese sentido, se destaca que la aquí quejosa prestó sus servicios ante Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, organismo ante el cual obtuvo el derecho a la jubilación como consecuencia del tiempo laborado.
"Ahora bien, respecto a la naturaleza de la relación que subyace entre el referido instituto y sus empleados, resultan ilustrativas las consideraciones que expuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, al resolver la contradicción de tesis 283/2015, en cuya ejecutoria publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Tomo I, mayo de 2017, página 664, en su parte conducente estableció lo siguiente:
"‘SEXTO.—Decisión. Conforme a lo explicado con anterioridad, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio que a continuación se define.
"‘En principio, debe tenerse en cuenta el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 50/2006, de rubro y texto siguiente:
"‘Registro digital: 175306. Novena Época, Segunda Sala, jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, abril de 2006, materia laboral, tesis 2a./J. 50/2006, página 203.
"‘«INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SUS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A RECIBIR, POR SU ANTIGÜEDAD, LOS QUINQUENIOS, PENSIONES Y DEMÁS PRESTACIONES QUE ESTABLECEN LAS NORMAS BUROCRÁTICAS, PERO NO LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD QUE INSTITUYE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.» (transcribe texto)
"‘Esta jurisprudencia contiene como criterio fundamental, que los trabajadores de organismos descentralizados (federales) no tienen derecho a recibir los beneficios de antigüedad, tanto del apartado A, como del B, ambos del artículo 123 constitucional; por la razón jurídica de que ninguna norma constitucional ni legal lo establece, ni la jurisprudencia P./J. 1/96, produce el efecto de modificar las relaciones jurídicas durante el tiempo en que existió la relación laboral.
"‘Esta premisa trasciende al ámbito jurídico de los organismos públicos descentralizados de carácter estatal, aunque hayan sido creados por los Gobiernos de los Estados, con motivo de la descentralización de los servicios de educación básica, en cumplimiento de los Acuerdos Nacionales para la Modernización de la Educación Básica, signados por el Ejecutivo Federal y la totalidad de los gobernadores de los Estados, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos.
"‘Lo anterior, no sólo por el hecho de que la jurisprudencia P./J. 1/96, no tiene el alcance jurídico de modificar las relaciones jurídicas entre los organismos descentralizados estatales durante el tiempo en que subsistió la relación laboral, sino además porque el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, conforme a las reglas del apartado A o del apartado B, del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial.
"‘Este último criterio se encuentra contenido en la siguiente jurisprudencia:
"‘Registro digital: 2012980, Décima Época, Segunda Sala, jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación, publicación del viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas, materias constitucional y laboral, tesis 2a./J. 130/2016 (10a.).
"‘«ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)].» (transcribe texto)
"‘Por tanto, a fin de determinar si los trabajadores que prestaron servicios en organismos públicos descentralizados de carácter estatal, hayan surgido o no con motivo de la descentralización de los servicios de educación básica, tienen derecho al pago de la prima de antigüedad, prevista en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, debe atenderse, de manera primordial, al régimen jurídico en el que las entidades federativas los ubicaron al momento de su creación; pues si éstas tienen la facultad constitucional para regular esas relaciones jurídicas laborales en cualquiera de los apartados del artículo 123 constitucional, resulta claro que la sola creación del organismo descentralizado estatal no otorga a sus trabajadores, por sí, el derecho a recibir los beneficios derivados de la Ley Federal del Trabajo.
"‘No se soslaya el contenido de la tesis 2a. LVIII/2011, de rubro: «TRABAJADORES JUBILADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. TIENEN DERECHO A RECIBIR LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.», citada con antelación, que surgió de la contradicción de tesis 141/2011, resuelta en sesión de dieciocho de mayo de dos mil once, por mayoría de cuatro votos; pues a más de que únicamente constituye un criterio aislado no obligatorio ni vinculante, en la época en que se aprobó, esta Sala no había llegado al extremo de reconocer, como ya lo hizo recientemente en la jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.), que las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los organismos descentralizados locales y sus trabajadores, conforme a las reglas del apartado A o del apartado B, del artículo 123 constitucional.
"‘En virtud de lo anterior, la tesis 2a. LVIII/2011, ha dejado un criterio orientador y, por tanto, debe hacerse la anotación respectiva.
"‘Ahora bien, en el caso, el decreto número 62 de veintidós de mayo de mil novecientos noventa y dos, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa, por el cual se creó el organismo público descentralizado «Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa», permite conocer que, a partir de su creación y hasta la actualidad, las relaciones de trabajo de los trabajadores al servicio del indicado organismo, se han regido por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa.(15)
"‘«Artículo 1. Se crea el organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa denominado Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y domicilio legal en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el cual pasa a formar parte del Sistema Educativo Estatal.»
"‘«Artículo 2. Esta dependencia tendrá por objeto la· dirección y administración técnica y operativa de los establecimientos y servicios encargados de impartir educación pública en el nivel básico, en el Estado de Sinaloa, que venían funcionando, bajo el control del Gobierno Federal, de acuerdo a la normatividad establecida en al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; la Ley de Educación Estatal vigente, y demás disposiciones reglamentarias aplicables.»
"‘«Artículo 3. Para el cumplimiento de su objeto, esta institución realizará las siguientes funciones:
"‘«I. Dirigir, administrar, supervisar y evaluar la educación básica que se imparta en los planteles educativos bajo su responsabilidad, para cuyo efecto contará también, entre otras figuras de orga
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29025-3ea02429/fondo-de-vivienda-los-juicios-en-los-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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