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Modo: Corpus Pro

NÓMINAS. EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO NO ESTÁ EXENTO DEL PAGO DE ESE IMPUESTO, AL NO UBICARSE EN EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE SINALOA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 510/2011. · Registro digital (IUS): 23611
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Pág. 1245.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 510/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 18 DE ABRIL DE 2012. MAYORÍA DE TRES VOTOS. DISIDENTES: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIA: ADRIANA CECILIA SAULÉS PÉREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es una de las especialidades de esta Sala.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido expresa:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el Procurador General de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; ..."

De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados del mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva, y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y el 197-A de la Ley de Amparo disponen que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias, ésta podrá ser denunciada por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los tribunales mencionados o sus Magistrados, los Jueces de Distrito o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis se hayan sustentado.

En el caso, la denuncia de contradicción fue formulada por la Magistrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, autoridad señalada como responsable en ambos juicios; por ende, proviene de parte legítima.

TERCERO. Resolución de los tribunales contendientes. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es necesario transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados señalados como contendientes.

El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito al resolver el amparo directo administrativo 764/2010 en fecha diecinueve de mayo de dos mil once determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"SEXTO. ... Como se dijo en un principio, son fundados los conceptos de violación vertidos. Primero, es necesario traer a colación el contenido del artículo 22, fracción II, inciso b), del capítulo III, relativo al ‘Impuesto sobre Nóminas’ de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, que dice: ‘Artículo 22.’ (se transcribe). De la transcripción anterior, se desprende que se exceptúan del pago del impuesto sobre nóminas a las erogaciones que efectúen las instituciones sin fines de lucro que realicen actividades deportivas, culturales o sociales o en cualquiera de sus formas, así como las (sic) que promuevan asistencia social en términos de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada. Ahora bien, los artículos 123, apartado B, fracción XI, de nuestra Carta Magna y 1o. del Estatuto Orgánico de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, disponen: ‘Artículo 123.’ (se transcribe). ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). Observándose que conforme a dichos numerales, el instituto quejoso tiene como origen el cumplimiento de las prestaciones sociales y de interés social a favor de los trabajadores del Estado y otorgar a los servidores públicos, pensionistas y demás derechohabientes sujetos al régimen de su ley, los seguros, prestaciones y servicios establecidos con carácter obligatorio, así como ejercer las funciones que determine la legislación aplicable. Por su parte, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en los preceptos legales 1o., 27, 28, 34, 35, 36, 55, 61, 195, 197 y 198 establece: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). ‘Artículo 27.’ (se transcribe). ‘Artículo 28.’ (se transcribe). ‘Artículo 34.’ (se transcribe). ‘Artículo 35.’ (se transcribe). ‘Artículo 36.’ (se transcribe). ‘Artículo 55.’ (se transcribe). ‘Artículo 61.’ (se transcribe). ‘Artículo 195.’ (se transcribe). ‘Artículo 197.’ (se transcribe). ‘Artículo 198.’ (se transcribe). Del texto de los artículos invocados se advierte que esa ley es de orden público, de interés social y de observancia para toda la República y se aplicará a las diversas dependencias, entidades, trabajadores al servicio civil, pensionados y familiares de derechohabientes; que el instituto en comento tiene como finalidad prestar servicios de seguridad social, ya que cuenta con un seguro de salud que tiene por objeto proteger, promover y restaurar la salud de sus derechohabientes, con calidad, oportunidad y equidad, además incluyendo atención médica preventiva, curativa, de maternidad y rehabilitación física y mental. Asimismo, se observa que el instituto diseñará, implantará y desarrollará modelos y programas de salud en atención a las características de sus derechohabientes; así como que la Junta Directiva del propio organismo aprobará los reglamentos en materia de servicios médicos, medición y evolución del desempeño médico y financiero de los prestadores de servicios de salud, incentivos al desempeño y a la calidad del servicio médico; financiamiento de unidades prestadoras de servicios de salud; surtimiento de recetas y abasto de medicamentos; oferta de capacidad excedente; reservas financieras y actuariales del seguro de salud, etcétera. De igual forma, se desprende que la atención médica preventiva conforme a los programas que autorice el instituto en materia de control de enfermedades prevenibles por vacunación, de enfermedades transmisibles, de detención oportuna de padecimientos, educación para la salud, programas de combate a la drogadicción, el alcoholismo y el tabaquismo, salud reproductiva y planificación familiar, atención materno infantil; atención médica curativa, como medicina familiar, medicina de especialidades, gerontológico y geriátrico, traumatología y urgencias, oncológico, quirúrgico y extensión hospitalaria. Además, se observa el seguro de riesgos de trabajo a favor de los trabajadores, por lo que el instituto se subroga en la medida y términos a la propia ley que nos ocupa, en las obligaciones de las dependencias o entidades, derivadas de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional y de la Ley Federal del Trabajo, por cuanto a los mismos riesgos se refiere, siendo considerados como riesgos de trabajo los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo; que el fondo de la vivienda se constituirá con una aportación del cinco por ciento del sueldo básico; que el instituto atenderá de acuerdo con la ley que nos ocupa, a las necesidades básicas del trabajador y su familia a través de la prestación de servicios que contribuyan al apoyo asistencial, a la protección del poder adquisitivo de sus salarios, con orientación hacia patrones racionales y sanos de consumo. Asimismo, que el instituto de acuerdo a las posibilidades financieras del fondo de servicios sociales y culturales, proporcionará a precios módicos los servicios sociales relativos a programas y servicios de apoyo para la adquisición de productos básicos y de consumo para el hogar; servicios turísticos, funerarios, de atención para el bienestar y desarrollo infantil; además, de servicios culturales, mediante programas culturales, recreativos y deportivos que tiendan a cuidar y fortalecer la salud mental e integración familiar y social del trabajador, así como su desarrollo futuro. Finalmente, que el instituto de acuerdo a sus actividades financieras del fondo de servicios sociales y culturales, ofrecerá servicios como programas culturales, educativos y de capacitación; de atención a jubilados, pensionados y discapacitados; programas de fomento deportivo, etcétera. Por lo que en (sic) base a (sic) los dispositivos invocados e interpretados, este Tribunal Colegiado estima que no existe duda de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tiene como objetivos y actividades principales las de asistencia social, prevenir y curar enfermedades, así como las deportivas, culturales, educativas y sociales, entre otras, sin que tenga por objeto realizar actividades lucrativas, como equivocadamente lo sostiene la autoridad responsable en su resolución. Por tanto, lejos de lo resuelto por la Sala responsable, el instituto quejoso sí se encuentra ubicado en el caso de exención que establece el artículo 22, fracción II, inciso b), de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, como lo aduce el solicitante de protección constitucional en sus conceptos de violación, es decir, exenta del pago del impuesto estatal sobre nóminas, puesto que es una institución sin fines de lucro, aun cuando se allegue de diversos recursos, disponga de bienes, recursos y presupuesto público, porque éstos son para cumplir sus fines, tales como la asistencia social traducida en el esfuerzo de los trabajadores y el Estado, en su calidad de patrón para garantizar los niveles de bienestar social de ciertos sectores de la población y el otorgamiento de las prestaciones constitucionales mínimas (pensiones por retiro, por invalidez o incapacidad y muerte, así como servicios de salud, turísticos y de recuperación y vivienda económica); como consecuencia, tampoco se ubica en la hipótesis para el pago del impuesto sobre nóminas prevista en el dispositivo legal 17 de la ley en cita, que dice: ‘Se encuentran obligadas al pago de este impuesto las personas físicas y morales que, aun teniendo su domicilio fuera del Estado, realicen en el mismo, erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente de la designación que se le otorgue. Para los efectos de este impuesto, se considerarán erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que se deriven de una relación laboral y cuando el servicio se preste en otro Estado no se causará este impuesto por los pagos que realicen por estas erogaciones.’, pues se insiste, la parte quejosa está exenta del pago de dicho impuesto. Lo anterior se estima así, toda vez que aun cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado mantenga una relación laboral con sus empleados, adquiriendo el carácter de patrón y según (sic) pasivo del tributo que nos ocupa, lo cierto es que la propia Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa, en su artículo 22, fracción II, inciso b), prevé la exención para el pago de ese tributo, precisamente por el solo hecho de que sus fines sean sin ánimo de lucro, hipótesis en la cual se encuentra el impetrante del amparo, sin que tenga la obligación de contribuir al gasto público en términos de lo establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya a lo anterior, las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultables, de manera respectiva, en las páginas cuarenta y ocho y seiscientos catorce, Tomos XXVIII, del mes de octubre de dos mil ocho y X, septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que, en forma relativa dicen: ‘ISSSTE. LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y SU MANEJO POR EL PENSIONISSSTE O LAS AFORES, CUMPLEN EL OBJETIVO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN XI DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).’ (se transcribe). ‘ASISTENCIA SOCIAL. LA ASISTENCIA PÚBLICA Y PRIVADA FORMAN PARTE DE ELLA.’ (se transcribe). De igual forma, se comparte criterio al respecto por ilustrativo con la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página dos mil treinta y dos, del Tomo XXIX, del mes de febrero de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: ‘REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO FORMA PARTE DEL GRUPO DE CONTRIBUYENTES QUE PUEDEN DISFRUTAR DEL BENEFICIO DE LA EXENCIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 428.’ (se transcribe). Criterio que es ilustrativo, pues aun cuando se analizó un numeral 41, fracción II, inciso b), de la Ley de Hacienda para el Estado de Guerrero, 428 (sic) y no del artículo 22, fracción II, inciso b), de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, lo importante es que trata de la exención del impuesto de remuneraciones al trabajo personal (o sobre nóminas) y que en ambos su exención radica precisamente en que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece como finalidad de dicho organismo, actividades de asistencia social, tales como las de prestar servicios de medicina preventiva, atención para el bienestar y desarrollo infantil, promociones culturales, de preparación técnica, fomento deportivo y recreación; de ahí, que se invoque dicho criterio para apoyar la presente ejecutoria. En las relatadas condiciones, este Tribunal Colegiado concluye que de acuerdo a los numerales transcritos en párrafos precedentes, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado al ubicarse en el supuesto de exención del pago del impuesto sobre nóminas, no realiza erogaciones gravadas por el referido impuesto efectuadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado que tiene con sus empleados. Así las cosas, ante lo fundado de los argumentos analizados, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado para efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia que se analiza y, dicte otra, donde señale que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado sí se encuentra ubicado en el caso de exención que establece el artículo 22, fracción II, inciso b), de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, como lo aduce el solicitante de protección constitucional en sus conceptos de violación, es decir exenta del pago del impuesto estatal sobre nóminas, puesto que es una institución sin fines de lucro, aun cuando se allegue de diversos recursos, disponga de bienes, recursos y presupuesto público, porque éstos son para cumplir sus fines, tales como la asistencia social traducida en el esfuerzo de los trabajadores y el Estado, en su calidad de patrón para garantizar los niveles de bienestar social de ciertos sectores de la población y el otorgamiento de las prestaciones constitucionales mínimas (pensiones por retiro, por invalidez o incapacidad y muerte, así como servicios de salud, turísticos y de recuperación y vivienda económica), como consecuencia tampoco se ubica en la hipótesis para el pago del impuesto que se trata prevista en el dispositivo legal 17 de la ley en cita, pues, se insiste, la parte quejosa está exenta del pago de dicho impuesto, atento a los lineamientos vertidos en esta ejecutoria; hecho lo cual, resuelva conforme a derecho corresponda. Con el mismo criterio jurídico se condujo este órgano colegiado al resolver, por unanimidad de votos, en sesión de veinticuatro de junio de dos mil diez, el amparo directo administrativo 168/2010, promovido por el propio instituto ahora quejoso."

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito al resolver el amparo directo administrativo 758/2010 en fecha dieciséis de junio de dos mil once, determinó lo siguiente:

"SEXTO. ... Los conceptos de violación reseñados, los cuales se estudiarán en su conjunto por la estrecha relación que guardan entre sí, son infundados como a continuación se pondrá de manifiesto. Primero, es necesario traer a colación el contenido de los artículos 17 y 22, fracción II, inciso b), del capítulo III de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, relativo al ‘Impuesto Sobre Nóminas’, que dicen: ‘Artículo 17.’ (se transcribe). ‘Artículo 22.’ (se transcribe). De la transcripción anterior se desprende que se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre nóminas las personas físicas y morales que, aun teniendo su domicilio fuera del Estado, realicen en el mismo erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente de la designación que se le otorgue y que para ese efecto, se considerarán erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que se deriven de una relación laboral y cuando el servicio se preste en otro Estado no se causará este impuesto por los pagos que realicen por estas erogaciones. De igual forma, del segundo de los preceptos se colige que se exceptúan del pago del impuesto sobre nóminas, las erogaciones que efectúen las instituciones sin fines de lucro que realicen actividades deportivas, culturales o sociales o en cualquiera de sus formas, así como las que promuevan asistencia social en términos de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada. Pues bien, previamente, resulta conveniente transcribir, por la importancia que ello tiene para la solución de este asunto, la exposición de motivos relativa a la reforma realizada al artículo 22 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, esto a fin de desentrañar la finalidad de la norma jurídica que establece la exención del pago del impuesto sobre nóminas, dado que es menester imponerse de la justificación a que atiende esta excepción, en virtud de que a través de ésta se eliminan de la regla general de causación ciertos hechos o situaciones gravados, por razones de equidad, sociales, políticas, económicas e, inclusive, extrafiscales; génesis que debe estar plenamente justificada, ya sea en el texto de la ley, en la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente, en los dictámenes de la comisión legislativa, en las discusiones parlamentarias que sustentaron la norma que prevé tal figura jurídica o que se deduzca lógicamente de la ley, porque al neutralizar parcial o totalmente la obligación jurídico tributaria para un universo o categoría de contribuyentes, la exención no puede ser arbitraria. Asimismo, al igual que los elementos esenciales de los tributos, la exención debe estar contenida en ley, entendida ésta como el acto formal y materialmente legislativo, cumpliéndose así con los principios tributarios de legalidad y equidad. Expresado en otros términos, a través de esta figura es neutralizada la obligación de enterar el impuesto para un universo o categoría de contribuyentes que se colocan en la correspondiente hipótesis de causación, constituyendo un acto de privilegio en relación con el principio de generalidad, pues a dichos contribuyentes se les otorga un beneficio económico por alguna razón del legislador, es por ello que el motivo que cause tal dispensa debe estar plenamente acreditado por aquél. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 70/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 353, Tomo XXIV, julio de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 174723, cuyo del tenor literal (sic) siguiente: ‘EXENCIONES TRIBUTARIAS. LAS RAZONES PARA JUSTIFICARLAS DEBEN ADVERTIRSE CLARAMENTE DE LA LEY O EXPRESARSE EN EL PROCESO LEGISLATIVO EN QUE SE SUSTENTAN.’ (se transcribe). Partiendo de esa premisa, como bien lo resolvió la Sala responsable, previo a la reforma del veintiocho de diciembre de dos mil siete, el texto del artículo 22, fracción II, establecía lo siguiente: ‘Artículo 22.’ (se transcribe). Así las cosas, por Decreto Número 38, publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Sinaloa’, número 156 de fecha veintiocho de diciembre de dos mil siete, entre otras cosas, se derogó el inciso a), y se reformó el inciso b), de la fracción II del precepto antes citado, para quedar de la siguiente forma: ‘Artículo 22.’ (se transcribe). Ahora bien, al proponer la citada reforma, el Ejecutivo del Estado de Sinaloa, manifestó en su exposición de motivos lo siguiente: ‘II. Que el Ejecutivo del Estado presentó iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal, de la Ley de Hacienda, de la Ley de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles, de la Ley sobre Inmuebles del Estado y Municipios, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de la Ley de Deuda Pública y de la Ley de Tránsito y Transportes, todas para el Estado de Sinaloa, con el propósito de diseñar una política fiscal impulsora de crecimiento económico, procurando mejorar las condiciones de infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades productivas, por medio (sic) de hacer adecuaciones al marco legal citado, acorde con los lineamientos previstos en materia federal. III. Que en la exposición de motivos de la iniciativa se menciona lo siguiente: ‘Que en la presente administración entendemos la política como la actividad transformadora y como la capacidad para construir los acuerdos y compromisos institucionales que incorporen en un proyecto común la diversidad social, y que aliente las convergencias que hagan posible la coexistencia de todos. Que en ese concepto, elaboramos el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010, lo que le otorga sustento al diseño, instrumentación y evaluación de las políticas públicas de este gobierno. Que en dicho documento rector de planeación estatal, se contempla en el capítulo 4 denominado Gobierno de la Participación Ciudadana, el apartado 4.4., mismo que establece la visión del gobierno en lo relativo a la hacienda pública y el financiamiento. De igual forma, fija el compromiso permanente de sostener una política de desarrollo regional que permita mejorar las condiciones de vida de los sinaloenses que aún carecen de lo necesario para llegar a una vida digna y productiva, de ahí que resulte indispensable que el gobierno mantenga y aumente su capacidad de inversión para orientar el crecimiento económico con equidad distributiva. Que en una permanente gestión se busca, como lo dice el plan citado, elevar la capacidad hacendaria del Estado, diseñando una política fiscal impulsora del crecimiento económico, procurando mejorar las condiciones de infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades productivas. Que para hacerlo se requiere el diseño de políticas fiscales que permitan financiar sanamente un gasto creciente y equilibrado. Que por ello, en materia de ingresos públicos, los esfuerzos se encaminan a atender el reto principal: aumentar los niveles de ingreso y multiplicar sus fuentes, procurando nuevas potestades tributarias y ejerciendo plenamente las ya otorgadas por las leyes. Que en este marco, la reciente reforma hacendaria promulgada por el H. Congreso de la Unión, fija nuevas y diferentes reglas, dentro de las que destaca la importancia que para las entidades federativas tendrá la recaudación de sus ingresos propios, al establecerse una nueva fórmula de distribución de participaciones federales, prevista en la Ley de Coordinación Fiscal, lo que obliga a las entidades a actualizar y modernizar su marco jurídico, además de los ordenamientos donde estén contenidas las fuentes de ingreso vía contribuciones. Que en este sentido, la presente iniciativa de decreto que se somete a la consideración de ese H. Poder Legislativo, pretende modificar diversas disposiciones legales principalmente del ámbito fiscal y administrativo, tales como el Código Fiscal, la Ley de Hacienda, la Ley de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles, la Ley sobre Inmuebles del Estado y Municipios, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Deuda Pública y la Ley de Tránsito y Transportes, todas del Estado de Sinaloa. Que las reformas y adiciones al Código Fiscal, se orientan a otorgar certidumbre jurídica en cuanto a las notificaciones y la certeza de que la autoridad fiscal, cuando el contribuyente ha atendido en tiempo y forma el requerimiento del cumplimiento de obligaciones fiscales, dejará sin efectos las sanciones impuestas en los casos y condiciones específicas, buscando además la actualización de las sanciones en caso de incumplimiento. Que es también imprescindible terminar con la figura de la no sujeción a los tributos estatales a favor de la Federación y de los Municipios entre otros, pues en ese sentido, nuestro Estado se va quedando a la zaga, dado que el resto contempla como sujetos de los tributos estatales y municipales a dichos órdenes de gobierno, colocándolos en igualdad respecto de otros sujetos obligados, por el despliegue del mismo hecho, lo que nos permitirá estar en aptitud de competir en igualdad de circunstancias por los recursos federales prevenientes (sic) de la recaudación propia. Que con las modificaciones que se proponen a la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, se actualizan las disposiciones en ella contenidas a efecto de ajustarlas a las diversas leyes expedidas por esta asamblea deliberativa, como por ejemplo, la Ley de Instituciones de Asistencia Privada y la Ley de Educación Estatal, entre otras. Que en lo relativo al impuesto sobre nóminas, se propone terminar con una serie de exenciones, dentro de las que destacan las que actualmente tienen a su favor algunos segmentos del sector privado, la Federación y los Municipios, cuando en otras entidades ya son sujetos de dicho impuesto y continuar con esta hipótesis, nos llevaría a permanecer en notoria desventaja para la captación de ingresos que juegan un papel importante dentro del factor de distribución de participaciones, de acuerdo a las nuevas reglas contenidas en la reciente reforma hacendaria aprobado por el H. Congreso de la Unión.’. De la exposición de motivos se desprende que la intención del ejecutivo al reformar, adicionar y derogar entre otras, diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa, era diseñar una política fiscal impulsora de crecimiento económico, procurando mejorar las condiciones de infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades productivas, por medio de hacer adecuaciones

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23611-830145d5/nominas-el-instituto-de-seguridad-y-servicios-sociales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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