IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. AL NO SEÑALARSE EN EL ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012, NI EN SU PROCESO LEGISLATIVO LOS FINES EXTRAFISCALES QUE PERSIGUE LA SOBRETASA DEL 5% QUE DICHO PRECEPTO PREVÉ A AQUELLA CONTRIBUCIÓN, ES IMPOSIBLE CORROBORAR SI CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO EN REVISIÓN 269/2013. SUPERIOR INDUSTRIES DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 31 DE OCTUBRE DE 2013. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: MARCO ANTONIO RIVERA CORELLA. SECRETARIA: ARACELI DELGADO HOLGUÍN.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Los agravios son en parte inoperantes, en otra infundados y, en un último aspecto, esencialmente fundados.
La sociedad inconforme manifiesta en su segundo agravio, que contra lo sostenido por el a quo, la sobretasa del impuesto sobre nóminas que se contiene en el decreto reclamado sí es violatoria del principio de legalidad tributaria, en atención a que no es un impuesto adicional, sino que se trata de un gravamen, tal como lo determina su mecánica, sin que sus elementos estén claramente definidos en la ley.
Afirma que lo anterior resulta así, porque se trata de un tributo que se establece conforme a otro tributo, lo cual resulta inconstitucional, además de que aún suponiendo que sea un impuesto adicional, ello implica que todos sus elementos esenciales estén previstos en la ley de manera clara, precisa, categórica e indubitable, lo que en el caso concreto no sucede, en cuanto a que no se definen el objeto y la base; de ahí que los contribuyentes no tengan certeza respecto a la forma en que se determina la sobretasa al impuesto sobre nóminas.
Continúa exponiendo, que si la sobretasa al impuesto sobre nóminas tiene la naturaleza de un impuesto adicional, entonces en congruencia con el principio de legalidad tributaria, debe tener sus propios y particulares elementos en una ley, y no remitirse o usar los que están establecidos para otro gravamen, de manera que esta deficiencia no se subsana con hacer remisión al Código Fiscal del Estado de Chihuahua, para conocer los restantes elementos del impuesto.
A fin de dar respuesta a lo anterior, se advierte que el Juez de Distrito precisó el alcance del principio de legalidad tributaria, conforme a las ideas que informan los diversos criterios aprobados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual consiste, sustancialmente, en que los impuestos y sus elementos esenciales, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén previstos expresamente en la ley, sin que constitucionalmente se exija que tal previsión se haga en un solo ordenamiento general, abstracto e impersonal, derivado desde luego del Poder Legislativo, sino que es permisible su establecimiento en diversas leyes.
Agregó el resolutor del amparo que si bien el legislador local definió la contribución reclamada como una "sobretasa", en realidad se trata de un impuesto adicional que participa de sus propios elementos esenciales, aun cuando algunos de éstos son coincidentes con los del impuesto sobre nóminas.
Explicó después que para considerar que se está ante una tasa adicional o sobretasa, ésta debe participar de los mismos elementos constitutivos de la contribución, y solamente se aplica un doble porcentaje a la base imponible; en cambio, tratándose de impuestos adicionales, el objeto imponible es diferente, aunque válidamente puede coincidir con algunos o el resto de los elementos del impuesto primario, como son sujeto, época de pago e, incluso, la base.
En seguimiento a tal orden de ideas, el a quo advirtió que el artículo decimoséptimo de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal de dos mil doce, única y exclusivamente prevé como elemento esencial la tasa o tarifa, la cual corresponde al 5%, pero atendiendo al principio de legalidad tributaria; que para identificar y determinar el resto de los elementos del tributo combatido, era necesario acudir a los artículos 166 a 170 del Código Fiscal del Estado, que regulan el impuesto sobre nóminas, pues a este impuesto hace referencia la "sobretasa" tildada de inconstitucional, desprendiéndose de dichos numerales los elementos de la contribución reclamada, concretamente los relativos al sujeto obligado, objeto, base, tasa y época de pago.
Y para ilustrar lo precedente, plasmó en la sentencia recurrida un cuadro comparativo del impuesto sobre nóminas y la sobretasa combatida, poniendo de relieve que entre ambos tributos no existe identidad respecto a todos sus elementos constitutivos, en tanto que el objeto, la base y la tarifa son distintos, concluyendo así que el impuesto en controversia no es propiamente una sobretasa, sino un impuesto adicional al impuesto sobre nóminas, pues el objeto de ambos tributos no es el mismo.
Además, el Juez de Distrito citó como fundamento de sus consideraciones las jurisprudencias y tesis aislada establecidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables, la primera, en la página 39 del Tomo VII, febrero de 1998; la segunda, en la página 1112 del Tomo XXIX, abril de 2009, ambas de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y la última en la página 28 del Volumen 79, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubros: "TURISMO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY NÚMERO 219, DE INGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA EL EJERCICIO DE 1996, QUE ESTABLECE EL IMPUESTO ADICIONAL PARA FOMENTARLO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.", "GASOLINAS Y DIESEL. EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL AL PÚBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE ESTOS PRODUCTOS, ES DE CARÁCTER ADICIONAL Y NO CONSTITUYE UNA SOBRETASA." y "TRIBUTOS. SU ESTUDIO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON SU VERDADERA NATURALEZA JURÍDICA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE LE DEN LAS PARTES O INCLUSO LA LEY.", respectivamente.
En la tesis jurisprudencial citada en primer término se dispone, en síntesis, que el artículo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de 1996, que establece la tasa del 15% para el impuesto adicional de fomento a la corriente turística, no viola el principio de legalidad tributaria por no hacer referencia a algún otro de los elementos de este tributo, ya que el artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero establece los demás elementos de la contribución, encontrándose así previstos en la ley los elementos del impuesto denominado proturismo, a saber: el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago.
En la segunda tesis de jurisprudencia se señala, en lo que interesa al presente estudio, que la tasa adicional o sobretasa "... participan de los mismos elementos constitutivos de la contribución y solamente se aplica un doble porcentaje a la base imponible; en cambio, en los impuestos adicionales el objeto imponible es diferente, aunque puede participar de alguno de los elementos del impuesto primario ..."
Mientras que en la tercera tesis se indica, que el tribunal federal debe analizar el gravamen reclamado, de acuerdo con su verdadera naturaleza jurídica, independientemente de la denominación que le den las partes o, incluso, la ley.
Lo relacionado permite establecer que el Juez de Distrito explicó las razones y citó los fundamentos que le permitieron llegar a las siguientes conclusiones básicas:
a) Que el tributo reclamado no es una sobretasa, sino un impuesto adicional, conforme a la comparación que hizo respecto a estos tributos.
b) Que dicho impuesto adicional reúne los elementos esenciales que debe contener toda contribución.
c) Que tales elementos esenciales se contienen en los artículos 166 a 170 del Código Fiscal del Estado, con la expresión de la causa específica, por lo que resulta permisible acudir a estos preceptos.
d) Que era válido determinar en el juicio de amparo la verdadera naturaleza del impuesto controvertido, denominado por el legislador "sobretasa".
Sin embargo, se estima que con los agravios resumidos la parte inconforme no logra combatir con idoneidad las anteriores consideraciones del resolutor pues, al efecto, simplemente se concreta a afirmar lo contrario, ello al sostener que la sobretasa reclamada no es un impuesto adicional y que sus elementos esenciales no están previstos en la ley, además de que el tributo tildado de inconstitucional debe tener sus propios elementos y no utilizar los establecidos para otro gravamen.
Lo dicho, porque a través de las manifestaciones relativas la sociedad recurrente no controvierte de manera frontal los motivos y fundamentos ya destacados, que el Juez de Distrito estimó eficaces para concluir en la forma en que lo hizo, al dar respuesta a los conceptos de violación relativos; de ahí que los agravios que ahora se plantean resulten inoperantes.
Es decir, omite atacar en forma directa tan precisas determinaciones, en cuanto a que nada manifiesta en torno a la comparación que hizo el resolutor entre lo que se conceptualiza como una tasa adicional o sobretasa y los impuestos adicionales; y menos aún genera discusión en torno a la razón específica por la que estimó permisible acudir a las citadas disposiciones del Código Fiscal del Estado, para identificar los elementos de la contribución reclamada, lo que por sí mismo es suficiente para concluir en el sentido apuntado.
La inconforme sostiene, en un diverso aspecto, que la sobretasa al impuesto sobre nóminas no está contemplada como un ingreso ordinario en las leyes estatales, en cuanto a que no se encuentra definida como impuesto, derecho, contribución especial, producto o aprovechamiento, de ahí que no exista certeza de su naturaleza, ya que fue el Juez de Distrito quien definió los elementos del tributo una vez que corrigió su naturaleza, nombre y efectos, cuando en realidad se trata de un gravamen sobre otro gravamen en el que no se definen el objeto, base, tasa o tarifa y época de pago.
Al respecto se observa, que el juzgador precisó que la circunstancia de que el Código Fiscal del Estado de Chihuahua no regule como ingreso la sobretasa impugnada, ésta se encuentra inmersa en los ingresos ordinarios del Estado bajo el rubro de "impuestos", con independencia de que se le haya denominado "sobretasa"; lo que significa que, a juicio del a quo, la denominada sobretasa en realidad es un impuesto, el cual sí está expresamente previsto como ingreso ordinario en el artículo 30 del Código Fiscal del Estado.
De lo que se sigue que, en la sentencia que se revisa, existe pronunciamiento expreso sobre las cuestiones que ahora se reiteran, con la especificación del motivo por el que se consideró que la sobretasa es un impuesto y, por lo tanto, un ingreso ordinario, además de que el Juez de Distrito citó el fundamento que tuvo en cuenta y que le permitió examinar la verdadera naturaleza de la contribución, a saber, la ya mencionada tesis cuyo contenido y datos de localización plasmó, aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TRIBUTOS. SU ESTUDIO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON SU VERDADERA NATURALEZA JURÍDICA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE LE DEN LAS PARTES O INCLUSO LA LEY."
Pero es el caso de que la inconforme no contradice con eficacia lo considerado por el a quo pues, como se ha visto, reitera los argumentos torales contenidos en la demanda de amparo, situación que autoriza a declarar inoperantes los agravios de mérito.
En este diverso apartado se analiza, por cuestión de método, que la sociedad recurrente señala, en su cuarto agravio, después de relacionar los argumentos que hizo valer en sus conceptos de violación tercero y cuarto, que el Juez de Distrito refiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que la doble tributación no es inconstitucional, inadvirtiendo que en la especie se está frente a una cuádruple tributación, ya que la fuente del tributo en cuestión, que es la nómina, se grava cuatro veces a través del impuesto sobre nóminas, el impuesto universitario, las aportaciones al Fideicomiso del Empresariado Chihuahuense y la sobretasa reclamada, lo que provoca que tribute de una forma desproporcional a su verdadera capacidad contributiva.
De ahí que sostenga que la sobretasa al impuesto sobre nóminas, al determinarse conforme a un gravamen anterior, no es indicativo de capacidad contributiva, pues resulta claro que el legislador está estableciendo un impuesto sobre otro impuesto, en transgresión al principio de proporcionalidad tributaria.
Lo aducido resulta inoperante, atento a que tal línea argumentativa se encuentra inmersa en los conceptos de violación tercero y cuarto de la demanda de amparo, en los que se dijo que la sobretasa del 5% que se consigna en el artículo decimoséptimo de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal de dos mil doce, constituye la tercera contribución que incide sobre el impuesto sobre nóminas, toda vez que este tributo también está afectado con el 10% de la contribución extraordinaria para el Fideicomiso del Empresariado Chihuahuense y con el impuesto adicional del 4% por impuesto universitario, lo que es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria que tutela el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, además de que no grava una verdadera manifestación de riqueza.
Lo dicho, en razón de que el Juez de Distrito calificó de infundados los conceptos de violación reseñados, al advertir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la doble tributación no es en sí misma inconstitucional, porque no se encuentra prohibida en la Constitución y persigue diversos fines, en tanto que lo que sí está prohibido es que los tributos sean desproporcionados o ruinosos, que no estén establecidos en la ley o que no se destinen a los gastos públicos, justificándose incluso si la obligación de aportar la contribución no destruye la que le da origen, dado que tiene su fuente en el rendimiento del capital, del trabajo, de la combinación de ambos o del conjunto de bienes que integran el patrimonio del contribuyente; de ahí que sólo se vulneraría el precepto constitucional en cita, si con la contribución se pone en peligro la fuente de donde se obtiene.
Enseguida, el a quo vertió diversas consideraciones relacionadas con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, estableciendo que el hecho de que se fije un tributo con base en la capacidad contributiva que ha demostrado el sujeto para pagar otro tributo, lo que sí representa un indicativo de riqueza, no es contrario a la Constitución, como ocurre tratándose del impuesto universitario, respecto del cual el Alto Tribunal consideró que el Estado puede imponer las contribuciones necesarias para satisfacer los gastos públicos, y contiene una perfecta distribución de la carga fiscal entre todos los causantes del impuesto, al aplicarse a todos una tasa igual en relación con los impuestos que proporcionalmente les han sido fijados por otros conceptos, por lo que al tener la capacidad de pago se demuestra que no es desproporcional ni inequitativo.
Bajo esas premisas, el juzgador acotó que no puede suponerse que los sujetos obligados del tributo no tengan capacidad económica para pagar la nómina, el impuesto sobre nóminas, la contribución extraordinaria adicional para el Fideicomiso del Empresariado Chihuahuense, el impuesto universitario y la sobretasa que se tilda de inconstitucional, evidenciándose en tal forma que sí tienen la capacidad tributaria para cumplir con el impuesto reclamado y, en todo caso, correspondía a la empresa quejosa acreditar lo ruinoso de este.
De lo resumido se llega al conocimiento, de que el resolutor del amparo estimó que la circunstancia de que el legislador establezca una contribución con base en la capacidad contributiva demostrada por el sujeto pasivo para pagar otro tributo, no es inconstitucional, siempre y cuando no ponga en peligro o destruya la fuente de donde se obtiene, correspondiendo a la quejosa acreditar lo ruinoso del tributo; consideración que no es controvertida por la ahora recurrente, en virtud de que de los motivos de desacuerdo que formula, antes relacionados, no se desprende inconformidad alguna contra lo así determinado y, por ende, aquéllos son inoperantes.
En ese sentido, también resulta inoperante lo que la inconforme manifiesta en torno a que el gravamen reclamado es desproporcional, en cuanto a que constituye la cuarta carga tributaria impuesta a la nómina; lo que se funda en que no contradice, a través de sus agravios, lo establecido por el resolutor respecto a que la doble tributación, en la especie cuarta, no es en sí misma inconstitucional, ni expresa argumentos para discordar sobre la carga probatoria a que hizo referencia, vinculada directamente con lo ruinoso de la contribución combatida.
La recurrente precisa a continuación, que el decreto reclamado viola el artículo 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conforme al cual los Estados parte garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular, la estabilidad de los trabajadores en sus empleos; y en la especie el tributo reclamado atenta contra la estabilidad de la fuente de donde se obtiene, puesto que pone en peligro la permanencia de la quejosa en el mercado y, en consecuencia, el empleo de sus trabajadores.
Lo expuesto es infundado, pues en congruencia con lo ya advertido, no se aportaron al juicio de amparo elementos con los que se pruebe que la multigravación de la que se queja la gestionante de la tutela constitucional, ponga en peligro la existencia de la fuente impositiva a la cual se aplica y, por ende, no hay mérito para considerar que están en riesgo los empleos de sus trabajadores.
En un diverso aspecto, también resultan inoperantes los agravios en los que se aduce un incremento en la tasa del impuesto sobre nóminas en la legislación del Estado de Nuevo León, por ser manifiesto que este tema no forma parte de la litis constitucional.
La moral inconforme menciona en su tercer motivo de disenso, que el decreto reclamado no respeta el principio de equidad tributaria, ya que no trata de manera igual a los iguales, y después de reseñar los conceptos de violación que sobre el tema formuló en la demanda de amparo, indica que el Juez de Distrito soslayó los mismos, toda vez que se limitó a exponer razonamientos generales que se han emitido en torno a dicho principio tutelado por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pero en relación con el impuesto sobre nóminas, lo que es ajeno a la cuestión planteada, omitiendo analizar la sobretasa combatida a la luz del aludido principio, y concluyendo en forma incongruente que sólo los contribuyentes del impuesto sobre nóminas deben cubrir la sobretasa al impuesto sobre nóminas.
Los argumentos que preceden carecen, por una parte de sustento legal y, por la otra, resultan esencialmente fundados.
Para dilucidar lo anterior se advierte, que en el primer concepto de violación contenido en la demanda de amparo, la entonces quejosa vertió las diversas consideraciones que resume en el agravio que se atiende, dirigidas a demostrar que la sobretasa al impuesto sobre nóminas viola el principio de equidad tributaria.
Ahora, con el propósito de dar respuesta a dicho concepto de violación, el Juez de Distrito dirigió inicialmente su estudio a constatar que el impuesto sobre nóminas es indicativo de la capacidad contributiva de los sujetos obligados a su pago, ya que las erogaciones por concepto de remuneraciones a los trabajadores suponen la existencia de una fuente tributable, lo que evidentemente permite efectuar las erogaciones por ese concepto, y enseguida aludió al objeto y al sujeto pasivo de dicho tributo, destacando que las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas; en el caso, respecto al impuesto sobre nóminas.
Luego, el sentenciador se refirió al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que como se indicó, consagra los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, señalando que este último radica en la igualdad ante la misma ley de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un trato idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas y plazos de pago; de ahí que la equidad tributaria implica, en esencia, que los sujetos pasivos de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma que lo establece y regula.
Hecho lo anterior, el a quo concluyó en los siguientes términos:
"... por consiguiente, únicamente las personas físicas y morales sujetas al impuesto sobre nóminas, están obligadas a cubrir la precitada sobretasa del 5%, que se aplicará para la competitividad y seguridad ciudadana, pero de manera alguna están obligados a ello diversos contribuyentes que no estén obligados al pago del precitado impuesto ..."
De lo que se infiere, que la intención del Juez Federal fue dar respuesta a la inconformidad en la que se expuso que el tributo reclamado sólo debe ser cubierto por las personas sujetas al mismo, y no por todos los gobernados que van a recibir el beneficio, sin que existan razones objetivas que ameriten dicha distinción.
Es decir, la consideración del juzgador estuvo orientada a explicar que la sobretasa combatida se aplica a todas las personas que se ubican en la hipótesis de la norma reclamada, es decir, a aquellos que son sujetos del impuesto sobre nóminas; lo que se estima ajustado a derecho, pues es cierto que a todos los gobernados que coinciden en la capacidad contributiva derivada del pago del impuesto sobre nóminas, la ley reclamada les concede el mismo trato, respetando así el principio de equidad tributaria.
En cambio, lo inequitativo sería que el artículo decimoséptimo de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal de dos mil doce, estableciera un beneficio de exención a un grupo determinado de contribuyentes que se encuentran en idéntica situación a la de la inconforme, hipótesis que en el caso no se actualiza.
Entonces, es claro que el resolutor del amparo acometió el examen de la inconformidad en la que se adujo que el decreto reclamado viola el principio de equidad tributaria, en virtud de que obliga a cubrir la sobretasa del impuesto sobre nóminas únicamente a los patrones, es decir, a aquellos que efectúan pagos por la prestación de un servicio personal subordinado.
Sin embargo, omitió emitir pronunciamiento relacionado con determinados puntos cuestionados, referentes a que no existen razones lógicas ni jurídicas para imponer el gravamen únicamente a quienes efectúen pagos por concepto del impuesto sobre nóminas, siendo que el beneficio es colectivo, o dicho en otros términos, si la finalidad de la sobretasa impugnada es contribuir para la competitividad y seguridad ciudadana, no hay motivo para excluir de su pago a quienes no efectúan pagos por la prestación de un servicio personal subordinado, además de que para que un tributo haga una distinción de trato, debe en todo caso explicar en forma clara y precisa, al menos en su proceso legislativo de creación, las causas, razones o fundamentos para hacer dicha distinción entre contribuyentes.
Así, queda de manifiesto que el Juez a quo soslayó las anteriores manifestaciones vertidas por la entonces quejosa, resultando en este aspecto fundado el agravio en examen.
Ahora, en relación con la finalidad de la sobretasa en cuestión, en el quinto motivo de disenso se significa que en el decreto en el que la misma se establece no se define a qué se refieren los conceptos de competitividad y seguridad ciudadana.
De ahí que, para dilucidar las inconformidades precedentes, conviene advertir que de acuerdo con el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal: "Son obligaciones de los mexicanos: ... IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.", lo que se traduce en la plena libertad que se otorga al legislador para elegir el objeto tributario, mismo que debe ser indicativo de capacidad contributiva del sujeto pasivo, pero siempre con la condición de que respete los principios de proporcionalidad, equidad y destino al gasto público.
Es aplicable la tesis de jurisprudencia aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 229 en las páginas 273 y 274 del Tomo I, Materia Constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del siguiente tenor literal:
"GASTOS Y EROGACIONES DE LAS PERSONAS. EL ESTADO TIENE FACULTAD DE GRAVARLOS EN EJERCICIO DE SU POTESTAD TRIBUTARIA.-El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al legislador ordinario la facultad de determinar cómo y en qué forma los mexicanos deben contribuir al gasto público. El legislador tiene la facultad para seleccionar el objeto del tributo siempre que éste satisfaga los principios establecidos en la Constitución. El precepto constitucional señalado no establece como requisito que los gravámenes se impongan sólo a los ingresos, a los bienes o al capital. Al no existir restricción constitucional en este sentido el Estado está facultado para gravar erogaciones o gastos en dinero o en especie que revelen capacidad contributiva de quienes los efectúan y, por ende, sean susceptibles de ser objeto de imposición por parte del Estado."
En la especie, el legislador estatal fijó como objeto del tributo reclamado el pago del impuesto sobre nóminas; es decir, estableció la contribución con base en la capacidad contributiva que ha demostrado el sujeto obligado para cubrir dicho impuesto sobre nóminas, por ser esta circunstancia indicativa de riqueza.
Así lo informa la jurisprudencia que se aplica por analogía, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza con el número 100 (H) en las páginas 732 y 733 del Tomo I, Materia Constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que enseguida se transcribe:
"NÓMINAS, IMPUESTO SOBRE. LOS ARTÍCULOS 45-G A 45-I DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PUESTO QUE SU OBJETO ES INDICATIVO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DEL SUJETO DEL IMPUESTO [TESIS HISTÓRICA].-Los artículos 45-G a 45-I de la Ley de Hacienda del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, que establecen el impuesto sobre nóminas, no violan el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dicho principio consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, esto es, para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes. Ahora bien, esa congruencia existe en el impuesto sobre nóminas mencionado, toda vez que su objeto, consistente en las erogaciones en dinero o en especie que se realizan como contraprestación por el trabajo personal subordinado, es indicativo de capacidad contributiva de los causantes, puesto que tales erogaciones son manifestaciones de riqueza de quienes las efectúan."
Desde esta vertiente, sí existe razón jurídica para imponer el gravamen combatido sólo a quienes efectúan pagos por concepto del impuesto sobre nóminas, habida cuenta que su objeto revela la capacidad contributiva de los sujetos obligados, toda vez que las erogaciones que resultan por la remuneración a los trabajadores suponen la existencia de una fuente tributable, tan es así que permite efectuar los pagos por tal concepto.
Por lo demás, es cierto que del proceso de creación de la ley de ingresos reclamada no se advierte la razón por la que el Congreso del Estado de Chihuahua eligió como objeto de la sobretasa en cuestión, el pago del impuesto sobre nóminas, de ahí que resulte indispensable atender a su artículo decimoséptimo que se tilda de inconstitucional, mismo que prevé lo siguiente:
"Artículo Decimoséptimo. Para el ejercicio fiscal de 2012, se establece una sobretasa del 5% al impuesto sobre nóminas, que se aplicará para la competitividad y seguridad ciudadana."
Del precepto reproducido se desprende que el impuesto reclamado obedece a un fin extrafiscal, en virtud de que la contribución de mérito aparece implementada como un instrumento eficaz de política social que el Estado está interesado en impulsar, en el entendido de que un impuesto con fin extrafiscal es el que se establece con un objeto distinto del recaudatorio, es decir, mediante este tipo de impuestos el Estado no persigue como objetivo fundamental allegarse de recursos para afrontar el gasto público (aunque los recursos que se obtengan con motivo de tales impuestos deben destinarse a dicho gasto), sino que busca impulsar, orientar o desincentivar ciertas actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no para el desarrollo armónico del país.
Ahora, tratándose de contribuciones con fines extrafiscales, el legislador debe ineludiblemente establecer en la exposición de motivos, en los dictámenes o en la misma ley, los fines extrafiscales que persiguen las contribuciones con su imposición, lo que resulta así porque al establecer el Estado los tributos respectivos, puede implementar una serie de mecanismos que respondan a dichos fines, pero tendrá que ser el legislador, quien en este supuesto, debe reflejar su voluntad en el proceso de creación del impuesto, en virtud de que en un problema de inconstitucionalidad de leyes, a lo que debe atenderse sustancialmente, es al producto de la voluntad del órgano encargado de crear la ley y no las posibles ideas que haya pensado o posibles finalidades (objetivos) que se haya propuesto realizar.
No obstante lo anterior, pueden e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24868-568de398/impuesto-sobre-nominas-al-no-senalarse-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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