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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULO 9, FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A QUE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, CONSTITUYEN ACTOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTES (LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, CUANDO LA NORMA GENERAL SE IMPUGNE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE EN UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL (LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE NORMAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO CUANDO SE ALEGUE UNA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO (LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021). VII. PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. PARA SU CUMPLIMIENTO DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES. VIII. IMPUESTOS ADICIONALES. SU OBJETO IMPONIBLE ES DIFERENTE AL DE LOS IMPUESTOS PRIMARIOS, AUNQUE PUEDE PARTICIPAR DE ALGUNOS ELEMENTOS DE ÉSTE. IX. IMPUESTOS ADICIONALES. LOS QUE TIENEN COMO BASE UN IMPUESTO ADICIONAL CUYO OBJETO BUSCA GRAVAR LA REALIZACIÓN DE PAGOS POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL Y SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO, SON CONTRARIOS A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS PRIMERO, FRACCIÓN I, INCISO A), PUNTO 4, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AHUMADA; PRIMERO, FRACCIÓN I, INCISO A), PUNTO 5, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA; PRIMERO, FRACCIÓN I, INCISO A), PUNTO 5, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ALLENDE; 6, PUNTO 5, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AQUILES SERDÁN; 9 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ASCENSIÓN; PRIMERO, FRACCIÓN I, INCISO A), PUNTO 5, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BACHÍNIVA; PRIMERO, FRACCIÓN I, INCISO A), PUNTO 5, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BALLEZA; PRIMERO, FRACCIÓN I, INCISO A), PUNTO 5, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN; PRIMERO, FRACCIÓN I, INCISO A), PUNTO 5, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BOCOYNA 2, INCISO A), PUNTO 5, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA; 8, FRACCIÓN I, INCISO A), PUNTO 4, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CAMARGO; PRIMERO, FRACCIÓN I, PUNTO 1), INCISO E), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CARICHÍ; 9 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CASAS GRANDES; 50, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; PRIMERO, FRACCIÓN I, INCISO A), PUNTO 5, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHÍNIPAS; PRIMERO, FRACCIÓN I, INCISO A), PUNTO 5, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CORONADO; PRIMERO, FRACCIÓN I, INCISO A), PUNTO 5, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COYAME DEL SOTOL; 7 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC; 19, INCISO A), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUSIHUIRIACHI; 21 Y 22 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE DELICIAS; PRIMERO, FRACCIÓN I, PUNTO 1, INCISO E), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ; PRIMERO, FRACCIÓN I, PUNTO 1, INCISO E), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL TULE; 24, INCISO B), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GALEANA; PRIMERO, FRACCIÓN I, INCISO A), PUNTO 5, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS; 7 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GRAN MORELOS; PRIMERO, FRACCIÓN I, INCISO A), PUNTO 5, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI; PRIMERO, APARTADO A, FRACCIÓN I, PUNTO 5, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE; PRIMERO, FRACCIÓN I, INCISO A), PUNTO 5, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO; PRIMERO, FRACCIÓN I, INCISO A), PUNTO 5, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUAZAPARES; 19, EN EL APARTADO RELATIVO AL "IMPUESTO UNIVERSITARIO" DE LA LE

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 27/2021 Y SU ACUMULADA 30/2021. · Registro digital (IUS): 30923
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-09-09
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo I, Pág.731.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 27/2021 Y SU ACUMULADA 30/2021. PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 18 DE NOVIEMBRE DE 2021. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.

Ciudad de México. Sentencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTOS los autos para resolver la acción de inconstitucionalidad 27/2021 y su acumulada 30/2021, promovidas por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de diversas disposiciones de las Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—El treinta de diciembre de dos mil veinte, se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua los Decretos mediante los cuales se expidieron las Leyes de Ingresos de los Municipios de Ahumada, Aldama, Allende, Aquiles Serdán, Ascensión, Bachíniva, Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Buenaventura, Camargo, Carichí, Casas Grandes, Chihuahua, Chínipas, Coronado, Coyame del Sotol, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Delicias, Dr. Belisario Domínguez, El Tule, Galeana, Gómez Farías, Gran Morelos, Guachochi, Guadalupe, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Hidalgo del Parral, Huejotitán, Ignacio Zaragoza, Janos, Jiménez, Juárez, Julimes, La Cruz, López, Madera, Maguarichi, Manuel Benavides, Matachí, Matamoros, Meoqui, Morelos, Moris, Namiquipa, Nonoava, Nuevo Casas Grandes, Ocampo, Ojinaga, Praxedis G. Guerrero, Riva Palacio, Rosales, Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Santa Isabel, Satevó, Saucillo, Temósachic, Urique, Uruachi y Valle de Zaragoza, todos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno.

2. SEGUNDO.—En contra de lo anterior, el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, Julio Scherer Ibarra, en su carácter de consejero jurídico del Ejecutivo Federal y en representación del presidente de la República, así como María del Rosario Piedra Ibarra, en su calidad de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovieron acciones de inconstitucionalidad.

3. El Poder Ejecutivo Federal desarrolló un concepto de invalidez en el que impugnó la validez de las disposiciones que prevén cobros por "impuestos adicionales" destinados a las Universidades Autónoma de Chihuahua y Autónoma de Ciudad Juárez, al considerar que vulneran el derecho de seguridad jurídica y los principios de legalidad y proporcionalidad tributarias. En síntesis, expuso que:

a) Las disposiciones impugnadas son contrarias al derecho de seguridad jurídica y los principios de legalidad y proporcionalidad tributarias, al establecer un impuesto adicional –tasa del 4 %– a cargo de las personas físicas o morales que realicen pagos por concepto de impuestos predial y sobre traslación de dominio, debido a que no existe congruencia entre el mecanismo impositivo que prevén y la capacidad económica de los sujetos pasivos.

b) El sistema impositivo establecido por el legislador no constituye una "sobretasa" o "tasa adicional" permitidas por el artículo 115 de la Constitución Política del País,(1) en tanto que para su cálculo no se consideran los elementos de los impuestos predial y de traslación de dominio, sino que únicamente establecen como base gravable el monto a enterar por esos impuestos, al que se le aplica la tasa del 4 % (cuatro por ciento).

c) Lo anterior, pues el impuesto adicional no fue diseñado para gravar en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza previamente sujeta a imposición a través de un impuesto primario, como operan las "sobretasas" o "tasas adicionales", cuyo hecho imponible gira en torno a una misma actividad denotativa de capacidad económica, sino que fue estructurado para gravar globalmente todos los pagos de contribuciones municipales efectuados por los causantes.

d) Agrega que el destino del impuesto adicional referido no está comprendido dentro de la prestación de los bienes y servicios que tienen a su cargo los Municipios. Máxime que los impuestos predial y de traslado de dominio, así como las sobretasas o tasas adicionales están destinadas al sostenimiento de la hacienda pública municipal, no al de las universidades públicas del Estado.

e) Finalmente, solicita que se extiendan los efectos de invalidez al artículo 165 Bis del Código Municipal para el Estado de Chihuahua,(2) por estar vinculado al sistema impositivo referido.

4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos desarrolló seis conceptos de invalidez en los cuales se inconformó contra: i) los derechos por el servicio de alumbrado público; ii) las cuotas impuestas por la reproducción de información pública; iii) sanciones por insultos u ofensas a la autoridad o determinado sector de la sociedad; iv) el cobro de derechos por permisos para realizar eventos sociales; v) multas por dormir en la vía pública; y, vi) cobros por registro de nacimiento extemporáneo. En síntesis, expuso que:

Cobros por servicio de alumbrado público (primer concepto de invalidez)

a) Las disposiciones impugnadas que establecen cobros por servicio de alumbrado público vulneran el derecho de seguridad jurídica y los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad tributarias, porque no precisan la cuota aplicable, sino que se limitan a remitir a los convenios que al efecto se celebren con la Comisión Federal de Electricidad.

b) En otras palabras, afirma que las normas no contienen todos los elementos esenciales del tributo, pues delegan la facultad impositiva a las autoridades administrativas mediante los aludidos convenios, circunstancia que a su juicio, vulnera los principios de legalidad tributaria y de reserva de ley.

c) Por otra parte, argumenta que ciertas disposiciones sí establecen la cuota aplicable, pero toman como base el consumo de energía eléctrica o el esquema tarifario de la citada Comisión. De tal manera que las normas prevén un derecho por la prestación del servicio de alumbrado público pero, en realidad, imponen un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, pues se toma como base el consumo de energía eléctrica de cada usuario.

d) Lo anterior, vulnera el derecho de seguridad jurídica y los principios tributarios, porque la base gravable está relacionada con un hecho imponible que no corresponde a una actividad del Estado por concepto del servicio de alumbrado público, a saber, el consumo de energía eléctrica. Esto es, no se paga por la prestación del servicio otorgado, sino por el consumo de energía eléctrica.

e) Finalmente, señala que el hecho de que el legislador considerara como elemento determinante para el cálculo del derecho, además del consumo de energía, el destino de los predios y su falta de registro ante la Comisión Federal de Electricidad evidencia la vulneración al principio de proporcionalidad tributaria, pues el derecho no atiende al costo real del servicio proporcionado sino a la capacidad económica del contribuyente.

Cobros por reproducción de información pública (segundo concepto de invalidez)

a) Los artículos que establecen cobros por la reproducción de información pública en copias simples y certificadas, impresiones, discos compactos y digitalización en dispositivos magnéticos vulneran el principio de gratuidad en materia de acceso a la información pública, porque el legislador no justificó (ni en las leyes ni en los dictámenes respectivos) la determinación de las cuotas con base en el costo real de los materiales empleados.

b) Las disposiciones impugnadas son contrarias al principio de proporcionalidad tributaria, pues las cuotas que prevén no atienden al costo del servicio que presta el Estado en materia de acceso a la información pública.

c) En específico, señala que los cobros por certificaciones son desproporcionales porque si bien este servicio consiste en la reproducción de un documento y su certificación por parte de un funcionario público, ello no implica que pueda existir un lucro para este servidor público, sino que debe guardar una relación razonable con el costo del servicio.

d) Finalmente, menciona que las normas impugnadas tienen un impacto inhibidor sobre los periodistas, quienes tienen como función social la búsqueda de información sobre temas de interés público a fin de ponerla a debate.

Sanciones por insultos u ofensas a la autoridad o determinado sector de la sociedad (tercer concepto de invalidez)

a) Las disposiciones impugnadas son contrarias a los derechos de libertad de expresión y seguridad jurídica, así como al principio de legalidad, al prever conductas sancionables indeterminadas y mal definidas, cuya actualización trae como consecuencia la imposición de una sanción pecuniaria.

b) Lo anterior, porque no permiten que las personas tengan conocimiento de las conductas que podrían ser objeto de sanción, en particular, los supuestos en que la manifestación de ideas o expresiones pueda constituir una ofensa, insulto, frase obscena o falta de respeto dirigida a las autoridades o la sociedad.

c) Los preceptos impugnados lejos de brindar seguridad jurídica, carecen de sustento constitucional y son restrictivos, ya que permiten que la autoridad determine discrecionalmente si una persona expresa una ofensa, insulto o falta de respeto que lo haga acreedor a la imposición de una sanción.

Cobro de derechos por permisos para realizar eventos sociales (cuarto concepto de invalidez)

a) Las disposiciones impugnadas que prevén el pago de derechos por permisos para realizar eventos sociales –bodas, XV años, bautizos y otros– en casas particulares o salones de eventos, vulneran los derechos a la libertad de reunión e intimidad, pues constituyen una intrusión excesiva y desproporcionada en la vida de las personas.

b) Es admisible que se exijan permisos para la operación de los salones en los que se realicen eventos sociales, pero no permisos para la realización del evento en sí mismo, puesto que constituye una medida arbitraria y restrictiva de los derechos de reunión y vida privada.

c) El Estado no puede condicionar la práctica de actividades que, conforme a la Constitución Política del País pueden realizarse libremente por los gobernados, a una autorización o permiso, por lo que el pago de derechos para la celebración de reuniones privadas implica una injerencia arbitraria por parte de la autoridad.

Multas por dormir en la vía pública (quinto concepto de invalidez)

a) Las disposiciones impugnadas son contrarias a los derechos de igualdad y no discriminación, al establecer multas por "dormir en la calle", pues producen un efecto de discriminación indirecta y negativa en perjuicio de las personas que, por sus condiciones particulares, tienen la necesidad de pernoctar en la vía pública.

b) Las normas a pesar de encontrarse en términos neutrales, sin incluir explícitamente a la población sin hogar, generan una diferencia de trato irrazonable e injustificado de acuerdo con la situación que ocupan estas personas dentro de la sociedad.

c) La medida referida implica una práctica de discriminación indirecta la cual, conforme a lo establecido por el Tribunal Pleno existe cuando las prácticas de las instituciones y avaladas por el orden social provocan que las personas enfrenten distintos escenarios sociales, políticos, económicos y éticos, así como diferentes oportunidades de desarrollo y de consecución de sus planes de vida, debido a su pertenencia a grupos en situación de exclusión sistemática e históricamente determinada.

d) Por último, afirma que las normas son contrarias al derecho de seguridad jurídica y al principio de legalidad, al prever multas por conceptos vagos e imprecisos o de definición indeterminada, cuya actualización implica la imposición de una sanción pecuniaria a las personas, sin que éstas puedan conocer con certeza si su conducta se adecúa o no a la descripción normativa.

Cobros por registro de nacimiento extemporáneo (sexto concepto de invalidez)

a) Las normas impugnadas que prevén cobros por registro de nacimiento extemporáneo, vulneran los derechos de identidad y de gratuidad del registro. Lo anterior, porque el mencionado cobro desincentiva a las personas que deben realizarlo, lo que, a su vez, constituye un obstáculo para acceder a la identidad y sus derechos conexos, máxime que el registro gratuito de nacimiento es una obligación constitucional del Estado.

b) Las normas también vulneran el derecho a la igualdad, pues únicamente hacen efectivo el derecho a la identidad de un grupo de personas determinado en razón de la edad, lo que carece de un fin constitucionalmente válido.

5. TERCERO.—Las partes señalaron como preceptos constitucionales y convencionales violados los artículos 1o., 6o., 7o., 9o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.(3)

6. CUARTO.—El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, el titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua rindió su informe. Se posicionó por la validez de las normas al considerar que no se vulneran los principios legalidad y proporcionalidad tributarias, así como el principio de gratuidad en materia de acceso a la información pública. En síntesis, expuso que:

Respecto a los impuestos adicionales:

• El impuesto adicional universitario se encuentra regulado en la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, en la cual se determinan los elementos esenciales del tributo, por lo que no se vulnera el principio de legalidad tributaria.

• El impuesto universitario es un ingreso ordinario que se impone a manera de impuesto adicional, es decir, no se gravan otros impuestos, sino que únicamente se aumenta la tasa de los existentes en un 4 % (cuatro por ciento).

Respecto a los cobros por servicio de alumbrado público:

• Las normas impugnadas tienen fundamento en lo ordenado en el artículo 115 de la Constitución Política del País, que establece que los Municipios tienen a su cargo los servicios públicos de alumbrado público, para cuya prestación se requieren recursos económicos y, además, corresponde al Congreso Local establecer los derechos respectivos.

• El parámetro elegido por el legislador para individualizar el costo consiste en cobrar el derecho en función de la zona en que se ubiquen los predios –industrial, comercial, predios rústicos, habitacional, entre otros–, lo cual es razonable con el costo que implica al Estado prestar el servicio referido. En ese sentido, contrario a lo aducido por la Comisión promovente, las normas no gravan el consumo de energía eléctrica.

Respecto a los cobros por reproducción de información pública:

• No todas las disposiciones cuestionadas prevén cobros por reproducción de información pública, sino que algunas establecen cuotas por legalización, certificación y expedición de documentos municipales, mismas que no guardan relación con el derecho acceso a la información pública.

• El artículo 17 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevé que sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la reproducción y entrega de la información solicitada, circunstancia que permite a los Municipios establecer costos relativos a la certificación, impresión de copias y reproducción de información en dispositivos electrónicos.

• No debe perderse de vista que en algunos Municipios los costos son más elevados –en comparación con las grandes ciudades–, debido a las enormes distancias que deben recorrer los proveedores, lo que ocasiona que se incrementen los costos de los insumos.

Respecto a los permisos para realizar eventos sociales:

• El derecho de reunión pacífica encuentra límites en la salvaguarda de la seguridad nacional y el orden público, para proteger la salud o la moral pública, así como los derechos y libertades de los demás.

• El cobro por un permiso para la realización de eventos sociales otorga seguridad jurídica al gobernado, pues al realizar el respectivo pago no será molestado en su persona y en sus bienes por autoridad alguna, al llevar a cabo cualquier evento social.

Respecto a las multas por dormir en la vía pública:

• Las normas cuestionadas no vulneran el derecho de igualdad, dado que éstas son de carácter general y se aplica a cualquier habitante del Municipio que se encuentre en el supuesto de dormir en la vía pública.

• Las normas impugnadas no son discriminatorias, sino que tienen como propósito brindar seguridad y bienestar a los habitantes, ya que en el Estado de Chihuahua las temperaturas descienden por las noches, lo que significa un riesgo para cualquier persona que duerma a la intemperie.

Respecto a los cobros por registro de nacimiento extemporáneo:

• Las disposiciones cuestionadas no vulneran el principio de gratuidad del registro de nacimiento, por el contrario, se trata de proteger los derechos humanos de la niñez a recibir una identidad desde que se nace, ya que éste cobro únicamente aplica después de seis meses del nacimiento del menor. Aunado a que dicho cobro ha incentivado el registro de nacimiento.

7. QUINTO.—Posteriormente, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, el gobernador del Estado de Chihuahua rindió su informe.(4) Manifestó que su participación se limitó a la promulgación de las leyes impugnadas en cumplimiento a las disposiciones aplicables, asimismo, se posicionó por la improcedencia de los asuntos y, en el fondo, defendió la constitucionalidad de las normas. En síntesis, expuso que:

Respecto a la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad:

• Las acciones de inconstitucionalidad deben sobreseerse porque se actualizan dos causas de improcedencia: la primera, en relación con los artículos que prevén "impuestos adicionales" porque, desde su punto de vista, la acción es extemporánea debido a que lo efectivamente impugnado es la regulación que al respecto se prevé en el artículo 165 Bis del Código Municipal para el Estado de Chihuahua,(5) publicado en el Periódico Oficial Local el primero de enero de dos mil tres.

• En segundo lugar, considera que la acción de inconstitucionalidad 30/2021 es improcedente, porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no está legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad contra normas en materia fiscal, pues la obligación de contribuir con los gastos públicos no constituye un derecho humano.

Respecto a los cobros por servicio de alumbrado público:

• El artículo 115 constitucional establece que los Municipios estarán a cargo de la prestación del servicio de alumbrado público, razón por la cual se pudo incluir en los artículos impugnados lo relativo a la prestación y tarifas por concepto de éste, con la finalidad de recaudar recursos económicos necesarios que propicien una mejora en la prestación del servicio.

• El cobro por alumbrado público es un sistema de cobro que está en función de una tabla que no toma como base el consumo individual del recibo de cada usuario, sino un rango de clasificación grupal de los consumos de energía eléctrica.

Respecto a los cobros por reproducción de información pública:

• Las leyes de ingresos combatidas no contravienen el derecho de acceso a la información, pues éstas sólo establecen una cuota o tarifa por el disco grabable (CD), disco compacto (DVD), así como por copias certificadas emitidas por los funcionarios públicos de cada Municipio, no por la información solicitada por el particular.

• En ese sentido, si los artículos impugnados prevén el cobro de derechos que no están vinculados a los procedimientos de acceso a la información pública, entonces su análisis no debe hacerse a la luz del principio de gratuidad en materia de acceso a la información pública. Respecto a las sanciones por insultos u ofensas a la autoridad:

• Las normas tildadas de inconstitucionales no imponen una censura, no castigan la crítica, ni impiden la libre expresión, pues sólo establecen consecuencias ulteriores a una conducta que causa graves trastornos al orden público.

• Los artículos persiguen una finalidad constitucionalmente legítima, puesto que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, sino que existen restricciones especificadas tanto por la Constitución como por las normas de derecho internacional.

Respecto a los permisos para realizar eventos sociales:

• Las disposiciones cuestionadas no vulneran el derecho de libertad de reunión, pues de conformidad con el artículo 115, fracciones II y V, inciso d), de la Constitución Política del País, los Municipios pueden tomar medidas de seguridad o sanciones.

• Los preceptos impugnados no impiden la libertad de reunión de los individuos, sino sólo se limitan a fijar una tarifa para el buen funcionamiento de los servicios que pudiera prestar un salón de eventos, así como uno particular.

Respecto a los cobros por registro de nacimiento extemporáneo:

• Las leyes de ingresos impugnadas no contemplan un cobro por el registro de actas de nacimiento en las oficinas del registro civil, sino sólo una cuota por el registro extemporáneo de dicho acto.

• Al establecer una tarifa de cobro extemporáneo de nacimiento se busca incentivar que el registro se realice de manera inmediata, garantizando así el derecho a la personalidad, identidad y filiación.

8. SEXTO.—El fiscal general de la República no formuló pedimento en el presente asunto, ni la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal realizó manifestación alguna.

9. SÉPTIMO.—Una vez concluido el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno se declaró cerrada la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

10. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, incisos c) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(6) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada,(7) toda vez que tanto el Poder Ejecutivo Federal como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantearon la posible contradicción entre normas de rango constitucional y decretos que expiden diversas Leyes de Ingresos del Estado de Chihuahua.

11. SEGUNDO.—Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial.(8)

12. En ese sentido, las normas impugnadas fueron publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua el treinta de diciembre de dos mil veinte, por lo que el plazo de treinta días naturales transcurrió del jueves treinta y uno de diciembre siguiente al viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno.

13. Consecuentemente, dado que las acciones de inconstitucionalidad se promovieron ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, resulta evidente que su presentación es oportuna.

14. TERCERO.—Legitimación. El artículo 105, fracción II, incisos c) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en lo que interesa, que el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos están legitimados para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de normas federales o estatales que consideren vulneren derechos humanos.(9)

15. En ese sentido, se advierte que las demandas fueron presentadas, por un parte, por Julio Scherer Ibarra, en su carácter de consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del presidente de la República, lo que acredita con la copia certificada de su nombramiento expedido por este último(10) y, por otra, por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(11) acreditándolo con la copia certificada del acuerdo de designación expedido por el Senado de la República.

16. Es importante destacar que el Ejecutivo Federal argumenta que las disposiciones reclamadas de las Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno son contrarias al derecho de seguridad jurídica y los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad tributarias. Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna, además de las violaciones anteriores, vulneración a los derechos fundamentales de acceso a la información pública, intimidad o vida privada, identidad, igualdad y no discriminación, libertad de expresión y de reunión.

17. Por tanto, este Tribunal Pleno concluye que las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por partes legitimadas para ello.

18. CUARTO.—Precisión de las normas impugnadas. De los escritos del Poder Ejecutivo Federal y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se advierte que las normas impugnadas son las siguientes:

1) Artículo primero, fracción I, inciso a), punto 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ahumada, para el ejercicio fiscal de 2021 y el apartado II, numeral 9, de la tarifa anexa a dicha ley.

2) Artículo primero, fracción I, inciso a), punto 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Aldama, para el ejercicio fiscal de 2021 y los apartados II.7, inciso ñ), numeral 3, II.10 y II.17 de la tarifa anexa a dicha ley.

3) Artículo primero, fracción I, inciso a), punto 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Allende, para el ejercicio fiscal de 2021 y los apartados II.4, numerales 2.11, 2.12, 4, 5 y 10, II.8 y IV, numeral 1, inciso a), en las porciones normativas "así como proferir insultos" "Expresarse con palabras obscenas o hacer señas o gestos obscenos o indecorosos en lugares públicos", "Faltar al respeto a las personas, en especial faltar a la consideración que se debe a los niños, ancianos y personas con capacidades diferentes" y "Dormir en lugares públicos", de la tarifa anexa a dicha ley.

4) Artículo 6, punto 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Aquiles Serdán, para el ejercicio fiscal de 2021 y los apartados III.10, III.17, numeral 15 y III.19 de la tarifa anexa a dicha ley.

5) Artículo 9 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ascensión, para el ejercicio fiscal de 2021 y el apartado II, numerales 9.1, 15 y 18, 18.1 y 18.2, de la tarifa anexa a dicha ley.

6) Artículo primero, fracción I, inciso a), punto 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Bachíniva, para el ejercicio fiscal de 2021 y los apartados II.27, IV.2, fracción VIII.11 y IV.4 en la porción normativa "expresarse con palabras obscenas o hacer señas o gestos obscenos o indecorosos en lugares públicos", de la tarifa anexa a dicha ley.

7) Artículo primero, fracción I, inciso a), punto 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Balleza, para el ejercicio fiscal en 2021 y los apartados II.4, numerales 3, inciso e) y 4 y II.8 de la tarifa anexa a dicha ley.

8) Artículo primero, fracción I, inciso a), punto 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín, para el ejercicio fiscal de 2021 y el apartado II.3 de la tarifa anexa a dicha ley.

9) Artículo primero, fracción I, inciso a), punto 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Bocoyna, para el ejercicio fiscal de 2021 y los apartados II.6, numerales 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 y II.9 de la tarifa anexa a dicha ley.

10) Artículo 2, inciso a), punto 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Buenaventura, para el ejercicio fiscal de 2021 y el apartado II.14 de la tarifa anexa a dicha ley.

11) Artículo 8, fracción I, inciso a), punto 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Camargo, para el ejercicio fiscal de 2021 y los apartados II.7, fracción X y II.9 de la tarifa anexa a dicha ley.

12) Artículo primero, fracción I, punto 1), inciso e), de la Ley de Ingresos del Municipio de Carichí, para el ejercicio fiscal de 2021 y los apartados II.7 y II.9, numeral 1, de la tarifa anexa a dicha ley.

13) Artículo 9 de la Ley de Ingresos del Municipio de Casas Grandes, para el ejercicio fiscal de 2021 y los apartados II.4, incisos a), numerales 1, 2 y 3(12) y b), subinciso 1.6, y II.9, inciso a) de la tarifa anexa a dicha ley.

14) Artículo 50, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de 2021 y las fracciones X, XVI, numeral 13, inciso e); y, XXII, de la tarifa anexa a dicha ley.

15) Artículo primero, fracción I, inciso a), punto 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Chínipas, para el ejercicio fiscal de 2021 y el apartado II.10 de la tarifa anexa a dicha ley.

16) Artículo primero, fracción I, inciso a), punto 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Coronado, para el ejercicio fiscal de 2021 y el apartado II.9 de la tarifa anexa a dicha ley.

17) Artículo primero, fracción I, inciso a), punto 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Coyame del Sotol, para el ejercicio fiscal 2021 y el apartado II.9 de la tarifa anexa a dicha ley.

18) Artículo 7 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, para el ejercicio fiscal de 2021 y los grupos 7.2, inciso c), numeral 1, incisos d) y e), 11.2, incisos a) y c) y 15, de la tarifa anexa a dicha ley.

19) Artículo 19, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Cusihuiriachi, para el ejercicio fiscal de 2021 y los apartado II, numerales 7 y 9, punto 4, inciso a), de la tarifa anexa a dicha ley.

20) Artículos 21 y 22 de la Ley de Ingresos del Municipio de Delicias, para el ejercicio fis

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30923-3a185096/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-de-la-comision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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