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Modo: Corpus Pro

AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. EL DECRETO 916/2015 II P.O., QUE EXTENDIÓ LA VIGENCIA DEL DIVERSO 842/2012 VI P.E., QUE ESTABLECE LA CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA DEL 5% A CARGO DE LOS SUJETOS DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS PREVISTO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, NO MODIFICA LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL TRIBUTO Y, POR ENDE, NO PUEDE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2018. · Registro digital (IUS): 28338
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-02-15
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, Y EL TERCER
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Pág. 1157.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA. 6 DE NOVIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA TERESA ZAMBRANO CALERO, MARÍA DEL CARMEN CORDERO MARTÍNEZ, REFUGIO NOEL MONTOYA MORENO, JUAN CARLOS ZAMORA TEJEDA, JOSÉ RAYMUNDO CORNEJO OLVERA, JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ RUIZ Y ROGELIO ALBERTO MONTOYA RODRÍGUEZ. PONENTE: REFUGIO NOEL MONTOYA MORENO. SECRETARIA: MARTHA CECILIA ZÚÑIGA ROSAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia.

6. Competencia. Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero y quince de diciembre, ambos de dos mil quince; por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este Circuito y corresponde, exclusivamente a este órgano, dilucidarla y determinar, en su caso, cuál será el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

SEGUNDO.—Legitimación.

7. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

TERCERO.—Criterios contendientes.

8. Para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se impone analizar las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados de Circuito basaron sus resoluciones.

A. Criterio del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua.

9. En sesión de ocho de marzo de dos mil diecisiete, el indicado Tribunal Colegiado de Circuito, resolvió el amparo en revisión administrativa 593/2016; en la materia de la revisión modificó la sentencia recurrida.

10. Por una parte, se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, respecto a los actos reclamados al secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua, consistentes en la aprobación y expedición de los Decretos Legislativos 842/2012 VI P.E., y 1223/2015 I P.O., relacionados con la contribución extraordinaria del 5% a cargo de los contribuyentes del impuesto sobre nóminas para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, prevista en los artículos segundo al octavo del primer decreto, así como en el artículo primero, numeral 1.8, subnumeral 1.8.1.2, del segundo decreto mencionados; asimismo, negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, contra los actos que reclamó del Congreso del Estado de Chihuahua, consistentes en la discusión, aprobación y expedición de tales decretos, así como contra el diverso 916/2015 II P.O., a través del cual, se amplió la vigencia del referido tributo.

11. Las consideraciones jurídicas esenciales en que apoyó el sentido del fallo, en la parte que interesa, fueron las siguientes:

12. Se estimaron fundados los agravios expresados.

13. Previo a señalar las razones del anterior aserto, se precisó que el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, determinó sobreseer en el juicio respecto de los actos reclamados al Congreso del Estado de Chihuahua, consistentes en la discusión, expedición y aprobación de los Decretos Legislativos 842/2012 VI P.E., 1223/2015 I P.O. y 916/2015 II P.O., relacionados con la contribución extraordinaria del 5% a cargo de los contribuyentes, que grava el impuesto sobre nóminas para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, prevista en los artículos segundo al octavo del primer decreto, así como en el artículo primero, numeral 1.8, subnumeral 1.8.1.2, del segundo decreto, cuya vigencia se amplió hasta el año dos mil veintidós, con base en el último decreto señalado.

14. Se destacó, que tal determinación la fundó el a quo en las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV y XXIII, este último, en relación con el numeral 107, fracción I, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; ello, al considerar que la contribución extraordinaria consistente en la sobretasa del 5% al impuesto sobre nóminas, la quejosa la impugnó con motivo de un acto de aplicación posterior al primero.

15. Al respecto, la persona moral recurrente alegó, en síntesis, que con motivo de la reforma del artículo sexto transitorio del Decreto 842/2012 VI P.E., llevada a cabo a través del diverso 916/2015 II P.O., que extendió la vigencia de la contribución extraordinaria, consistente en la sobretasa del 5% del impuesto relativo, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, se creó una situación jurídica distinta; al constituir un nuevo acto legislativo le permitía reclamar ese tributo en el plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del primer acto de su aplicación posterior a la reforma que menciona.

16. Lo aseverado fue considerado como fundado.

17. Para dar sustento a dicha afirmación, se tomó en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida al resolver la contradicción de tesis 356/2013, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 158/2013 (10a.), con registro digital: 2005357, consideró que el análisis de la procedencia del juicio de amparo contra normas generales, debe partir del examen de la naturaleza de éstas para así determinar la oportunidad y condiciones en que pueden reclamarse, las cuales clasificó en autoaplicativas y heteroaplicativas.

18. Se puntualizó, que las leyes autoaplicativas se caracterizan por contener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia de la vía constitucional desde que entran en vigor, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen con independencia de la actualización de condición alguna. Y pueden reclamarse en dos distintos momentos: el primero, dentro del plazo de treinta días computado a partir del día en que entran en vigor, según lo previsto en el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; y el segundo, dentro de los quince días siguientes a la actualización de alguna de las hipótesis previstas en el artículo 21 de la misma ley reglamentaria.

19. Asimismo, se indicó que las leyes heteroaplicativas se distinguen, porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación. Y pueden reclamarse solamente en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, que será dentro del plazo de quince días siguientes al de su primer acto de aplicación. Esto es, que sólo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado, y no así con motivo de sus ulteriores aplicaciones.

20. En congruencia con tales reglas, se precisó que la referida Sala sostuvo que en caso de una probable concesión del amparo, su efecto será el de declarar inconstitucional la norma general reclamada como acto destacado, dejando insubsistente el acto de aplicación, y que en el futuro no se pueda volver a aplicar al solicitante del amparo el dispositivo legal hasta que se reforme.

21. Asimismo, que los actos a cumplimentar por las responsables se constriñen, en el supuesto de que el amparo se conceda en contra de una disposición reclamada con motivo de su aplicación concreta, a dejar insubsistente el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante su tramitación (supuesto en el que los efectos del amparo actúan hacia el pasado), y por lo que hace a las normas impugnadas, tanto en su carácter heteroaplicativo como autoaplicativo, se constriñe a las autoridades a que se abstengan de aplicar en lo sucesivo la norma declarada inconstitucional, dado que la situación jurídica del quejoso se rige por la sentencia de amparo que constituye cosa juzgada, hasta en tanto la norma no sea reformada.

22. Se destacó que, de igual modo, en la ejecutoria en comento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en caso de que exista una reforma de la ley, cualquiera que sea el contenido o alcance de ésta, o si es sustituida por otro texto distinto, similar o incluso idéntico, se estaría en presencia de un nuevo acto legislativo que no está regido por la sentencia protectora.

23. Agregando que, conforme al principio conocido como de autoridad formal de la ley o de congelación de rango, la reforma o extinción de un acto legislativo, se produce a través de otro, dictado conforme al mismo procedimiento y formalidades que dieron nacimiento a aquél, y que, generalmente, consiste en una iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación, e inició de vigencia; lo cual, conforme al principio de que la ley nueva abroga a la anterior, deriva en que haya una nueva norma, con independencia de su contenido.

24. Se citó como apoyo a dicha consideración, la tesis P. LII/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) de rubro y texto siguientes:

25. "LEYES. LA REFORMA DE UNA DISPOSICIÓN LEGAL CONSTITUYE UN ACTO LEGISLATIVO NUEVO, AUN CUANDO REPRODUZCA EL CONTENIDO DE LA NORMA DE VIGENCIA ANTERIOR, O TENGA CON ELLA SIMILITUDES O DIFERENCIAS ESENCIALES O ACCIDENTALES. En ejercicio de su libertad de configuración, los órganos que participan en el proceso legislativo expresan su voluntad soberana a través del mecanismo establecido por el Constituyente en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consolidándose así la posibilidad de que sus integrantes no queden sujetos a la voluntad de quienes los antecedieron a través de las normas que emitieron, existiendo la posibilidad de que un nuevo cuerpo legislativo apruebe nuevos ordenamientos. Así, el ejercicio democrático de los representantes del pueblo a través del procedimiento indicado, debe entenderse bajo la idea de que en él se da espacio a las distintas opciones políticas, las cuales pueden expresar en un nuevo acto legislativo su voluntad de legislar en el sentido específico en que lo hagan, que podrá ser repitiendo con exactitud o con similitudes la norma antes vigente o introduciendo variaciones esenciales o accidentales, lo que conforme al principio de que la ley nueva deroga a la anterior, conlleva a que haya una nueva norma, independientemente de su contenido."

26. Expuesto lo anterior, se particularizó que en el caso se está frente a una norma de naturaleza autoaplicativa, en virtud de que la sobretasa del 5% tildada de inconstitucional goza de la misma naturaleza del impuesto sobre nóminas, puesto que se trata de un tributo adicional que grava en un segundo nivel la riqueza materia de aquella contribución, la cual, por su sola entrada en vigor transforma la situación jurídica de los gobernados que realizan el hecho imponible generador del impuesto sobre nóminas –la erogación de salarios–, pues se modifican los términos en los cuales deben realizar el cálculo del tributo a su cargo, y dicha obligación debe cumplirse indefectiblemente con independencia de la mayor o menor cuantía en la que realicen tales erogaciones.

27. Consideración que encontró apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 126/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(2) de rubro y texto siguientes:

28. "NÓMINAS. LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 169 DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE ESTABLECE UNA NUEVA TARIFA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO, ES AUTOAPLICATIVA (DECRETO 108/98 DEL CONGRESO DEL PROPIO ESTADO).—El referido decreto que modifica y adiciona diversos rangos de la tarifa prevista en el citado numeral es de naturaleza autoaplicativa, ya que por su entrada en vigor transforma la situación jurídica de los gobernados que realizan el hecho imponible generador del impuesto sobre nóminas, la erogación de salarios, modificándose los términos en los cuales deben realizar el cálculo del tributo a su cargo, obligación que ha de cumplirse indefectiblemente, con independencia de la mayor o menor cuantía en la que realicen tales erogaciones, de donde se sigue que la individualización de esa precisa hipótesis jurídica no está condicionada a un diverso acto de autoridad o del propio contribuyente, ni a requisitos temporales o cuantitativos que de no acontecer impedirían que sus efectos se concreten en perjuicio de los gobernados."

29. Bajo esos términos, resultó claro que, si la parte quejosa, en su demanda de amparo, no sólo reclamó el Decreto 842/2012 IV P.E., mediante el cual se reformaron diversos artículos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en cuyos preceptos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, se estableció una contribución extraordinaria consistente en la sobretasa del 5% al impuesto sobre nóminas, sino que tal impugnación la realizó de manera conjunta respecto del Decreto 916/2015 II P.O., publicado el dieciocho de julio de dos mil quince, mediante el cual se reformó el primer decreto, en su artículo sexto, ampliando su vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós; es inconcuso que el pago realizado el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, contrario a lo estimado por el a quo, no puede considerarse ulterior, sino el primer acto de aplicación en su perjuicio de la normatividad reclamada.

30. Esto se consideró así, porque aun cuando era verdad que la quejosa es contribuyente del impuesto sobre nóminas, por lo menos, a partir del ejercicio dos mil catorce, año desde el cual ha enterado no solamente dicho tributo sino también las contribuciones accesorias, como la sobretasa del 5% al referido tributo, tildada de inconstitucional –según se desprendió de la consulta de pagos glosada a foja 122 vuelta del sumario–; lo cierto es que, conforme al Decreto 842/2012 IV P.E., sólo estaba obligada a contribuir en el periodo de dos mil doce a dos mil quince, pero a partir de la reforma contenida en el Decreto 916/2015 II P.O., se varió la vigencia de ese tributo adicional para prolongarla hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós.

31. Por tal motivo, se resolvió que la determinación del a quo en el sentido de que la quejosa consintió la normatividad reclamada, no se ajusta a derecho, dado que pasó por alto que se está en presencia de un nuevo acto legislativo, el cual permite impugnar nuevamente las normas de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que consignan de manera expresa los elementos esenciales de la sobretasa del 5% al impuesto sobre nóminas, como son el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago; lo anterior, porque el Decreto 842/2012 IV P.E., ya había fenecido en su vigencia (2012 al 2015), pero al ampliarlo, con ello reiteró todos sus elementos.

32. Sin que resultara óbice a lo anterior, la consideración del a quo en el sentido de que la inclusión del impuesto sobre nóminas y de sus accesorios, en la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, era insuficiente para otorgar a la quejosa una nueva oportunidad de combatir por la vía de amparo indirecto las normas relacionadas con tal tributo sus contribuciones accesorias; la cual fundó en los siguientes criterios:

33. "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNA LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL CUYA VIGENCIA SE PRORROGÓ POR MANDATO DE LEY A EJERCICIOS POSTERIORES, CON MOTIVO DEL PAGO DE DERECHOS POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, QUE PREVIAMENTE SE HUBIERE CONSENTIDO POR FALTA DE IMPUGNACIÓN." [Jurisprudencia 2a./J. 158/2013 (10a.), Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de enero de 2014 a las 13:21 horas y Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Tomo II, enero de 2014, Décima Época, página 1401, con registro digital: 2005357];

34. "ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO. EL AMPARO SÓLO ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA LEY DE INGRESOS QUE ANUALMENTE FIJA LA TASA, SI NO SE IMPUGNÓ OPORTUNAMENTE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA QUE CON ANTERIORIDAD YA HABÍA ESTABLECIDO LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL TRIBUTO." [Jurisprudencia 2a./J. 158/2002, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de septiembre de 2015 a las 10:15 horas y Gaceta del (sic) Semanario Judicial de la Federación «y su Gaceta», Tomo XVII, enero de 2003, Novena Época, página 219, con registro digital: 185273]; y,

35. "TASA O TARIFA DE UN IMPUESTO. SU MODIFICACIÓN PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL RESTO DE LOS ELEMENTOS DE AQUEL QUE HUBIERAN SIDO CONSENTIDOS." [Jurisprudencia 2a./J. 103/2015 (10a.), Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del (sic) Semanario Judicial de la Federación «y su Gaceta», Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, página 684, con registro digital: 2009871].

36. Lo anterior se consideró así, pues, como se dijo, la reforma contenida en el Decreto 916/2015 II P.O., que modificó la vigencia de la contribución extraordinaria del 5% al impuesto sobre nóminas, dio derecho a la quejosa para impugnar a través del juicio de amparo, ese pronunciamiento específico del legislador.

37. Lo anterior, no obstante que los artículos en que se establecieron los elementos esenciales de dicha contribución, hubiesen conservado su texto anterior; de ahí la inaplicabilidad de tales criterios.

38. Se agregó que, contrario a lo estimado por el a quo, no se está en la hipótesis de prórroga que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia analizó en la jurisprudencia 2a./J. 158/2013 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNA LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL CUYA VIGENCIA SE PRORROGÓ POR MANDATO DE LEY A EJERCICIOS POSTERIORES, CON MOTIVO DEL PAGO DE DERECHOS POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, QUE PREVIAMENTE SE HUBIERE CONSENTIDO POR FALTA DE IMPUGNACIÓN."

39. Se arribó a tal conclusión, porque en el referido criterio se analizó una Ley de Ingresos que expresamente preveía en sus artículos transitorios que estaría vigente durante el ejercicio fiscal que regula, o hasta en tanto entrara en vigor una nueva ley que rija los ejercicios fiscales subsecuentes.

40. Por ello, si como se vio, la vigencia de la contribución extraordinaria recurrida deriva de un nuevo acto legislativo, a saber, del Decreto 916/2015 II P.O., y no de una prórroga establecida en el propio Decreto 842/2012 VI P.E., por virtud del cual –únicamente– se creó ese tributo, resultó inconcuso que la jurisprudencia 2a./J. 158/2013 (10a.), era inaplicable al caso.

41. Lo anterior se consideró así, porque no debía perderse de vista que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al hablar de prórroga a ejercicios posteriores, lo relacionó con un mandato expreso contenido en la propia ley, lo que significó que analizó un tema en donde no existía un nuevo acto legislativo, pues al respecto, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 158/2013 (10a.), antes mencionada,(3) expuso:

42. "Ello es así, ya que el hecho de que una Ley de Ingresos válidamente pueda extender su vigencia a ejercicios posteriores, no representa que se trate de una ‘nueva Ley de Ingresos’, es decir, no es un nuevo acto legislativo, pues lo que sucede es que su vigencia se amplía en el transcurso del tiempo, pero es la misma legislación que se emitió originalmente ... De ello se constata, que, en ambos casos, estamos frente a Leyes de Ingresos municipales que se extendieron en su vigencia por mandato expreso de ley, sin que en ningún momento se desprenda la existencia de un proceso legislativo originado por una iniciativa que haya abrogado a las disposiciones de las Leyes de Ingresos municipales de que se trata."

43. Por tanto, se estimó que, si en el caso, se expidió un nuevo decreto, el cual aun cuando sólo se haya expresado que prorrogaba la vigencia del anterior, ello era suficiente para determinar que se estaba en presencia de un nuevo acto legislativo, puesto que, como ya se precisó, de acuerdo con el principio de autoridad formal de la ley o de congelación de rango, la reforma o extinción de un acto legislativo se produce a través de otro, dictado conforme al mismo procedimiento y formalidades que dieron nacimiento a aquél.

44. En ese sentido, conforme al principio de que la ley nueva abroga a la anterior, se dijo, que el nuevo decreto abrogó el anterior, con independencia de su contenido, esto es, que sólo haya establecido que reformaba el artículo sexto del Decreto 842/2012 VI P.E., ampliando su vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, reiterando implícitamente con ello los elementos de la contribución; por lo que resultaba inconcuso que la jurisprudencia 2a./J. 158/2013 (10a.) era inaplicable al caso.

45. Se concluyó que, si el primer acto de aplicación de la normatividad tildada de inconstitucional, posterior al decreto en que se modificó su vigencia, ocurrió el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, y la presentación de la demanda de amparo se llevó a cabo el once de marzo del mismo año, era evidente que, contrario a lo determinado por el a quo, tampoco resultó extemporánea.

46. Partiendo de este contexto, se consideró innecesario profundizar en el análisis de los restantes agravios en que se aducía que con la publicación de la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, publicada en el diverso Decreto 1223/2015, se renovó la vigencia de la contribución tildada de inconstitucional, ya que cualquiera que fuese su resultado, no podría arribarse a conclusión distinta a la precisada.

47. En tal virtud, revocó el sobreseimiento decretado y abordó el análisis de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo; consideraciones que no resultan útiles al tema de la contradicción de tesis, porque no guardan relación con el estudio de fondo; de ahí que no se estime necesaria su reproducción.

B. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila.

48. En sesión de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, resolvió el cuaderno auxiliar 98/2017, formado con motivo del amparo en revisión administrativa 670/2016, del índice del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, actualmente, Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua.

49. En la materia de la revisión, modificó la sentencia recurrida; en tal virtud, decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados al Congreso del Estado de Chihuahua, consistente en la expedición del Decreto 842/2012 VI. P.E., publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el veintidós de septiembre de dos mil doce, mediante el cual se estableció en los artículos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, las bases para la causación y cobro de la contribución extraordinaria del 5% –cinco por ciento–, a cargo de los sujetos del impuesto sobre nóminas que establecen los artículos 166 al 172 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua; Decreto 916/2015 II P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el veintinueve de junio de dos mil quince, mediante el cual se prorrogó la vigencia de la sobretasa del cinco por ciento en el impuesto sobre nóminas; y el diverso número 1223/2015 I P.O., publicado el veintitrés de diciembre de dos mil quince en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, en concreto, el artículo primero, apartado denominado: impuestos, punto 1, impuestos, subnumerales 1.8 y 1.8.1.2, otros impuestos, referentes a la contribución extraordinaria a cargo de los sujetos del impuesto sobre nóminas, en un 5% sobre el mismo, y artículo segundo.

50. Las consideraciones en que se apoyó el citado órgano colegiado para resolver en el sentido anotado fueron las siguientes:

51. En primer término llevó a cabo la precisión del acto reclamado, considerando que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en la sentencia señaló, como acto reclamado, el Decreto Legislativo 1223/2015 I P.O., mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, en concreto, el artículo primero, apartado denominado: impuestos, punto 1, impuestos, subnumerales 1.8 y 1.8.1.2, otros impuestos, referentes a la contribución extraordinaria a cargo de los sujetos del impuesto sobre nóminas, en un 5% sobre éste, así como los artículos segundo y undécimo.

52. Sin embargo, de un análisis integral de la demanda de amparo se desprendía que también reclamó el Decreto 842/2012 VI P.E., publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el veintidós de septiembre de dos mil doce, mediante el cual se estableció en los artículos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, las bases para la causación y cobro de la contribución extraordinaria del 5% –cinco por ciento–, a cargo de los sujetos del impuesto sobre nóminas que establecen los artículos del 166 al 172 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua; así como del Decreto 916/2015 II P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintinueve de junio de dos mil quince, mediante el cual se prorrogó la vigencia de la sobretasa del cinco por ciento en el impuesto sobre nóminas.

53. Enseguida, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo,(4) advirtió la actualización de una causa de improcedencia no analizada por el Juez de Distrito, la cual consideró susceptible de ser estudiada, ya que la procedencia del juicio de amparo es de orden público y su estudio debía efectuarse sin importar que las partes la alegaran o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre.

54. Al respecto, estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que dispone:

55. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior."

56. Se precisó, que la fracción "anterior" a la que se refiere el citado artículo, es la X del indicado precepto, que establece:

57. "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios."

58. De lo anterior se advirtió que los requisitos exigidos para que operara la causa de improcedencia son:

a. La ley o acto que se reclamen, haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo.

b. Ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables, aun cuando las violaciones constitucionales sean diversas.

c. En caso de que se trate de normas generales, se actualiza la causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en los que se analice la constitucionalidad de aquéllas.

59. En relación con el tema "que la ley o el acto reclamado haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo" –cosa juzgada–, se tomó en cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 1a./J. 161/2007, de rubro: "COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA."(5)

60. Establecida la precisión de los actos reclamados, se destacó que de la consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advertía lo siguiente:

61. a) **********, promovió demanda de amparo indirecto en contra de la inconstitucionalidad del impuesto sobre nóminas, contra las mismas autoridades y actos que dieron origen al juicio de amparo, la que fue radicada con el número 159/2013, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, que fueron sintetizados en los siguientes términos:

62. "a) La expedición, abstención de vetar la expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto Número 990/2012 I P.O., consistente en la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal de dos mil trece, a través del cual establece en su artículo undécimo, un estímulo fiscal para el ejercicio fiscal de dos mil trece, al Estado y sus Municipios, así como a entidades paraestatales y entes de derecho público con autonomía derivada de la Constitución Política del Estado de Chihuahua para no pagar impuestos, a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28338-72ade10d/amparo-contra-normas-generales-el-decreto-916-2015 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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