Corpus
Modo: Corpus Pro

IMPUESTO PREDIAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ARTÍCULO 130, FRACCIÓN II, PUNTO 1, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE COSA JUZGADA, CUANDO SE EVIDENCIE QUE LA MECÁNICA PARA EL CÁLCULO DE DICHA CONTRIBUCIÓN SE RECLAMÓ PREVIAMENTE RESPECTO DE UN EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, RESOLVIÉNDOSE SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD, SI NO SE IMPUGNA LA MODIFICACIÓN DE LA CUOTA FIJA CONTENIDA EN DICHO PRECEPTO COMO UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 224/2019. · Registro digital (IUS): 29129
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-11-08
Promovente: *.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, Pág. 2041.

AMPARO EN REVISIÓN 224/2019. 12 DE JULIO DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA. SECRETARIO: VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—En el único agravio, la recurrente señala que la sentencia dictada por el a quo es incorrecta, al citar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo.

Indicó que el juzgador consideró actualizada la figura de la cosa juzgada, lo cual resulta incorrecto e ilegal, pues en el diverso juicio de amparo **********, reclamó la inconstitucionalidad del artículo 130, fracción II, punto 1, del Código Fiscal del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, de dos mil diecisiete, ordenamiento que fue publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.

Mencionó que el juicio de amparo **********, fue resuelto en sentencia de ocho de mayo de dos mil diecisiete, por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el que se le concedió el amparo respecto de la aprobación y expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en particular respecto del artículo 130, fracciones I y II, punto 1, así como de su aplicación.

Señaló que en dicha sentencia se le concedió el amparo únicamente por lo que hace al ordenamiento de dos mil diecisiete y no para los próximos ejercicios fiscales.

Expone que el treinta uno de diciembre de dos mil dieciséis se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México; que debía considerarse entonces que el artículo 130, fracciones I y II, punto 1, del Código Fiscal para el dos mil diecisiete, cesó por tener vigencia (sic) aplicabilidad, pues si se concedió el amparo por ese mismo ordenamiento, no podría considerarse la actualización de la cosa juzgada, pues no existe identidad de objeto en ambos juicios.

Al respecto cita la tesis «I.7o.A.132 K», de rubro: "COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTICULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO.", de la cual señala que se actualiza la figura de la cosa juzgada en el juicio de amparo cuando se reclame la inconstitucionalidad de leyes o actos que hayan sido materia de la ejecutoria de otro juicio de amparo, situación que, aduce, no se actualiza en el caso.

Ahora bien, a juicio de este órgano colegiado, es ajustada a derecho la consideración del juzgador de sobreseer en el juicio de amparo **********, al estimar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del artículo 130, fracción II, punto 1, del Código Fiscal de la Ciudad de México reclamado, por ser un hecho notorio que la quejosa anteriormente promovió un juicio de amparo en el que se analizó la constitucionalidad de dicha porción normativa, es decir, la declaratoria de inconstitucionalidad del numeral 130, fracciones I y II, punto 1, del Código Fiscal de la Ciudad de México, respecto del pago del impuesto predial para el mismo inmueble en este ejercicio, pues únicamente constituye un acto de aplicación futura de la ley declarada inconstitucional en la esfera jurídica de la quejosa, hasta en tanto sea derogada.

A efecto de comprender lo anterior, resulta necesario remitirnos al contenido del artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que es del siguiente tenor:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;"

De conformidad con lo transcrito, se observa que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra leyes o actos que sean o que hayan sido materia de otro juicio, aunque los conceptos de violación sean diversos y, para que se actualice la causal en comento, deben reunirse los siguientes requisitos:

a) Ser promovido por el mismo quejoso;

b) Contra las mismas autoridades; y,

c) Por el mismo acto reclamado.

Ahora bien, de la revisión a las constancias de autos y al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que constituye un hecho notorio y merece valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al diverso 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y de conformidad con la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 8 de junio de 2018 «a las 10:14 horas» en el Semanario Judicial de la Federación,(1) este Tribunal Colegiado advirtió que el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad, fue promovido por la quejosa ********** y, en esa virtud, a medida de ejemplo, se acude a la sentencia dictada en ese juicio de amparo, de donde se advierte que es contra los actos reclamados siguientes:

"3. Autoridades responsables:

"a) Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora Ciudad de México;

"b) Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;

"c) Secretario de Gobierno de la Ciudad de México;

"d) Secretario de Finanzas de la Ciudad de México;

"e) Director de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Gobierno;

"f) Director Jurídico y de Estudios Legislativos de la Ciudad de México;

"g) Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México.

"4. Actos reclamados:

"a) De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, (sic) la discusión, aprobación y expedición del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal’, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre de 2016, específicamente por lo que hace a la publicación del artículo 130, fracción I y fracción II, (sic) punto 1, de ese ordenamiento.

"De manera específica se reclama el sistema normativo plasmado en el artículo 130, fracción I y fracción II, punto 1, del Código Fiscal del Distrito Federal, mismos que se transcriben en su parte conducente:

"(lo transcribe)

"b) Del jefe de Gobierno del Distrito Federal, (sic) la promulgación y orden de publicación del decreto antes mencionado.

"c) Del secretario de Gobierno del Distrito Federal, (sic) el refrendo del ‘Decreto por el cual se expide el Código Fiscal del Distrito Federal’.

"d) Del secretario de Finanzas del Distrito Federal, (sic) el refrendo del ‘Decreto por el cual se expide el Código Fiscal del Distrito Federal’.

"e) Del secretario de Gobierno y del director de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, (sic) la publicación del decreto antes citado, misma que fue efectuada el 29 de diciembre de 2016.

"f) Del director Jurídico y de Estudios Legislativos del Distrito Federal, (sic) el refrendo del ‘Decreto por el cual se expide el Código Fiscal del Distrito Federal’.

"g) De la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, (sic) la realización del cálculo, emisión de la boleta y recepción del pago correspondiente al impuesto predial del año 2017."

De lo anterior se observa que en aquel juicio la quejosa impugnó el artículo 130, fracción II, punto 1, del Código Fiscal del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, y de la comparación con el que nos ocupa, se observa que el precepto sufrió una reforma, únicamente en cuanto a la cuota aplicada para la disminución del impuesto predial tratándose de inmuebles destinados a uso habitacional, tal como se ve en el siguiente cuadro comparativo:

Ver cuadro comparativo

Con lo anterior se evidencia que, en esencia, entre la norma derivada del decreto de diciembre de dos mil dieciséis, que analizó el Juez de Distrito en el juicio antecedente, y la publicada en diciembre de dos mil dieciocho, objeto del presente juicio de amparo, no existió una variación en lo sustancial en cuanto a la mecánica de reducción prevista, ni en cuanto a la obligación para los propietarios o poseedores de inmuebles clasificados en los rangos A a D, sólo existió variación en la cuota que éstos deben considerar para efectos del cálculo correspondiente.

Por otra parte, el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México resolvió:

"PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia.

"SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra la expedición y promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, vigente en dos mil diecisiete, específicamente por cuanto hace al artículo 130, fracciones I y II, punto 1, por las razones expuestas y para los efectos precisados en el último considerando de la presente sentencia."

Esto es, en el juicio de amparo anterior fue concedido el amparo a la quejosa **********, respecto del artículo 130, fracciones I y II, punto 1, del multicitado Código Fiscal.

Bajo esa premisa, es de indicar que la porción normativa aquí reclamada es el artículo 130, fracciones I y II, punto 1, del Código Fiscal de la Ciudad de México, en específico, la mecánica para el cálculo del impuesto predial; es la misma por la que se otorgó el amparo anterior; por tanto, existe pronunciamiento en definitiva en un medio de control de la constitucionalidad previo.

Para explicar lo anterior, resulta pertinente establecer que tal como lo sostuvo el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el artículo 130, fracción II, del Código Fiscal de la Ciudad de México sufrió una reforma, únicamente en cuanto a la cuota aplicada para la disminución del impuesto predial tratándose de inmuebles destinados a uso habitacional.

En efecto, al resolver la contradicción de tesis 31/2017, el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo lo siguiente:

"El impuesto o tributo constituye un complejo de elementos relacionados lógicamente. Dichos elementos pueden clasificarse en cualitativos y cuantitativos o mesurables.

"Los elementos cualitativos del tributo, calificados así por la doctrina en atención a que acotan o delimitan el campo de aplicación de cada institución tributaria en particular son, por ejemplo, el objeto o el sujeto pasivo del impuesto.

"Mientras que los elementos mesurables o cuantitativos tienen como fin fijar los parámetros para determinar el monto de la deuda tributaria para cada caso concreto y que implican operaciones o aspectos técnicos. Éstos son, fundamentalmente: la base y la tasa o tarifa aplicable.

"De entre los elementos cuantitativos del impuesto importa significar, para el caso, la tasa o tarifa, que es el factor que cuantifica el monto a pagar por el tributo.

"La tarifa expresa cuotas fijas que se traducen en cantidades de dinero. La tasa se expresa en porcentajes y puede ser fija o variable.

"Por otra parte, existen mecanismos de tributación que son simples, cuyos elementos esenciales: sujeto, objeto, base y tasa o tarifa, requieren cálculos básicos que no necesitan de mayor detalle en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, por adicionársele mayores elementos que pueden considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo a aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas, como sucede, por ejemplo, con el impuesto predial previsto en el artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal.

"Además, por el tipo de relación que los elementos guardan entre sí y con la unidad normativa, ésta puede ser de carácter ordinaria, o bien, directa o esencial.

"Se dice que se está ante una relación ordinaria de los elementos del tributo, cuando la modificación a alguno no incide en su eficaz mecánica y funcionamiento; en cambio, si tal transformación altera estos aspectos, el sentido o alcance de alguna o varias partes del impuesto, se estará ante una relación de carácter directo.

"Ahora bien, debe decirse que un acto legislativo que reforma o modifica un texto legal, da derecho a impugnar, a través del juicio de amparo, el texto legal referido y, además, las disposiciones que con el mismo acto se vean directamente afectadas en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, de tal modo que por su causa se varíe la situación que bajo ellos prevalecía, mas no aquellos que simplemente, por pertenecer a una misma ley, guardan una relación ordinaria con el que fue materia de la reforma y cuyas hipótesis de observancia o aplicación, por parte del receptor de la ley, no cambian.

"En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no basta que se actualice la reforma o adición de un precepto de determinada ley para que puedan combatirse en la vía constitucional, además de este dispositivo, todas las demás disposiciones de la ley relativa que guarden una relación ordinaria con el texto reformado, en virtud de la integración que debe tener cualquier sistema legal, pues lo que autoriza su impugnación constitucional, paralelo a la reforma legislativa, es la existencia del cambio directo o formal, que desde el punto de vista constitucional lo convierte en un acto legislativo nuevo, sin perjuicio de que también puedan reclamarse aquellas disposiciones sobre las que repercuta directamente la reforma.

"Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 114/99, sostenida por el Pleno del Alto Tribunal, cuyos rubro y texto indican:

"(se transcribe)

"Este último razonamiento se corrobora, por analogía, con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que en vía de amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guarden una íntima o directa relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo acredite el acto de aplicación de una de ellas o se ubique en el supuesto jurídico de una sola, pues dicha relación lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica.

"Para ello se requiere que dichos preceptos formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación; por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente; de ahí que no pueda integrarse o abarcar normas que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, o que tengan una relación ordinaria con motivo del propio cuerpo normativo. Dicho criterio se contiene en la tesis jurisprudencial 2a./J. 100/2008, que a continuación se precisa:

"(se transcribe)

"En efecto, una reforma puede afectar a todo un cuerpo normativo, a uno o varios de los preceptos que lo integran o, inclusive, a una o varias porciones normativas de un mismo precepto legal y, sólo lo que es motivo de reforma o modificación constituye el acto legislativo nuevo que da derecho a promover el amparo contra la hipótesis o hipótesis normativas que hayan sido modificadas, no así respecto de las previsiones legales inalteradas que no forman parte del acto legislativo nuevo, porque respecto de ellas el Poder Legislativo no manifiesta su voluntad soberana, ni reflexiona sobre la permanencia de sus términos.

"Por lo que hace a los impuestos, es dable determinar que cuando una reforma afecta un elemento esencial, no por ese solo hecho ésta afecta también al resto de los elementos con los que tenga una relación ordinaria; esto es, que tal modificación no altera el eficaz mecanismo o funcionamiento del tributo, ni su sentido o alcance.

"Bajo el contexto señalado, este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito observa que desde la expedición del Código Fiscal del Distrito Federal, su artículo 130 sufrió las reformas publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los días treinta de diciembre de dos mil diez, treinta de diciembre de dos mil once, treinta y uno de diciembre de dos mil doce, treinta y uno de diciembre de dos mil trece, veintidós de diciembre de dos mil catorce y treinta de diciembre de dos mil quince.(2)

"En los decretos publicados, las porciones normativas relativas a la obligación de pago del impuesto predial para inmuebles de uso habitacional sólo se reformaron en cuanto a las cuantías de sus cuotas (es decir, las tarifas establecidas por el legislador para el cálculo de ese tributo), como incluso se precisa en la parte inicial del artículo único de cada uno de esos decretos.

"La modificación de la cuantía de las referidas tarifas no afectó el objeto, los sujetos, la base, la época de pago ni las condiciones para acceder a las reducciones tocantes al impuesto predial para inmuebles de uso habitacional, ya que la relación que guardan esas tarifas con el resto del impuesto es ordinaria, en tanto que su modificación no incide en el eficaz funcionamiento del propio sistema tributario, sino sólo en la parte cuantitativa del impuesto.

"A mayor abundamiento, pese a la modificación de la cuantía de las referidas tarifas, se mantienen como sujetos del impuesto las personas físicas y las morales que sean propietarias del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él; como su objeto, la propiedad o posesión del suelo o de éste y de las construcciones adheridas a él que se encuentran en la Ciudad de México; como base del tributo, el valor catastral del inmueble; como época de pago, los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre y, como condiciones para acceder a las reducciones tocantes al impuesto predial para inmuebles de uso habitacional, que esos inmuebles se ubiquen en los rangos A, B, C o D del artículo 131, fracción I, del Código Fiscal del Distrito Federal.

"Así, tratándose de reformas que recaen exclusivamente sobre la cuantía de las tarifas a que se refiere el artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, para el pago del tributo, respecto de inmuebles de uso habitacional, los únicos actos legislativos nuevos que surgen son, precisamente, esas tarifas en lo individual y no conjuntamente con las disposiciones jurídicas inalteradas.

"Como corolario de lo hasta aquí desarrollado, este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito estima que las reformas que, exclusivamente, modificaron la cuantía de las tarifas contenidas en el artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, relativas al pago del impuesto predial para inmuebles de uso habitacional, no generan el derecho a reclamar en el juicio de amparo las restantes porciones normativas que regulan la mecánica para calcular la citada contribución; en cambio, para decidir sobre la procedencia del juicio de amparo contra éstas, debe tomarse en consideración si se demandó oportunamente su inconstitucionalidad en lo particular, dado que no resultan directamente afectadas por las tarifas fijadas, ni integran conjuntamente con ellas un nuevo acto legislativo que sirva de parámetro para decidir sobre la oportunidad del medio de control de la constitucionalidad lo que, desde luego, es materia de prueba de las partes en el juicio.

"Asimismo, las reformas a la cuantía de la tarifa,(3) mencionadas en la presente ejecutoria, en sí mismas son actos legislativos nuevos, que pueden ser reclamados de manera destacada en el juicio de amparo dentro de los plazos correspondientes, sólo en cuanto a la decisión del legislador que se tradujo en la modificación de su importe y, se insiste, sin que ello otorgue a los gobernados la posibilidad de reclamar la mecánica para calcular el impuesto predial para inmuebles de uso habitacional, ni específicamente las pautas atinentes a la reducción o aminoración de la cuota fija.

"Robustecen las anteriores determinaciones, las jurisprudencias P./J. 25/2016 (10a.), 2a./J. 41/2005 y 2a./J. 103/2015 (10a.), sustentadas por el Pleno y por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, que son del tenor siguiente:

"(se transcriben)"

Énfasis y notas al pie añadidas.

Dicha resolución dio lugar a las jurisprudencias PC.I.A. J/126 A (10a.)(4) y PC.I.A. J/125 A (10a.)(5), las cuales son del contenido siguiente:

"IMPUESTO PREDIAL. LAS REFORMAS QUE RECAEN EXCLUSIVAMENTE SOBRE LA CUANTÍA DE LAS TARIFAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL (ACTUALMENTE CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO), PARA EL PAGO DEL TRIBUTO RESPECTO DE INMUEBLES DE USO HABITACIONAL, NO INCIDEN EN LAS RESTANTES PORCIONES NORMATIVAS QUE REGULAN LA MECÁNICA PARA SU CÁLCULO Y EN CONSECUENCIA, ÉSTAS NO INTEGRAN CONJUNTAMENTE CON DICHAS TARIFAS UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. La reforma a una disposición jurídica puede afectar a todo un cuerpo normativo, a uno o varios de los preceptos que lo integran o, inclusive, a una o varias porciones normativas de un mismo precepto legal, y únicamente lo que es motivo de reforma o modificación constituye un acto legislativo nuevo. Así la sola modificación de la cuantía de las tarifas a que se refiere el artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal (actualmente Código Fiscal de la Ciudad de México), para el pago del impuesto predial respecto de inmuebles de uso habitacional, no afecta los restantes elementos esenciales de la obligación tributaria citada, pues pese a la modificación mencionada, se mantienen como sujetos del impuesto las personas físicas y las morales que sean propietarias del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él como su objeto, la propiedad o posesión del suelo o de éste y de las construcciones adheridas a él que se encuentran en la Ciudad de México; como la base del tributo, el valor catastral del inmueble; como su época de pago los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre; y como condiciones para acceder a las reducciones tocantes al impuesto predial para inmuebles con el tipo de uso indicado, que éstos se ubiquen en los rangos A, B, C o D, del artículo 131, fracción I, del ordenamiento indicado. Así, cuando se reforma exclusivamente el monto de las tarifas mencionadas, los únicos actos legislativos nuevos son precisamente esas tarifas en lo individual y no conjuntamente con las disposiciones jurídicas inalteradas."

"IMPUESTO PREDIAL. LAS REFORMAS QUE RECAEN EXCLUSIVAMENTE SOBRE LA CUANTÍA DE LAS TARIFAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL (ACTUALMENTE CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO), PARA EL PAGO DEL TRIBUTO RESPECTO DE INMUEBLES DE USO HABITACIONAL, SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO MAS NO GENERAN EL DERECHO A RECLAMAR LAS RESTANTES PORCIONES NORMATIVAS QUE REGULAN LA MECÁNICA PARA SU CÁLCULO Y, PARTICULARMENTE, EN LO ATINENTE A LA REDUCCIÓN O AMINORACIÓN DE LA CUOTA FIJA. El acto legislativo que reforma o modifica un texto legal da derecho a impugnar, a través del juicio de amparo, el texto legal referido y, además, las disposiciones que con el mismo acto se vean directamente afectadas en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, de modo que por su causa se varíe la situación que bajo ellos prevalecía, mas no aquellos que simplemente por pertenecer a una misma ley guardan una relación ordinaria con el que fue materia de la reforma y cuyas hipótesis de observancia o aplicación, por parte del receptor de la ley, no cambian. Bajo este contexto, cuando el acto legislativo nuevo sólo consiste en la modificación del monto de las tarifas contenidas en el artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal (actualmente Código Fiscal de la Ciudad de México), relativas al pago del impuesto predial respecto de inmuebles de uso habitacional, ese acto puede reclamarse de manera destacada en el juicio de amparo dentro de los plazos correspondientes, sólo en cuanto a la decisión del legislador traducida en la modificación de su importe; sin embargo, no genera el derecho a reclamar las porciones normativas restantes que regulan la mecánica para calcular la citada contribución y, en particular, lo atinente a la reducción o aminoración de la cuota fija, pues para decidir sobre la procedencia del juicio de amparo contra éstas, debe tomarse en consideración si se demandó oportunamente su inconstitucionalidad en lo particular, ya que no resultan directamente afectadas por las tarifas fijadas ni integran conjuntamente con ellas un nuevo acto legislativo que sirva de parámetro para decidir sobre la oportunidad del medio de control de la constitucionalidad, lo que desde luego es materia de prueba de las partes en el juicio."

Los criterios citados son de carácter obligatorio para este órgano colegiado, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.

De su contenido se obtiene que el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito ha interpretado que, tratándose de reformas al impuesto predial para inmuebles de uso habitacional, previsto en el artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, la modificación de la cuantía de sus tarifas –entendidas éstas como previsiones legales variables que sólo aplican a contribuyentes que se ubican en la hipótesis jurídica prevista–, no incide en el eficaz funcionamiento del propio sistema tributario, sino sólo en el aspecto cuantitativo del impuesto, pues no se afecta el objeto, los sujetos, la base, la época de pago ni las condiciones para acceder a las reducciones tocantes a tal impuesto predial; por ello, los actos legislativos nuevos que surgen son las tarifas en lo individual y no conjuntamente con las disposiciones jurídicas inalteradas, pues no generan el derecho a reclamar en el juicio de amparo, las restantes porciones normativas que regulan la mecánica de cálculo del impuesto. Así, estableció el Pleno de Circuito que, para decidir sobre la procedencia del juicio de amparo, debe tomarse en consideración si se demandó oportunamente su inconstitucionalidad en lo particular, dado que no resultan directamente afectadas por las tarifas fijadas, ni integran conjuntamente con ellas un nuevo acto legislativo.

Conforme a lo expuesto por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, sólo aquello que se reforma o modifica es un acto legislativo nuevo, por ello, la modificación de la cuantía de las tarifas a que se refiere el artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México –en su denominación actual–, no afecta al resto de los elementos esenciales del impuesto predial; de ahí que los únicos actos legislativos nuevos son las tarifas en lo individual y no en conjunto con las disposiciones jurídicas inalteradas

Es el caso que la recurrente impugnó en el juicio de amparo la norma reclamada por considerar que la mecánica de reducción establecida en ella genera un trato diferenciado e injustificado para los contribuyentes que, por el valor de su inmueble, quedan fuera de los rangos A a D; sin embargo, no refirió un motivo de inconformidad en relación con el incremento que existió en las cuotas de las tarifas que debe considerar el contribuyente que se ubique en ese rango, aspecto que es el que estaba autorizada a cuestionar.

De ahí que no sea dable que la quejosa impugne la mecánica del cálculo del impuesto, so pretexto de un nuevo acto legislativo (actualización de la cuota), ya que como lo estableció el aludido Pleno de Circuito, ello no le genera el derecho a reclamar las porciones normativas que regulan esa mecánica.

Además, el Juez de Distrito y el órgano colegiado no están en aptitud de reexaminar la constitucionalidad del artículo 130, fracciones I y II, punto 1, del Código Fiscal de la Ciudad de México, pues dicho aspecto implicaría desconocer la institución de la cosa juzgada, que sobre la constitucionalidad de la mecánica de cálculo del impuesto predial prevalece por virtud de la concesión del amparo anterior que, de desconocerse, contravendría el principio de seguridad jurídica de las partes.

En ese sentido, este órgano colegiado estima que el sobreseimiento en el juicio de amparo es ajustado a derecho, en cuanto al aspecto efectivamente cuestionado por la quejosa ********** (mecánica de cálculo del impuesto predial), pues si bien en la instancia anterior y en ésta se impugnan decretos legislativos de diversa fecha, lo objetivamente cierto es que el aspecto que los hace diferentes y, por ende, respecto del que se puede predicar la existencia de un nuevo acto legislativo, es la cuota contenida en la referida fracción II, respecto del cual no se dirige la impugnación, sino de la mecánica que ya fue objeto de análisis en una instancia previa.

En ese contexto, lo procedente es confirmar el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto de la quejosa **********.

Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 103/2015 (10a.),(6) que por su relevancia para el tratamiento del presente asunto resulta pertinente reproducir:

"TASA O TARIFA DE UN IMPUESTO. SU MODIFICACIÓN PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL RESTO DE LOS ELEMENTOS DE AQUEL QUE HUBIERAN SIDO CONSENTIDOS. La modificación a la tasa o tarifa de un impuesto constituye un acto legislativo nuevo, sólo en cuanto a la transformación de la cuantía de dicho elemento esencial; y, en ese sentido, la hipótesis consistente en la decisión del legislador de modificar su importe puede impugnarse mediante el juicio de amparo, sin que ello otorgue a los gobernados la posibilidad de reclamar en la vía constitucional los dispositivos legales que prevén los demás elementos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29129-81394966/impuesto-predial-es-improcedente-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.