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Modo: Corpus Pro

REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE DENUNCIARLA CONTRA LA NEGATIVA A DEVOLVER EL PAGO DE LO INDEBIDO. SENTENCIAS DE AMPARO. PARA OBTENER SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE SUJETAR AL PROCEDIMIENTO OFICIOSO TODOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY TRIBUTARIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL EMITIDOS HASTA ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA. CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2007-PL. · Registro digital (IUS): 21717
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, , Pág. 293.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2007-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal; 197 de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción VI, del Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes fueron sustentados por las Salas de este Alto Tribunal.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, entonces presidenta de la Segunda Sala de este Alto Tribunal.

TERCERO. Criterios sustentados por las Salas de este Alto Tribunal. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es menester tener presentes los antecedentes que informan los asuntos de donde emanan los criterios que se estiman opositores, así como las consideraciones que los sustentan.

A) Incidente de inejecución ********** del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

1. *********** y **********, ambas de apellido **********, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los artículos 149, fracción II y 152, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en dos mil cuatro, que regulan el impuesto predial. Al efecto, las quejosas anexaron el pago que realizaron por concepto del referido impuesto respecto del inmueble ubicado en **********.

2. La Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a la que por razón de turno correspondió conocer del asunto, negó el amparo y protección de la Justicia Federal respecto del artículo 152, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal y otorgó la protección constitucional en relación con el artículo 149, fracción II, del citado ordenamiento legal, para el efecto de que en el cálculo del impuesto predial "se omitiera la aplicación del factor" que prevé dicho numeral.

Al resolver el recurso de revisión hecho valer por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la resolución que antecede.

3. Por acuerdo de cinco de agosto de dos mil cinco, la Juez Federal ordenó el archivo del asunto, en virtud de que la parte quejosa no se inconformó con el diverso auto a través del cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo.

Posteriormente, la parte quejosa interpuso recurso de queja por defecto en la ejecución del fallo protector, el que se declaró fundado por el Juez de Distrito mediante resolución de diecinueve de octubre de dos mil cinco, precisando que para dar cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, la administradora tributaria en "Ferrería", debía calcular el impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil cuatro, aplicando la mecánica prevista para tal efecto en el artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal vigente en dos mil uno.

Por escrito presentado el catorce de agosto de dos mil seis, la parte quejosa manifestó ante la a quo, que en cumplimiento a la sentencia de amparo, también debía requerirse a las administraciones tributarias en "Anáhuac", "San Antonio", "Acoxpa", "San Jerónimo", "Perisur" y "Parque Lira", la devolución del impuesto predial que se pagó respecto de otros inmuebles de su propiedad. Para acreditar sus afirmaciones, la parte quejosa exhibió las declaraciones del valor catastral, así como los recibos de pago respectivos "de donde se desprende que algunos de esos pagos se realizaron -incluso- después de que la sentencia de amparo quedó confirmada y de que se interpuso el recurso de queja referido".

4. Ante la omisión de las autoridades responsables de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, la Juez Federal ordenó el envío del asunto al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que en sesión celebrada el veintinueve de marzo de dos mil siete, ordenó remitirlo a este Alto Tribunal, por estimar que en la especie procedía aplicar las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, formándose al efecto el incidente de inejecución de sentencia **********.

En sesión celebrada el once de julio de dos mil siete, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó que lo procedente era devolver los autos a la Juez de Distrito para que determinara si había quedado cumplimentada la sentencia de amparo, considerando para ello que los efectos concesorios del amparo se traducen en restituir a la parte quejosa únicamente respecto de la cantidad que pagó por concepto de impuesto predial en relación con el inmueble que generó el primer acto de aplicación de la norma impugnada, ya que la devolución de los pagos efectuados por tal concepto respecto de los restantes inmuebles de su propiedad, debe solicitarse por la vía administrativa. Lo anterior, en atención a las siguientes consideraciones:

"... el efecto inmediato de la sentencia protectora contra una ley, es nulificar su eficacia jurídica pero sólo en relación con quien solicitó el amparo, y esto porque mediante el examen de los conceptos de violación el órgano de control constitucional la consideró conculcatoria de sus garantías constitucionales, razón por la que determinó protegerlo y ampararlo contra ella, de modo que tal resolución es determinante para que deje de tener validez jurídica pero sólo para él, sin que ello quiera decir que pierda sus características de vigencia, generalidad y obligatoriedad pues continúa siendo de observancia obligatoria para todos aquellos gobernados que estén colocados en la hipótesis normativa y que no gocen de la protección constitucional.

"En vía de consecuencia, si el quejoso solicitó el amparo con motivo del primer acto de aplicación de una ley heteroaplicativa y ésta es declarada inconstitucional, ese acto de aplicación adolecerá del mismo vicio, de forma que deberá dejarse sin efectos en la etapa de ejecución de sentencia, pues la protección constitucional implica que las cosas queden en el estado que tenían antes de la violación.

"... tratándose de leyes heteroaplicativas la sentencia incide directamente sobre los actos de aplicación reclamados en el juicio de garantías, los que deben quedar sin efectos en la etapa de inejecución de sentencia; y además, por virtud del fallo se coloca a la parte quejosa en una situación favorable respecto de aquella en que se hayan (sic) los demás sujetos de la ley reclamada que no la impugnaron, pues ésta ya no le podrá ser aplicada válidamente, de modo que si ello ocurre, aunque ya no puede reclamarla en amparo tendrá acción para solicitar la reparación en su esfera jurídica de la lesión que le cause tal aplicación.

"...

"Los antecedentes narrados permiten establecer como premisa fundamental del estudio del presente incidente, que el efecto de la sentencia que amparó a las quejosas respecto del artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en el año dos mil cuatro, actuó hacia el pasado destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio de amparo, lo que implica que en la etapa de ejecución de la sentencia deberá hacerse la devolución de las diferencias por las cantidades que se hubieren pagado en términos de la fracción normativa que fue declarada inconstitucional, ello en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, haciendo el cálculo de la cantidad a pagar conforme a una norma de vigencia anterior.

"Tal postura deriva del mismo texto de la sentencia, donde la Juez Federal refirió expresamente que el amparo sería para el efecto de que la responsable omitiera la aplicación, en perjuicio de las quejosas, del factor 10.0 previsto en la norma declarada inconstitucional, de modo que para la determinación de la contribución se aplicará la mecánica prevista en la fracción II del artículo 149 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en el dos mil uno, y en esa virtud requirió a la administración tributaria en Ferrería, para que realizara la devolución respectiva a las impetrantes de garantías respecto de lo indebidamente enterado por concepto de la norma declarada inconstitucional.

"... la sentencia que amparó a las quejosas no sólo tuvo efectos hacia el pasado, pues según mandato judicial las quejosas quedaron protegidas contra cualquier aplicación posterior de la norma inconstitucional, lo que generó en el caso una problemática que debe resolverse en esta instancia, pues sucede que el amparo se promovió con motivo del pago del impuesto predial, correspondiente a un inmueble en particular, siendo que las quejosas son propietarias de otros inmuebles que también están sujetos al pago de ese impuesto pero que no fueron objeto de referencia en el juicio de garantías, en el que obtuvieron una declaración general, de quedar excluidas del cumplimiento de una porción normativa que establece la mecánica para determinar la cantidad a pagar por concepto del referido tributo, de modo que debe delimitarse con precisión, cuáles son los efectos de la sentencia protectora respecto de cada inmueble en particular.

"Para resolver lo anterior primeramente debe atenderse a la naturaleza del impuesto de que se trata ...

"... el impuesto predial lo causan directamente los predios y que debe ser pagado por sus propietarios o tenedores, de modo que se trata de un impuesto de naturaleza real, como lo ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia, al resolver la contradicción de tesis 17/2003-PL, ...

"En ese tenor, el impuesto predial es un tributo real pues lo causan directamente los inmuebles a los que se refiere, y debe ser pagado por sus propietarios o tenedores en relación con cada predio en particular, con el que está indisolublemente relacionado, debiendo apuntar que, incluso, en caso de enajenación de un inmueble determinado, quedará a cargo del adquirente el pago de las diferencias pendientes de liquidación, por concepto de tal contribución.

"Lo anterior lleva a concluir que si se combatió el numeral acreditando el acto de aplicación con referencia a un inmueble en particular, el efecto de la protección constitucional será que en la etapa de ejecución de sentencia las autoridades hacendarias correspondientes le devuelvan a las beneficiarias de la protección de la Justicia Federal, las diferencias que se hubieren pagado en acatamiento de la norma declarada inconstitucional, sólo respecto de ese inmueble, sin que eso implique desconocer que la norma haya salido de su esfera obligacional, pues por lo que hace a otros inmuebles que también fueran de su propiedad, la protección se traduce en el derecho a obtener la devolución de las diferencias apuntadas; e, incluso, en el nacimiento de una acción de nulidad contra otros actos de aplicación; sin embargo, el ejercicio de tales prerrogativas no forman parte de la etapa de ejecución de la sentencia de amparo, la que se limita al inmueble que generó el acto de aplicación que se combatió en el juicio de garantías, pues en éste se analizó un impuesto real generado por ese inmueble en particular.

"...

"En ese tenor, para hacer efectivos los derechos nacidos de la sentencia protectora, las beneficiarias del amparo deberán ajustarse a la normatividad que rige los procedimientos para la devolución de impuestos, con el beneficio de tener una declaración de inconstitucionalidad en su favor, que el fisco deberá reconocer, a riesgo de incumplir con una sentencia de garantías.

"Así las cosas, los efectos de la sentencia de amparo en este caso se dan en dos momentos diferentes pues unos concluirán en la etapa de ejecución de sentencia, que son los relativos a las devoluciones correspondientes al inmueble ubicado en **********, respecto de los impuestos pagados antes y durante la tramitación del juicio de garantías, y los relativos a los enteros correspondientes a diversos inmuebles propiedad de las beneficiarias de la protección federal, o a futuros actos de aplicación, deberán hacerse valer en la vía administrativa correspondiente.

"Conviene precisar que limitando los efectos de la protección de la Justicia Federal de esta manera se satisfacen de mejor forma las exigencias de seguridad jurídica y de justicia, pues se impide que la etapa de ejecución de las sentencias de amparo se prolongue indefinidamente, al mismo tiempo que asegura que los gobernados que hayan sido amparados contra leyes puedan nulificar sus posteriores actos de aplicación."

B) Incidente de inejecución ********** del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

1. **********, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de diversos preceptos del Código Financiero del Distrito Federal vigente en dos mil seis, que prevén distintos estímulos fiscales, específicamente, los artículos 300 y 309 que establecen un "beneficio del 100% sobre el pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles". Al efecto, el quejoso anexó el pago que realizó por concepto del referido impuesto en relación con el inmueble ubicado en **********.

2. El Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, al que por razón de turno correspondió conocer del asunto, por sentencia de diez de abril de dos mil seis, otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se devolvieran al quejoso las cantidades que hubiese pagado por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, resolución que fue confirmada en sesión de siete de junio de dos mil seis, por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

3. En proveído de veintisiete de julio de dos mil seis, el Juez de Distrito determinó que los efectos concesorios del amparo debían hacerse extensivos al pago realizado por el quejoso el tres de febrero de dos mil seis (antes de que se dictara la sentencia de amparo) por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles respecto del diverso inmueble de su propiedad ubicado en **********.

4. Ante la omisión de las autoridades responsables de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, el Juez Federal remitió el asunto al Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que en sesión celebrada el trece de febrero de dos mil siete, ordenó se enviara a este Alto Tribunal, por estimar que procedía aplicar las sanciones que prevé la fracción XVI del artículo 107 constitucional, formándose al efecto el expediente relativo al incidente de inejecución **********.

Durante la tramitación del referido incidente de inejecución, la administración tributaria en "Anáhuac", exhibió el contra recibo de cuenta por liquidar certificada ********** que ampara la cantidad que el quejoso pagó por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles en relación con el ubicado en **********.

5. En sesión celebrada el veintiocho de marzo de dos mil siete, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó devolver los autos al Juez de Distrito, a efecto de que requiriera al tesorero del Distrito Federal para que acreditara que se cubrió al quejoso el importe que amparó el contra recibo de cuenta por liquidar certificada **********; asimismo, para que requiriera a la administración tributaria en "Mina", a efecto de que resolviera lo relativo a la devolución de la cantidad que pagó el quejoso por concepto del impuesto en comento, en relación con el inmueble ubicado en **********.

CUARTO. Existencia de la contradicción. De los antecedentes que informan los incidentes de inejecución de sentencia precisados en el considerando que antecede, así como de las consideraciones que sustentan las resoluciones respectivas, se advierte que en la especie se actualizan los supuestos esenciales para estimar que existe una contradicción de criterios, por lo siguiente:

A) Al resolver los asuntos de sus respectivos índices, la Primera y la Segunda Salas de este Alto Tribunal se pronunciaron sobre una situación jurídica esencialmente igual, a saber, cuál es el mecanismo legal que deben observar los Jueces de Distrito para obtener el cumplimiento de una sentencia respecto del acto de aplicación de una norma declarada inconstitucional relativo a un inmueble distinto del que originalmente se mencionó en la demanda de amparo, tratándose de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

B) Al pronunciarse sobre el particular, las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación arribaron a conclusiones disímiles, ya que la Primera Sala consideró que durante el procedimiento de ejecución de sentencia no correspondía al Juez de Distrito ocuparse de la situación fiscal de inmuebles distintos del mencionado en la demanda, por lo que debía limitarse a ordenar únicamente la devolución de las cantidades erogadas con relación al predio que hubiera motivado la instauración del juicio de amparo, correspondiéndole al quejoso solicitar directamente ante las autoridades administrativas la restitución de cualquier otra cantidad que hubiera enterado con apoyo en la disposición declarada inconstitucional respecto de otros inmuebles de su propiedad.

En cambio, la Segunda Sala de este Alto Tribunal implícitamente determinó que dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, sí es procedente que el Juez de Distrito aproveche y se ocupe de analizar la devolución de todas las cantidades que la parte quejosa hubiese pagado en observancia del precepto declarado inconstitucional, incluso, respecto de inmuebles distintos al que generó el primer acto de aplicación señalado en la demanda.

Es importante destacar que este Tribunal Pleno determinó que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito. Así se desprende de la jurisprudencia P./J. 93/2006,(1) cuyo rubro se lee: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO."

Luego, si durante el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo del cual deriva el incidente de inejecución **********, el Juez de Distrito determinó que era procedente devolver al quejoso la cantidad que pagó por concepto del impuesto sobre adquisición de inmuebles respecto de un bien inmueble diverso al que generó el primer acto de aplicación de las normas impugnadas, y al conocer del referido incidente, la Segunda Sala ordenó devolver los autos al a quo a efecto de que requiriera a la autoridad exactora la devolución de esa cantidad, es inconcuso que el referido órgano colegiado implícitamente considera que tratándose de impuestos reales, los efectos concesorios del amparo se traducen en devolver al quejoso todas las cantidades que hubiese pagado en acatamiento a los preceptos declarados inconstitucionales, incluso, respecto de un diverso inmueble al que generó el primer acto de aplicación de dichos preceptos legales.

C) Los criterios sustentados por las Salas de este Alto Tribunal, si bien no parten con exactitud del examen de los mismos elementos, sí se encuentra que existe una conclusión esencial en la que discrepan ambos órganos jurisdiccionales, toda vez que en los dos casos, se refirieron al estudio de los siguientes aspectos generales:

• Los incidentes de inejecución derivaron de sentencias en las que se declaró la inconstitucionalidad de los preceptos legales que regulan el mecanismo de tributación de un impuesto real;

• Las normas reclamadas se impugnaron con motivo de su primer acto de aplicación;

• Durante el trámite de los juicios de amparo, no hubo una petición expresa de ampliación de la demanda respecto de otros actos de aplicación de las normas impugnadas;

• Con posterioridad al dictado de la sentencia ejecutoria, emergió la cuestión relativa a determinar si los pagos efectuados por concepto del impuesto declarado inconstitucional respecto de inmuebles diversos al que generó el primer acto de aplicación de las normas impugnadas, debían o no formar parte del procedimiento de ejecución de sentencia;

• En las sentencias de amparo dictadas por los respectivos Jueces de Distrito, que dieron origen a sendos incidentes de inejecución, no hubo pronunciamiento alguno con relación a la devolución de pago alguno de un inmueble distinto del que fue citado en la demanda de amparo como generador del primer acto de aplicación de la norma impugnada; y,

• Los juicios de amparo guardan uniformidad en la forma en que fueron juzgados en primera y segunda instancias, ya que las sentencias relativas se limitaron a lo planteado en la demanda con relación al acto de aplicación de la norma impugnada, derivado de un solo inmueble.

Para corroborar lo anterior se tiene en cuenta que de la lectura de la sentencia dictada por la Segunda Sala, se advierte que el diez de abril de dos mil seis, el Juez de Distrito dictó sentencia en la que concedió la protección constitucional solicitada, la cual fue confirmada por el Tribunal Colegiado del conocimiento, el siete de junio del mismo año, y que no fue sino hasta el veintisiete de julio siguiente en que el mismo Juez dictó un proveído en el que "... determinó que los efectos concesorios del amparo debían hacerse extensivos al pago realizado por el quejoso el tres de febrero de dos mil seis (antes de que se dictara la sentencia de amparo) por concepto del impuesto sobre adquisición de inmuebles respecto del diverso inmueble de su propiedad ubicado en **********."

Este último dato adquiere especial relevancia, ya que si bien en la sentencia pronunciada por la Segunda Sala no se da cuenta de la fecha en la que el Juez de Distrito fue informado de la existencia de un distinto inmueble, sí existe en cambio precisión acerca del momento en que el Juez de Distrito hizo extensiva la exigibilidad del cumplimiento de la sentencia hacia otra propiedad de la parte quejosa, lo cual aconteció una vez que ya había causado estado el fallo protector, y que el mismo se encontraba en la fase de ejecución.

Coincidente con lo anterior, en la ejecutoria de la Primera Sala se aprecia con nitidez que el catorce de agosto de dos mil seis, es decir, a casi dos años de distancia de que se otorgó el amparo en sentencia firme, el Juez de Distrito fue informado de la existencia de otros nueve inmuebles propiedad de la parte quejosa, quien solicitaba que los pagos del gravamen declarado inconstitucional, realizados con relación a estas propiedades, se incorporaran al mismo procedimiento de ejecución de sentencia, petición que fue atendida favorablemente por dicho juzgador, pero la misma, una vez que fue del conocimiento de la Primera Sala, a través del incidente de inejecución respectivo, se estimó que era el caso de declarar infundada la pretensión de hacerse cargo, dentro del propio incidente, de la devolución de los impuestos relacionados a esos nueve predios.

Esta conexión entre ambos asuntos, derivada de la circunstancia de que los Jueces de Distrito acometieron el problema relativo a la incorporación al procedimiento de ejecución de sentencia de inmuebles distintos del generador de la controversia, una vez que ya se había dictado sentencia ejecutoria, permite establecer que ambas Salas de este Alto Tribunal tuvieron ante sí, en esencia, el mismo planteamiento jurídico.

De esta manera, los dos órganos colegiados analizaron, uno en forma expresa (Primera Sala) y otro en forma implícita (Segunda Sala) cuál era la solución que debería darse al caso en que la parte quejosa solicitara que dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, quedaran comprendidos otros pagos que no hubieran formado parte de la litis del juicio de garantías, bajo el argumento de que al derivar de otros inmuebles de su propiedad, lo pagado por concepto del gravamen declarado inconstitucional debía de comprender también a estos otros enteros del mismo tributo.

Como ya quedó precisado, en un caso se estimó que por ningún motivo el procedimiento de ejecución de sentencia debería ocuparse de inmuebles distintos del citado en la demanda (Primera Sala); y en el otro, se aceptó lisa y llanamente la decisión del Juez de Distrito de haber hecho extensiva la protección constitucional, -y consecuentemente, el procedimiento de ejecución respectivo- hacia un inmueble ajeno a la contienda, cuya propiedad ostentaba también la parte quejosa, de forma tal que la Segunda Sala incluso ordenó que dicho Juez realizara determinados actos tendientes al cumplimiento del fallo protector por dos inmuebles, en lugar de uno solo como había sido primariamente planteado en la demanda, con lo cual dicha Sala de manera tácita asumió que no existía inconveniente legal para que dicho juzgador hubiera ampliado la ejecutividad de la sentencia.

Conviene aclarar que las particularidades de cada asunto, como serían el momento en que sobrevinieron los diversos pagos (antes o después de dictada la sentencia definitiva); la modalidad en que se liquidan o autoliquidan los tributos enjuiciados; el gravamen que específicamente se declaró inconstitucional en cada caso; la existencia o no de jurisprudencia al respecto, etcétera; no tienen un significado suficiente para estimar inexistente la contradicción de criterios, ya que hay un punto central en el que los incidentes de inejecución que dieron lugar a la apertura del presente expediente sí tienen un denominador común, como es la pretensión de los quejosos de aprovechar el procedimiento de cumplimiento de una sentencia estimatoria, para adicionarle otros pagos del impuesto declarado inconstitucional, los cuales no fueron señalados inicialmente en el juicio como actos de concreción de la norma impugnada, por derivarse de inmuebles distintos del que generó la primigenia aplicación de ésta.

Asimismo, el hecho de que ninguno de los criterios en comento se encuentre redactado y publicado conforme a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, no es óbice para estimar que existe contradicción de tesis entre las Salas de este Alto Tribunal, tal como deriva de la jurisprudencia 2a./J. 94/2000,(2) que se lee bajo el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY."

En ese orden de ideas, el punto de contradicción que debe dilucidar este Tribunal Pleno, estriba en establecer si en un mismo procedimiento de ejecución de sentencia deben o no concentrarse todas las pretensiones de la parte quejosa para que se le restituyan los pagos del impuesto declarado inconstitucional, aunque algunos de ellos obedezcan a inmuebles que no fueron señalados como generadores del primer acto de aplicación de la norma enjuiciada en la demanda.

QUINTO. Interrupción de la jurisprudencia del Tribunal Pleno P./J. 26/2001. La jurisprudencia P./J. 26/2001 sustentada por este Tribunal Pleno, visible en la página 76 del Tomo XIII, correspondiente al mes de abril de dos mil uno, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", se conformó con motivo de que en los cinco precedentes que le dieron origen se invocó la diversa jurisprudencia 4a./J. 22/92 sustentada por la otrora Cuarta Sala de este Alto Tribunal visible en la página 22 del tomo 58, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y dos, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Cabe precisar que la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno es exactamente igual a la que conformó la otrora Cuarta Sala de este Alto Tribunal, de lo que se sigue que la jurisprudencia del Pleno correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicia

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21717-8f94d1ef/repeticion-del-acto-reclamado-procede-denunciarla-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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