CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS TENDENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. PARA QUE OPERE DEBE ACTUALIZARSE LA INACTIVIDAD PROCESAL Y LA FALTA DE PROMOCIÓN DE PARTE INTERESADA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 39/2007-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción VII, del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que los criterios discrepantes fueron sustentados por las Salas de este Alto Tribunal.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Ministro José Ramón Cossío Díaz, presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (foja 1).
TERCERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la **********, en sesión de siete de marzo de dos mil siete, determinó lo siguiente:
"... la materia de la presente contradicción consiste en determinar si la figura de la caducidad prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, opera en los procedimientos relativos al cumplimiento de las sentencias cuando el interesado no ha promovido durante el plazo de trescientos días pero existe actividad procesal; o, si necesariamente deben actualizarse ambas hipótesis, para que el juzgador esté en aptitud de decretarla. ... La caducidad de la instancia, que es el tópico de que trata el presente asunto, es la presunción legal de abandono de la acción entablada o del recurso interpuesto cuando los interesados se abstienen de gestionar la tramitación de los asuntos. Al servicio de la agilidad del procedimiento, el legislador va reduciendo progresivamente el lapso de caducidad, que era de un cuatrienio por lo general en las legislaciones del siglo XIX y que es de un año o de un bienio en los textos procesales modernos. La caducidad no rige ante los casos de fuerza mayor y otra causa independiente de la voluntad de las partes, y mientras dure ese impedimento. ... La Ley de Amparo hace referencia a la figura de la caducidad al establecer en su artículo 113, que los procedimientos tendentes al cumplimiento de las sentencias de amparo caducarán por inactividad procesal o por la falta de promoción de parte interesada durante el término de trescientos días, incluidos los inhábiles, debiendo el Juez o tribunal, resolver sobre ésta, la que se interrumpe con actos y promociones que revelen un interés del recurrente por la prosecución del procedimiento. Por otro lado, el numeral 231 del mismo ordenamiento dispone que en los juicios de amparo promovidos por núcleos de población ejidal o comunal y ejidatarios y comuneros, no se decretará en su perjuicio la caducidad de la instancia, pero sí podrá decretarse en su beneficio. El Código Federal de Procedimientos Civiles dispone sobre el particular, en su artículo 373 que el proceso caduca por convenio o transacción de las partes, y por cualquier otra causa que haga desaparecer substancialmente la materia del litigio; por desistimiento de la prosecución del juicio, aceptado por la parte demandada; por cumplimiento voluntario de la reclamación antes de la sentencia, y cuando cualquiera que sea el estado del procedimiento, no se haya efectuado ningún acto procesal ni promoción durante un término mayor de un año, así sea con el solo fin de pedir el dictado de la resolución pendiente, contando dicho plazo a partir de la fecha en que se haya realizado el último acto procesal o en que se haya hecho la última promoción, siendo aplicable tal disposición, en todas las instancias, tanto en el negocio principal como en los incidentes, con excepción de los casos de revisión forzosa, y preceptuando que caducado el principal, caducan los incidentes, pero que la caducidad de los incidentes sólo produce la del principal cuando hayan suspendido el procedimiento en éste. ... II. Requisitos para que opere la caducidad. Sobre esas premisas, debe ahora distinguirse entre la caducidad de la instancia, y lo que es el sobreseimiento por inactividad procesal, por lo que es necesario conocer el texto del artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece: (no se transcribe por ser innecesario). Del precepto reproducido se aprecia que el sobreseimiento por inactividad procesal respecto de los juicios de amparo directo e indirecto en trámite, requiere de la concurrencia necesaria de los siguientes supuestos: a) Inactividad procesal y b) Falta de promoción de parte interesada; c) Durante el plazo de trescientos días, incluidos los inhábiles. Es decir, el sobreseimiento por inactividad procesal exige necesariamente, que se presente inactividad procesal (ausencia de actuación del tribunal de amparo) y falta de promoción de parte interesada durante trescientos días, incluidos los inhábiles, de modo que la falta de alguna de esas condiciones, impediría decretarla. Sin embargo, la figura de la caducidad en los procedimientos de cumplimiento de las sentencias de amparo tiene un origen distinto, el que se encuentra en la reforma constitucional de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, por virtud de la cual se modificó la fracción XVI del artículo 107 de la Norma Fundamental, a fin de introducir nuevos lineamientos en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, para quedar como sigue: (no se transcribe por ser innecesario). En la exposición de motivos que dio origen a la mencionada reforma, se señaló que las modificaciones propuestas tenían por objeto facilitar el cumplimiento de las sentencias de amparo, para lo cual se estimó pertinente dotar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de atribuciones para valorar el incumplimiento de las sentencias, al punto de decidir si el mismo es o no excusable; se planteó la necesidad de establecer la procedencia del cumplimiento sustituto de las sentencias, de manera que se pudiera indemnizar a los quejosos en aquellos casos en que la ejecución afectara gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios que el propio quejoso pudiera obtener con la ejecución; y se propuso introducir la figura de la caducidad en los procedimientos tendentes a lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo. Al respecto, se señaló que el objetivo de esta última propuesta era fortalecer la seguridad jurídica, al no ser posible que ante la falta de interés jurídico por parte de los quejosos, los órganos jurisdiccionales continuaran requiriendo a las autoridades responsables su cumplimiento, manteniendo la falta de definición del derecho en nuestro país. Es importante precisar que en la referida exposición de motivos también se estableció que las modalidades de la reforma propuesta se dejarían a la ley reglamentaria, lo cual quedó reflejado en el texto del artículo aprobado, en cuya parte final se señala que la caducidad se producirá en los términos de la ley reglamentaria. Acorde con lo anterior, en el artículo noveno transitorio del decreto en cuestión, se condicionó la entrada en vigor de las reformas al artículo 107, fracción XVI constitucional a que se llevaran a cabo las adecuaciones legales correspondientes, tal como se desprende del propio precepto, que dice: (no se transcribe por ser innecesario). El diecisiete de mayo de dos mil uno se llevaron a cabo las reformas a la Ley de Amparo, a través de las cuales se reglamentó la reforma constitucional al artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la iniciativa correspondiente, originalmente sólo se preveía reglamentar lo relativo al cumplimiento sustituto de sentencias; sin embargo, turnada que fue a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, para su estudio y dictamen, se puntualizó que la reforma constitucional de mil novecientos noventa y cuatro no sólo había establecido la figura del cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, sino también la caducidad de los procedimientos tendentes a su cumplimiento por la inactividad procesal o por la falta de promoción de la parte interesada. Por tanto, las referidas Comisiones incorporaron la adición de dos párrafos al artículo 113 de la Ley de Amparo, a fin de reglamentar la figura de la caducidad de los procedimientos de ejecución de sentencias, la cual operaría transcurridos trescientos días de inactividad procesal o sin promoción del interesado, en el entendido de que los actos o las promociones que interrumpirían el término de tal caducidad sólo serían aquellos que revelaran un interés del quejoso por la prosecución del procedimiento. Finalmente, el texto aprobado del artículo 113 de la Ley de Amparo, que se encuentra actualmente en vigor, fue el siguiente: (no se transcribe por ser innecesario). En términos del precepto legal reproducido, es claro que los procedimientos de ejecución de las sentencias de amparo caducan por inactividad procesal o por falta de promoción de parte interesada, lo cual tuvo como finalidad, según lo señalado en la iniciativa de reforma constitucional, salvaguardar la seguridad jurídica y evitar la indefinición del derecho en nuestro país, ante la falta de interés en lograr el cabal cumplimiento de las sentencias. Sobre estas premisas, si la figura de la caducidad en materia procesal, constituye una sanción que la ley impone a las partes como consecuencia de su inactividad procesal durante el tiempo que la propia ley señale, se traduce en la terminación del procedimiento o instancia de que se trate, ya que ante la declaración de que ha caducado el procedimiento de ejecución en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo durante el plazo de trescientos días, incluyendo los inhábiles, los referidos procedimientos se darán por terminados, lo que implica que cesarán los requerimientos a la autoridad responsable y quedarán sin materia los procedimientos en trámite, procediendo el archivo del expediente como asunto concluido. Hay que tener presente que la Segunda Sala ya ha hecho un pronunciamiento relacionado con el tópico que ahora se analiza, determinando que el Juez de Distrito está facultado para decretar la caducidad del procedimiento de cumplimiento de sentencia por inactividad procesal, criterio que se refleja enseguida: ‘INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA SI EL JUEZ DE DISTRITO INFORMA QUE DECRETÓ LA CADUCIDAD POR INACTIVIDAD PROCESAL.’ (no se transcribe por ser innecesario). Como puede verse, atendiendo a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano constitucional se pronunció en relación con los supuestos en que puede caducar el procedimiento relativo al cumplimiento de las sentencias protectoras, determinando que si el Juez de Distrito decreta la caducidad de la ejecución por inactividad procesal, el incidente de inejecución de sentencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación queda sin materia; lo que implica, por consiguiente, que si la caducidad se decreta por inactividad procesal, mas aún puede decretarse por falta de promoción del interesado dentro del plazo que establece el precepto legal en cita, ya que aunado a que esas son las hipótesis que contempla dicha norma, resulta evidente que el único afectado con el incumplimiento al fallo protector es la parte quejosa, la que revela un desinterés al no solicitar la continuación del procedimiento de ejecución. Se estima necesario resaltar que ni de los trabajos deliberativos que dieron origen a la reforma constitucional de mil novecientos noventa y cuatro, ni de los correspondientes a la reforma legal de dos mil uno, se advierte la intención de legislar en el sentido de que la caducidad en el procedimiento de cumplimiento de sentencias de amparo, no puede operar salvo que se cumplan al mismo tiempo los dos supuestos a que alude el artículo 113 de la ley de la materia, a saber: inactividad procesal y falta de promoción de parte interesada en un término de trescientos días, incluidos los inhábiles, pues la disposición legal es clara al referir que una o la otra puede dar lugar a la caducidad, ... Del análisis de los textos transcritos deriva que no se contempló la posibilidad de decretar la caducidad en los procedimientos tendentes a lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo, sólo cuando exista inactividad procesal ‘y’ falta de promoción del interesado en el plazo que se fija, sino por el simple hecho de actualizarse alguna de ellas, pues en todo momento aparece en el texto propuesto y aceptado, la conjunción ‘o’, que constituye una conjunción disyuntiva, entendida ésta como una alternativa entre dos posibilidades por las que se puede optar. Asimismo, resulta incuestionable que los objetivos de la reforma constitucional de mil novecientos noventa y cuatro en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, como quedó asentado en consideraciones precedentes, fueron los de promover la seguridad jurídica y combatir lo que en la iniciativa respectiva se llamó ‘la falta de definición del derecho en nuestro país’; por lo que resultaría impráctico y provocaría rezagos, el que pudiera continuar indefinidamente un procedimiento de ejecución de sentencias, cuando el interesado en su acatamiento muestra un total desinterés al no promover en un plazo de trescientos días para solicitar se exija a las responsables su cumplimiento. Cabe señalar que el primer párrafo in fine del artículo 113 de la ley de la materia, dispone que el Ministerio Público cuidará que ningún asunto sea archivado sin que quede enteramente cumplida la sentencia protectora; lo que hace patente el carácter de orden público que reviste el cumplimiento de las sentencias de amparo, y por consiguiente la obligación de los juzgadores de requerir de oficio el cumplimiento de los fallos protectores; de suplir la queja en los procedimientos correspondientes; de resolver sobre el cumplimiento con los elementos que obren en el expediente, y de dictar, también de oficio, las órdenes necesarias para lograr el acatamiento de las sentencias; sin embargo, no puede llegarse al extremo de sostener que ante el evidente desinterés de la parte quejosa que obtuvo la concesión del amparo y no promueve en el plazo de trescientos días, incluidos los inhábiles, bastan los requerimientos del juzgador a las autoridades encargadas del cumplimiento de la sentencia, para que se interrumpa la caducidad, porque de cualquier manera se actualiza una de las hipótesis previstas en el numeral citado, y que es la falta de promoción del interesado en el término referido. En esa tesitura, si el artículo 113 de la Ley de Amparo establece en forma expresa que los procedimientos tendentes al cumplimiento de las sentencias de amparo caducarán de oficio o a petición de parte, por inactividad procesal, entendiendo ésta como falta de actuación por falta de los juzgadores; o, por falta de promoción de parte interesada durante el término de trescientos días, incluidos los inhábiles, es inobjetable que si la quejosa no promueve en ese lapso, debe operar la caducidad, a pesar de que el juzgador hubiere continuado el procedimiento de ejecución mediante los requerimientos respectivos, pues conforme lo previsto en el precepto legal en comento, la caducidad se actualiza con cualquiera de los supuestos señalados. No representa obstáculo a esta determinación, lo que afirma el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el sentido de que esta manera de interpretar el artículo 113 de la Ley de Amparo implicaría que pudiera llegarse al absurdo de decretar la caducidad cuando la parte interesada promueve, y el Juez no dicta acuerdo alguno en el plazo de trescientos días; en virtud de que además de ser obligación del juzgador acordar cualquier petición de las partes en el sentido que sea procedente, y que por lógica, sería poco probable que si la quejosa promueve en una o varias ocasiones, el juzgador no provea sobre el particular durante el lapso de trescientos días; esto daría lugar a otros medios de defensa que obligarían a la autoridad jurisdiccional a cumplir sus funciones sin que transcurriera el término aludido, aunado a que podría incurrir en responsabilidad. Recapitulando, a pesar de que el Ministerio Público, en acatamiento a la obligación que le impone el artículo 113, párrafo primero, de la Ley de Amparo, puede válidamente exponer su parecer en cuanto al cumplimiento de una sentencia protectora, y que el Juez tiene obligación de velar por el acatamiento de dichos fallos, no puede estimarse que esto impida la procedencia de la caducidad del procedimiento de ejecución cuando a pesar de que exista actuación judicial, la parte quejosa no hubiere promovido dentro del plazo que refiere tal norma, pues se insiste, aun cuando se busca asegurar el debido cumplimiento de las sentencias de garantías, esto no releva a la parte interesada de la obligación procesal que tiene de presentar promociones que demuestren un interés por la prosecución del procedimiento; y, porque el artículo 113 de la Ley de Amparo contiene la conjunción disyuntiva ‘o’, que implica que la caducidad opera si hay inactividad procesal (falta de actuación de los juzgadores), o bien falta de promoción del interesado. En este sentido, el hecho de que el cumplimiento de las sentencias de amparo sea de orden público, no pugna con la existencia de la caducidad de los procedimientos tendentes a su ejecución, ya que el interés que tiene la sociedad en que las sentencias de amparo sean acatadas, encuentra legitimación en el interés que, a su vez, tenga el quejoso en obtener su cabal cumplimiento, en tanto que sólo a él benefician los efectos del fallo protector; de manera que, ante el notorio desinterés que denota la prolongada falta de promoción, adquiere mayor importancia para la sociedad la estabilidad del orden jurídico y la certeza de que las situaciones jurídicas alteradas a lo largo del tiempo no correrán indefinidamente el riesgo de ser alteradas, por virtud de procedimientos de ejecución de sentencias en los que el quejoso no haya demostrado interés. Como consecuencia de lo expuesto, debe determinarse que si el artículo 113 de la Ley de Amparo establece expresamente que los procedimientos tendentes al cumplimiento de las sentencias de amparo caducarán por inactividad procesal o, por la falta de promoción de parte interesada durante el término de trescientos días, incluidos los inhábiles; resulta incuestionable que aun existiendo actividad judicial, si la parte quejosa no presenta durante ese lapso, escrito alguno que revele su interés por la prosecución del procedimiento, el Juez o Tribunal debe resolver, de oficio o a petición de parte, sobre la caducidad."
La anterior determinación se reflejó en la jurisprudencia 2a./J. 50/2007, visible en la página cuatrocientos cuarenta y uno, Tomo XXV, correspondiente al mes de abril de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes:
"CADUCIDAD. OPERA EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO, POR FALTA DE PROMOCIÓN DEL INTERESADO DURANTE EL PLAZO DE 300 DÍAS NATURALES, AUN EXISTIENDO ACTUACIÓN JUDICIAL. De acuerdo con los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 de la Ley de Amparo, los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo caducarán por inactividad procesal o por falta de promoción de la parte interesada durante el plazo de 300 días, incluidos los inhábiles; lo que evidencia que no se requiere que se presenten los dos supuestos mencionados durante el plazo referido para que el juzgador decrete la caducidad, pues resulta incuestionable que si los citados preceptos contienen la conjunción disyuntiva ‘o’, que implica una alternativa, el hecho de que el referido cumplimiento sea de orden público no pugna con la existencia de la caducidad de los procedimientos tendientes a su ejecución cuando el quejoso que obtuvo la concesión del amparo denota desinterés al respecto, a pesar de que el juzgador haya requerido a las responsables dicho cumplimiento, toda vez que el hecho de velar porque tales sentencias sean acatadas, encuentra legitimación en el interés que tenga el promovente en obtener su cabal cumplimiento, en tanto que sólo a él le benefician los efectos del fallo protector; de manera que ante la ausencia de promoción de su parte, adquiere mayor importancia para la sociedad la estabilidad del orden jurídico y la certeza de que las situaciones jurídicas creadas a lo largo del tiempo no correrán indefinidamente el riesgo de ser alteradas, por virtud de procedimientos de ejecución de sentencias en los que el quejoso no muestra intención de que se definan."
Por su parte, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el **********, en sesión de cuatro de julio de dos mil siete, determinó lo siguiente:
"SEGUNDO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación procede a declarar sin efectos la resolución de nueve de mayo de dos mil siete y el proveído de cinco de junio del mismo año, dictados por el Juez Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en los que determina que ha operado la caducidad en el procedimiento de inejecución de sentencia y que dicho auto ha causado estado respectivamente, en virtud de las siguientes consideraciones: La fracción XVI, párrafo tercero del artículo 107 de la Constitución Federal y el párrafo segundo del artículo 113 de la Ley de Amparo, establecen: (no se transcribe por ser innecesario). En la exposición de motivos de la reforma de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en la parte que interesa se señaló: (no se transcribe por ser innecesario). Asimismo, la discusión de la Cámara Revisora referente a la reforma de diecisiete de mayo de dos mil uno, en la parte que interesa es del tenor siguiente: (no se transcribe por ser innecesario). Del análisis de la exposición de motivos, así como de la discusión de la Cámara Revisora, se pone de manifiesto que: Al establecer la figura de la caducidad en los procedimientos tendentes a lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo, el legislador pretendió fortalecer la seguridad jurídica de nuestro país, pues no era posible que ante la falta de interés jurídico del quejoso, los órganos de justicia continuaran demandando a las responsables el cumplimiento del fallo protector. Dicha figura tenía que introducirse en la Ley de Amparo para poder dar vigencia a la fracción XVI, del artículo 107 constitucional, la cual había sido reformada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. Para no afectar los derechos de los quejosos, se estableció la procedencia del recurso de queja en contra de las resoluciones que decretaran la caducidad. Lo anterior no debe entenderse de manera aislada ya que la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica no es sólo respecto de las autoridades responsables obligadas a cumplir la ejecutoria, sino la finalidad es que si el quejoso promovió un juicio de garantías obtuvo un fallo protector con el grado de cosa juzgada, no debe imponérsele la obligación adicional de continuar solicitando que se requiera a las autoridades responsables el cumplimiento de una ejecutoria, soslayando el hecho de que dicho cumplimiento es de orden público. La necesidad de fortalecer la seguridad jurídica, es lo que impide considerar que pueda caducar un procedimiento de ejecución de sentencia, pues es obligación del órgano jurisdiccional que concedió el amparo, así como del Ministerio Público de la Federación, vigilar y proveer lo necesario para que no quede sin cumplirse una ejecutoria, por lo cual las actuaciones oficiosas del órgano jurisdiccional, interrumpen la caducidad. Como se aprecia de lo anterior, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y el Estado está interesado en que se cumplan. Sin embargo, también se advierte que si bien el Constituyente y el Congreso de la Unión establecieron la figura de la caducidad por inactividad procesal cuando se trate del cumplimiento de las sentencias de amparo; por seguridad jurídica el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece dos supuestos normativos para que se pueda decretar dicha caducidad y que son: a) Que los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo caducaran por inactividad procesal; b) o por falta de promoción de parte interesada durante el término de trescientos días. La Cámara Revisora reconoce también la obligación de las autoridades responsables de cumplir con las ejecutorias de amparo y sin embargo no lo hace, lo que redunda en perjuicio de los gobernados, ya que de lo contrario implicaría permitir la rebeldía o contumacia de aquéllos, lo que se traduciría en denegación de justicia al existir cosa juzgada. Por consiguiente, se concluye que si el Juez de Distrito realiza actuaciones de manera oficiosa en el juicio de amparo para llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia de amparo, y se impulsó el procedimiento, durante el transcurso del lapso en que determinó la caducidad; es inconcuso que no es dable decretar la caducidad a que se refiere el artículo 113 de la Ley de Amparo, con independencia de que la quejosa hubiere o no presentado promoción alguna para instar el referido cumplimiento, ya que el propio precepto invocado establece que el procedimiento tendente al cumplimiento de las sentencias de amparo caducarán por inactividad procesal. Lo anterior es así, ya que la reforma legal del artículo 113 de la Ley de Amparo muestra el pensamiento y voluntad del legislador, así como los valores e instituciones que pretendió salvaguardar al introducir la figura jurídica de la caducidad de los procedimientos de ejecución de las sentencias de amparo. Estos principios de interpretación han sido establecidos por las tesis cuyos contenidos y datos de identificación son los siguientes: ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VII, abril de 1998. Tesis: P. XXVIII/98. Página: 117. INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR.’ (no se transcribe por ser innecesario). ‘Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XCVIII. Página: 2038. INTERPRETACIÓN DE LA LEY, REGLAS DE LA.’ (no se transcribe por ser innecesario). Al respecto, debe señalarse que en el debate suscitado en la Cámara de Diputados el veinticinco de abril de dos mil uno, en el que se discutió el dictamen de reformas, que entre otros preceptos, comprende al artículo 113 de la de la Ley de Amparo en comento, se mencionó: (no se transcribe por ser innecesario). En el proceso de reformas al artículo 113 de la Ley de Amparo se estableció que la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal (se aludió a ambas figuras aunque la modificación legal se refiere únicamente a la caducidad de los procedimientos tendentes al cumplimiento de las ejecutorias), debe reglamentarse de acuerdo con los principios (espíritu) preexistentes en la ley respecto de la caducidad consagrados en la fracción V del artículo 74 y 231 de la Ley de Amparo. También en el proceso de reformas se destacó que el criterio para reglamentar la caducidad de los procedimientos de ejecución de las sentencias de amparo debía ser congruente con los fines de la Ley de Amparo, pues si ésta se integra por un conjunto de normas jurídicas debidamente unificadas por su fin, constituye un sistema coherente y orgánico que debía cuidarse. Además, el precepto en cuestión no debe de interpretarse de manera aislada, sino en forma sistemática con la propia Ley de Amparo. El artículo 74 de la Ley de Amparo, en su fracción V, establece: ‘Artículo 74. Procede el sobreseimiento: ... V. En los amparos directos y en los indirectos que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito, cuando el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, si cualquiera que sea el estado del juicio, no se ha efectuado ningún acto procesal durante el término de trescientos días, incluyendo los inhábiles, ni el quejoso ha promovido en ese mismo lapso. En los amparos en revisión, la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término indicado, producirá la caducidad de la instancia. En ese caso, el tribunal revisor declarará que ha quedado firme la sentencia recurrida. En los amparos en materia de trabajo operará el sobreseimiento por inactividad procesal o la caducidad de la instancia en los términos antes señalados, cuando el quejoso o recurrente, según el caso, sea el patrón. Celebrada la audiencia constitucional o listado el asunto para audiencia no procederá el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia.’. De la lectura anterior se colige que para que se produzca la caducidad de la instancia se requiere que no se haya efectuado ningún acto procesal durante el término de trescientos días, incluyendo los inhábiles, ni que el quejoso haya promovido en ese lapso. De esta interpretación sistemática de la Ley de Amparo, puede advertirse que la intención del autor de la norma al crear la figura jurídica de la caducidad, en relación con los procedimientos inherentes a la ejecución de las sentencias de amparo, fue que ésta se reglamentara conforme a los mismos principios preexistentes respecto de la caducidad prevista en el artículo 74 de la ley de la materia, y si al interpre
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21768-aadca07d/caducidad-de-los-procedimientos-tendentes-al-cumplimiento-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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