CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2007-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: MANUEL GONZÁLEZ DÍAZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197 de la Ley de Amparo; y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción VI, del Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en los términos de lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, toda vez que la formula el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, presidente de este Alto Tribunal.
Es aplicable por analogía el siguiente criterio:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXV, mayo de 2007
"Tesis: P. X/2007
"Página: 12
"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LOS MINISTROS DE ESTE ALTO TRIBUNAL, ENTRE ELLOS SU PRESIDENTE, ASÍ COMO LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, ESTÁN LEGITIMADOS PARA FORMULAR LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN. Del artículo 197, último párrafo, de la Ley de Amparo, que establece que las Salas de la Suprema Corte y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren están legitimados para solicitar la modificación de la jurisprudencia, se advierte que no hace referencia al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para formular una solicitud de esa naturaleza; omisión del legislador originada por haber empleado la misma redacción del primer párrafo del referido precepto, en el cual excluyó a aquel servidor público, en virtud de que tratándose de la contradicción de criterios únicamente hizo mención a las Salas de este Alto Tribunal, dado que por su misma jerarquía pueden incurrir en contradicción de tesis sin señalar, por ende, al Ministro presidente que no integra alguna de ellas. Sin embargo, de la interpretación sistemática del citado numeral, en relación con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se concluye que cualquiera de los Ministros de este Alto Tribunal, entre ellos su presidente, así como los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito -que por ser integrantes de los órganos terminales del Poder Judicial de la Federación que están facultados para establecer jurisprudencia-, están legitimados para formular la solicitud respectiva, a efecto de que el Pleno o las Salas de este Alto Tribunal emprendan una nueva reflexión sobre los argumentos que sustentan un criterio jurisprudencial."
TERCERO. Las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dieron origen a esta denuncia de contradicción de criterios, son las que a continuación se precisan:
1. La Segunda Sala resolvió en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil dos, por unanimidad de cuatro votos, la contradicción de tesis 77/2002-SS, la cual declaró improcedente.
2. No obstante que dicha contradicción de tesis se declaró improcedente, la Segunda Sala sustentó una tesis aislada que derivó de la citada ejecutoria, la cual, en esencia, hizo consistir en lo siguiente:
a) Que no debía examinarse ni resolverse el supuesto jurídico que analizaron los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la referida contradicción de criterios, dado que sus tesis relativas eran equivocadas y no debieron sustentarse.
b) La Segunda Sala consideró que tanto el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, como el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, se pronunciaron sobre si procedía decretar de plano la modificación o revocación de un auto en el cual se negó de plano la suspensión de los actos reclamados, solicitada por un núcleo de población que reclamó en el juicio de amparo un decreto expropiatorio "que afecta sus tierras"; y si era necesario tramitar un incidente antes de pronunciarse sobre la referida modificación o revocación, en los términos del artículo 140 de la Ley de Amparo.
c) En la referida ejecutoria la Segunda Sala puntualizó que si bien se configuraba la contradicción de tesis denunciada, su materia no debía examinarse ni resolverse, ya que se trataba de un acto que tenía o podía tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios o su sustracción del régimen jurídico ejidal, y señaló que ese problema jurídico no debía presentarse conforme a la normatividad legal y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras razones, porque conforme al artículo 233 de la Ley de Amparo, en tal caso era procedente la suspensión de oficio y debía decretarse de plano en el mismo auto en el que el Juez admita la demanda.
d) En refuerzo de su posición, la Segunda Sala invocó la tesis que emitió al resolver la contradicción de tesis 45/2002-SS, el cinco de julio de dos mil dos, del siguiente rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO EN MATERIA AGRARIA. DEBE DECRETARSE INDEFECTIBLEMENTE EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 233 DE LA LEY DE AMPARO, PARA LO CUAL BASTA QUE EL PROMOVENTE ACREDITE CONTAR CON LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA."
e) Con base en esas consideraciones la Segunda Sala juzgó que no era el caso de analizar y resolver la materia de la contradicción de tesis, porque de conformidad con la normatividad y la jurisprudencia aplicables, en el juicio de amparo el Juez de Distrito no debía negar de plano la suspensión de los actos reclamados, sino que la debía decretar de oficio y de plano en el mismo auto admisorio de la demanda; y debido a que no podía ni debía por tanto darse el supuesto de la cuestión examinada por los Tribunales Colegiados contendientes, respecto a si conforme al artículo 140 de la Ley de Amparo, podía o no el Juez de Distrito decretar de plano la modificación o revocación del aludido auto que negó de plano la suspensión de los actos reclamados, o si era necesario que previamente a ello se tramite un incidente; reiteró que no era el caso de analizar y resolver la materia de la contradicción de tesis.
f) Por último, la Segunda Sala estimó que de resolver el fondo de la contradicción de tesis, en lugar de cumplirse con la finalidad esencial de crear certeza y seguridad jurídica, se fomentaría la inseguridad jurídica, "pues se daría a entender, aun implícitamente, que el Juez de Distrito puede negar de plano la suspensión de los actos reclamados que tengan o puedan tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del poblado quejoso o su sustracción del régimen jurídico ejidal, siendo que está obligado a decretar de oficio y de plano la suspensión de esos actos en el auto en que admite la demanda", conforme a lo establecido en el artículo 233 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia ya referida.
De esas consideraciones se elaboró y publicó la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XVI, octubre de 2002
"Tesis: 2a. CXXXIV/2002
"Página: 467
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE LA DENUNCIA RESPECTIVA CUANDO LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONTENDIENTES SE REFIERAN A UN SUPUESTO JURÍDICO QUE CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y JURISPRUDENCIA APLICABLES, NO PUEDE NI DEBE DARSE. Cuando se suscita una contradicción de tesis en la que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se refieren a un supuesto jurídico que, conforme a la normatividad y jurisprudencia aplicables, no puede ni debe darse, la denuncia respectiva debe declararse improcedente, pues si se definiera el criterio que debe prevalecer, en lugar de crear certeza y seguridad jurídica, que es la finalidad del sistema implantado para resolver la discrepancia de criterios de órganos terminales del Poder Judicial de la Federación, se fomentaría la inseguridad al darse entender, aun implícitamente, que es posible que se presente dicha hipótesis jurídica. Así acontece cuando por ejemplo la parte quejosa es un núcleo de población agrario y los actos reclamados tienen o pueden tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios o su sustracción del régimen jurídico ejidal, respecto de los cuales el Juez de Distrito negó la suspensión de plano y en forma posterior, se solicita la modificación o revocación de ésta, o bien, sobre la exigencia o no, de tramitar un incidente antes de determinar sobre dicha modificación o revocación en términos de lo previsto por el artículo 140 de la Ley de Amparo; pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 233 de la indicada ley y la tesis de jurisprudencia 2a./J. 90/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 376, de rubro: ‘SUSPENSIÓN DE OFICIO EN MATERIA AGRARIA. DEBE DECRETARSE INDEFECTIBLEMENTE EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 233 DE LA LEY DE AMPARO, PARA LO CUAL BASTA QUE EL PROMOVENTE ACREDITE CONTAR CON LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA.’, el Juez Federal está obligado a decretar indefectiblemente la suspensión de oficio y de plano en el mismo auto que admite la demanda.
"Contradicción de tesis 77/2002-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 25 de septiembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot."
La parte relativa de la ejecutoria de la Segunda Sala es del siguiente texto:
"QUINTO. Este órgano colegiado estima que procede declarar improcedente la presente denuncia de contradicción de tesis, ya que si bien se da la oposición de criterios, no debe examinarse y resolverse el supuesto jurídico que analizaron los Tribunales Colegiados contendientes, dado que tal supuesto jurídico no puede ni debe legalmente presentarse, por lo que de resolverse la materia de esta contradicción no se cumpliría con la finalidad esencial de crear certeza y seguridad jurídica a través del sistema implantado para la solución de contradicciones de tesis provenientes de órganos terminales del Poder Judicial de la Federación y, en cambio, se fomentaría inseguridad jurídica en la medida que las tesis relativas son equivocadas y no debieron sustentarse. En efecto, se produce la contradicción de tesis denunciada en virtud de que los Tribunales Colegiados contendientes examinaron un mismo problema jurídico (aun cuando el mismo no debe presentarse conforme a la normatividad y jurisprudencia aplicables), a la luz de iguales disposiciones legales y, no obstante ello, sostuvieron criterios divergentes. Así, tanto el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito como el Segundo Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito, se pronunciaron sobre la procedencia o no de decretar de plano la modificación o revocación del auto que negó de plano la suspensión de los actos reclamados, o bien, sobre la exigencia o no de tramitar un incidente antes de determinar sobre la modificación o revocación del auto aludido, en los términos de lo previsto por el artículo 140 de la Ley de Amparo, cuando quien solicita la modificación o revocación es un núcleo de población que reclamó en el juicio de garantías el decreto expropiatorio que afecta sus tierras, es decir, contra un acto que tiene o puede tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de sus bienes agrarios o su sustracción del régimen jurídico ejidal. Ahora bien, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito considera que conforme a lo previsto por el artículo 140 de la Ley de Amparo, la modificación o revocación del auto que haya concedido o negado la suspensión procede mientras no se pronuncie sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo, cuando ocurra un hecho superveniente, sin necesidad de formar un incidente ni dar vista a las partes y sin que ello produzca indefensión a las autoridades responsables o al tercero perjudicado, pues pueden interponer el recurso de revisión, por lo que no procede aplicar supletoriamente los artículos 142 y 324, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, al existir disposición expresa en la Ley de Amparo, máxime si los actos reclamados tienen o pueden tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población, ya que el artículo 233 de la Ley de Amparo señala que en ese caso la suspensión es procedente y de plano, lo que no se pierde cuando sobreviene un hecho superveniente y, por el contrario, ante la existencia de éste, la medida cautelar debe decretarse de plano pues no desaparece la urgencia tratándose de tales actos. En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito considera que con la instauración del incidente de modificación o revocación de la suspensión se pretende facilitar la medida suspensional a los hechos reales que sean determinantes para que se satisfaga y responda a los fines para los que fue creada, por lo que conforme al artículo 140 de la Ley de Amparo el incidente puede iniciarse antes de que exista sentencia ejecutoria, de oficio o a petición de parte interesada, aplicando supletoriamente en su tramitación los artículos 358 a 364 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, con la condición de que se dé un hecho superveniente y que perdure aún la vigencia de la suspensión y sin perjuicio de los requisitos de procedencia y eficacia genéricos de la suspensión previstos en los artículos 123, 124 o 233 de la Ley de Amparo, de suerte tal que si el Juez de Distrito no tramita el incidente, deja sin defensa a la autoridad responsable al no darle la oportunidad de ofrecer pruebas y alegar en torno a la solicitud de la parte quejosa de que se otorgue de plano la suspensión por hecho superveniente, omisión que trasciende al sentido del acuerdo que concede la suspensión, procediendo ordenar la reposición del procedimiento. Así, se produce la contradicción de tesis porque los Tribunales Colegiados examinan un mismo problema jurídico (aun cuando el mismo no debe presentarse conforme a la normatividad y jurisprudencia aplicables), a la luz de iguales disposiciones legales y sostienen posturas contrarias. Es aplicable la jurisprudencia 26/2001 del Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, que establece: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’ (transcribe). Ahora bien, no obstante que se configura la contradicción de tesis, su materia no debe examinarse ni resolverse. En efecto, la materia de la contradicción de tesis consiste en determinar si procede o no decretar de plano la modificación o revocación del auto que negó de plano la suspensión de los actos reclamados, o bien, sobre la exigencia o no de tramitar un incidente antes de determinar sobre la modificación o revocación del auto aludido, en los términos de lo previsto por el artículo 140 de la Ley de Amparo, cuando quien solicita la modificación o revocación es un núcleo de población agrario que reclamó en el juicio de garantías el decreto expropiatorio que afecta sus tierras, es decir, un acto que tiene o puede tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios o su sustracción del régimen jurídico ejidal. El anterior problema jurídico no debe presentarse conforme a la normatividad legal y a la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. El artículo 233 de la Ley de Amparo, ubicado en el libro segundo denominado ‘Del amparo en materia agraria’, título único, capítulo único, establece que procede la suspensión de oficio y se decretará de plano en el mismo auto en el que el Juez admita la demanda, lo que se comunicará sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica, cuando los actos reclamados tengan o puedan tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población quejoso o su sustracción del régimen jurídico ejidal, según se puede advertir de la siguiente transcripción del citado artículo: ‘Artículo 233. Procede la suspensión de oficio y se decretará de plano en el mismo auto en el que el Juez admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica, en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta ley, cuando los actos reclamados tengan o puedan tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población quejoso o su sustracción del régimen jurídico ejidal.’. Asimismo, este órgano colegiado ya determinó en su jurisprudencia 90/2002, establecida al fallarse el cinco de julio de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos, la contradicción de tesis 45/2002-SS, entre las sustentadas, por un lado, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y, por otro, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que cuando un núcleo de población promueve juicio de amparo en contra de actos que tienen o pueden tener como consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de sus bienes agrarios o la sustracción del régimen jurídico ejidal, el Juez Federal está obligado, según lo previsto por el artículo 233 de la Ley de Amparo, a decretar indefectiblemente la suspensión de oficio y de plano en el mismo auto en que admite la demanda, para lo cual basta que el promovente acredite contar con legitimación procesal activa conforme a lo dispuesto en los artículos 213, 214 y 215 de la propia Ley de Amparo, sin que resulte factible sujetar la procedencia de dicha providencia cautelar a los requisitos contenidos en el artículo 124 del ordenamiento legal citado, ya que este artículo regula la suspensión a petición de parte agraviada, institución diversa a la que procede de oficio prevista en el referido artículo 233, lo que impide sujetar esta última a reglas similares de procedibilidad establecidas para la suspensión a petición de parte agraviada. La jurisprudencia de referencia, pendiente de publicación, fue aprobada por esta Segunda Sala en sesión privada de nueve de agosto de dos mil dos y establece textualmente: ‘SUSPENSIÓN DE OFICIO EN MATERIA AGRARIA. DEBE DECRETARSE INDEFECTIBLEMENTE EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 233 DE LA LEY DE AMPARO, PARA LO CUAL BASTA QUE EL PROMOVENTE ACREDITE CONTAR CON LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. Cuando un núcleo de población promueve juicio de amparo en contra de actos que tienen o pueden tener como consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de sus bienes agrarios o la sustracción del régimen jurídico ejidal, el Juez Federal está obligado, de conformidad con lo previsto en el artículo 233 de la Ley de Amparo, a decretar indefectiblemente la suspensión de oficio y de plano en el mismo auto en el que admita la demanda, para lo cual basta que el promovente acredite contar con legitimación procesal activa según lo dispuesto en los artículos 213, 214 y 215 de la ley citada. Por tanto, no es factible sujetar la procedencia de dicha providencia cautelar a los requisitos contenidos en el artículo 124 del indicado ordenamiento normativo, en virtud de que este precepto regula la suspensión a petición de parte agraviada, institución diversa a la que procede de oficio prevista en el referido artículo 233, lo que impide sujetarlas a reglas similares de procedibilidad.’. Así, si de conformidad con la normatividad y la jurisprudencia aplicables, en el juicio de amparo promovido por un núcleo de población en contra de actos que tengan o puedan tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de sus bienes agrarios o su sustracción del régimen jurídico ejidal, el Juez de Distrito debe indefectiblemente decretar la suspensión de oficio y de plano en el mismo auto en que admite la demanda, bastando para ello que el promovente acredite contar con legitimación procesal activa, se sigue que no puede ni debe darse el supuesto examinado por los Tribunales Colegiados contendientes, ya que el mismo parte de la existencia del auto que negó de plano la suspensión de los actos reclamados en el específico caso del juicio de amparo promovido por un núcleo de población ejidal en contra de un decreto expropiatorio que afecta sus tierras, es decir, contra un acto que tiene o puede tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del poblado quejoso o su sustracción del régimen jurídico ejidal, para de ahí determinar si conforme a lo previsto por el artículo 140 de la Ley de Amparo, puede o no el Juez de Distrito decretar de plano la modificación o revocación del aludido auto, o bien, es necesario que previamente a ello se tramite un incidente, siendo que conforme a la normatividad y jurisprudencia aplicables al caso específico referido, el Juez Federal no debe negar de plano la suspensión de los actos reclamados sino decretarla de plano en el mismo auto en que admite la demanda. Por tanto, si conforme a la normatividad y jurisprudencia aplicables no puede ni debe darse el supuesto examinado por los Tribunales Colegiados contendientes, este órgano colegiado debe abstenerse de analizar y resolver la materia de la contradicción de tesis, ya que de hacerlo en lugar de cumplirse con la finalidad esencial de crear certeza y seguridad jurídica a través del sistema implantado por el Constituyente y desarrollado por el legislador para la solución de contradicciones de tesis provenientes de órganos terminales del Poder Judicial de la Federación, se fomentaría la inseguridad jurídica, pues se daría a entender, aun implícitamente, que el Juez de Distrito puede negar de plano la suspensión de los actos reclamados que tengan o puedan tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del poblado quejoso o su sustracción del régimen jurídico ejidal, siendo que está obligado a decretar de oficio y de plano la suspensión de esos actos en el auto en que admite la demanda, según lo establecido en el artículo 233 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia referida de esta Segunda Sala intitulada: ‘SUSPENSIÓN DE OFICIO EN MATERIA AGRARIA. DEBE DECRETARSE INDEFECTIBLEMENTE EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 233 DE LA LEY DE AMPARO, PARA LO CUAL BASTA QUE EL PROMOVENTE ACREDITE CONTAR CON LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA.’. No pasa inadvertido a este órgano colegiado que en los casos de que conocieron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, el Juez de Distrito inicialmente negó de plano la suspensión de los actos reclamados a pesar de que la parte quejosa lo fue un núcleo de población ejidal que reclamó el decreto expropiatorio que afecta sus tierras, es decir, un acto que tiene o puede tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios o su sustracción del régimen jurídico ejidal, así como que con posterioridad, fundándose en el artículo 233 de la Ley de Amparo y con motivo de un hecho superveniente, decretó de plano la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban hasta en tanto se resolviera el fondo del asunto, lo que provocó que las autoridades responsables interpusieran los recursos de revisión que al ser fallados dieron lugar a las tesis denunciadas como contradictorias, al sostener los Tribunales Colegiados criterios divergentes al examinar si en el caso específico del juicio de amparo promovido por un núcleo de población en contra del decreto expropiatorio que afecta sus tierras, es decir, en contra de un acto que tiene o puede tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de sus bienes agrarios o su sustracción del régimen jurídico ejidal, procede o no decretar de plano la modificación o revocación del auto que negó de plano la suspensión de los actos reclamados, o bien, si es necesario o no tramitar un incidente antes de determinar sobre la modificación o revocación del auto aludido, sosteniendo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito que la referida modificación o revocación debe darse, con motivo de un hecho superveniente, para decretar de plano la suspensión de los actos reclamados, sin necesidad de tramitar un incidente previo, y el Segundo Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito que sí es necesario, en el supuesto referido, la tramitación previa del incidente. Sin embargo, lo anterior no puede dar lugar a que este órgano colegiado examine la materia de la contradicción de tesis a fin de definir el criterio que debe prevalecer con carácter jurisprudencial, en virtud de que las tesis sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito son incorrectas al tratar sobre un supuesto que conforme a la normatividad y jurisprudencia aplicables no puede ni debe presentarse y que, por tanto, de examinarse y resolverse sólo se provocaría inseguridad, como con anterioridad se razonó, al darse a entender, aun implícitamente, que el juzgador de amparo puede negar de plano la suspensión de los actos reclamados en el caso específico a que se ha hecho referencia, a pesar de que conforme a la normatividad y jurisprudencia aplicables, en ese caso debe decretar indefectiblemente la suspensión de oficio y de plano en el mismo auto en el que admita la demanda. Es aplicable analógicamente la tesis P. XL/99 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la tesis 1a. II/2000 de la Primera Sala, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, página 12, la primera tesis citada y Tomo XI, febrero de 2000, página 33, la segunda mencionada, que establecen, respectivamente, lo siguiente: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CONTENDIENTES DERIVEN DE JUICIOS DE AMPARO TRAMITADOS EN VÍA INCORRECTA, NO ES EL CASO DE DEFINIR EL CRITERIO QUE DEBE PREVALECER.’ (transcribe). ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES CONTENDIENTES DERIVEN DE UN PROCEDIMIENTO TRAMITADO EN VÍA INCORRECTA, NO ES EL CASO DE DEFINIR EL CRITERIO QUE DEBA PREVALECER.’ (transcribe). El criterio sostenido en las tesis transcritas es analógicamente aplicable pues la misma razón que en ellas se da para que no proceda definir el criterio que debe prevalecer en una contradicción de tesis, a saber, evitar que se fomente inseguridad jurídica al darse a entender, aun implícitamente, que procede el amparo en una vía que no es la correcta, está presente en el caso que se examina ya que de resolverse la contradicción de tesis se fomentaría inseguridad jurídica al darse a entender, aun implícitamente, que el Juez de Distrito puede negar de plano la suspensión de los actos reclamados que tengan o puedan tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población quejoso o su sustracción del régimen jurídico ejidal, siendo que conforme a la normatividad y jurisprudencia aplicables, está obligado a decretar indefectiblemente la suspensión de oficio y de plano de esos actos en el mismo auto en que admita la demanda de amparo. De conformidad con lo razonado, lo procedente es declarar improcedente la presente denuncia de contradicción de tesis."
CUARTO. Los razonamientos de la ejecutoria pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionados con esta denuncia de contradicción de criterios, son los que a continuación se precisan:
1. La Primera Sala resolvió la contradicción de tesis 102/2006-PS, el veintidós de noviembre de dos mil seis, en el sentido de que sí existía la contradicción de tesis denunciada, y debía prevalecer con carácter de jurisprudencia la tesis sustentada por la propia Primera Sala del siguiente rubro: "CONTRATO DE SEGURO. EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ENERO DE 2002 NO ES APLICABLE A LOS CASOS EN LOS QUE LA ASEGURADORA PRETENDE ENTERAR AL BENEFICIARIO DE UN CONTRATO DE SEGURO DE VIDA DE LA RESCISIÓN DEL MISMO."
2. Estimó que el tema de la contradicción de tesis consistía en determinar -en los casos en que el beneficiario de un seguro de vida ocurre a reclamar formalmente la suma asegurada- a partir de qué momento debe contabilizarse el lapso de quince días para dar aviso al beneficiario de la rescisión del contrato de seguro, "si es que la aseguradora advierte que el asegurado fue omiso o hizo declaraciones falsas, en términos del artículo 48 vigente hasta el dos de enero de dos mil dos".
3. En la parte considerativa de dicha ejecutoria se precisó que no eran correctas las soluciones propuest
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22058-634cde1f/contradiccion-de-tesis-entre-tribunales-colegiados-de-circuito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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