INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA ES NECESARIO ANALIZAR EL CONTENIDO DE LA NUEVA SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR ÚNICAMENTE PARA VERIFICAR LA SATISFACCIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN ÉSTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2007-PL. ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
SECRETARIO: MARIO CÉSAR FLORES MUÑOZ.
MINISTRO ENCARGADO DEL ENGROSE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: PEDRO ARROYO SOTO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197 de la Ley de Amparo, y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, pues la formuló uno de los Ministros que integran la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se resolvió la inconformidad en que se sustentó uno de los criterios que participa en la presente contradicción de tesis.
TERCERO. En términos de la jurisprudencia plenaria 26/2001 (de rubro "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y seis), como regla general, deben concurrir los siguientes supuestos para que exista contradicción de tesis:
I) Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; II) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y III) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Sobre la base de las reglas mencionadas, lo que procede es examinar si en la especie existe o no contradicción de tesis entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para tal efecto, se precisan a continuación los antecedentes de los casos en que se pronunciaron ambas Salas y que dieron pie al dictado de las resoluciones cuyo estudio se somete a análisis.
CUARTO. Criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha Sala al resolver la inconformidad **********, en sesión de nueve de mayo de dos mil siete, examinó el siguiente caso:
El quejoso fue parte actora en un juicio laboral cuyo laudo le resultó desfavorable, razón por la que promovió juicio de amparo directo en contra de esa resolución.
Ante lo inconstitucional que resultó el laudo reclamado por violaciones cometidas en el mismo, el Tribunal Colegiado que conoció del juicio concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable lo dejara insubsistente, y dictara otro en que, expresamente, condenara a una de las partes codemandadas al pago de las cantidades especificadas en la propia ejecutoria.
En observancia al fallo protector, la autoridad dictó nuevo laudo; con base en él, el Tribunal Colegiado del conocimiento dictó un proveído en el que tuvo por cumplida su sentencia.
En desacuerdo con esa determinación, el quejoso planteó su inconformidad, la cual fue declarada fundada por la Primera Sala de este Alto Tribunal sobre la base de que, del contenido del nuevo laudo, se advirtió que si bien la juzgadora responsable condenó al pago de las cantidades y conceptos precisados en la sentencia de amparo que pretendió cumplir; lo cierto es que omitió incluir dentro de la condena, a la parte codemandada que expresamente le indicó el Tribunal Colegiado, lo que originó la revocación de la determinación recurrida en inconformidad y la devolución de los autos a dicho órgano jurisdiccional a fin de que, en estricto acatamiento al fallo protector, requiriera a la responsable a que cumpla en los específicos términos que se le ordenó.
Las consideraciones de la Primera Sala en dicho asunto son las siguientes:
"... de la síntesis del agravio que quedó precisado en párrafos precedentes, se advierte que el inconforme sostiene su desacuerdo con la resolución dictada por el Tribunal Colegiado, en la que la Junta responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, porque según dice, esta última no condenó a la empresa **********, al pago de las prestaciones que fueron indicadas por el Tribunal Colegiado en su fallo protector, de ahí que no pueda declararse cumplida la sentencia.
"En tal virtud, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación procede, a examinar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, por ser una cuestión de orden público, de conformidad con el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala que ningún expediente puede archivarse, sino hasta que quede enteramente cumplida la sentencia que haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por tanto, el análisis referido no debe limitarse a los argumentos de inconformidad planteados por la parte quejosa, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe oficiosamente hacer el estudio respectivo, aun ante la ausencia de los mismos, dado que goza de las más amplias facultades para ello. Es aplicable, por analogía, el criterio de la Segunda Sala, que esta Primera Sala comparte, que es del tenor siguiente:
"‘Novena Época
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: IV, septiembre de 1996
"‘Tesis: 2a./J. 46/96
"‘Página: 209
"‘INCONFORMIDAD EN INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA SUPREMA CORTE DEBE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA Y EXAMINAR SI SE DIO O NO EL CUMPLIMIENTO. Considerando que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo, en los incidentes de inejecución de sentencia y de inconformidad, la Suprema Corte resolverá allegándose los elementos que estime convenientes, debe precisarse que en estos casos no priva el principio de agravio de parte, sino que, aun cuando no exista agravio, la Suprema Corte debe suplir la deficiencia y analizar si se cumplió o no con la sentencia.’
"Con el propósito de constatar si el acuerdo en el que se tuvo por cumplido el fallo protector es correcto o no, se estima necesario transcribir las consideraciones medulares sustentadas en la sentencia de amparo de catorce de febrero del año dos mil siete, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito: ... Cabe advertir que del laudo reclamado se aprecia que la Junta responsable decretó condena en contra de la empresa **********, cuando debió decretarla también respecto de ********** dado que del escrito inicial de demanda, aparece que el acto así la señaló; además, el emplazamiento se realizó a la citada sociedad señalada en segundo término, así como a quien resulte ser propietario, responsable o explote la fuente de trabajo, con domicilio en **********, tal como se advierte de las constancias que obran a fojas ocho a la catorce del sumario natural, por ello, la condena debe recaer en contra de ambas codemandadas. En las relatadas condiciones, al resultar fundados los argumentos analizados en último término, suplidos en su deficiencia, debe concederse la protección federal solicitada, para el efecto de que la junta responsable, deje insubsistente el laudo reclamado, y dicte otro en el que: a) Condene a la parte demandada ********** al pago de la cantidad de veintiún mil, novecientos, ochenta y cinco pesos con cuarenta y siete centavos por concepto de vacaciones; b) Condene a la parte demandada **********, al pago de la cantidad de cinco mil, cuatrocientos, noventa y seis pesos con treinta y seis centavos, por concepto de prima vacacional; c) Condene a la misma parte demandada al pago de la cantidad de veinticinco mil cuatrocientos veintiocho pesos con ochenta y dos centavos, por concepto de días festivos laborados por el trabajador, por todo el tiempo de la prestación de servicios. ... Sobre el particular debe decirse que según se advierte de constancias de autos, la Junta responsable al pretender dar cumplimiento a todos los puntos antes referidos, dictó el laudo de fecha doce de marzo de dos mil siete, en cuyo considerando tercero, primer párrafo, se pronunció respecto de los puntos a) y b) ordenados en la sentencia de amparo, del siguiente modo: ... condena a **********, y/o a quien resulte ser propietario o responsable o explote la fuente de trabajo que resulta ser del hotel, con domicilio en **********, para que pague y cumpla al actor **********, con lo siguiente: la cantidad de **********, por concepto de vacaciones, por todo el tiempo laborado, así como el pago de **********, por concepto de prima vacacional. Asimismo, en el último párrafo del citado considerando, la Junta responsable se pronunció en relación al punto c) ordenado por el Tribunal Colegiado, al señalar: ... Se condena a los demandados al pago de ********** por concepto de 73 días de descansos obligatorios por todo el tiempo laborado. Y en los puntos resolutivos Primero y Segundo precisó lo siguiente: PRIMERO. Que el actor **********, demostró la procedencia de su pretensión principal, y la mayoría de las accesorias. SEGUNDO. Que **********, y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo con giro de hotel, ubicada en **********, no se defendieron, ni excepcionaron al resultar mal representados, por lo que se les condena en términos del último considerando. En ese orden de ideas, si los efectos de la sentencia pronunciada en el amparo ********** constreñían a la autoridad responsable a condenar a **********, al pago de veintiún mil novecientos ochenta y cinco pesos con cuarenta y siete centavos, por concepto de vacaciones, cinco mil cuatrocientos noventa y seis pesos con treinta y seis centavos, por concepto de prima vacacional y veinticinco mil cuatrocientos veintiocho pesos con ochenta y dos centavos, por concepto de días de descanso obligatorio por todo el tiempo laborado por el trabajador, es dable concluir, que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues tal y como se advierte del laudo de fecha doce de marzo del año dos mil siete, la autoridad responsable, si bien dio estricto cumplimiento a los lineamientos indicados en la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en los incisos a), b) y c); es el caso, que únicamente condenó a la empresa denominada **********, omitiendo hacer lo propio respecto de **********, no obstante que en la propia ejecutoria se precisó que debió decretar condena en contra de ambas empresas, al establecer: Cabe advertir que del laudo reclamado se aprecia que la junta responsable decretó condena en contra de la empresa **********, cuando debió decretarla también respecto de **********, dado que del escrito inicial de demanda, aparece que el acto así la señaló; además, el emplazamiento se realizó a la citada sociedad señalada en segundo término, así como a quien resulte ser propietario, responsable o explote la fuente de trabajo, con domicilio en **********, tal como se advierte de las constancias que obran a fojas ocho a la catorce del sumario natural, por ello, la condena debe recaer en contra de ambas codemandadas ... La anterior conclusión origina que deba declararse fundada la presente inconformidad, con la aclaración de que no se está en el caso de aplicar la sanción prevista en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, pues atendiendo a las consideraciones precedentes, se advierte que la autoridad responsable no ha sido omisa o evasiva para dar cumplimiento al fallo protector; sino que el incumplimiento del mismo deriva de una inexacta interpretación por parte de ésta respecto del efecto concesorio del amparo, interpretación que el Tribunal Colegiado debió subsanar, cerciorándose de que efectivamente una vez subsanados los aspectos que motivaron el amparo, la responsable emitiera un nuevo laudo, considerando lo ordenado en la ejecutoria. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia que se identifica y lee como sigue:
"‘Novena Época
"‘Instancia: Primera Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: XX, octubre de 2004
"‘Tesis: 1a./J. 85/2004
"‘Página: 123
"‘INCONFORMIDAD. AUNQUE RESULTE FUNDADO EL INCIDENTE, NO DEBE APLICARSE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA SANCIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SALVO CUANDO DE AUTOS APAREZCA COMPROBADA LA INTENCIÓN DE EVADIR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. El incidente de inconformidad previsto por el tercer párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo no tiene como presupuesto la abstención o contumacia de la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia, sino la existencia de una determinación del Juez o de la autoridad que haya conocido del juicio, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida. Por tanto, cuando se declara fundado el incidente, no tiene aplicación inmediata la sanción prevista para la autoridad responsable en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la separación del cargo y su consignación ante el Juez de Distrito, ya que no elude el cumplimiento de la sentencia, al existir una determinación judicial que reconoce su acatamiento. Lo anterior como regla general y sin perjuicio de las facultades que el artículo 107 constitucional otorga a la Suprema Corte, cuando de autos aparece comprobada la intención de evadir el cumplimiento de dicha ejecutoria; salvo estos casos, las autoridades no deben ser sancionadas en caso de resultar fundado el incidente, y lo procedente será revocar la determinación del juzgador y ordenarle proseguir su cabal cumplimiento.’. En ese orden, debe revocarse el auto de veintiocho de marzo de dos mil siete, por el que los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, declararon cumplido el fallo protector, y devolver los autos del juicio de amparo directo **********, a efecto de que requieran a la Junta responsable el cumplimiento del mismo, conforme a los lineamientos señalados en la presente resolución, apercibiéndola de que en caso de no hacerlo, se remitirán los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI constitucional ..."
QUINTO. Criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El caso analizado por dicha Sala al resolver la inconformidad **********, en sesión de veinte de junio de dos mil siete, es el siguiente:
La quejosa fue parte actora en un juicio laboral cuyo laudo le resultó desfavorable, razón por la que promovió juicio de amparo directo en contra de esa resolución.
El Tribunal Colegiado que conoció del amparo consideró que el laudo resultó inconstitucional por haberse actualizado en él diversas violaciones, a saber: por un lado, respecto a algunas de las prestaciones reclamadas (prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional), la autoridad responsable acogió la excepción de prescripción, sin que las codemandadas la hubiesen opuesto en su contestación de manera expresa por lo que corresponde a esos conceptos en específico, aunado a que la juzgadora tampoco precisó los elementos o actuaciones judiciales en que se apoyó para considerar que la excepción en comento se refirió expresamente a aquéllos; y por otro lado, porque la juzgadora responsable -de modo inadecuado- con una simple "aclaración" de laudo, determinó que debía modificarse el salario con base en el cual habrían de calcularse las prestaciones a que fue condenada la parte demandada, cuando que en el referido laudo se señaló que la cantidad que debía considerarse era diversa, decisión que además -precisó el Tribunal Colegiado- carece de fundamentación y motivación, lo cual atentó contra las garantías de legalidad y seguridad jurídica de la peticionaria.
Tales circunstancias provocaron la concesión del amparo para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la resolución impugnada y dictara una nueva en la que resolviera lo que estimara procedente con libertad de jurisdicción, cuidando de no incurrir nuevamente en las violaciones aludidas.
En desacuerdo con esa determinación, la propia quejosa interpuso recurso de revisión del que conoció la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo fallo, en la materia de la revisión, modificó la sentencia recurrida, y decretó la concesión del amparo para los efectos precisados por el Tribunal Colegiado. Cabe señalar que la modificación decidida en ese recurso obedeció a que la referida Segunda Sala se ocupó del estudio de una cuestión de constitucionalidad planteada en la demanda de amparo, omitida por el referido Tribunal Colegiado; sin embargo, ese tema constitucional a la postre resultó infundado, por lo que los efectos del amparo quedaron firmes en los mismos términos en que fueron decretados en la sentencia primigenia. En observancia al fallo protector, la autoridad responsable emitió un nuevo laudo; con base en el cual el Tribunal Colegiado tuvo por cumplida su ejecutoria.
En desacuerdo con esa determinación, la quejosa planteó su inconformidad, la cual fue declarada infundada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal sobre la base de que el amparo se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el laudo reclamado y en su lugar emitiera otro en el cual, atendiendo determinados lineamientos, resolviera con libertad de jurisdicción, de tal modo que si en el caso -acotó dicha Sala- la responsable ya emitió una nueva resolución en sustitución de la reclamada, ello, señaló, es apto para concluir que "se cumplió con el núcleo esencial de la obligación a la que quedó vinculada en virtud de la sentencia de amparo". Como consecuencia, confirmó el auto recurrido. Las consideraciones expresadas por la Segunda Sala en dicho asunto son las siguientes:
"Los agravios hechos valer por el inconforme devienen inoperantes e infundados, como se demuestra en las siguientes consideraciones: Ante todo, conviene establecer que la naturaleza del amparo directo presupone que el acto reclamado es un acto jurisdiccional que, necesariamente, constituye una resolución definitiva que pone fin a una controversia, como puede ser un laudo o una sentencia. De ello se infiere que cuando se otorga el amparo para efectos, por irregularidades procesales o formales, así como cuando se estudia el fondo de la controversia y se definen todas las cuestiones debatidas, culminándose con la concesión de la protección de la Justicia Federal, el cumplimiento de ese fallo consiste, en esencia, en dejar sin efecto la resolución jurisdiccional reclamada y emitir otra atendiendo a la sentencia de amparo. Esto significa que es suficiente con que se dicte una nueva resolución para que deba sostenerse que no se incurrió en inejecución de sentencia, pues el acto declarado inconstitucional dejó de existir jurídicamente y fue sustituido por uno distinto. La citada inejecución consistiría exclusivamente en la negativa de la autoridad jurisdiccional a dejar sin efecto el laudo o sentencia respecto de los que se otorgó la protección constitucional y abstenerse de emitir un nuevo fallo que culminara el juicio respectivo. Ahora bien, el contenido de la nueva resolución dictada en acatamiento de la sentencia de amparo podrá sujetarse con exactitud a lo ordenado en esta última, o apartarse de ello, lo cual podría dar lugar a un cumplimiento indebido, por exceso o defecto; inclusive, en el supuesto de que la nueva sentencia fuera idéntica a la que fue materia de la ejecutoria de amparo, implicaría la repetición del acto reclamado, no así inejecución del fallo protector de garantías. También es factible que, en el caso de un amparo para efectos, consistentes en subsanar una irregularidad procesal o en superar una violación formal se emita una resolución con libertad de jurisdicción, lo que podría dar lugar, si fuera desfavorable al quejoso o al tercero perjudicado, a un nuevo amparo que combatiera consideraciones completamente ajenas a la primera resolución, materia del amparo que se cumplimenta. De acuerdo con lo expuesto, si el órgano jurisdiccional que otorgó el amparo considera que se cumplió con la sentencia protectora de garantías, con rigor técnico no procedería la inconformidad, sino que, pretendiéndose que no se cumplió correctamente, debería interponerse, en contra de la resolución con la que se intentó acatar aquélla, el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracciones IV y IX, de la Ley de Amparo o, para el caso de que se llegase a considerar que existe repetición del acto reclamado, combatir tal circunstancia a través del incidente que prevé el numeral 108 del mismo ordenamiento. Lo manifestado significa que, en principio, debiera considerarse inoperante la inconformidad; sin embargo, como formalmente la procedencia de la misma se da en contra de una resolución de Juez de Distrito o de Tribunal Colegiado de Circuito que consideró cumplida la sentencia de amparo, debe admitirse la procedencia, superando el rigorismo invocado. Sentado lo anterior, si como se advierte de los antecedentes narrados, el amparo se otorgó para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar emitiera otra en la cual atendiendo determinados lineamientos resolviera con libertad de jurisdicción, y en el caso la autoridad responsable emitió una nueva resolución el veinte de marzo de dos mil siete en substitución de la reclamada, debe concluirse que se cumplió con el núcleo esencial de la obligación a la que quedó vinculada en virtud de la sentencia de amparo y, por ende, no existe incumplimiento. En ese orden de ideas, se reitera que los agravios expuestos por el inconforme resultan inoperantes, pues se limita a señalar que: La autoridad responsable contravino el fallo protector, atendiendo a que no obstante que la demandada no opuso la excepción de prescripción particularizando los elementos de la misma, la declaró procedente. Además, que conforme a lo dispuesto por el artículo 518, de la Ley Federal del Trabajo, la prescripción debe computarse a partir de la fecha en que la actora aduzca haber sido despedida (fecha expresada en los hechos en que se fundó la acción ejercitada) y no aquélla en que el patrón afirmó que la trabajadora fue separada de su empleo. Luego, si los agravios en análisis son tendientes a combatir el fundamento del nuevo laudo, así como otros aspectos que fueron ajenos a la materia respecto de la cual se otorgó la protección constitucional, estos no pueden analizarse a través de la inconformidad. Así se considera, toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 105, de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se limita exclusivamente a determinar si el Tribunal de amparo estuvo o no en lo correcto al tener por cumplida la sentencia protectora, razón por la cual todos los motivos de inconformidad deben circunscribirse a la resolución impugnada, sin que sea posible abordar aspectos ajenos a dicha cuestión, como lo son aquellos en que se alegue el defectuoso cumplimiento de la ejecutoria o que sean ajenos a la materia respecto de la cual se otorgó la protección constitucional. En mérito de lo expuesto, debe concluirse que el acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil siete, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito en Querétaro, Querétaro, mediante el cual declaró cumplida dicha ejecutoria, se encuentra ajustado a derecho y, en consecuencia, la presente inconformidad es infundada."
SEXTO. Como una cuestión previa, cabe precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, ha considerado que dichos preceptos regulan lo relativo a la contradicción de tesis sobre una misma situación jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia y, que por tesis, debe entenderse la posición que, manifestada mediante una serie de proposiciones que se expresan con el carácter de propias, adopta el tribunal en la solución de un negocio jurídico.
Asimismo, este Alto Tribunal ha considerado que, para que exista materia a dilucidar respecto a un criterio que prevalezca debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas, vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las fuentes primordiales de las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.
En otros términos, se da la contradicción de criterios, generalmente, cuando concurran los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes, b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
En lo conducente, es aplicable la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
En el caso a estudio, debe considerarse que sí existe contradicción de tesis, al encontrarse actualizados, en líneas generales, los supuestos aludidos, en atención a lo siguiente:
Según se advierte de los antecedentes narrados, en el caso se actualiza la contradicción de criterios en virtud de que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaron sendas resoluciones en las que examinaron cuestiones esencialmente iguales y adoptaron criterios discrepantes, partiendo en lo general del examen de los mismos elementos, dado que, en ambos casos se puede afirmar que: A) Su origen se encuentra en un juicio de amparo directo, promovido contra un laudo emitido por un tribunal del trabajo; B) La protección constitucional se concedió por haberse advertido violaciones cometidas en el propio laudo; C) La autoridad responsable pretendió satisfacer el fallo protector con la emisión de una nueva resolución y, con base en ella, el Tribunal Colegiado tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; D) La parte quejosa interpuso inconformidad contra esa decisión; y E) Al conocer de dicha inconformidad, las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación entraron al examen de fondo de la cuestión planteada llegando a decisiones contrarias, habida cuenta que, por un lado, la Primera Sala, con base en el contenido del nuevo laudo, verificó que la autoridad responsable hubiera cumplido con la totalidad de los lineamientos indicados en la sentencia de amparo, y al no encontrarlos colmados, declaró fundada la inconformidad a efecto de que se subsane tal irregularidad; en cambio, para la Segunda Sala bastó con que la responsable sustituyera el laudo reclamado por uno nuevo, para considerar satisfecho el "núcleo esencial de la obligación exigida", con independencia de que se encontraren colmadas o no las cuestiones indicadas en el fallo protector pues los consideró como aspectos ajenos al citado núcleo, lo que la llevó a declarar infundada la inconformidad.
No representa obstáculo, el hecho de que en la inconformidad resuelta por la Segunda Sala, el Tribunal Colegiado que había concedido el amparo dejó a la autoridad responsable libertad de jurisdicción para dictar la nueva resolución, pues en todo caso debe considerarse que si el propio Tribunal Colegiado precisó que la Junta responsable debía dictar el nuevo laudo "sin más limitación a su plena jurisdicción, de no volver a incurrir en las ilegalidades que motivan conceder la presente protección federal", ello demuestra que en alguna medida existieron ciertos lineamientos.
De esa manera, la contradicción de tesis se centra en establecer si en el amparo directo en que se concede la protección constitucional por violaciones cometidas en el laudo o resolución reclamada, tratándose de la inconformidad interpuesta contra el auto en que se tuvo por cumplida esa ejecutoria, es necesario verificar que la autoridad responsable, en su nueva resolución, observe todos y cada uno de los lineamientos indicados en el fallo protector; o bien, si para resolver la inconformidad en un caso similar, es suficiente con corroborar que la autoridad responsable haya sustituido el laudo o resolución decl
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21596-965bbb1c/inconformidad-en-amparo-directo-para-resolverla-es-necesario · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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