COMPETENCIA ECONÓMICA. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PREVÉ LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2004-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: PEDRO ISAÍAS CASTREJÓN MIRANDA.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Los criterios en posible contradicción son los siguientes:
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 2884/1997, promovido por Teléfonos de México, Sociedad Anónima de Capital Variable y coagraviada, en sesión de fecha veintiocho de noviembre de dos mil uno, resolvió modificar la sentencia recurrida, en una parte negar el amparo, en otra, ampara y protege y reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado, en la parte que interesa al presente asunto sostuvo lo siguiente:
"SÉPTIMO. Dada su estrecha vinculación son de analizar conjuntamente los agravios identificados con los incisos a) y b), los cuales se reiteran nuevamente y que resultan fundados atento a las siguientes consideraciones: a) Que el planteamiento de inconstitucionalidad se basó en el hecho de que el artículo 34 de la Ley Federal de Competencia Económica, no contiene los elementos necesarios para la determinación del monto de la multa y ese solo hecho lo hace contrario a los artículos 14 y 16 constitucionales. b) Que de los elementos contenidos en el artículo 36 de la ley en comento, se desprende que sólo pueden ser considerados para los casos de las sanciones a que se refiere el artículo 35 de dicha ley, es decir, sólo para los casos de las multas que se aplican por haber incurrido en prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas por la ley, no para las multas que como medidas de apremio se prevén en el diverso precepto 34. En primer término, son de transcribir los artículos conducentes de la Ley Federal de Competencia Económica, que a la letra establecen: (se transcribe). Ahora bien, a fin de determinar si el artículo 34 resulta inconstitucional, por no atender a los principios considerados por los artículos 14 y 16 constitucionales, es de analizar el contenido de los artículos transcritos y desentrañar de su regulación la intención plasmada por el legislador, en el sentido de normar la actuación de las autoridades en el desempeño de sus funciones. Así, del contenido de los preceptos transcritos se infiere que el artículo 34 impugnado se ubica en el capítulo V ‘Del procedimiento’, el cual regula los términos en que se inicia el mismo ante la Comisión de Competencia, que puede ser de oficio o a petición de parte, asimismo, se precisan las atribuciones de dicha comisión, tales como requerir informes y documentos a fin de poder realizar sus investigaciones y, en su caso, citar a quienes estime tengan relación con el caso de que se trate. La información y documentos que tenga la comisión para efectuar sus investigaciones será confidencial y, en caso de divulgación las responsables serán objeto de responsabilidad, salvo que medie orden de autoridad competente. Se precisa que en el caso de prácticas monopólicas absolutas, cualquier persona o afectado podrán denunciar ante la comisión al presunto responsable señalando la práctica o concentración a denunciar. En el caso de prácticas relativas o concentraciones se deben aportar los elementos conducentes, así como los conceptos que demuestre, que el denunciante ha sufrido o puede sufrir daño o perjuicio sustancial, tales denuncias podrán desecharse cuando sean notoriamente improcedentes. Se regula la forma en que se tramitará el procedimiento, esto es, se emplazará al presunto responsable, se le informará respecto de la investigación y, en su caso, se le acompañará copia de la denuncia; se establece un término a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga, pudiendo adjuntar las pruebas o documentos procedentes y ofrecer las que ameriten su desahogo, se fija un plazo para formular alegatos de manera verbal o por escrito y, una vez integrado el expediente se dicta la resolución procedente. De lo anterior se verifica que en dicho capítulo se contiene el precepto reclamado, el cual autoriza a que la comisión, para el desempeño de sus atribuciones durante el procedimiento, pueda emplear los medios de apremio, como son el apercibimiento o la multa. Por consiguiente, de la lectura del precepto invocado, se concluye que regula actos procesales vinculados entre sí y ordenados a la consecución de un fin, que en el caso lo constituye la resolución de la autoridad que se combate, en la cual se le impone a la quejosa una multa en términos del multicitado numeral que prevé un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. De ello se sigue que si los acuerdos y resoluciones, como el que se impugna, que constituyen actos dictados durante la sustanciación de un procedimiento, sin que se haya emitido la resolución definitiva, tal procedimiento está en trámite, por lo que debe concluirse que si tales actuaciones procesales son reclamables sin tener que interponer la demanda de garantías contra la resolución definitiva, nos encontramos ante la imposición de una multa por incumplimiento en la etapa procesal, la cual no puede ser relacionada para efectos de su imposición con los elementos a que alude el diverso artículo 36 de la Ley Federal de Competencia Económica, que se refiere a las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad tendrá que realizar una valoración de dichos elementos y de esta manera fincar la sanción a que se refiere el artículo 35 de la citada ley. En efecto, los preceptos antes citados que se ubican en el siguiente capítulo, denominado ‘De las sanciones’, en los cuales se regulan la imposición de las mismas, encontramos la orden para suspender, corregir o suprimir la práctica o concentración; la desconcentración parcial o total, sin perjuicio de la aplicación de la multa correspondiente, que podrá ser hasta el equivalente a miles de veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, según se trate; de la declaración falsa o entrega de información falsa; por haber incurrido en práctica monopólica absoluta; por incurrir en alguna de las concentraciones prohibidas por la ley; por no haber notificado la concentración cuando debía hacerse legalmente; a los individuos que participan en prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas en representación de personas morales y, en el caso de reincidencia en cualquiera de los supuestos citados, se podrá imponer, además, multa de hasta el doble de la que corresponda. Así, para la imposición de la multa citada, se deberá considerar la gravedad de la infracción; la participación del infractor en los mercados; el tamaño del mercado que fue afectado; la duración de la práctica o concentración; la reincidencia, antecedentes, así como la capacidad económica del infractor, multa que se aplicará una vez dictada la resolución final. Ahora bien, del estudio de los preceptos transcritos, se pone de manifiesto que el capítulo V se refiere al procedimiento, en el cual se establece como medida de apremio el apercibimiento o multa y en el siguiente capítulo relativo a las sanciones, se precisan, igualmente, las multas que podrá aplicar la comisión para el desempeño de sus atribuciones y, en todos los supuestos que se regulan en tal capítulo se prevén de manera expresa los elementos que la autoridad debe atender para la imposición de multas, en razón de que tales elementos se encuentran ubicados, como se dijo, dentro del capítulo de sanciones, lo que implica únicamente que resulten aplicables a las hipótesis que prevé el diverso artículo 35, en virtud que del análisis del mismo se infiere que se establece una limitación en la aplicación de tales supuestos, sin que expresamente se señale que serán aplicables en la imposición de las multas en términos generales. Precisado lo anterior, es claro que el precepto 34 impugnado, que autoriza a la autoridad Comisión Federal de Competencia Económica a imponer como medidas de apremio el apercibimiento o la multa, durante el procedimiento que se instaure por la denuncia de prácticas monopólicas o concentraciones, no contiene los requisitos conducentes, por lo que para la aplicación de la multa que prevé el referido artículo 34 la autoridad responsable carece de sustento legal y, al no ser concretados los elementos que deberá atender la autoridad para la imposición de la multa en la etapa procesal, no se cumple con los extremos que se consagran en el artículo 16 constitucional. Bajo ese orden de ideas, no es posible establecer la vinculación entre los artículos 34 y 36 ambos de la Ley Federal de Competencia Económica, en razón de que, como se ha precisado, la multa contenida en el primero de los numerales citados se impondrá durante la sustanciación del procedimiento al no ser acatada alguna de las determinaciones que dicta la autoridad responsable en contra de cualesquiera de los agentes sujetos de la denuncia y los elementos consignados en el segundo se analizarán cuando se impongan las sanciones a que se refiere el diverso 35 de la ley de referencia, toda vez que no se podrán determinar en la aplicación del artículo 34 los elementos consignados en el artículo 36 para la imposición de las multas, en virtud que ni en el capítulo respectivo ni en el precepto tildado de inconstitucional se prevén los supuestos que debe estimar la autoridad para aplicar la multa, por tanto, es claro que aun cuando se haga cita expresa de diverso ordenamiento, la autoridad no podrá atender los elementos consignados en la citada ley, al estar consagrados uno en el capítulo de procedimiento y otro en el de sanción, lo que conlleva a estimar que no se respeta la garantía de seguridad jurídica. Como se ha precisado, es fundado lo alegado por el quejoso respecto de que el numeral estimado como inconstitucional es violatorio del principio de seguridad jurídica al no prever los elementos que debe tomar en consideración la autoridad administrativa al aplicar la multa respectiva. En relación con lo anterior, cabe señalar que, como lo ha resuelto esta Suprema Corte de Justicia en diversos precedentes, el principio de seguridad jurídica consignado en los artículos 14 y 16 constitucionales, se respeta por las autoridades legislativas cuando las disposiciones de observancia general que crean, por una parte, generan certidumbre a los gobernados sobre las consecuencias jurídicas de su conducta y, por otra, tratándose de normas que confieren alguna facultad a una autoridad, acotan en la medida necesaria y razonable tal atribución, en forma tal que se impida a la respectiva autoridad actuar de manera arbitraria o caprichosa. En efecto, tratándose de normas que facultan a las autoridades administrativas para aplicar una determinada sanción, para verificar si la regulación específica respeta el principio de seguridad jurídica debe tomarse en cuenta si mediante ella el legislador encausó el ámbito de actuación de aquéllas, dando lugar a que, por un lado, el gobernado conozca cuál será la consecuencia de su conducta y, por otro, que la actuación de la respectiva autoridad se encuentre limitada en tal forma que la afectación a la esfera jurídica de los gobernados no derive de una actuación caprichosa o arbitraria, sino justificada por las circunstancias que rodean la situación de hecho advertida por la autoridad que, en todo caso, deben expresarse por escrito como la motivación de la actuación de esta última. Así, la norma que prevé una sanción o afectación cuya imposición corresponde a una autoridad administrativa, no respeta el principio de seguridad jurídica, toda vez que el legislador debe acatar de tal manera la actuación de aquélla, que aun cuando le dé un margen que le permita valorar las circunstancias en que aconteció la respectiva infracción o conducta antijurídica, permita al gobernado conocer las consecuencias de su actuar, e implique que la determinación adoptada por la autoridad, dentro del margen legislativamente permitido, se encuentre debidamente motivado, de manera tal que la decisión tomada se justifique por las circunstancias en que se suscitó el hecho, por tanto al no contenerse en el capítulo respectivo en el cual se ubica el artículo 34 tildado de inconstitucional las hipótesis descritas, es claro que resulta violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Cabe señalar que tales consideraciones se han tomado en cuenta por este Alto Tribunal, en los criterios que son del tenor siguiente: ‘METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE CONTEMPLA LAS SANCIONES QUE PUEDEN IMPONERSE POR LAS INFRACCIONES QUE SE COMETAN, VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE PRIMERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS).’ (se transcribe). ‘PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 128, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ES INCONSTITUCIONAL EN CUANTO OMITE ESTABLECER LOS DATOS QUE PERMITAN A LA AUTORIDAD DEFINIR LOS CASOS «PARTICULARMENTE GRAVES» PARA EFECTO DE LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN DE CLAUSURA.’ (se transcribe). Igualmente son aplicables por igualdad de razón los siguientes criterios, que son del tenor siguiente: ‘IMPUESTO PREDIAL. SON INCONSTITUCIONALES LAS LEYES QUE FACULTAN A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS A ACTUALIZAR, POR MEDIO DE TABLAS DE VALORES CATASTRALES, LA BASE GRAVABLE DEL TRIBUTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA).’ (se transcribe). ‘HOSPEDAJE. EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO, AL QUE REMITE EL DIVERSO ARTÍCULO 51-D DE LA LEY DE HACIENDA DEL PROPIO ESTADO, QUE ESTABLECE LA TASA A PAGAR POR EL IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.’ (se transcribe). ‘CATASTRO. LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO QUE OMITE SEÑALAR CUÁL ES LA BASE SOBRE LA QUE SE VA A GRAVAR AL PARTICULAR Y SUPEDITA SU DETERMINACIÓN A UN ACTO POSTERIOR DE AUTORIDAD, VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.’ (se transcribe). ‘MULTA FISCAL MÍNIMA. SI BIEN SU FALTA DE MOTIVACIÓN EN CUANTO AL MONTO DE LA CUANTÍA IMPUESTA NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO, ELLO NO IMPLICA QUE LA AUTORIDAD RESPECTIVA SE ABSTENGA DE VALORAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE PERMITEN INDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN.’ (se transcribe). En ese contexto jurisprudencial y atendiendo a las consideraciones antes vertidas, resulta patente que el artículo 34 de la Ley Federal de Competencia Económica, al no prever los elementos que debe valorar la autoridad administrativa para imponer multas, se traduce en una violación al principio de seguridad jurídica garantizado en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que con tal disposición el gobernado queda en estado de incertidumbre sobre las consecuencias jurídicas de su conducta, pues tiene la inseguridad de que en caso de incurrir en el incumplimiento de alguna de las obligaciones que establece la citada ley, le podrá ser impuesta una sanción pecuniaria que permite a la autoridad aplicar una sanción y, con ello, una actuación arbitraria de dicha autoridad. Lo anterior, porque esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en diversos precedentes el criterio de que el derecho fundamental a la seguridad jurídica garantizado, en su expresión genérica, en los artículos 14 y 16 constitucionales, se respeta por el legislador en las disposiciones de observancia general, mediante las cuales establece que para la imposición de las sanciones administrativas a los gobernados, se señalen con toda precisión los elementos conducentes para que con la regulación respectiva se genere certidumbre a éstos, sobre las consecuencias jurídicas de su conducta y, además, se acota en la medida necesaria y razonable tal atribución, impidiendo a la autoridad actuar de manera arbitraria o caprichosa. Así, tratándose de sanciones pecuniarias el referido derecho se acata cuando en la norma respectiva se establecen con precisión en el propio cuerpo jurídico los elementos que debe considerar la autoridad sancionadora para calcular el monto al que ascenderá su imposición, señalando que ello comprenderá todas las sanciones que regule o, en caso contrario, fijar qué elementos deba atender la autoridad para la aplicación de determinadas sanciones según el procedimiento de que se trate, pues ante ese contexto normativo tal autoridad tendrá plenamente acotado su campo de acción ya que, por una parte, no podrá sobrepasar el máximo legal y, por la otra, la decisión que adopte para imponer la sanción, deberá plasmarse por escrito, expresando las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado, en términos de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 16 constitucional, valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad de aquélla. Por tanto, la Ley Federal de Competencia Económica en el capítulo relativo al procedimiento, no contiene disposición alguna expresa que establezca con toda precisión los elementos que permitan a la autoridad fijar con claridad la multa a imponer por fallas procesales, razón por la cual el precepto tildado de inconstitucional infringe los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal."
Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 689/2003, promovido por Centro de Telefonía Celular, Sociedad Anónima de Capital Variable, en sesión de fecha diez de septiembre de dos mil tres, resolvió modificar la sentencia recurrida, negar el amparo, reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado y en la parte que interesa a la presente contradicción sostuvo lo siguiente:
"SÉPTIMO. En otro orden de ideas debe señalarse que el argumento que quedó sintetizado en el inciso b), del considerando quinto de este fallo, en cuanto a que el artículo 34 de la Ley Federal de Competencia Económica transgrede la garantía de seguridad jurídica que prevén los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también resulta infundado, en virtud de lo siguiente: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos precedentes que el principio de seguridad jurídica garantizado en su expresión genérica en los artículos 14 y 16 constitucionales, se respeta por las autoridades legislativas cuando las disposiciones de observancia general que crean, por una parte, generan certidumbre a los gobernados sobre las consecuencias jurídicas de su conducta y, por la otra, tratándose de normas que confieren alguna facultad a una autoridad, acotan en la medida necesaria y razonable tal atribución, en forma tal que se impida a la respectiva autoridad actuar de manera arbitraria o caprichosa. En tal virtud, tratándose de normas que facultan a las autoridades administrativas para aplicar una determinada sanción, para verificar si la regulación relativa respeta el principio de seguridad jurídica debe tomarse en cuenta si mediante ella el legislador encausó el ámbito de actuación de aquéllas dando lugar a que, por un lado, el gobernado conozca cuál será la consecuencia de su conducta y, por el otro, la actuación de la respectiva autoridad se encuentre limitada en tal forma que la afectación a la esfera jurídica de los gobernados no derive de una actuación caprichosa o arbitraria, sino justificada por las circunstancias que rodean la situación de hecho advertida por la autoridad que, en todo caso, deben expresarse por escrito como la motivación de la actuación de esta última. Dicho en otras palabras, la norma que prevé una sanción o afectación cuya imposición corresponde a una autoridad administrativa, respeta el principio de seguridad jurídica cuando el legislador acota de tal manera la actuación de aquélla, que aun cuando le dé un margen que le permita valorar las circunstancias en que aconteció la respectiva infracción o conducta antijurídica, permite al gobernado conocer las consecuencias de su actuar, e implique que la determinación adoptada por la autoridad, dentro del margen legislativamente permitido, se encuentre debidamente motivada, de manera tal que la decisión tomada se justifique por las circunstancias en que se suscitó el hecho. Cabe señalar que tales consideraciones se han tomado en cuenta expresa o implícitamente en diversos precedentes fallados por la actual integración de este Alto Tribunal, que han dado lugar a las tesis jurisprudenciales y aisladas que llevan por rubros, textos y datos de identificación los siguientes: ‘AGUAS NACIONALES. LA LEY RELATIVA RESPETA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, PORQUE ESTABLECE LAS NORMAS A QUE DEBE SUJETARSE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EN LA DEMARCACIÓN DE LOS CAUCES Y RIBERAS.’ (se transcribe). ‘EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN I, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, QUE FACULTA A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA IMPONER UNA CLAUSURA TEMPORAL, PARCIAL O TOTAL, NO TRANSGREDE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). ‘EMBARGO PRECAUTORIO EN MATERIA FISCAL. EL ARTÍCULO 145, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ (VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS), ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). ‘METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE CONTEMPLA LAS SANCIONES QUE PUEDEN IMPONERSE POR LAS INFRACCIONES QUE SE COMETAN, VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE PRIMERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS).’ (se transcribe). ‘PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 131 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA OBSERVA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.’ (se transcribe). ‘DEPOSITARIO. EL ARTÍCULO 153 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE FACULTA A LOS JEFES DE LAS OFICINAS EJECUTORAS Y, EN SU CASO, A LOS EJECUTORES, PARA NOMBRARLO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). ‘PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 128, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ES INCONSTITUCIONAL EN CUANTO OMITE ESTABLECER LOS DATOS QUE PERMITAN A LA AUTORIDAD DEFINIR LOS CASOS «PARTICULARMENTE GRAVES» PARA EFECTO DE LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN DE CLAUSURA.’ (se transcribe). Una vez precisado lo anterior, se estima necesario transcribir el contenido del artículo 34 de la Ley Federal de Competencia Económica, a fin de estar en posibilidad de determinar si dicho numeral transgrede la garantía de seguridad jurídica que prevén los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece: (se transcribe). De lo anterior se desprende que el artículo 34 de la Ley Federal de Competencia Económica establece que para el eficaz desempeño de las atribuciones que le son encomendadas a la Comisión Federal de Competencia Económica, ésta podrá emplear como medios de apremio, apercibimiento o multa hasta por el importe del equivalente a un mil quinientas veces el salario mínimo vigente para el Distrito Federal, cantidad que podrá aplicarse por cada día que transcurra sin cumplimentarse lo ordenado por la comisión. En ese contexto jurisprudencial y atendiendo a las consideraciones antes vertidas, resulta patente que el artículo 34 de la Ley Federal de Competencia Económica, al no prever este dispositivo ni algún otro del propio ordenamiento, las circunstancias que debe valorar la autoridad administrativa para imponer multas entre un mínimo de uno y un máximo de mil quinientas veces el salario mínimo vigente para el Distrito Federal, a fin de que se cumplimente lo ordenado por la Comisión Federal de Competencia Económica no se traduce en una violación al principio de seguridad jurídica garantizado en el artículo 16 constitucional, ya que con tal disposición el gobernado no queda en estado de incertidumbre sobre las consecuencias jurídicas de su conducta, pues tiene la seguridad de que en caso de incurrir en el incumplimiento de alguna de las obligaciones que establece la Ley Federal de Competencia Económica, le podrá ser impuesta una sanción pecuniaria que oscilará entre un mínimo y un máximo por cada día que transcurra sin cumplimentarse lo ordenado por la comisión, margen que además de permitir a la autoridad individualizar la sanción, exigencia de la diversa expresión de seguridad jurídica consagrada en el artículo 22 constitucional, impide la actuación arbitraria de la autoridad. En efecto, la ausencia legislativa de parámetros que sirvan de base a la autoridad administrativa para imponer una sanción pecuniaria cuando no se cumpla con lo ordenado por la Comisión Federal de Competencia Económica no permite la actuación arbitraria de ésta, cuando el propio legislador ha establecido un tope o máxima cuantía monetaria a la cual puede ascender la multa, ya que en virtud de ello la autoridad sancionadora tendrá plenamente acotado su campo de acción, ya que, por una parte, no podrá sobrepasar el tope legal y, por la otra, la decisión que adopte sobre el monto al que ascienda la sanción deberá estar motivada y hacerse del conocimiento del quejoso con la entrega del escrito respectivo, permitirá al quejoso cubrir el importe respectivo en caso de que no cumplimente con lo ordenado por la referida comisión por cada día que transcurra, en términos de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 16 constitucional. En ese orden de ideas, ninguna incertidumbre genera al gobernado la ausencia legal de las circunstancias que debe tomar la autoridad para cuantificar la sanción pecuniaria, pues además de la existencia de un límite máximo para aquélla, en la determinación del monto deberán expresarse las circunstancias de hecho que así lo justifiquen, las que corresponderá valorar a la autoridad atendiendo a la afectación que la conducta ilícita genera al bien jurídico tutelado por el respectivo ordenamiento. Es aplicable al respecto la tesis 2a. CLXIV/2000 sustentada en la Novena Época por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, diciembre de dos mil, página 448, que es del tenor literal siguiente: ‘MULTAS. LOS PRECEPTOS QUE LAS ESTABLECEN ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, DENTRO DE UN CONTEXTO NORMATIVO QUE NO PREVÉ LOS ELEMENTOS QUE DEBE VALORAR LA AUTORIDAD PARA FIJAR EL MONTO POR EL QUE SE IMPONDRÁN, NO TRANSGREDEN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.’ (se transcribe). Asimismo, sirven de apoyo a la anterior conclusión, en lo conducente, las tesis jurisprudenciales que llevan por rubros, textos y datos de identificación los siguientes: ‘MULTAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN EN PORCENTAJES DETERMINADOS ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, NO SON INCONSTITUCIONALES’ (se transcribe). ‘ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO PARA, EN CUANTO PRESCRIBE QUE LA ORDEN DE INSPECCIÓN SÓLO SE MOSTRARÁ AL VISITADO.’ (se transcribe). ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN’ (se transcribe). Es corolario de lo anteriormente expuesto que el artículo 34 de la Ley Federal de Competencia Económica no transgrede el principio de seguridad jurídica garantizado en los artículos 14 y 16 constitucionales."
QUINTO. Previo al estudio de fondo del asunto, es necesario determinar si, en el presente caso, existe o no contradicción de tesis, entre las sustentadas por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para ello, debe tenerse presente el contenido de la siguiente tesis de jurisprudencia, aplicada al caso, por analogía:
"Novena Época
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Según se desprende del criterio antes transcrito, para que exista contradicción de tesis deben reunirse los siguientes elementos:
a) Que al resolver los planteamientos jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias.
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Ahora bien, de la transcripción de la parte medular de las respectivas ejecutorias que originaron la denuncia de contradicción de criterios, se advierte que la Primera Sala en la parte relativa esencialmente estableció que el artículo 34 impugnado que autoriza a la autoridad Comisión Federal de Competencia a imponer como medidas de apremio el apercibimiento o la multa, durante el procedimiento que se instaure por la denuncia de prácticas monopólicas o concentraciones, es violatorio del principio de seguridad jurídica consagrado en los artículos 14 y 16 constitucion
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19403-4f092e8f/competencia-economica-la-fraccion-ii-del-articulo-34 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. ES APLICABLE EN AMPAROS DIRECTO E INDIRECTO, EN PRIMERA INSTANCIA O EN REVISIÓN. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 52/2004-PL)
- CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDA (CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2007-PL)
- TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 1o.-A, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL INCLUIR EN LA BASE PARA SU CÁLCULO LAS CONTRIBUCIONES QUE PRECISA, NO TRANSGREDE EL (CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/2004-PL)
- EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, S (CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2001-PL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- COMPETENCIA ENTRE DOS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. (s/clave)
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. RESULTA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DENUNCIA IDÉNTICA A OTRA RESPECTO DE LA CUAL LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DECLARÓ INEXISTENTE EL PUNTO DE (1a. LXXXVIII/2002 )
- MINISTERIO PUBLICO. (s/clave)
- JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis