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Modo: Corpus Pro

EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2001-PL. · Registro digital (IUS): 17774
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Septiembre de 2003, , Pág. 699.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2001-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: ÁNGEL PONCE PEÑA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presentes las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados involucrados en las respectivas ejecutorias.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de queja número 6/2000, promovido por Papelera del Nevado, Sociedad Anónima de Capital Variable, en sesión del seis de septiembre de dos mil uno, sustentó las siguientes consideraciones:

"QUINTO. Los agravios hechos valer por la parte recurrente son infundados. En efecto, aduce dicha parte en el motivo de inconformidad planteado en primer término, en síntesis, que es ilegal lo sustentado por el Juez de Distrito en el sentido de que el amparo concedido fue cumplido en sus términos al haber ordenado a la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal de la Comisión Nacional del Agua, mediante acuerdo de 28 de enero de 2000, devolver las cantidades pagadas indebidamente por lo que respecta al veinte por ciento para lo cual fue concedido el amparo; que contrariamente a lo aseverado, no es cierto que el amparo se hubiera concedido para el efecto de que se devolviera el veinte por ciento de los pagos efectuados en el renglón de derechos federales por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales, correspondientes al ejercicio de 1996, toda vez que tales efectos no se señalan en la ejecutoria emitida por el Pleno de este Alto Tribunal en la ejecutoria de 14 de octubre de 1999, pues de haber sido así se hubiera precisado en los considerandos y puntos resolutivos de la misma. Pues bien, opuestamente a lo esgrimido por la parte inconforme, esta Primera Sala considera que el ahora Juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, actuó acertadamente al estimar que el efecto de la ejecutoria emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el catorce de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en los autos del amparo en revisión 2205/96, implicaba la devolución a la parte quejosa del veinte por ciento de los pagos que durante el ejercicio de mil novecientos noventa y seis realizó por concepto de uso o aprovechamiento de aguas nacionales. Para concluir en los términos expuestos procede analizar los efectos de la sentencia que concedió el amparo solicitado y destacarse la regulación que respecto del cumplimiento de la sentencias establece la Ley de Amparo, para con posterioridad examinar el acto que sirvió de base al Juez de Distrito para tener por cumplida la sentencia de amparo, para que de la confrontación de todo lo anterior, determinar si fue legal o no dicha determinación. Así, debe señalarse que el objeto de precisar los efectos de la sentencia de amparo, es advertir en qué términos se consideró violatorio de garantías el acto reclamado, pues a partir de ello es posible determinar la forma en que debe restituir al quejoso en su garantía individual violada. Respecto de la facultad para examinar los efectos de la ejecutoria que concedió el amparo solicitado, debe decirse que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público y, por tanto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra facultada para examinar los efectos de las referidas determinaciones, pues ello es la condición de posibilidad de examinar si efectivamente la ejecutoria de garantías se encuentra o no efectivamente cumplida. Respecto del anterior criterio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente jurisprudencia, la cual comparte esta Primera Sala de este Supremo Tribunal, y cuyos datos de publicación, rubro y texto son los siguientes: ‘SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR.’ (se transcribe). En este orden, con el objeto de precisar los efectos de la sentencia que concedió el amparo solicitado, se hace necesario hacer mención de las siguientes constancias y actuaciones de autos: a. De la lectura de la demanda de garantías se desprende que la sociedad aquí inconforme estableció esencialmente como acto reclamado la expedición, promulgación, firma, refrendo, publicación y aplicación del decreto de 7 de diciembre de 1995, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 siguiente, por el que se expiden nuevas leyes fiscales y se modifican otras, fundamentalmente en lo tocante a su artículo décimo noveno que reforma los artículos 233, apartado A y 231 de la Ley Federal de Derechos, en materia de uso o aprovechamiento de aguas nacionales provenientes de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo, y a su artículo vigésimo, fracciones III, IV y V, que contienen disposiciones transitorias de la Ley Federal de Derechos, aplicables durante 1996, en las cuales se otorgan exenciones en esa materia a empresas mineras, azucareras y papeleras. b. En los conceptos de violación hechos valer en la demanda de garantías, la parte quejosa combatió tanto la inconstitucionalidad de los artículos 223, apartado A y 231 de la Ley Federal de Derechos, por considerar que el Gobierno Federal no tiene potestad tributaria para imponer derechos fiscales sobre el uso o aprovechamiento de las aguas del subsuelo alumbradas conforme a lo previsto en el artículo 27 constitucional; como la inconstitucionalidad de las disposiciones legales contenidas en el artículo vigésimo transitorio, fracciones III, IV y V, de la Ley Federal de Derechos, que determinaban una exención de un veinte por ciento en el pago de derechos federales sobre el uso o aprovechamiento de agua de pozo, otorgado a otras industrias papeleras ubicadas en diversas zonas de disponibilidad. c. En la sentencia autorizada el trece de agosto de mil novecientos noventa y seis, por el entonces Juez de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, se negó a la parte quejosa la protección constitucional solicitada por los actos reclamados antes precisados (fojas 250 a la 262 vuelta del cuaderno de amparo). d. En la ejecutoria emitida por el Pleno de este Alto Tribunal el catorce de octubre de mil novecientos noventa y nueve, se modificó la sentencia antes aludida, determinándose en los dos últimos puntos resolutivos, lo siguiente: ‘SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Papelera del Nevado, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del artículo vigésimo transitorio, fracción V, de la reforma a la Ley Federal de Derechos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, por las razones expuestas en el último considerando de esta ejecutoria. TERCERO. Con la salvedad anterior, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Papelera del Nevado, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de los actos y autoridades precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria.’. e. Las razones que sustentan el último considerando de la referida ejecutoria, en la parte que interesa, son del tenor literal siguiente: (se transcribe). f. Los agravios octavo y noveno que el Tribunal Pleno consideró fundados en la ejecutoria citada dicen: (se transcribe). Ahora bien, de todo lo antes expuesto se aprecia con relativa claridad que, por una parte, como bien lo sostuvo el a quo, en la resolución emitida por el Pleno de este Alto Tribunal no se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 223, apartado A y 231 de la Ley Federal de Derechos, de ahí que no sea legalmente factible sostener que los efectos de la concesión del amparo incluyeran la devolución de la totalidad de los pagos realizados por la empresa quejosa, por concepto del aprovechamiento de aguas nacionales por el ejercicio de mil novecientos noventa y seis, ya que es en dichos preceptos donde se establece el pago de los derechos correspondientes y, en ese aspecto en particular, se negó la protección constitucional solicitada. Por otra parte, es evidente que la concesión del amparo se otorgó a la sociedad quejosa exclusivamente por lo que se refiere a la fracción V del artículo vigésimo de las disposiciones transitorias de la Ley Federal de Derechos, al considerarse fundados los conceptos de violación en los que se alegó, medularmente, que el beneficio contenido en esa disposición consistente en la exención parcial de la que gozaban las empresas papeleras ubicadas en las zonas de disponibilidad siete, ocho y nueve, no alcanzaba a todas las industrias dedicadas a ese ramo de la producción, pues no obstante que la sociedad demandante del amparo se dedicaba a la misma actividad, debía pagar su cuota íntegra. En consecuencia, los razonamientos legales que sustentan el sentido de la ejecutoria que concedió el amparo, se apoyan esencialmente en la inequidad tributaria contenida en la fracción V del artículo vigésimo transitorio de la reforma impugnada, en virtud de que aunque la sociedad quejosa tenía el mismo giro industrial de papelera que las empresas colocadas en las zonas de disponibilidad siete, ocho y nueve, y de que no se presentaba ninguna situación de diferenciación como contribuyentes, a las segundas se les beneficiaba con la exención prevista en esa disposición legal, la cual equivale al veinte por ciento del pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales que se utilicen en la industria de la celulosa y el papel. Por tanto, el Pleno de este Alto Tribunal decidió que tal exención introducía dentro del sistema del tributo un trato desigual a iguales, lo que resultaba violatorio del principio de equidad consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución. Lo antes expuesto conduce a esta Primera Sala a considerar que es acertado el criterio sustentado en la resolución recurrida, toda vez que en ejercicio de las atribuciones que le confiere el criterio jurisprudencial antes transcrito, se arriba a la conclusión de que el sentido de la citada ejecutoria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no pudo haber sido otro que el obligar a la autoridad responsable a otorgar a la parte quejosa el mismo trato excepcional concedido a las empresas dedicadas al giro industrial de la celulosa y el papel ubicadas en las zonas de disponibilidad siete, ocho y nueve. En ese orden de ideas, si la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal de la Comisión Nacional del Agua, autoridad encargada de dar cumplimiento a la ejecutoria, acreditó en los autos del juicio de amparo, que ordenó devolver a la sociedad aquí recurrente el veinte por ciento de las cuotas aplicables contenidas en el artículo 223, apartado A, de la Ley Federal de Derechos para 1996, es incuestionable que opuestamente a lo esgrimido en el agravio en estudio, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al determinar que los efectos del amparo fueron cumplidos en sus términos, aun cuando es verdad que en la ejecutoria de mérito no se expresó textualmente que la cantidad a devolver ascendía al veinte por ciento de las cuotas referidas, puesto que tales extremos se desprenden, según quedó asentado con anterioridad, de las propias consideraciones que sustentan el sentido de la misma. En otro aspecto, la parte recurrente arguye, en síntesis, que el a quo parte de una premisa errónea al sostener que en la ejecutoria emitida por el Pleno de este Alto Tribunal no se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 223, apartado A y 231 de la Ley Federal de Derechos, y que por esa razón no se exentó a la quejosa del pago de los derechos del agua, sino que al declarar la inconstitucionalidad del artículo vigésimo transitorio, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, lo que propició fue que se diera a la quejosa un trato igualitario dentro del sistema contributivo del que se les otorga a las empresas de la misma rama comprendidas en diversas zonas, a efecto de hacer extensiva la exención para dar un trato igual a iguales y no para exentarla del pago del cien por ciento de los derechos aludidos; que el problema no es de exención sino de inequidad, dado el trato desigual que se presentó en el pago del tributo entre empresas papeleras; que el hecho de que el Tribunal Pleno haya desestimado los conceptos de violación hechos valer en contra de los artículos 223, apartado A y 231, es una cosa muy distinta a que no se le hubiera exentado en un cien por ciento en el pago del tributo, dado que a nada de ello se hace alusión en la ejecutoria correspondiente, sino que lo que se sostuvo en esa resolución fue que la fracción V declarada inconstitucional, introducía dentro del sistema de pago de los derechos mencionados, un trato desigual a iguales, y por ello resultaba violatoria de la garantía de equidad tributaria; que a fin de analizar el cumplimiento del fallo por la responsable, la problemática no estaba en dilucidar si la quejosa había quedado o no exenta del cien por ciento del pago del tributo, porque al haberse declarado la inequidad en el pago del mismo de acuerdo con los principios previstos en el artículo 80 de la Ley de Amparo, a efecto de restituirle a la quejosa en el pleno goce de su garantía individual violada y de que se restablecieran las cosas al estado que guardaban antes de la violación, se le debieron devolver el total de las cantidades que pagó por tal concepto durante el ejercicio de mil novecientos noventa y seis, y no sólo el veinte por ciento de las mismas lo cual, asevera, es una situación muy distinta a haber quedado exenta en un cien por ciento en el pago del gravamen como lo confunde el a quo. El anterior motivo de inconformidad resulta infundado. En efecto, desatiende la parte recurrente al plantear dichos alegatos, que la declaratoria de inconstitucionalidad que de la fracción V del artículo vigésimo transitorio de la Ley Federal de Derechos realizó el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria citada, obedeció justamente a la inequidad que representaba la exención otorgada por esa disposición legal a favor de empresas dedicadas a un giro similar al de la sociedad quejosa, por el simple hecho de encontrarse ubicadas en las zonas de disponibilidad siete, ocho y nueve. Lo anterior permite concluir que a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, en los términos establecidos en el artículo 80 de la Ley de Amparo, se hacía necesario que le fueran devueltas las cantidades que en forma desigual pagó a las autoridades responsables; ello en congruencia con el contenido de la disposición legal declarada inconstitucional, puesto que si en ella se privilegia a diversas empresas que desarrollan una actividad similar a la de la parte mencionada, la medida lógica y jurídica para acatar en sus términos el mandato del numeral aludido implicaba (como finalmente lo realizó la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal de la Comisión Nacional del Agua) hacer extensiva en favor de la empresa demandante del amparo la exención del veinte por ciento concedido a las empresas papeleras radicadas en las zonas de disponibilidad referidas en el párrafo precedente. En ese mismo sentido, cabe establecer que a criterio de esta Primera Sala, resulta en cierta forma desbordada y cuesta arriba la intención de la parte recurrente al pretender encontrar en los efectos de la sentencia de amparo emitida el catorce de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, una interpretación que se traduzca en la devolución de la totalidad de los pagos realizados en el periodo correspondiente al año de mil novecientos noventa y seis, por concepto del pago de las cuotas aplicables contenidas en el artículo 223, apartado A, de la Ley Federal de Derechos, no obstante que en ese aspecto se negó el amparo. En efecto, las consideraciones expuestas sobre el particular condujeron a ese Alto Tribunal a confirmar implícitamente la negativa del amparo en relación con tal precepto, las cuales se apoyaron, concretamente, en lo sustentado por dicho Tribunal Pleno en la tesis de jurisprudencia cuyos texto y datos de localización son los siguientes: ‘AGUAS NACIONALES. EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 223 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS QUE ESTABLECE DIVERSAS CUOTAS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE AQUÉLLAS, RESPETA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE 1996).’ (se transcribe). En ese orden de ideas, si el precepto que se declaró transgresor del principio de equidad consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, fue la fracción V del artículo vigésimo transitorio de la Ley Federal de Derechos, que contiene la exención materia de la concesión de amparo, resulta incuestionable que los efectos de la sentencia protectora únicamente deben referirse a aspectos relacionados con el mismo y no asociarlos con cuestiones ajenas a dicha materia, como lo es, ciertamente, el tema de la devolución total de las cantidades pagadas por la quejosa durante el ejercicio de mil novecientos noventa y seis; luego, es verdad, como lo esgrime la recurrente, que son situaciones distintas el quedar exenta, por una parte, del pago del ciento por ciento en el pago del gravamen, y por la otra, que se conceda el amparo por considerarse inequitativo un numeral que privilegia el trato en el pago de derechos por el uso de aguas nacionales en favor de unas empresas y en detrimento de otras que legalmente son iguales. En consecuencia, atendiendo justamente a la diferencia que existe entre ambas situaciones, es que no debe introducirse en la ejecución de la sentencia de amparo, la devolución total de las cantidades pagadas por la quejosa durante el ejercicio de mil novecientos noventa y seis, ya sea como exención o de alguna otra forma, dado que ese aspecto no formó parte de la concesión del amparo. Por otra parte, es inexacto lo afirmado por la recurrente en cuanto a que el efecto de la ejecutoria de que se habla no la puede hacer también partícipe de los beneficios que otorga la norma declarada inconstitucional sólo para determinadas empresas papeleras, para así intentar suplir la inequidad de la misma. Ello es así, porque de acuerdo con las consideraciones transcritas en párrafos precedentes, la declaratoria de inconstitucionalidad decretada por el Pleno de este Alto Tribunal en la ejecutoria de catorce de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en el amparo en revisión 2205/96, respecto de la fracción V del artículo vigésimo transitorio de la reclamada reforma a la Ley Federal de Derechos, no contempló la posibilidad de que en la ejecución de la sentencia se hiciera partícipe a la parte quejosa de una inequidad, sino que, por el contrario, la concesión del amparo tuvo como objetivo que no se siguiera dando en su perjuicio, sobre todo, porque esos fueron los términos en los que la misma orientó los agravios que hizo valer en el recurso de revisión aludido, los que, en la parte que interesa, dicen textualmente: (se transcribe). En tales condiciones, se considera que en aras de obtener más beneficios que los contemplados en la ejecutoria de mérito, la parte quejosa pretende ahora argumentar que sus pretensiones no son las que aparecen en dichos motivos de inconformidad o que son incorrectas, aduciendo de manera incongruente que al concederle la exención del veinte por ciento en el pago de derechos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales durante el periodo correspondiente a mil novecientos noventa y seis, se le hace también partícipe de los beneficios indebidos de la norma declarada inconstitucional, porque lo correcto, según afirma, es que de acuerdo a lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo, se le devolviera el total de las cantidades que pagó por ese concepto en el ejercicio mencionado. Lo anterior es incorrecto dado que, se reitera, como bien lo sostuvo el a quo, la declaratoria de inconstitucionalidad de la disposición legal aludida tiende a que se le dé a la empresa quejosa un trato similar al que se les otorga a las empresas de la rama papelera, comprendidas en las zonas de disponibilidad siete, ocho y nueve; de ahí que al hacerle extensiva la autoridad responsable la exención prevista en la norma de que se habla al ordenar la devolución del veinte por ciento del pago de derechos, cumplió en sus términos con la ejecutoria de amparo. En otro aspecto, en el agravio que la parte inconforme hace valer en tercer lugar, se esgrime, en síntesis, que el Juez de Distrito le da un carácter legislativo a la ejecutoria de amparo, al pretender hacer extensiva al caso de la quejosa la exención del veinte por ciento prevista en la fracción V del artículo vigésimo transitorio de la reclamada reforma de la Ley Federal de Derechos, máxime cuando dicha exención fue declarada inconstitucional, por resultar violatoria de la garantía de equidad tributaria; que lo anterior resulta violatorio del artículo 76 de la Ley de Amparo, conforme al cual las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deben limitarse a proteger a los quejosos, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto reclamado; que la ejecutoria dictada en el juicio no puede tener como efecto aplicar una exención decretada para las empresas ubicadas en las zonas siete, ocho y nueve, a la en que se ubica la quejosa, por no surtirse los supuestos de la norma legal que la prevé, porque ello implicaría darle un efecto legislativo; que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo, una norma declarada inconstitucional jamás se le podrá aplicar al quejoso, pues el cumplimiento de la ejecutoria de ninguna manera puede consistir en aplicarle el mismo trato desigual e inequitativo previsto en el artículo por el que se le concedió el amparo, ya que no se puede conservar la equidad de la norma que fue declarada violatoria de la garantía de equidad tributaria; que tal declaratoria obedeció a que no se presenta ninguna situación de diferenciación como contribuyentes, un beneficio a la economía del país o una justificación de carácter social que puedan fundar el trato privilegiado de exención que da el artículo inconstitucional a unas empresas y no a todas, como sucede con las mineras y azucareras en las que la exención es general; que el artículo vigésimo transitorio, fracción V, fue declarado inequitativo por su contenido y no por sus efectos, por lo que no puede ser aplicado a la quejosa haciéndole extensiva dicha exención; y que aun cuando tal precepto hubiese sido declarado inequitativo por los efectos señalados por el a quo, tampoco le podría ser aplicado, porque un artículo declarado inconstitucional no puede ser aplicado a la quejosa. Los agravios antes sintetizados resultan infundados. Ello es así, porque contrariamente a lo esgrimido, el Juez Federal en momento alguno le otorgó carácter legislativo a la ejecutoria de amparo, sino que actuó acertadamente, al sostener que los efectos de la misma consisten no en que se deje de aplicar la norma por inconstitucional, sino que por el contrario, la declaratoria correspondiente tiende necesariamente a que la misma sea aplicada a todas las empresas del ramo para conservar así su equidad, ya que la declaratoria de inconstitucionalidad se refiere a los efectos que produce y no a su contenido. Ello resulta razonable, si se toma en consideración que la no aplicación de la citada disposición legal, traería como consecuencia que todas las empresas comprendidas en la industria de la celulosa y papel, independientemente de las zonas donde estuvieran establecidas, pagaran el ciento por ciento de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales, lo cual tampoco resulta congruente con las pretensiones planteadas por la parte quejosa en la demanda de garantías. Es más, se considera que la conclusión a la que arribó el Juez de Distrito obedece indudablemente a la recta interpretación de tal ejecutoria de amparo, porque es en ella y no en la resolución recurrida, donde se determinan los efectos de la concesión de la protección de la Justicia Federal, la cual, según quedó precisado en párrafos precedentes, tiende a que se le dé a la empresa quejosa un trato similar al que se les otorga a las empresas del ramo papelero, comprendidas en las zonas de disponibilidad siete, ocho y nueve; esto es, para que la autoridad responsable le hiciera extensiva la exención prevista en la norma cuya inconstitucionalidad se decretó, y ordenara la devolución del veinte por ciento del pago de derechos por concepto del uso o aprovechamiento de aguas nacionales; de ahí que también resulte infundado lo alegado respecto a que el a quo transgrede el artículo 76 de la Ley de Amparo, puesto que en la resolución aquí combatida no se decidió el juicio de garantías, sino el recurso de queja planteado por defecto en el cumplimiento de la ejecutoria emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, razón por la cual es evidente que las disposiciones contenidas en dicho numeral no son aplicables al recurso de queja, puesto que en ese medio de defensa no se trata de amparar y proteger al recurrente, sino de examinar si existió o no defecto o exceso en la ejecución de la sentencia de amparo. Por otra parte, es verdad que de acuerdo a lo previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, una norma declarada inconstitucional no se le puede aplicar al quejoso. Sin embargo, se considera que tal supuesto jurídico resulta operante cuando el precepto que se declaró inconstitucional se hace valer en contra del promovente del amparo y no cuando, como sucede en el presente asunto, la consecuencia de tal declaratoria implica que dicho numeral se aplique a su favor, a fin de que también se otorgue en su beneficio la exención prevista en el mismo; esto es, la inequidad de la fracción V del artículo vigésimo transitorio de la reclamada reforma de la Ley Federal de Derechos, como ya se ha sostenido en párrafos precedentes, consistió en que privilegiaba a diversas empresas dedicadas al igual que la quejosa, a la producción papelera, exentándolas del pago del veinte por ciento por concepto de derechos federales sobre aguas nacionales; luego, la declaratoria de inconstitucionalidad de ese precepto obedeció a que se daba en la ley referida un trato desigual a los iguales y, por ende, los efectos de la ejecutoria respectiva contemplaron justamente que el numeral en comento no se aplicara en perjuicio de la parte ahora inconforme sino en su beneficio, de tal forma que también fuera partícipe de la exención prevista en el mismo, lo cual trajo como consecuencia que atinadamente la autoridad responsable en ejecución de la sentencia de amparo, procediera a devolver el veinte por ciento de las cuotas enteradas en el ejercicio correspondiente a mil novecientos noventa y seis. En esas condiciones, es indiscutible que la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo de que se habla, en momento alguno se aplicó en contra de la sociedad quejosa sino en su beneficio, de manera tal que la equidad del mismo lleva implícito que no se excluya a dicha parte de la exención que en él se contempla, en tanto que los aspectos que se consideraron en la ejecutoria de amparo, relacionados con la diferenciación de contribuyentes, el beneficio a la economía del país y la justificación de carácter social que pudieran fundar el trato privilegiado de exención, constituyen argumentos tendentes a evidenciar lo inequitativo del precepto declarado inconstitucional en perjuicio de la sociedad quejosa. En ese mismo sentido y de acuerdo con lo antes expuesto, cabe señalar que contrariamente a lo alegado, la fracción V del artículo vigésimo transitorio fue declarada inequitativa por sus efectos y no por su contenido, toda vez que la base fundamental de la declaratoria de inconstitucionalidad obedece al hecho de que su texto exenta sólo a una parte de las empresas que se dedican a la explotación del papel y no a todas, de tal forma que en sí mismo el numeral no resulta inequitativo sino en la medida de que no incluye dentro del trato privilegiado que en él se contempla, a todas las empresas del ramo, y en particular a la promovente del amparo, por no pertenecer a las zonas de disponibilidad que en forma exclusiva señala. Concluir de manera contraria a la expuesta implicaría, como ya se dijo con anterioridad, que ninguna empresa dedicada al ramo de la producción papelera gozara de la exención controvertida, y en ese supuesto todas ellas estarían obligadas al pago de la totalidad de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales. En otro orden de ideas, la parte recurrente esgrime en el agravio hecho valer en cuarto lugar, en síntesis, que el Juez de Distrito no fundamentó en precepto alguno las consideraciones relativas a que la exención declarada violatoria de la garantía de equidad tributaria puede hacerse extensiva a la quejosa, o bien, que una norma declarada inconstitucional le puede ser aplicada al agraviado; que lo anterior viola el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deben contener los fundamentos legales en que se apoyen; que el a quo no fundamentó las consideraciones anteriores, porque no existen preceptos legales en que puedan sustentarse las mismas, pues se trata de apreciaciones subjetivas sin ningún apoyo legal; que en cambio, el Juez de Distrito dejó de aplicar el artículo 80 de la Ley de Amparo, del cual se deduce que una norma declarada inconstitucional jamás se le puede aplicar al agraviado, y conforme al cual es menester se le devuelva la totalidad de los pagos efectuados durante mil novecientos noventa y seis, en el renglón de derechos federales por el uso o aprovechamiento de aguas nacionale

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17774-a538732c/exencion-parcial-de-un-tributo-los-efectos-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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