MULTA EN AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR DETERMINAR SU MONTO, DENTRO DE LOS LÍMITES MÍNIMO Y MÁXIMO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2002-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
MINISTRO ENCARGADO DEL ENGROSE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT.
CONSIDERANDO:
TERCERO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de doce de junio de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos resolvió el recurso de reclamación 114/2002-PL, promovido por Jesús Sánchez Trinidad, al sostener, en la parte conducente, lo siguiente:
"QUINTO. El primer agravio es infundado y el segundo parcialmente fundado, según se verá más adelante. En efecto, en su primer agravio el recurrente, en síntesis, aduce que en la resolución recurrida se dijo que la Segunda Sala de este Alto Tribunal, al resolver el recurso de reclamación 66/99, estableció que invariablemente se debe imponer la multa prevista en el artículo 90 de la Ley de Amparo, cuando se deseche el citado recurso de revisión por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o, en sus respectivos casos, por el Pleno, o por la Sala correspondiente, por no contener la sentencia recurrida decisión sobre la constitucionalidad de una ley o no establecer la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, sin hacer distingo y que en tal supuesto no hay que demostrar la existencia de la mala fe; agregando que al interpretar los artículos 3o. bis y 90 de la ley en cita, se estableció que el primero de los mencionados contiene una norma de carácter general y el segundo de carácter especial, que se refiere al caso de la especie y que, sin embargo, existen dos diversas tesis de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, con los rubros: ‘MULTA EN EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. NO PROCEDE IMPONERLA A LOS SUJETOS DE DERECHO AGRARIO TUTELADOS POR LA LEY DE AMPARO, AUNQUE SU RECURSO SEA DESECHADO.’ y ‘MULTA EN EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. NO PROCEDE IMPONERLA AL TRABAJADOR, AUNQUE SU RECURSO SEA DESECHADO.’, que establecen que en algunos casos no debe sancionarse a los recurrentes del recurso de revisión en comento, aunque éste sea desechado, como ocurre cuando los promoventes sean sujetos de derecho agrario, tutelados por la Ley de Amparo, o bien, cuando se trate de los trabajadores, casos estos en los cuales se establece que no se impone la referida multa porque se aprecia que dichas personas no actuaron de mala fe como lo contempla el artículo 3o. bis, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, lo cual expresa el recurrente es contradictorio, pues en este supuesto se atiende a la mala fe que refiere el precepto en comento; además de que no se interpretaron las referidas tesis. Al respecto, se estima que aun cuando pudieran ser contradictorios los criterios de las tesis antes mencionadas, con la interpretación que se da en el auto que se revisa al artículo 90 de la ley de la materia, sin relacionarlo con el 3o. bis, párrafo segundo, del mismo ordenamiento legal, esto es, sin tomar en consideración que la persona que promovió el recurso hubiera actuado de mala fe, lo cierto es que dichos criterios que se contienen en las tesis referidas, los sostiene la Segunda Sala y los mismos no obligan a esta Primera Sala. Debiendo señalarse que esta Primera Sala estima que en los casos a que se refiere el artículo 90 de la Ley de Amparo, esto es, cuando se deseche el recurso de revisión por no contener la sentencia impugnada decisión sobre la constitucionalidad de una ley o no establecer la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, se impondrá una multa de treinta a ciento ochenta días de salario al recurrente o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos, sin que para ello tenga que tomarse en consideración lo que establece el diverso artículo 3o. bis, párrafo segundo, de la ley en comento, referente a la demostración de que el recurrente, su apoderado o su abogado, según sea el caso, hayan actuado de mala fe, puesto que el primero de los preceptos aludidos se refiere al caso especial, mientras que el segundo de los mencionados se refiere a los casos generales; por lo que para imponer la multa en comento al desechar el recurso de revisión, no tiene por qué atenderse a la mala fe con que hubieran actuado los promoventes del multicitado recurso de revisión, sino sólo al hecho de que se desechó por no tener la resolución ahí recurrida decisión sobre la constitucionalidad de una ley o no establecer la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, por lo que una vez actualizado este supuesto, sólo se atenderá a las atenuantes y agravantes, así como a las consecuencias que trajo dicha conducta, es decir, la interposición del recurso desechado, para imponer una multa dentro de los límites que el citado artículo 90 de la Ley de Amparo establece. Conviene precisar respecto de la diversa tesis que cita el recurrente con el rubro: ‘MULTAS EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, NO PROCEDE IMPONERLAS CUANDO QUIEN LO INTERPONE SE ENCUENTRA PRIVADO DE LIBERTAD.’, que la misma no tiene aplicación en la especie, en virtud de que se refiere a las multas que se establecen con motivo de la interposición del recurso de reclamación y no a las impuestas en el diverso recurso de revisión cuando se desechan dichos recursos, como el que se analiza. En un segundo agravio refiere el aludido recurrente que se le impuso una multa por la cantidad de $4,425.75 (cuatro mil cuatrocientos veinticinco pesos 75/100 M.N.), equivalente a ciento cinco días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en la fecha en que se interpuso el recurso, que era de $42.15 (cuarenta y dos pesos 15/100 M.N.), que corresponde al término medio aritmético de la sanción que prevé el artículo 90 de la Ley de Amparo, señalándose en el acuerdo recurrido que en el caso no se advierten atenuantes o agravantes para variar en un extremo u otro dicha sanción, por lo que dice existe una indebida motivación, anotándose que, además, debió tomarse en consideración la mala fe que establece el artículo 3o. bis, párrafo segundo, del mismo ordenamiento legal en cita, en relación con la demostración de la mala fe, citando en apoyo de sus argumentos una tesis de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, con el título: ‘MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 224 DE LA LEY DE AMPARO. APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 3o. BIS DE LA PROPIA LEY.’. El anterior agravio se estima parcialmente fundado, puesto que si el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no advirtió atenuantes o agravantes para imponer la sanción, no debió imponer el término medio aritmético de la sanción que prevé el multirreferido artículo 90 de la Ley de Amparo, sino que ante el desechamiento del recurso debió haber impuesto la sanción mínima, motivo por el cual, al resultar fundado este agravio, lo conducente es declarar parcialmente fundado el presente recurso y modificar la resolución recurrida, para que la sanción impuesta al ahora recurrente sea la correspondiente a una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento en que se desechó el multicitado recurso de revisión, que era de $42.15 (cuarenta y dos pesos 15/100 M.N.) equivalente a $1,264.50 (mil doscientos sesenta y cuatro pesos 50/100 M.N.). Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis: ‘Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIV, octubre de 2001. Tesis: 2a. CCII/2001. Página: 437. RECLAMACIÓN. RESULTAN COMPETENTES LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE PARA CONOCER DEL RECURSO INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO DEL PRESIDENTE DE ESE ALTO TRIBUNAL QUE DESECHA LA REVISIÓN, SI SE ESTÁ EN EL CASO DE MODIFICARLO. En el punto tercero, fracción III, del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, se estableció la competencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de los recursos de reclamación interpuestos contra las providencias o acuerdos de trámite dictados por el presidente de ese Alto Tribunal cuando se estime que procede revocarlos. Asimismo, en el punto cuarto del referido acuerdo, se determinó la competencia de las Salas del Máximo Tribunal jurisdiccional del país para conocer de los asuntos que originariamente les correspondían y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el aludido punto tercero del propio acuerdo. Deriva de lo anterior, que la competencia del Tribunal Pleno para conocer de los recursos de reclamación que se interpongan contra acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se limita a los casos en que se estime que procede revocarlos, hipótesis que no se surte cuando se desestiman los agravios planteados en relación al desechamiento del recurso y fundados los relativos a la multa impuesta, toda vez que en ese supuesto no se está en el caso de revocar la determinación impugnada, sino únicamente modificarla en cuanto al aspecto señalado; en consecuencia, se surte la competencia de las Salas para conocer del recurso, en términos del punto cuarto del referido acuerdo general, por tratarse de asuntos cuya competencia no se encuentra reservada al Tribunal Pleno en el punto tercero del mencionando acuerdo. Reclamación 67/2001-PL. Aceros Especiales de Querétaro, S.A. de C.V. 5 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Moisés Muñoz Padilla.’."
CUARTO. Por su parte, la Segunda Sala de este Alto Tribunal en sesión de veintiocho de junio del año dos mil dos, por unanimidad de cuatro votos resolvió el recurso de reclamación 167/2002-PL, interpuesto por Mercedes Yssel González Mercado, al sostener, en la parte conducente, lo siguiente:
"SEXTO. El presente recurso de reclamación debe declararse infundado. La recurrente alega en su único agravio: a) Que solicita que la multa que se le impuso sea condonada o, en su caso, reducida, pues carece de ingresos por estar desempleada actualmente; además, el recurso de revisión fue interpuesto con la finalidad de que se impartiera justicia y de ninguna manera se trató de entorpecer el cumplimiento de la sentencia recurrida. b) Que si se considera que el dejar de aplicar correctamente el decreto expropiatorio de fecha 26 de abril de 1990 ‘en que se expropia para beneficio de los avecindados y ocupantes, situación con la cual me ostento y siempre he detentado la posesión del predio mencionado, no es violatoria de una norma constitucional el haberle otorgado por parte de una autoridad administrativa la titulación de un predio, sin que haya mediado citación para defender los intereses en el ámbito administrativo, si el hecho de tener un contrato similar con el que la señora María Trinidad Mendoza Velázquez acreditó su posesión virtual del predio que escrituró la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra a su favor, si el hecho de que hemos poseído un predio por más de veinte años y le otorgan la titularidad del predio a una persona ajena al mismo, no es violatorio a los preceptos constitucionales en vigor, le pido a usted señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mil disculpas.’. En primer término, cabe señalar que la recurrente no controvierte las consideraciones sustentadas en el acuerdo recurrido, consistentes en que el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia pronunciada el veintidós de abril del presente año, en el juicio de amparo directo número 143/2002, por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se desechó porque no satisface los supuestos de procedencia previstos por los artículos 83, fracción V, de la Ley de Amparo; 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que en la demanda no se planteó concepto de violación alguno sobre la inconstitucionalidad de una norma de carácter general y, en consecuencia, en el fallo impugnado no se decidió u omitió decidir sobre esa cuestión, ni se estableció la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal; por tanto, ante la falta de agravios tendentes a controvertir esas consideraciones, las mismas continúan incólumes para regir el auto recurrido. En segundo término, debe decirse que no es jurídicamente posible acceder a la petición de la reclamante en el sentido de que la multa ‘sea condonada o, en su caso, reducida’, en razón de que, como se señaló en el acuerdo recurrido, el artículo 90, último párrafo, de la Ley de Amparo, dispone la invariable imposición de una multa de treinta a ciento ochenta días de salario cuando se determine el desechamiento del recurso de revisión en amparo directo, por no existir cuestión relacionada con la constitucionalidad de un ordenamiento general ni la interpretación directa de un precepto de la Carta Magna, lo que aparece corroborado con los criterios sustentados por este Alto Tribunal que apoyaron esa decisión, con la circunstancia adicional de que en el auto impugnado también se determinó que la intención de la quejosa al promover la revisión fue la de entorpecer la ejecución de la sentencia reclamada, lo que objetivamente denota la mala fe con que se condujo al interponer ese recurso, sin que impidan llegar a la corroboración de la sanción pecuniaria las circunstancias personales de la solicitante ni las razones que tuvo para interponer el recurso, porque la imposición de la multa tiene su justificación en la norma legal que la prevé sin distinción alguna, cuyo propósito es, a través del establecimiento de medidas ejemplares, reprimir y evitar la promoción de instancias que constituyen conductas ilícitas al retardar innecesariamente la impartición de justicia, en detrimento de lo establecido por el artículo 17 constitucional, objetivo que sería más difícil de alcanzar si se pasa por alto el cumplimiento de la ley, como sugiere la promovente. En ese contexto, la imposición de la multa básicamente se encuentra fundada no en la finalidad que la peticionaria de garantías tuvo para interponer el recurso de revisión, sino en la disposición expresa de la Ley de Amparo, que en su artículo 90, último párrafo, establece: ‘Artículo 90. ... Siempre que el presidente de la Suprema Corte de Justicia o, en sus respectivos casos, el Pleno, o la Sala correspondiente, desechen el recurso de revisión interpuesto contra sentencias pronunciadas por Tribunales Colegiados de Circuito, por no contener dichas sentencias decisión sobre la constitucionalidad de una ley o no establecer la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, impondrán, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, al recurrente o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta días de salario.’. Del precepto transcrito se infiere que siempre que se deseche el recurso de revisión porque la sentencia del Tribunal Colegiado no contenga disposición sobre la constitucionalidad de una ley o no establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución, se impondrá multa; por tanto, la multa impuesta a la quejosa fue por disposición de la ley, por actualizarse los supuestos previstos en el artículo citado con antelación. Es aplicable la tesis consultable en la página 157, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época, Primera Sala, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: ‘MULTA EN AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. DEBE IMPONERSE SI SE DESECHA EL RECURSO POR NO CONTENER LA SENTENCIA IMPUGNADA DECISIÓN SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY O NO ESTABLECER LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UNA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación armónica de los artículos 3o. bis y 90 de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los casos en los que se deseche el recurso de revisión, interpuesto contra una sentencia pronunciada en amparo directo por un Tribunal Colegiado de Circuito, por no contenerse en ella decisión sobre la constitucionalidad de una ley o no establecerse interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, deberá imponerse multa al recurrente o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos. En efecto, a pesar de que el segundo párrafo de la disposición citada en primer término señala, de manera general, que el juzgador sólo aplicará las multas establecidas en la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, a los infractores que a su juicio hubieren actuado de mala fe, el artículo mencionado en último lugar, que es la norma que en especial regula la hipótesis de referencia, categóricamente ordena que siempre se sancionará con multa al infractor sin hacer distingos.’. Por tanto, es correcto que en el auto impugnado se le haya impuesto una multa por la cantidad de $4,425.75 (cuatro mil cuatrocientos veinticinco pesos 75/100 M.N.), equivalentes a ciento cinco días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que en la fecha en que se interpuso el recurso era de $42.15 (cuarenta y dos pesos 15/100 M.N.), pues no se advierten circunstancias atenuantes o agravantes que pudieran variar en uno u otro sentido esa sanción. En las circunstancias narradas, al resultar infundados los agravios propuestos, lo procedente es declarar infundado el presente recurso de reclamación. SÉPTIMO. Por último, no procede imponer a la recurrente la multa establecida en el artículo 103, último párrafo, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 103, último párrafo, de la Ley de Amparo prevé: ‘Si se estima que el recurso fue interpuesto sin motivo, se impondrá al recurrente o a su representante, o a su abogado, o a ambos, una multa de diez a ciento veinte días de salario.’. Por su parte, el artículo 3o. bis, segundo párrafo, de la propia ley dispone: ‘El juzgador sólo aplicará las multas establecidas en esta ley a los infractores que, a su juicio, hubieren actuado de mala fe.’. La interpretación lógica y armónica de los preceptos insertos permite concluir que no está prevista indistinta y categóricamente la imposición de la multa cuando se interpone el recurso de reclamación, sino que tal multa deberá aplicarse sólo cuando el recurso haya sido interpuesto de mala fe. Ahora bien, en el caso concreto no se advierte que la inconforme se hubiera conducido con mala fe al interponer este recurso, ni que se hubiera intentado sin motivo o para retrasar la administración de justicia en el juicio civil del que emanan los actos impugnados, toda vez que del escrito mismo del recurso de reclamación se desprende que la recurrente sólo busca que se le condone o modifique la multa impuesta. Sirve de apoyo a esta determinación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/96, sustentada por esta Segunda Sala, que aparece publicada en la página 596 del Tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘RECLAMACIÓN. NO PROCEDE IMPONER MULTA AUNQUE SEA NOTORIAMENTE INFUNDADO EL RECURSO, SI EL RECLAMANTE NO ACTUÓ DE MALA FE. Si del análisis objetivo de las constancias de autos y de la situación personal del recurrente se desprende que el recurso de reclamación, a pesar de ser notoriamente infundado, no fue hecho valer de mala fe, no debe multarse al promovente, ya que los artículos 103 y 3o. bis de la Ley de Amparo no establecen indistinta y categóricamente la imposición de la multa, sino que lo que se pretende es desalentar y, en su caso, sancionar a aquellos que frívola y maliciosamente hacen uso de las defensas establecidas con el solo afán de demorar la solución de un asunto.’."
QUINTO. Como cuestión previa, y a fin de precisar si efectivamente existe contradicción entre los criterios sustentados por cada una de las Salas de este Alto Tribunal, a continuación se sintetizan los antecedentes que dieron origen a las resoluciones de dichos órganos, así como las consideraciones sustentadas en las mismas:
I. Recurso de reclamación 114/2002-PL. Recurrente: Jesús Sánchez Trinidad, resuelto por unanimidad de cinco votos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce de junio de dos mil dos (ponente: Ministro Humberto Román Palacios).
1. Agustín Alfonso Neri Hernández, por conducto de su apoderado Jesús Sánchez Trinidad, presentó demanda de amparo directo contra la sentencia de doce de diciembre de dos mil uno, emitida por la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca de apelación 3746/2001, formado con motivo de la tramitación del juicio ejecutivo mercantil 128/2000.
2. De la demanda de amparo correspondió conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, resolviendo otorgar la protección de la Justicia de la Unión.
3. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión; recibidos los autos en este Alto Tribunal, su presidente, mediante proveído de diez de abril de dos mil dos, desechó por improcedente el referido recurso, formando al respecto el expediente del amparo directo en revisión 579/2002. Dicho acuerdo textualmente señala:
"México, Distrito Federal, a diez de abril de dos mil dos. Con el oficio de remisión de los autos y el escrito original de expresión de agravios, fórmese y regístrese el toca de revisión relativo al juicio de amparo directo promovido por Agustín Alfonso Neri Hernández, contra actos de la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Acúsese recibo. Ahora bien, como en el caso Jesús Sánchez Trinidad, en su carácter de autorizado del referido quejoso, hace valer recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de febrero del presente año, pronunciada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el juicio de amparo directo 127/2002, y del análisis de las constancias de autos se advierte que en la demanda no se planteó concepto de violación alguno sobre la inconstitucionalidad de una norma de carácter general y, en consecuencia, en el fallo impugnado no se decidió u omitió decidir sobre esa cuestión ni se estableció interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, debe concluirse que no se surten los supuestos que establecen los artículos 83, fracción V, de la Ley de Amparo; 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que proceda el recurso que se interpone, razón por la cual debe desecharse. Sirve de sustento la jurisprudencia de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación número 2a./J. 3/96, cuyos rubro y texto son: ‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, REQUISITOS DE SU PROCEDENCIA. La interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX de la Constitución Federal; 83, fracción V de la Ley de Amparo; 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permite determinar que para la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones pronunciadas en amparo directo por los Tribunales Colegiados de Circuito, se requiere que en la demanda de amparo se hubiere impugnado la constitucionalidad de una ley, de un tratado internacional o de un reglamento, o se hubiere planteado en los conceptos de violación la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que al dictar sentencia el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, haya decidido sobre la constitucionalidad de la ley, tratado internacional o reglamento impugnado; o bien, establecido la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, u omitido el estudio y decisión de estas cuestiones.’, publicada en la página doscientos dieciocho, Tomo III, febrero de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Por otra parte, con fundamento en el último párrafo del artículo 90 de la Ley de Amparo, que señala: ‘Siempre que el presidente de la Suprema Corte de Justicia o, en sus respectivos casos, el Pleno, o la Sala correspondiente, desechen el recurso de revisión interpuesto contra sentencias pronunciadas por Tribunales Colegiados de Circuito, por no contener dichas sentencias decisión sobre la constitucionalidad de una ley o no establecer la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, impondrán, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, al recurrente o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta días de salario.’, se impone a Jesús Sánchez Trinidad una multa por la cantidad de $4,425.75 (cuatro mil cuatrocientos veinticinco pesos 75/100 M.N.), equivalente a ciento cinco días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en la fecha en que se interpuso el recurso, que era de $42.15 (cuarenta y dos pesos 15/100 M.N.) diarios, y que corresponde al término medio aritmético de la sanción a que se refiere el citado numeral, ya que en el caso no se advierten atenuantes o agravantes para variar en un extremo u otro dicha sanción. Es conveniente agregar que la Segunda Sala de este órgano jurisdiccional, al resolver por unanimidad de cuatro votos, en su sesión correspondiente al día doce de mayo de mil novecientos noventa y nueve el recurso de reclamación número 69/99, estableció la invariable obligación de imponer la multa prevista en el artículo 90 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: ‘De la interpretación armónica de los artículos transcritos se obtiene que en todos aquellos casos en que se actualice la hipótesis prevista por el artículo citado en primer término, debe aplicarse la sanción correspondiente, no obstante que el segundo párrafo de la disposición citada en segundo término señala, de manera genérica, que el juzgador sólo aplicará las multas a que se refiere la ley de la materia a aquellos infractores que a su juicio hubieren actuado de mala fe; lo anterior es así toda vez que el artículo 90, último párrafo, de la ley de la materia ordena, categóricamente, que siempre que se actualice la hipótesis prevista en dicho precepto se sancionará al infractor, sin hacer distingos; en otras palabras, siempre que se deseche el recurso de revisión porque la sentencia del Tribunal Colegiado no contenga decisión sobre la constitucionalidad de una ley o no establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución, se impondrá multa. De lo anterior es dable concluir que, en el caso, no es necesaria la motivación de la multa contenida en el acuerdo recurrido, toda vez que se impuso por disposición de ley, por actualizarse los supuestos previstos en el artículo citado en primer término.’. Además, sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Primera Sala de este Alto Tribunal, con el contenido siguiente: ‘MULTA EN AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. DEBE IMPONERSE SI SE DESECHA EL RECURSO POR NO CONTENER LA SENTENCIA IMPUGNADA DECISIÓN SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY O NO ESTABLECER LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UNA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación armónica de los artículos 3o. bis y 90 de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los casos en los que se desecha el recurso de revisión, interpuesto contra una sentencia pronunciada en amparo directo por un Tribunal Colegiado de Circuito, por no contenerse en ella decisión sobre la constitucionalidad de una ley o no establecerse interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, deberá imponerse multa al recurrente o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos. En efecto, a pesar de que el segundo párrafo de la disposición citada en primer término señala, de manera general, que el juzgador sólo aplicará las multas establecidas en la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, a los infractores que a su juicio hubieren actuado de mala fe, el artículo mencionado en último lugar, que es la norma que en especial regula la hipótesis de referencia, categóricamente ordena que siempre se sancionará con multa al infractor sin hacer distingos.’; consultable en la página ciento cincuenta y siete, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. No es obstáculo para la conclusión anterior la circunstancia de que en los agravios se alegue la inconstitucionalidad de los artículos 2o., 5o., 8o., 14, 79, 82, 126, 127, 128, 129, 150, 152, 170, 171, 172 y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sin haberlo hecho previamente en la demanda, toda vez que es ante el Tribunal Colegiado del conocimiento donde deben proponerse esos argumentos, cuyo estudio u omisión hacen procedente el recurso. Es aplicable la tesis de la Segunda Sala de este Alto Tribunal que se identifica con el número 2a. XXXVIII/98, con el encabezado: ‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL PLANTEAMIENTO EN LOS AGRAVIOS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY, TRATADO INTERNACIONAL O REGLAMENTO, O LA INTERPRETACIÓN DE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN, NO HACE PROCEDENTE EL RECURSO SI NO SE HIZO EN LA DEMANDA, O NO FUERON EXAMINADOS EN LA SENTENCIA RECURRIDA.’; visible en la página cuatrocientos diecisiete, Tomo VII, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. En consecuencia, con apoyo además en los artículos 90 de la Ley de Amparo; 10, fracción XI y 14, fracción II, párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los puntos segundo, fracción I y primero transitorio del Acuerdo Plenario 5/1999 publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, se acuerda: I. Se desecha por improcedente el recurso de revisión que hace valer Jesús Sánchez
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17764-11fd7c8b/multa-en-amparo-directo-en-revision-queda-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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