FALSEDAD EN DECLARACIONES RENDIDAS ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA JUDICIAL. EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 247 DEL AHORA CÓDIGO PENAL FEDERAL VIOLA LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, EN LA PARTE QUE SEÑALA ‘SE IMPONDRÁN DE DOS A SEIS AÑOS’, PORQUE NO ESPECIFICA LA NATURALEZA DE LA PENA (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL DIEZ DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO). LEY. PARA DETERMINAR LA AUTENTICIDAD DE SU TEXTO DEBE ATENDERSE AL APROBADO POR LAS CÁMARAS DURANTE EL PROCESO LEGISLATIVO Y NO AL QUE DIFIRIENDO DE ÉSTE SE HAYA ENVIADO AL EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2001-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIOS: EDUARDO FERRER MAC GREGOR POISOT Y ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de diez de noviembre de dos mil, por unanimidad de cuatro votos resolvió el amparo en revisión 326/2000, promovido por ... al sostener, en la parte conducente, lo siguiente:
"QUINTO. ... Por otra parte, como el asunto es de materia penal, es pertinente tener presente la garantía de exacta aplicación de la ley, como una extensión de la garantía de seguridad jurídica, consagrada en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, que establece: ‘Artículo 14. ... En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. ...’. Conforme a la disposición constitucional transcrita se desprende, por una parte, que no puede considerarse delictuoso un hecho sino por expresa declaración de la ley y, por la otra, que para todo delito la ley debe señalar con precisión la pena correspondiente, ya que dicho artículo prohíbe aplicar una sanción si no existe disposición legal alguna que expresamente la imponga por la comisión de un hecho determinado que esté considerado como delito. Con base en las precisiones anteriores, puede concluirse que el artículo 247, fracción I, del citado Código Penal, con motivo de su reforma mediante el decreto respectivo publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, es violatorio de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal y, por ende, de la garantía de seguridad jurídica, al no establecerse en la ley respectiva la naturaleza de la pena que debiera corresponder a la conducta que describe en su fracción I. Lo anterior es así, porque con motivo del referido decreto de reformas al precitado Código Penal, dicho precepto, en su fracción I, quedó redactado en los términos siguientes: ‘(Reformado, D.O. 10 de enero de 1994). Artículo 247. Se impondrán de dos a seis años y multa de cien a trescientos días multa (se transcribe).’. De acuerdo con el precepto transcrito, concretamente en su primer párrafo, se advierte que no establece la naturaleza de la pena que corresponde a la conducta que prevé en su fracción I, pues sólo señala que se impondrán de dos a seis años, de manera que con tal omisión dicho precepto legal viola la garantía de seguridad jurídica en materia penal, contenida en el artículo 14 constitucional. Omisión que resulta sustancial en atención al contenido del artículo 24 del Código Penal, que señala: ‘Artículo 24. Las penas y medidas de seguridad son: 1. Prisión. 2. Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo en favor de la comunidad. 3. Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos. 4. Confinamiento. 5. Prohibición de ir a lugar determinado. 6. Sanción pecuniaria. 7. (Derogado, D.O. 13 de enero de 1984). 8. Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito. 9. Amonestación. 10. Apercibimiento. 11. Caución de no ofender. 12. Suspensión o privación de derechos. 13. Inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o empleos. 14. Publicación especial de sentencia. 15. Vigilancia de la autoridad. 16. Suspensión o disolución de sociedades. 17. Medidas tutelares para menores. 18. Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito. Y las demás que fijen las leyes.’. De la transcripción anterior se obtiene que la prisión no es la única pena prevista en el derecho positivo que la autoridad judicial puede imponer por un tiempo determinado. Por otra parte, el proceso legislativo ordinario, en el caso del Congreso de la Unión, se encuentra establecido en los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, que en su orden establecen: (se reproducen). Atento los preceptos transcritos, el proceso legislativo federal, de acuerdo con la descripción establecida por el Tribunal Pleno, al fallar el nueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve el amparo en revisión número 1334/98, quejoso: Manuel Camacho Solís por unanimidad de votos, siendo ponente el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón, consta de las etapas siguientes: a) Iniciativa. Se traduce en el acto por virtud del cual los sujetos autorizados constitucionalmente por el artículo 71, presentan o proponen, ante la Cámara de Origen del Congreso de la Unión que corresponda, un proyecto de ley o decreto, con lo cual se pone en marcha el mecanismo para la formación de las leyes en nuestro sistema constitucional. b) Discusión. Es la etapa del proceso legislativo en la cual, con arreglo a las disposiciones consagradas en el Reglamento de Debates, se examinan las iniciativas de ley o decreto por los legisladores en cada una de las Cámaras que integran el Congreso Federal y se hace el intercambio de opiniones en favor o en contra de la proposición. c) Aprobación. Una vez agotada la discusión en el seno de la Cámara de Origen, se recoge la votación nominal de los legisladores, la cual, de ser suficiente, provocará la aprobación del proyecto de ley o decreto, debiendo entonces remitirse para su discusión y aprobación a la Cámara Revisora. Debe destacarse que el proceso de discusión y aprobación de las iniciativas debe realizarse de manera sucesiva en ambas Cámaras, por así establecerlo el epígrafe del artículo 72 constitucional, siendo que por lo que toca a los proyectos de decretos o leyes que versen sobre empréstitos, contribuciones y reclutamiento de tropas, la discusión deberá realizarse primero en la Cámara de Diputados, fungiendo como Revisora la de Senadores; por lo demás, no existe impedimento constitucional para que la etapa de discusión se inicie, indistintamente, en cualquiera de las Cámaras. d) Sanción. Una vez aprobado un proyecto de ley por ambas Cámaras del Congreso Federal, se remite al Ejecutivo Federal para que, de no tener observaciones, ordene su publicación. El ejercicio de observaciones al proyecto se ha denominado como derecho de veto, que provoca su devolución a la Cámara de Origen para su revisión, discusión y, en su caso, nueva aprobación por dos terceras partes del número total de votos, la cual, de darse, generará a su vez la remisión del proyecto a la Cámara Revisora para los mismos efectos, que, de ser aprobada, deberá publicarse inmediatamente por el Ejecutivo. e) Promulgación o publicación. Consiste en la etapa del proceso legislativo en que el Ejecutivo Federal, una vez aprobado definitivamente el proyecto de ley o decreto en los términos requeridos con anterioridad, ordena que la norma recién creada se haga del conocimiento de los gobernados mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación. f) Inicio de vigencia. Aun cuando la fecha en que la norma legal se vuelve obligatoria constituye propiamente un efecto producto de la culminación del proceso legislativo, según lo establecido en el propio ordenamiento o de acuerdo con su publicación en el aludido periódico oficial, en la doctrina se ha identificado a la vigencia de la ley como la última de las etapas de dicho procedimiento.’. De conformidad con lo razonado, conviene hacer la observación de que la omisión indicada respecto a la precisión de que el periodo de tiempo a que se alude debe considerarse de prisión, deriva del propio proceso legislativo que culminó con el indicado decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, esto es, no se trata de un error en la publicación que pudiera ser corregido por alguna otra autoridad distinta del legislativo. Se afirma lo anterior, porque el proceso legislativo de una ley federal (como en el caso lo es el decreto por el que se reformó el citado artículo 247) es un hecho notorio para esta Suprema Corte de Justicia que, por tanto, no requiere de prueba. En efecto, se advierte del proceso legislativo en consulta, lo siguiente: A. En veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y tres fue enviada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto del secretario de Gobernación, la iniciativa del presidente de la República, del decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal indicado, entre otros ordenamientos legales; en dicha iniciativa se planteó reformar, entre otros, el artículo 247, en los siguientes términos: ‘Artículo 247. Se impondrán de dos a seis años y multa de cien a trescientos días multa (se transcribe).’. B. En catorce de diciembre de mil novecientos noventa y tres, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Cámara de Diputados, formularon el dictamen correspondiente a esa iniciativa, en el que se propuso el proyecto de ‘Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal ...’; en este proyecto se propone para su discusión y aprobación, entre otros, el citado artículo 247, mismo que aparece redactado en idénticos términos que en la iniciativa enviada por el presidente de la República. En efecto, en el proyecto a que alude el dictamen se señaló lo siguiente: ‘Artículo 247. Se impondrán de dos a seis años y de 100 a 300 de días multa (se transcribe).’. C. En veinte de diciembre de mil novecientos noventa y tres se llevó a cabo la discusión y aprobación del proyecto de reformas contenido en el referido dictamen, el cual fue aprobado en lo general y en lo particular por trescientos cuarenta y cinco votos a favor y veintisiete en contra; por lo que en igual fecha se envió a la Cámara de Senadores, mediante minuta de proyecto correspondiente. D. Recibida dicha minuta en el Senado de la República, en veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera Sección, formuló el dictamen correspondiente, el que concluyó en los siguientes términos: ‘... En virtud de lo expuesto y fundado, las comisiones que suscriben solicitan la aprobación del siguiente proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal ...’. En ese proyecto de decreto, el artículo 247, cuya aprobación se propuso, aparece redactado en idénticos términos que el proyecto propuesto por las mencionadas Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, antes transcrito, por lo que en obvio de repeticiones es innecesario reproducir. E. En veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y tres se llevó a cabo la discusión y aprobación del proyecto de reformas contenido en el referido dictamen, el cual fue aprobado por el Senado en lo general y en lo particular por cuarenta y nueve votos a favor y dos en contra; por lo que se envió al Ejecutivo de la Unión para los efectos constitucionales. F. En veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y tres el diputado secretario Sergio González Santa Cruz y el senador secretario Antonio Melgar Aranda remitieron al secretario de Gobernación el oficio número 165 que, en lo conducente, dice: ‘Para los efectos constitucionales nos permitimos remitir a usted el decreto aprobado por el H. Congreso de la Unión, que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, del Código de Procedimiento Penales ... (otros códigos y leyes que se mencionan). Reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración’. En dicho decreto enviado, en lo relativo al artículo 247, se anota lo siguiente: ‘Artículo 247. Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientos días multa (se transcribe).’. G. En veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y tres, el referido decreto fue promulgado por el presidente de la República, y el citado artículo 247 aparece redactado en iguales términos que en los que aparece la transcripción anterior, y sólo para destacar el punto cuestionado se reproduce el primer párrafo, en el que se anota: ‘Artículo 247. Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientos días multa.’. H. El precitado decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, en donde el repetido artículo 247 aparece redactado en iguales términos en que se contiene tanto en la iniciativa de decreto del presidente de la República, como en los proyectos respectivos que fueron aprobados por la Cámara de Diputados y por el Senado; y sólo para mayor claridad de la exposición y a fin de evitar repeticiones, se transcribe únicamente su párrafo primero, que señala: ‘Artículo 247. Se impondrán de dos a seis años y multa de cien a trescientos días multa.’. Los antecedentes relatados ponen de manifiesto lo antes expresado, de que el legislador ordinario en lo absoluto señaló la naturaleza de la pena impuesta, cuando se refirió de dos a seis años. No es óbice a la conclusión de inconstitucionalidad del artículo 247 en cita, que éste, y sólo en cuanto a la pena consistente en la multa, sí la precise en cuanto a su monto y naturaleza (de cien a trescientos días multa), porque al no establecer el primer párrafo la naturaleza de la pena, cuando señala ‘de dos a seis años’, viola la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, ya que crea incertidumbre en la aplicación de la pena y, por consiguiente, transgrede la garantía de seguridad jurídica al permitir actos arbitrarios de la autoridad encargada de aplicarla, o de otras autoridades, quienes con base en interpretaciones contrarias a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, suponen que se trata de la pena de prisión. Ello es así, porque respecto al principio de legalidad, este principio admite una clasificación cuatripartita, a saber: no hay pena sin ley estricta, no hay pena sin ley escrita, no hay pena sin ley previa y no hay pena sin ley cierta. Respecto a la última clasificación referida, se entiende como la prohibición en la creación de tipos penales y penas indeterminadas, es decir, el legislador debe establecer perfectamente el supuesto de hecho (mandato o prohibición), así como su consecuencia jurídica (pena de prisión, multa). El precepto reclamado transgrede en esta parte el principio de legalidad, en virtud de que el legislador no precisó debidamente la consecuencia jurídica del delito de falsedad de declaraciones, en virtud de que para tal efecto se limitó a señalar ‘de dos a seis años’ sin especificar a qué se refería. Cobra aplicación la tesis aislada del tenor literal siguiente: ‘EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA. La interpretación del tercer párrafo del artículo 14 constitucional, que prevé como garantía la exacta aplicación de la ley en materia penal, no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, la que debe estar redactada de tal forma, que los términos mediante los cuales especifique los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos. La autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar en las leyes penales que expida, expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza, resulta violatoria de la garantía indicada prevista en el artículo 14 de la Constitución General de la República.’ (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: I, mayo de 1995. Tesis: P. IX/95. Página: 82). Igualmente, no es óbice que en el decreto enviado por el diputado secretario y el senador secretario, en oficio 165 de 21 de diciembre de mil novecientos noventa y tres, para su promulgación, y en el decreto promulgado por el presidente de la República el día veintitrés del mes y año citados, se haya indicado que los dos a seis años son de prisión; pues como ha quedado relatado, los diputados y senadores, cuando aprobaron los respectivos dictámenes, nunca indicaron que la pena de dos a seis años fuera de prisión; además de que, como se señala más adelante, a dichas autoridades no les corresponde imponer las penas por delitos (el presidente de la República sólo puede hacer observaciones a los decretos que le envíe el Congreso, para su discusión nuevamente en la Cámara de Origen, atento lo dispuesto en el artículo 72 constitucional), sino precisamente al Congreso de la Unión. Resulta procedente invocar también, en lo conducente, los razonamientos contenidos en la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Pleno, al resolver por unanimidad de once votos el amparo en revisión 1987/99, promovido por ... y otros, en sesión de doce de junio de dos mil, bajo la ponencia del Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, que es del tenor literal siguiente: ‘... En efecto, lo infundado de tales argumentos atiende a que, como lo señaló el Juez de Distrito, ni en la iniciativa de reformas que envió el presidente de la República a la Cámara de Diputados; ni en el Diario de Debates de la citada Cámara de fechas veinte y veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y tres; ni en el Diario de Debates de la Cámara de Senadores de fecha veintiuno de diciembre del mismo año, se advierte que formara parte de la discusión la imposición de pena de prisión para la conducta antijurídica prevista por la fracción I del artículo 247 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; en atención a que tal aspecto nunca fue parte de la polémica. Tan es así, que la iniciativa de reformas fue modificada por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia por lo que hace a la pena pecuniaria; pues en la iniciativa de reformas se establecía «multa de cuarenta a ciento veinte días multa» y en la modificación realizada se precisó que la sanción sería de «multa de cien a trescientos días multa». Sin que haya sido objeto de los debates el tipo de sanción cuantificable «de dos a seis años». Además, aun cuando pudiera sostenerse que el legislador tuvo el propósito de castigar con pena de prisión la conducta antijurídica mencionada, tal intención, por sí sola, no basta en el ámbito penal para perfeccionar la norma, por las razones que se dan a continuación. El tercer párrafo del artículo 14 constitucional establece la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, concebida como la prohibición de imponer penas que no estén establecidas por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. En efecto, el examen preliminar del citado dispositivo constitucional que recoge enraizados principios de estricta legalidad en materia penal, podría hacer llegar a la conclusión de que está dirigida exclusivamente a los Jueces y limitada, por tanto, al ámbito de la aplicación de las leyes, puesto que aquéllos sólo pueden válidamente imponer penas a quien ha cometido un delito, cuando tanto ese tipo de sanción como la conducta humana punible coinciden plenamente con lo que describe el ordenamiento legal. Por lo que se concluye que si esta garantía tiene validez en todo el ámbito penal, no puede quedar circunscrita al perímetro de los actos de aplicación, de tal manera que sólo sea exigible ante los Jueces, sino que debe abarcar también a la ley misma, ya que el mandato constitucional exige, para su cabal cumplimiento, que también la ley sea concebida en tal forma que los términos mediante los cuales especifique los elementos respectivos delito y pena sean claros, precisos y exactos, a fin de evitar que las autoridades aplicadoras incurran en confusión por la indeterminación de los conceptos. En esa medida, cabe concluir que al disponer la norma impugnada que la sanción aplicable al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad, será de dos a seis años, en adición a una multa de cien a trescientos días de multa, tiene lugar una transgresión al derecho fundamental tutelado en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, el cual no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer, por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que obliga también al legislador a que al expedir normas de carácter penal señale las conductas típicas y las penas aplicables con la precisión que evite un estado de incertidumbre jurídica al gobernado y una actuación arbitraria del respectivo juzgador. Por tanto, al establecerse como sanción a la conducta típica consistente en falsedad de declaraciones rendidas ante autoridad pública distinta de la judicial, «de dos a seis años», se transgrede el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, pues con ello se deja en estado de indefensión al inculpado y se permite la actuación arbitraria del juzgador, pues el mero establecimiento de un mínimo y un máximo de tiempo no conlleva, indefectiblemente, el que la pena respectiva sea de prisión, ya que no es ésta el único medio sancionatorio cuya aplicación puede cuantificarse temporalmente, pues basta acudir al catálogo de penas establecido en el artículo 24 del código punitivo en estudio para encontrar otras sanciones que pueden aplicarse por el referido periodo, directa o sustitutivamente, entre otras, prisión, tratamiento en libertad, semilibertad, trabajo a favor de la comunidad, confinamiento, prohibición de ir a un lugar determinado, suspensión de derechos, inhabilitación o suspensión de funciones o empleos y vigilancia de la autoridad. Tal numeral dispone: «Artículo 24.» (se transcribe). Sirve de apoyo a la anterior conclusión la tesis cuyos rubro, texto y datos de identificación son los siguientes: «EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA.» (se transcribe). En esa virtud se impone confirmar la sentencia recurrida. En consecuencia, en la materia de la revisión competencia de este Tribunal Pleno, se impone confirmar la sentencia recurrida y conceder a los quejosos el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. ...’. Tampoco se opone a lo considerado, la fe de erratas publicada en el Diario Oficial de la Federación de uno de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, emitida por el secretario de Gobernación que, en lo conducente, dice: ‘Fe de erratas al decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal ... publicado el 10 de enero de 1994. 8. En la página 8, segunda columna, artículo 247, párrafo primero, dice: Se impondrá de dos a seis años y multa de cien a trescientos días de multa. Debe decir: Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientos días de multa.’. En efecto, la omisión en que incurrió el legislador no puede ser subsanada con dicha fe de erratas, porque ésta es violatoria del artículo 16 constitucional, al carecer el precitado secretario de Gobernación de competencia para legislar, aun a manera de aclaración de la ley. Ello es así porque la fe de erratas, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es: ‘Lista de las erratas observadas en un libro, inserta en él al final o al comienzo, con la enmienda que de cada una debe hacerse.’; por su parte, Juan Palomar de Miguel, en su Diccionario para Juristas, nos dice que errata es: ‘(del latín errata, f.f. de erratus, errado.) la equivocación material que se comete en un impreso o manuscrito’; de lo que podemos concluir que la fe de erratas es el documento en que consta la verdad de una cosa, en este caso, del error o yerros materiales cometidos en un impreso o manuscrito por descuido o por lo ilegible de un original; entendiéndose que tales equivocaciones pueden consistir en una letra inadvertida, una cifra cambiada, puntuación omitida, palabras incompletas, párrafo empalmado, un renglón fuera de lugar, entre otras. Ahora bien, lo anteriormente expresado se refiere a publicaciones en general, pero tratándose de leyes, la anterior definición debe ser aplicada con mayor puntualidad y precisión, dado que las disposiciones legales se encuentran revestidas de ciertas formalidades esenciales en torno al proceso que debe observarse para su creación, o bien, para su modificación y reforma. Además de que la facultad para establecer los delitos y fijar las penas que correspondan, y en tratándose de leyes penales federales, y para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, en el año de mil novecientos noventa y cuatro (año en que se emitió la referida fe de erratas), conforme a la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, y a lo que disponía el artículo 73, fracciones VI y XXI, constitucional, era exclusiva del Congreso de la Unión, por lo que ninguna otra autoridad distinta podía corregir la ley expedida por éste, como ocurre en el caso por tratarse de una ley penal federal y también aplicable al Distrito Federal en Materia de Fuero Común. Conviene hacer la observación, que si bien es cierto que en la Constitución vigente en mil novecientos noventa y cuatro, su artículo 122, fracción IV, inciso g), disponía, en lo conducente: ‘Artículo 122. El Gobierno del Distrito Federal está a cargo de los Poderes de la Unión, los cuales lo ejercerán por sí y a través de los órganos de gobierno del Distrito Federal representativos y democráticos, que establece esta Constitución. ... IV. La Asamblea de Representantes del Distrito Federal tiene facultades para: ... g) Legislar en el ámbito local, en lo relativo al Distrito Federal en los términos del Estatuto de Gobierno en materias de administración pública local ... civil; penal; defensoría de oficio ...’. Empero, lo anterior no significaba que dicha asamblea de representantes, en el año de mil novecientos noventa y cuatro, estuviera en posibilidad de ejercer sus facultades legislativas en materia penal, pues debía atenderse a lo establecido en el artículo décimo primero transitorio del decreto por el que se reforman los artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 105, 107,122, así como la denominación del título quinto, adición de una fracción IX al artículo 76 y un primer párrafo al 119 y se deroga la fracción XVII del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, que señala: ‘Décimo primero. El Congreso de la Unión conservará la facultad de legislar, en el ámbito local, en las materias de orden común, civil y penal para el Distrito Federal, en tanto se expidan los ordenamientos de carácter federal correspondientes, a cuya entrada en vigor, corresponderá a la Asamblea de Representantes legislar sobre el particular, en los términos del presente decreto.’. En tales condiciones, la fe de erratas en cita, y sólo en cuanto aclara el repetido artículo 247, primer párrafo, que es lo que constituye la materia del juicio de garantías del que deriva el presente recurso de revisión, atento el principio de relatividad de la sentencia contenido en el artículo 76 de la Ley de Amparo, también resulta violatoria de la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 14, en relación con el artículo 73, constitucionales, por provenir de una autoridad carente de competencia para legislar, ni aun a manera de aclaración. En consecuencia, no son jurídicamente válidas las consideraciones de la Juez Federal, en el sentido de que dicha fe de erratas no alteró el espíritu contenido en la reforma al citado artículo 247, que fue el de aumentar las penas en los casos en que se declare con falsedad o proporcionen informes falsos a una autoridad distinta de la judicial, ya que con anterioridad a la reforma de que se trata (publicada el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro), las penas correspondientes a tales hechos eran de dos meses a seis años de prisión o de sesenta a doscientos días multa, y que con motivo de la reforma, las penas se aumentaron de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientos días multa; que, además, resulta ilógico que por la omisión y posterior aclaración de la expresión de prisión, se deje sin castigo a las personas que cometen tales delitos, si el espíritu del legislador, al reformar dicho precepto, fue aumentar la penalidad, a quienes resulten responsables de la comisión de alguna de las hipótesis que contempla ese artículo. En efecto, lo infundado de las anteriores consideraciones resulta porque de acuerdo al principio de exacta aplicación de la ley en materia penal, el juzgador, al imponer la pena que corresponda sólo puede aplicar, dentro del margen de las facultades discrecionales que la ley le otorga para sancionar, las penas expresamente previstas en la ley para el caso concreto, pues el Constituyente establece claramente tal limitación al indicar, en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, que queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate, asp
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17722-ac993fad/falsedad-en-declaraciones-rendidas-ante-autoridad-distinta-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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