RENTA. EL ARTÍCULO 220, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004, QUE PERMITE LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DE LA INVERSIÓN DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2005-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197 de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto tercero, fracción VI, del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197 de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por la presidenta de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la cual se emitieron dos resoluciones que participan en la presente contradicción.
TERCERO. Con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la referida divergencia de criterios denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presente los criterios sustentados por las Salas que los motivaron, por lo que a continuación se transcriben.
La parte considerativa de la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 133/2005, promovido por Sistemas de Archivo de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en lo que aquí interesa, es del texto siguiente:
"CUARTO. Los agravios sintetizados en los puntos 1, 2 y 3 del anterior apartado son infundados como se pasa a demostrar. En la sentencia recurrida el a quo otorgó el amparo solicitado al estimar que el último párrafo del artículo 220 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2002, es violatorio de la garantía de legalidad tributaria. Dicho precepto textualmente dispone: (se transcribe). Como se advierte, el precepto transcrito establece para los contribuyentes del título II y del capítulo II del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta la opción de efectuar la deducción inmediata de las inversiones de bienes nuevos de activo fijo, en lugar de las previstas en los artículos 37 y 43 de la propia ley, deduciendo en el ejercicio siguiente al en que se inicie su utilización la cantidad que resulte de aplicar al monto original de la inversión únicamente los por cientos que se establecen en ese artículo, limitando el último párrafo de tal precepto, la opción a las inversiones en bienes que se utilicen permanentemente en territorio nacional y fuera de las áreas metropolitanas y de influencia en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, salvo que en esas áreas se trate de empresas que sean intensivas en mano de obra, que utilicen tecnologías limpias en cuanto a sus emisiones contaminantes y no requieran de uso intensivo de agua en sus procesos productivos, debiendo determinar el Ejecutivo Federal tanto las características de esas empresas como las zonas de influencia de las señaladas áreas metropolitanas. Con relación al contenido y alcance del principio de legalidad tributaria, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido las siguientes jurisprudencias: ‘IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.’ (se transcribe). ‘IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). De lo anterior se advierte que la garantía de legalidad tributaria no sólo exige que todo tributo se encuentre previsto en ley, sino también que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, deben estar consignados de manera expresa en la ley, a efecto de evitar arbitrariedad de las autoridades exactoras; además, para que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda conocer de manera cierta la forma en que debe contribuir a los gastos públicos. El último párrafo del artículo 220 de la Ley del Impuesto sobre la Renta ya transcrito limita la opción de efectuar la deducción inmediata de las inversiones de bienes nuevos de activo fijo en lugar de las previstas en los artículos 37 y 43 de la propia ley, a las inversiones en bienes que se utilicen permanentemente en territorio nacional y fuera de las áreas metropolitanas y de influencia en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, salvo que en esas áreas se trate de empresas que sean intensivas en mano de obra, que utilicen tecnologías limpias en cuanto a sus emisiones contaminantes y no requieran de uso intensivo de agua en sus procesos productivos, y deja que sea el Ejecutivo Federal quien determine las características de las empresas y las zonas de influencia en las que deberán ubicarse las mismas, a efecto de que se encuentren en posibilidad de efectuar la deducción que prevé tal numeral, lo cual implica que sea el mencionado Ejecutivo quien establezca la base del impuesto. Lo anterior, considerando que la deducción de las inversiones de bienes nuevos de activo fijo, restada a los ingresos obtenidos por el contribuyente, resulta la utilidad fiscal, misma que constituye la base del impuesto sobre la renta. Ahora bien, las deducciones fiscales son un beneficio, un derecho que tiene el contribuyente para disminuir la base gravable que será objeto de la aplicación de la tasa del impuesto sobre la renta; tales deducciones se conforman por gastos que se pueden descontar para fijar la utilidad gravable de una empresa y pueden ser de carácter ordinario o ser una pérdida extraordinaria o imprevista. El objeto del gravamen del impuesto sobre la renta lo constituyen todos aquellos recursos que obtienen los sujetos determinados en el artículo 1o. de la ley de la materia, causados con motivo de ingresos que se reflejen en un incremento en su patrimonio, por lo que la ley establece la deducibilidad en los casos en ella contemplados, porque, de lo contrario, puede traducirse en una seria afectación en la productividad de las empresas. La hipótesis normativa que contempla el precepto legal impugnado, establece un beneficio al causante, consistente en permitirle disminuir la base gravable, para el cálculo del impuesto sobre la renta, deduciendo las inversiones de bienes nuevos de activo fijo, siempre que reúnan los requisitos que se establecen, esto es, que dichas inversiones en bienes se utilicen permanentemente en territorio nacional y fuera de las áreas metropolitanas y de influencia en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, salvo que en esas áreas se trate de empresas que sean intensivas en mano de obra, que utilicen tecnologías limpias en cuanto a sus emisiones contaminantes y no requieran de uso intensivo de agua en sus procesos productivos. Sin embargo, la deducción que tal precepto prevé para las inversiones de bienes nuevos de activo fijo que se utilicen en las áreas metropolitanas y de influencia en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, queda al arbitrio del Ejecutivo Federal, al establecer que sea éste quien determine las características de las empresas y las zonas de influencia en las que deberán ubicarse las mismas, a efecto de que puedan realizar la deducción establecida en el mismo, es decir, permite que sea alguien distinto al legislador quien determine la base del impuesto. En efecto, tal párrafo deja a discreción de la autoridad administrativa la determinación de los supuestos en los que procede la deducción establecida en el artículo 220 combatido, tratándose de inversiones en bienes que se utilicen en las áreas metropolitanas y de influencia en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, lo cual afecta la base gravable del impuesto sobre la renta, elemento esencial del tributo, el cual debe estar consignado de manera expresa en la ley a efecto de otorgar certeza en el sujeto pasivo de la relación tributaria, por lo que resulta evidente la violación a la garantía de legalidad tributaria. Por tanto, contrariamente a lo indicado por la recurrente en el agravio sintetizado en el número uno del considerando anterior, las deducciones al afectar la base gravable del impuesto, constituyen un elemento esencial del mismo. También es infundado lo aducido por la recurrente en el agravio sintetizado en el punto tres, en el sentido de que es el legislador quien integra la base del impuesto al señalar en el precepto impugnado los elementos para la procedencia de la deducción, dejando únicamente cuestiones de carácter técnico para efecto de la aplicabilidad de las deducciones al Ejecutivo. No pueden considerarse como meras cuestiones de carácter técnico, ni como lineamientos que permiten la mejor aplicación de la norma, lo que el numeral impugnado deja en manos del Ejecutivo Federal, pues como ya quedó apuntado, es la determinación de los supuestos en los que procede la deducción establecida en dicho precepto lo que se deja a discreción de la autoridad administrativa. Ciertamente, en términos de la norma impugnada, será la autoridad administrativa quien defina los supuestos mediante los cuales se determinará la procedencia de la aplicación de un factor que incidirá de manera directa en la base del tributo, no obstante que sólo la autoridad legislativa es quien debe consignar de manera expresa en la ley, los elementos esenciales de los tributos."
Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1808/2004, interpuesto por Laboratorios Sophia, Sociedad Anónima de Capital Variable, en lo que aquí interesa, adujo lo siguiente:
"TERCERO. Es fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, el tercer concepto de violación en el que la quejosa aduce que el artículo 220, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil dos, es violatorio del principio de legalidad tributaria. Dicho precepto textualmente dispone: ‘Artículo 220.’ (se transcribe). Como se advierte, el precepto transcrito establece para los contribuyentes del título II y del capítulo II del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta la opción de efectuar la deducción inmediata de las inversiones de bienes nuevos de activo fijo, en lugar de las previstas en los artículos 37 y 43 de la propia ley, deduciendo en el ejercicio siguiente al en que se inicie su utilización, la cantidad que resulte de aplicar al monto original de la inversión únicamente los por cientos que se establecen en ese artículo, limitando el último párrafo de tal precepto la opción a las inversiones en bienes que se utilicen permanentemente en territorio nacional y fuera de las áreas metropolitanas y de influencia en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, salvo que en esas áreas se trate de empresas que sean intensivas en mano de obra, que utilicen tecnologías limpias en cuanto a sus emisiones contaminantes, y no requieran de uso intensivo de agua en sus procesos productivos, debiendo determinar el Ejecutivo Federal tanto las características de esas empresas como las zonas de influencia de las señaladas áreas metropolitanas. Ahora bien, señala la quejosa que el precepto que impugna es violatorio del principio de legalidad tributaria, toda vez que el legislador fue omiso en estipular el procedimiento al que se debe sujetar la entidad o dependencia del Estado que lleve a cabo la determinación de las áreas de influencia de las zonas metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, así como las características que deben guardar las empresas para considerarse de intensiva mano de obra, que utilizan tecnologías limpias, en cuanto a sus emisiones contaminantes, y que no requieren uso intensivo de agua en sus procesos productivos, por lo que deja al arbitrio del Ejecutivo Federal la determinación de dichos parámetros, mismos que inciden en la posibilidad de deducir las inversiones realizadas en el ejercicio fiscal de dos mil dos, situación que forma parte de la mecánica del tributo para la determinación de la utilidad fiscal del contribuyente. Que por tanto, al incidir la deducción en la base del impuesto sobre la renta y dejarse en manos del Ejecutivo Federal la determinación de tal elemento, se incumple con el principio de certeza y, por ello, se viola la garantía de legalidad tributaria. Tal como se señaló al inicio de este apartado, es fundado el referido concepto de violación. En primer término, debe delimitarse el contenido y alcance del principio de legalidad tributaria. Al respecto, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte ha emitido las jurisprudencias que se transcriben a continuación: ‘IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.’ (se transcribe). ‘IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’. De lo anterior se advierte que la garantía de legalidad tributaria no sólo exige que todo tributo se encuentre previsto en ley, sino también que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, deben estar consignados de manera expresa en la ley a efecto de evitar arbitrariedad de las autoridades exactoras, además, para que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda conocer de manera cierta la forma en que debe contribuir a los gastos públicos. El último párrafo del artículo 220 de la Ley del Impuesto sobre la Renta ya transcrito limita la opción de efectuar la deducción inmediata de las inversiones de bienes nuevos de activo fijo, en lugar de las previstas en los artículos 37 y 43 de la propia ley, a las inversiones en bienes que se utilicen permanentemente en territorio nacional y fuera de las áreas metropolitanas y de influencia en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, salvo que en esas áreas se trate de empresas que sean intensivas en mano de obra, que utilicen tecnologías limpias en cuanto a sus emisiones contaminantes, y no requieran de uso intensivo de agua en sus procesos productivos, y deja que sea el Ejecutivo Federal quien determine las características de las empresas y las zonas de influencia en las que deberán ubicarse las mismas, a efecto de que se encuentren en posibilidad de efectuar la deducción que prevé tal numeral, lo cual implica que sea el mencionado Ejecutivo quien establezca la base del impuesto. Lo anterior, considerando que la deducción de las inversiones de bienes nuevos de activo fijo, restada a los ingresos obtenidos por el contribuyente, resulta la utilidad fiscal, misma que constituye la base del impuesto sobre la renta. Ahora bien, las deducciones fiscales son un beneficio, un derecho que tiene el contribuyente para disminuir la base gravable que será objeto de la aplicación de la tasa del impuesto sobre la renta; tales deducciones se conforman por gastos que se pueden descontar para fijar la utilidad gravable de una empresa y pueden ser de carácter ordinario o ser una pérdida extraordinaria o imprevista. El objeto de gravamen del impuesto sobre la renta lo constituyen todos aquellos recursos que obtienen los sujetos determinados en el artículo 1o. de la ley de la materia, causados con motivo de ingresos que se reflejen en un incremento en su patrimonio, por lo que la ley establece la deducibilidad en los casos en ella contemplados, porque, de lo contrario, puede traducirse en una seria afectación en la productividad de las empresas. La hipótesis normativa que contempla el precepto legal impugnado establece un beneficio al causante, consistente en permitirle disminuir la base gravable, para el cálculo del impuesto sobre la renta, deduciendo las inversiones de bienes nuevos de activo fijo, siempre que reúnan los requisitos que se establecen; esto es, que dichas inversiones en bienes se utilicen permanentemente en territorio nacional y fuera de las áreas metropolitanas y de influencia en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, salvo que en esas áreas se trate de empresas que sean intensivas en mano de obra, que utilicen tecnologías limpias en cuanto a sus emisiones contaminantes, y no requieran de uso intensivo de agua en sus procesos productivos. Sin embargo, la deducción que tal precepto prevé para las inversiones de bienes nuevos de activo fijo que se utilicen en las áreas metropolitanas y de influencia en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, queda al arbitrio del Ejecutivo Federal, al establecer que sea éste quien determine las características de las empresas y las zonas de influencia en las que deberán ubicarse las mismas, a efecto de que puedan realizar la deducción establecida en el mismo; es decir, permite que sea alguien distinto al legislador quien determine la base del impuesto. En efecto, tal párrafo deja a discreción de la autoridad administrativa la determinación de los supuestos en los que procede la deducción establecida en el artículo 220 combatido, tratándose de inversiones en bienes que se utilicen en las áreas metropolitanas y de influencia en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, lo cual afecta la base gravable del impuesto sobre la renta, elemento esencial del tributo, el cual debe estar consignado de manera expresa en la ley a efecto de otorgar certeza en el sujeto pasivo de la relación tributaria, por lo que resulta evidente la violación a la garantía de legalidad tributaria. El establecimiento de las deducciones que afectan la base gravable no puede dejarse en manos del Ejecutivo Federal, toda vez que consignar de manera expresa en la ley los elementos esenciales de los tributos, constitucional y jurisprudencialmente, corresponde de manera exclusiva al legislador. Similar criterio al que aquí se aplica sustentó esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar inconstitucional el artículo 25, fracción XVIII, párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en mil novecientos noventa y ocho, el cual se contiene en la siguiente tesis jurisprudencial: ‘RENTA. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN XVIII, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, AL PREVER QUE PARA QUE SEAN DEDUCIBLES LAS PÉRDIDAS ORIGINADAS POR LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y OTROS TÍTULOS VALOR, SE REQUIERE QUE ESA OPERACIÓN SE HAYA EFECTUADO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.’ (se transcribe). En las relatadas consideraciones, al haber resultado violatorio del principio de legalidad tributaria el último párrafo del artículo 220 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil dos, debe otorgarse el amparo solicitado, resultando innecesario el estudio de los demás conceptos de violación, toda vez que aun cuando resultara fundado alguno de ellos, en nada variaría el sentido alcanzado en esta resolución. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (se transcribe)."
Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar el amparo en revisión 249/2005, interpuesto por Proveedores de Ingeniería Alimentaria, Sociedad Anónima de Capital Variable, en lo que aquí interesa, adujo lo siguiente:
"TERCERO. En ese tenor, para dar respuesta a los reseñados agravios, es importante puntualizar que, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de dos mil dos, para determinar el resultado fiscal o base gravable de ese tributo, debe obtenerse primeramente la utilidad fiscal que dimana de disminuir de la totalidad de los ingresos acumulables del ejercicio las deducciones autorizadas en la misma ley, y a dicho resultado, en su caso, se le restan las pérdidas fiscales pendientes de amortizar de ejercicios anteriores. De lo expuesto se advierte que las deducciones forman parte de la mecánica para determinar la base gravable del impuesto de mérito, por lo que son partidas excepcionales que el legislador, en uso de su potestad tributaria, estima que influyen en detrimento del patrimonio del contribuyente al obtener los ingresos. En relación con la naturaleza de las deducciones fiscales, en la doctrina se dispone lo siguiente: (se transcribe). Estas deducciones, por la forma en que el legislador dispone que serán aplicadas para obtener la utilidad fiscal, se clasifican en fijas, progresivas, demostrables, lineales, inmediatas, entre otras, aunque en muchas ocasiones sirven como instrumentos de apoyo, mediante la figura de un estímulo fiscal, entendido éste como la prestación de carácter económico concedida al sujeto pasivo, que puede hacer valer en su favor respecto de un impuesto a su cargo, con el objeto de obtener a través de ese beneficio un fin parafiscal o extrafiscal. De la anterior conceptualización de los estímulos fiscales se pueden identificar sus elementos, a precisar: 1. El beneficiario debe ser contribuyente del impuesto. Este elemento es fundamental, porque el estímulo fiscal sólo se origina y concreta en torno a las cargas tributarias que pesan sobre él. 2. La situación especial del sujeto beneficiado establecida en abstracto en la disposición legal que otorga el estímulo y que, al concretarse, da origen al derecho del contribuyente para exigir el otorgamiento de dicho estímulo en su favor. 3. El objetivo parafiscal o extrafiscal. Éste es el elemento más relevante del estímulo fiscal que consta de un objetivo directo y un objetivo indirecto. El primero consiste comunmente en obtener una actuación específica del sujeto beneficiado, y el segundo estriba en lograr a través de la conducta del propio contribuyente, efectos que trasciendan de su esfera personal al ámbito social. En relación con estos fines extrafiscales o parafiscales de las contribuciones, aplicados válidamente a los estímulos fiscales, son ilustrativas las jurisprudencias que llevan por rubro, texto y datos de identificación, los siguientes: ‘CONTRIBUCIONES. FINES EXTRAFISCALES.’ (se transcribe). ‘CONTRIBUCIONES. LOS FINES EXTRAFISCALES NO PUEDEN JUSTIFICAR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ (se transcribe). Bajo esa óptica, los estímulos fiscales, además de ser útiles o benéficos para el sujeto pasivo, se emplean como instrumentos de política financiera, económica y social en aras de que el Estado, como rector en el desarrollo nacional, impulse, oriente, encauce, aliente o desaliente una o varias actividades o usos sociales, con la condición de que sea objetiva la finalidad perseguida con ellos, no arbitraria ni caprichosa, respetando, además, los principios de justicia fiscal que les resulten aplicables cuando incidan directa o indirectamente en alguno de los elementos esenciales del tributo, como acontece en el impuesto sobre la renta en el que el estímulo puede revestir la forma de deducción que el contribuyente podrá efectuar sobre sus ingresos gravables, una vez que cumpla todos los requisitos previstos para tal efecto. Tal postura se corrobora porque en la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro, se estableció la depreciación acelerada de bienes de activo fijo como un incentivo fiscal para el desarrollo económico nacional, con independencia de la vida física del activo, según lo explica el autor Juan Escorza en su obra Tratado Práctico de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Editorial Cárdenas, México 1971, páginas 246 a 252: (se transcribe). Más adelante, mediante decreto publicado el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, se adicionó en la Ley del Impuesto sobre la Renta de mil novecientos ochenta el título VI, llamado ‘De los estímulos fiscales’, que comprendía solamente los artículos 163 y 164. El primero de ellos, disponía: ‘Artículo 163.’ (se transcribe). De acuerdo con la lectura del anterior precepto, el estímulo fiscal que se otorgaba a personas morales y físicas con actividades empresariales respecto de bienes nuevos de activo fijo, destinados a la realización de actividades en las zonas de prioridad nacional, consistía en una deducción inmediata o acelerada, con autonomía de la vida útil del activo, a diferencia de la gradual o lineal que se establecía en los artículos 44 y 45 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la que la deducción de la inversión era más prolongada. En la exposición de motivos del presidente de la República a la reforma de esa ley publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos se estableció: (se transcribe). Por su parte, este mismo estímulo fiscal, pero con diferentes requisitos para hacerlo efectivo, se reiteró en el artículo 220 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del uno de enero de dos mil dos, en los siguientes términos (artículo reclamado): ‘Artículo 220.’ (se transcribe). De conformidad con la primera parte del artículo transcrito, el beneficio fiscal está dirigido a las personas morales y físicas con actividades empresariales o profesionales, que consiste en poder optar por efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, en lugar de hacerlo gradualmente según las reglas previstas en los artículos 37 al 43 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el ejercicio siguiente al que se inicie el empleo de tales activos para los fines estrictamente indispensables de la actividad del contribuyente, para lo cual al monto original de dicha inversión se le aplicarán los porcientos que se prevén en el artículo reclamado, siendo que éstos constituyen el monto de depreciación anual del bien que el legislador acelera, con independencia de su vida útil. Cabe destacar que el activo fijo es considerado inversión en términos del artículo 38 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, a su vez, éste define lo que debe entenderse como activo fijo en los siguientes términos: ‘Artículo 38.’ (se transcribe). De igual forma, para que opere la deducción inmediata resulta necesario que el activo fijo sea nuevo, entendido como el bien que se utiliza por primera vez en México por el contribuyente, además de que debe ser plenamente identificable; de lo contrario, no podrá ejercitarse la referida opción. En relación con este tópico, en los artículos 31, fracción XXI, y 86, fracción XVII, de la ley relativa, se establece lo siguiente: ‘Artículo 31.’ (se transcribe). ‘Artículo 86.’ (se transcribe). Asimismo, en la última parte del reclamado artículo 220 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se prevé una serie de requisitos para que pueda actualizarse el beneficio de la deducción acelerada, a precisar: A. Los bienes nuevos de activo fijo deben permanentemente utilizarse en territorio nacional. B. Además, fuera de las áreas metropolitanas y de influencia en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, salvo las empresas que: B.1. Sean intensivas en mano de obra, utilicen tecnologías limpias para la emisión de contaminantes y no requieran hacer uso intensivo de agua en sus procesos productivos. Esto es, aquellas empresas que cumplan con estas características, aunque dichos activos fijos se empleen en esas áreas metropolitanas o en zonas de influencia, serán deducibles inmediatamente siempre que, como se precisó, puedan identificarse. Al respecto, al Ejecutivo Federal se le encomendó la tarea de determinar ‘tanto las características de las empresas a que este párrafo se refiere, como las zonas de influencia de las citadas áreas metropolitanas’, por lo que es necesario atender al significado de zona metropolitana y zona de influencia que se establecen en distintos ordenamientos legales. ‘Artículo 2o.’ (se transcribe). ‘Artículo 3o.’ (se transcribe). ‘Artículo 5o.’ (se transcribe). ‘Artículo 6o.’ (se transcribe). ‘Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas. Artículo 3o.’ (se transcribe). De la interpretación relacionada de las disposiciones legales antes transcritas se desprende que una zona de influencia lo es la superficie contigua o que limita con un área natural protegida, que es entendida como la zona del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas o ser restauradas, siendo que ambas zonas, la de influencia y la natural protegida, guardan una estrecha interacción social, económica y ecológica, las cuales se establecen, regulan, administran y vigilan por el Ejecutivo Federal, con el propósito de lograr un desarrollo sustentable. Entonces, otro de los requisitos para deducir inmediatamente los bienes nuevos de activo fijo lo constituye que serían utilizados fuera de las áreas de influencia en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, esto es, dentro del territorio de estas ciudades, pero fuera de la superficie aledaña al área natural protegida, situación que no es contraria con el anterior requisito de que dichos bienes deberían ser empleados fuera del indicado ámbito territorial, pues encuentra justificación en la medida de que se permite deducir las inversiones relativas, aunque se empleen en zonas de influencia, si las empresas son intensivas en mano de obra, utilizan tecnología limpia en cuanto a sus emisiones contaminantes y no requieren uso intensivo de agua en los procesos productivos. Bajo esa óptica jurídica, al Ejecutivo Federal se le encomendó determinar las características de las empresas que cumplen con los requisitos de orden ecológico, así como las zonas de influencia en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, con apoyo en su facultad para establecer zonas
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20166-e9b274c8/renta-el-articulo-220-ultimo-parrafo-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- RENTA. EL ARTÍCULO QUINTO, FRACCIÓN XII, DEL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS LEYES FISCALES Y OTROS ORDENAMIENTOS FEDERALES, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA (CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2005-PL)
- RENTA. LOS ARTÍCULOS 51, TERCER PÁRRAFO, Y 179, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/2005-PL)
- JUICIO DE LESIVIDAD. EL ARTÍCULO 36, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, SIN ESPECIFICAR LAS CAUSAS Y EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD, NO VIOLA LA (CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2006-PL)
- RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL LIMITAR LA DEDUCCIÓN DE LOS GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACI (CONTRADICCIÓN DE TESIS 41/2005-PL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, TESIS CONTRADICTORIAS DE LAS SALAS DE LA. (s/clave)
- COMPETENCIA ENTRE DOS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. (s/clave)
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. RESULTA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DENUNCIA IDÉNTICA A OTRA RESPECTO DE LA CUAL LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DECLARÓ INEXISTENTE EL PUNTO DE (1a. LXXXVIII/2002 )
- CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL PRESIDENTE DEL ALTO TRIBUNAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA. (2a. XIX/2008)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis