JUICIO DE LESIVIDAD. EL ARTÍCULO 36, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, SIN ESPECIFICAR LAS CAUSAS Y EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. CONSULTA FISCAL. LA RESOLUCIÓN FAVORABLE AL PARTICULAR VINCULA A LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ. JUICIO DE LESIVIDAD. EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 207 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, PARA PROMOVERLO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL. NULIDAD ABSOLUTA Y NULIDAD PARA EFECTOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ALCANCE DEPENDE DE LA NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN ANULADA Y DE LOS VICIOS QUE ORIGINARON LA ANULACIÓN. RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS FAVORABLES A LOS PARTICULARES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU NATURALEZA JURÍDICA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2006-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIA: OLIVA ESCUDERO CONTRERAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que los criterios divergentes provienen de la Primera y la Segunda Salas de este Alto Tribunal, al resolver amparos directos en revisión, siendo el tema de éstos el estudio de constitucionalidad del artículo 36, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Amparo, habida cuenta que dicha denuncia fue realizada por el entonces presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
TERCERO. La Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver el amparo directo en revisión número ADR. 782/2001, promovido por Agroservicios Ragasa, S.A. de C.V., en sesión de treinta y uno de octubre de dos mil uno, por unanimidad de cuatro votos; estimó, en la parte que al presente asunto interesa, lo siguiente.
"OCTAVO. Hechas las anteriores precisiones, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que es sustancialmente fundado el agravio expresado por la recurrente, marcado con la letra B, en atención a las razones que a continuación se expresan.
"En efecto, la quejosa en su demanda de amparo señala como garantías violadas, las de legalidad y seguridad jurídica, contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"En lo conducente en el agravio bajo la letra B, señala que contrario a lo resuelto por el Tribunal Colegiado, el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, viola el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque constituye una disposición legislativa imperfecta, por limitarse a señalar la facultad del Tribunal Fiscal de la Federación de modificar las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular, otorgándole libre arbitrio para elegir, entre otros, las consecuencias jurídicas de su resolución. El numeral impugnado no previene esas circunstancias; no obstante corresponderle constitucionalmente esa atribución al Poder Legislativo Federal, por lo que deja en evidente estado de indefensión a la quejosa.
"Ahora bien, la recurrente erróneamente en el agravio referido señala como violado en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, precisa que se violó en su perjuicio la garantía de seguridad jurídica, misma que se encuentra contenida en el artículo 16 constitucional.
"Para abordar el estudio de inconstitucionalidad de leyes planteada en los conceptos de violación, competencia de esta Primera Sala, y materia del recurso de revisión en amparo directo, de conformidad con los artículos 83, fracción V y 84, fracción II, de la Ley de Amparo; en primer término, es necesario transcribir el contenido del artículo 79 de la Ley de Amparo, del texto siguiente:
"‘Artículo 79.’ (Resulta innecesario transcribirlo).
"Ahora bien, el artículo 79 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que las autoridades jurisdiccionales suplan la deficiencia en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, pero tal facultad no se circunscribe únicamente a la corrección del error en la cita de la garantía violada, pues también autoriza al Tribunal de Amparo a analizar en su conjunto los conceptos de violación expresados por la quejosa, para determinar la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda.
"Esto quiere decir que para que se pueda estudiar un concepto de violación aun en un amparo directo, en el que se impugna la constitucionalidad de una ley, que es de estricto derecho, es suficiente que se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el demandante estima le causa la ley impugnada, y los motivos que originan tal agravio.
"La falta de mención del precepto exactamente aplicable no es bastante para estimar inexistente o inoperante el concepto de violación, ya que el artículo 79 de la Ley de Amparo autoriza al juzgador a suplir el error en la cita o invocación de la garantía violada, tanto en su denominación como en el numeral constitucional que la contenga; así como, de igual manera tratándose del precepto legal.
"Por lo tanto, expresados los hechos del caso, y la lesión que se estima se recibió, es posible que el tribunal examine cuál es el derecho aplicable, determinando inclusive, con exactitud, el precepto legal cuya inconstitucionalidad se controvierte en los conceptos de violación y que se reitera en los agravios expresados por la quejosa en el recurso de revisión.
"Resultan aplicables los criterios sustentados por las anteriores Tercera Sala y Segunda Sala, en las tesis del contenido siguiente:
"‘Sexta Época
"‘Instancia: Tercera Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"‘Tomo: XIII, Cuarta Parte
"‘Página: 19
"‘AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, CITA EQUIVOCADA DE PRECEPTOS LEGALES.’ (Resulta innecesario transcribir su texto).
"‘Quinta Época
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"‘Tomo: CXXXI
"‘Página: 473
"‘ARTÍCULOS, CITA EQUIVOCADA DE.’ (resulta innecesario transcribir su texto).
"En esas condiciones, el examen de los argumentos propuestos por la inconforme en su capítulo de agravios, se realiza en relación con la garantía de seguridad jurídica, prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Ahora bien, el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, dispone que:
"‘Artículo 68. Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin embargo dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho.’
"Este precepto establece el principio de presunción de legalidad que se atribuye en general a los actos administrativos y, en especial a los tributarios.
"Esta presunción lleva a entender que las resoluciones emitidas por las autoridades fiscales se pronunciaron de acuerdo con los requisitos legales, salvo prueba en contrario ante los tribunales administrativos o las autoridades correspondientes.
"Esta presunción se apoya en que el orden jurídico fija a la autoridad administrativa un procedimiento que debe acatar antes de emitir sus resoluciones, reuniendo todos los elementos para la correcta aplicación de las disposiciones fiscales a los contribuyentes que se encuentran colocados dentro de sus supuestos normativos, con independencia del sentido de la resolución, ya que ésta puede ser favorable al fisco o al particular.
"Partiendo de la base de que todas las resoluciones fiscales se presumen legalmente válidas, es lógico considerar que, para su anulación, modificación o alteración la parte inconforme debe combatirlas ante el Tribunal Fiscal de la Federación, actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, o ante la autoridad que fijen las leyes.
"En ese orden de ideas, destaca que las resoluciones favorables al particular (que también se presumen legales), deben controvertirse ante dicho tribunal por las autoridades administrativas que pretendan su nulidad y que, precisamente por gozar de esa presunción de legalidad, no pueden ser modificadas o revocadas por tales autoridades por sí y ante sí.
"El artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, en su primer párrafo, cuya constitucionalidad se controvierte, establece lo siguiente:
"‘Artículo 36. Las resoluciones administrativas de carácter individual sólo podrán ser modificadas por el Tribunal Fiscal de la Federación mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales.’
"De conformidad con lo dispuesto en el precepto transcrito, las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular sólo podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante juicio contencioso administrativo iniciado por las autoridades fiscales, por lo que para un mejor entendimiento de lo previsto en dicho numeral, se puntualiza qué debe entenderse por resolución individual favorable al particular.
"La resolución favorable a que se refiere el artículo 36 del ordenamiento tributario federal citado, es el acto de autoridad que se emite de manera concreta, particular o individual, precisando una situación jurídica favorable a un particular determinado, sin que de ningún modo se den o se fijen criterios generales que pueden o no seguirse por la propia autoridad emisora o por sus inferiores jerárquicos; la mayoría de las veces obedece a una consulta jurídica sobre una situación real, concreta y presente, que realiza el particular a la autoridad fiscal; resolución que vincula a la autoridad y que, por ende, no puede revocarla o modificarla por sí y ante sí, pues debe someter su validez al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación, conforme a lo dispuesto en el precepto en comento.
"Al respecto la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido el criterio siguiente:
"‘Novena Época
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: VIII, agosto de 1998
"‘Tesis: 2a. CV/98
"‘Página: 502
"‘CONSULTA FISCAL. LA RESOLUCIÓN FAVORABLE DE LA AUTORIDAD VINCULA A ÉSTA. Si conforme a lo establecido en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, el administrado formula a la autoridad fiscal competente, en forma individual, una consulta sobre determinados aspectos imperantes en su realidad fiscal presente, no futura y probable y, paralelamente, la autoridad da respuesta a esa consulta, contestación que por razones de congruencia, debe referirse a la situación del solicitante en el momento en que éste realizó la petición y que de ser favorable al particular, vincula a la autoridad.’
"En ese orden de ideas, se entiende que cuando la autoridad considere que emitió una resolución que es lesiva a los intereses públicos, debe promover el juicio contencioso administrativo (de lesividad) ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por lo que deberá cumplir con todos los requisitos de procedibilidad de la demanda de nulidad previstos en los artículos 208 y 209 del Código Fiscal de la Federación; y el contribuyente, que en el caso tiene el carácter de demandado, podrá oponer las excepciones y defensas establecidas en dicho cuerpo normativo, debiendo analizarse los conceptos de impugnación planteados por la autoridad, y con base en ese estudio, determinar si procede declarar la validez o la nulidad de dicha resolución.
"Ahora bien, para una mejor comprensión se transcribe el contenido íntegro del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, vigente el quince de diciembre de mil novecientos noventa y siete, fecha en que se presentó la demanda de nulidad ante la Sala Regional Noreste del Tribunal Fiscal de la Federación, actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
"‘Artículo 36. Las resoluciones administrativas de carácter individual sólo podrán ser modificadas por el Tribunal Fiscal de la Federación mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales.’
"Debe resaltarse de manera importante, que la naturaleza especial de la materia administrativa y sobre todo la tributaria, determina que las partes que intervienen en el proceso respectivo tengan una posición que se aparta del proceso común, e inclusive de otras ramas del enjuiciamiento.
"En la hipótesis examinada, se trata de un proceso jurisdiccional tributario en que la autoridad administrativa es la actora, juicio al que acude sin una situación preeminente, sin imperio y combatiendo una resolución favorable al particular, la cual, como se precisó al inicio del presente considerando, estima lesiva a los intereses públicos, pero que no puede revocar motu proprio, porque la resolución que impugna goza del principio de presunción de legalidad, por lo que si pretende su nulidad debe sustanciar dicho juicio.
"Ahora bien, la garantía de seguridad jurídica a favor de los gobernados constituye un límite que el legislador debe respetar, por lo que debe cubrir todos aquellos requisitos, condiciones, elementos o circunstancias, cuyo acatamiento sea jurídicamente necesario para que un acto de autoridad produzca válidamente la afectación particular, en la esfera jurídica del gobernado, que esté destinado a realizar.
"Asimismo, si del análisis de los artículos 36 y 68 del Código Fiscal de la Federación se desprende que la resolución administrativa favorable al particular goza de la presunción de legalidad que impide pueda ser modificada motu proprio por la autoridad y que para lograr su nulidad, la autoridad hacendaria debe someterla a la jurisdicción del Tribunal Fiscal de la Federación, actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a través del juicio contencioso administrativo en el que el particular demandado puede hacer valer lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas, refutando las de la actora, por lo que el gobernado no será víctima del abuso de la autoridad para anular la resolución que le es favorable, y que será dentro de un juicio en que exista igualdad procesal donde se resolverá la validez o nulidad de dicha resolución; sin embargo, el caso es, que el artículo 36 citado no precisa las consecuencias jurídicas que tendrá la sentencia de nulidad que dicte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; es decir, no establece los efectos de la sentencia, en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular, al no especificar a partir de cuándo se retrotraerán sus efectos, si es a la fecha de la presentación de la demanda del juicio de lesividad, o a partir de que se expidió la respuesta a la consulta fiscal; qué conceptos incluye; además, si deberán presentarse declaraciones complementarias por el impuesto omitido, recargos y actualizaciones, o sólo por algunos de estos conceptos; lo que genera una situación de incertidumbre, al dejar a la voluntad de la autoridad el determinar, a partir de qué momento y porqué conceptos se modificará la resolución que le fue favorable y con base en la cual pagó sus contribuciones.
"Se viola la garantía de seguridad jurídica, ya que la quejosa no tiene certeza jurídica respecto a partir de cuándo surte sus efectos y qué conceptos abarca la modificación de la respuesta a la consulta fiscal, consecuencia de la resolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que declara la nulidad de esa resolución favorable al particular, así se advierte del contenido de los numerales siguientes:
"Así, el artículo 36, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, señala:
"‘Artículo 36. Las resoluciones administrativas de carácter individual sólo podrán ser modificadas por el Tribunal Fiscal de la Federación mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales.’
"Por su parte el artículo 207, tercer párrafo, de ese ordenamiento legal, textualmente prescribe:
"‘Las autoridades podrán presentar la demanda dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que sea emitida la resolución, cuando se pida la modificación o nulidad de un acto favorable a un particular, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que se podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de los cinco años del último efecto, pero los efectos de la sentencia, en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular, sólo se retrotraerán a los cinco años anteriores a la presentación de la demanda.’
"No es óbice para la consideración anterior lo resuelto por el Tribunal Colegiado, respecto a que el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, establece claramente los supuestos en los que procede el juicio de lesividad, que lo es cuando la determinación administrativa de carácter individual combatida por la autoridad es favorable al particular, en virtud de que dicho argumento no se relaciona con el argumento vertido por la quejosa en sus conceptos de violación.
"El Tribunal Colegiado reconoce que la naturaleza de la norma es enunciativa aunque señala que lo considera así, porque bajo la hipótesis que prevé se encuentran inmersas todas aquellas resoluciones que en materia tributaria, de forma individualizada, impliquen un provecho para el particular pues el procedimiento que debe seguirse se encuentra regido por las disposiciones del contencioso administrativo, de acuerdo a lo previsto por el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, sin que deje en estado de indefensión al particular, dado que no queda al arbitrio del órgano jurisdiccional, el determinar los casos de procedencia y la forma de tramitación del juicio.
"En efecto, no se opone a lo aquí considerado, dado que con independencia de la procedencia y forma de tramitación del juicio de lesividad, el contenido del primer párrafo del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, no especifica los efectos jurídicos que tendrá la modificación parcial o total de esa resolución.
"Asimismo, el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación vigente en la época en que se presentó la demanda de nulidad, es del tenor siguiente:
"‘Artículo 197. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Fiscal de la Federación, se regirán por las disposiciones de este título, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga al procedimiento contencioso que establece este código.
"‘En los casos en que la resolución impugnada afecte los intereses jurídicos de dos o más personas, y éstas promuevan juicio, en el escrito inicial de la demanda deberán designar un representante común que elegirán de entre ellas mismas, y si no lo hicieren, el magistrado instructor designará con tal carácter a cualquiera de los interesados al admitir la demanda.
"‘Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la controvierta, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúe afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.’
"Ahora bien, del análisis jurídico del título sexto del Código Fiscal de la Federación a que se refiere el numeral anterior, en sus capítulos del I al XII, no se advierte precepto legal alguno para establecer los alcances que debiera dar en su sentencia, el Tribunal Fiscal de la Federación, actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al declarar la nulidad de una resolución individual favorable al quejoso obtenida en respuesta a una consulta fiscal formulada por éste a la autoridad hacendaria.
"Igual consideración debe hacerse en relación al Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento contencioso previsto en el Código Fiscal de la Federación, de conformidad con lo señalado expresamente en el párrafo primero del artículo 197, arriba transcrito; pues del análisis del Libro Segundo del código supletorio citado, no se advierte disposición legal que permita determinar el alcance de los efectos de la sentencia, en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular, cuanto más que tal disposición debe ser de carácter sustantivo y las normas analizadas son de carácter adjetivo.
"Ello es así, dado que el juzgador interpreta y aplica lo que el legislador dispone y en el caso no existe disposición legal que determine los efectos citados, dejando al arbitrio de éste, los alcances de la nulidad declarada, esto es, si los efectos se retrotraerán a partir de que se emitió la resolución favorable o a la fecha de presentación de la demanda, así como los conceptos que abarca.
"En las relacionadas condiciones, al quedar demostrado, que el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, es violatorio de las garantías de legalidad y de seguridad jurídica previstas en el artículo 16 de la Constitución Federal, procede en la materia de la revisión, modificar la sentencia recurrida, dejar firme el sobreseimiento decretado en el punto resolutivo primero en relación con el considerando quinto de la sentencia recurrida, respecto de los actos reclamados al presidente de la República, secretario de Hacienda y Crédito Público y secretario de Gobernación, consistentes en la discusión, aprobación, promulgación, refrendo y publicación del Código Fiscal de la Federación, en específico sus artículos 36 y 207, y, conceder la protección constitucional solicitada a la quejosa; siendo innecesario hacerse cargo de los demás conceptos de violación hechos valer, toda vez que, cualquiera que fuera el resultado al que se llegara, no cambiaría el sentido del fallo, lo que se apoya en la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala, que se cita:
"‘Séptima Época
"‘Instancia: Tercera Sala
"‘Fuente: Informes
"‘Tomo: Informe 1982, Parte II
"‘Tesis: 3
"‘Página: 8
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (es innecesaria su transcripción).
"En similares condiciones a las expuestas en esta ejecutoria, por el espíritu que rige los razonamientos expresados por este Alto Tribunal, se resolvieron los asuntos que se citan a continuación, junto con las tesis a que dieron lugar, y el asunto más reciente fallado en tales términos.
"‘Novena Época
"‘Instancia: Primera Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: XIV, agosto de 2001
"‘Tesis: 1a. LX/2001
"‘Página: 167
"‘AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. LA SANCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 99 DE LA LEY QUE REGULA LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO PÚBLICO EN EL ESTADO DE COLIMA, PARA LOS USUARIOS QUE INCUMPLAN CON EL PAGO DE LOS DERECHOS RESPECTIVOS, TRANSGREDE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se hace innecesario transcribirla).
"‘Novena Época
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: XIII, abril de 2001
"‘Tesis: 2a. XXXVII/2001
"‘Página: 503
"‘VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 46-A, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN CUANTO ESTABLECE QUE RESPECTO DE ALGUNAS CATEGORÍAS DE CONTRIBUYENTES NO EXISTE PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 1995).’ (se hace innecesario transcribirla).
"‘Novena Época
"‘Instancia: Primera Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: XIII, junio de 2001
"‘Tesis: 1a. LVII/2001
"‘Página: 248
"‘VISITAS DOMICILIARIAS O REVISIÓN DE LA CONTABILIDAD. EL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE EN LOS AÑOS DE 1995 A 1997), ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, SÓLO EN CUANTO A QUE NO SEÑALA UN LÍMITE A LA DURACIÓN DE TALES ACTOS DE FISCALIZACIÓN QUE SE PRACTICAN A DETERMINADOS GRUPOS DE CONTRIBUYENTES.’ (se hace innecesario transcribirla).
"Amparo directo en revisión 1199/2001, promovido por Transferencias Graneleras S.A. de C.V., resuelto en la Primera Sala por unanimidad de cuatro votos, en sesión de diecisiete de octubre del año en curso, siendo ponente el Ministro Juan N. Silva Meza y estando ausente el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo."
De dicha resolución derivó la tesis aislada cuyo rubro, texto y datos de identificación se citan enseguida.
"RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA FAVORABLE AL PARTICULAR EN RESPUESTA A UNA CONSULTA FISCAL. EL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL NO PRECISAR CUÁNDO SURTE EFECTOS SU NULIDAD O, EN SU CASO, POR QUÉ CONCEPTOS SE MODIFICARÁ, ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La garantía de seguridad jurídica a favor de los gobernados, prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un límite que el legislador debe respetar en las normas que emite, por lo que en ellas debe establecer todos aquellos requisitos, condiciones, elementos o circunstancias, cuyo acatamiento sea jurídicamente necesario para que un acto de autoridad produzca válidamente la afectación que esté destinado a realizar en la esfera jurídica del particular. Ahora bien, del análisis de los artículos 36 y 68 del Código Fiscal de la Federación se desprende, por un lado, que la resolución administrativa favorable al particular goza de la presunción de legalidad que impide que pueda ser modificada motu proprio por la autoridad y, por otro, que para lograr su nulidad la autoridad hacendaria debe someterla a la jurisdicción del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a través del juicio contencioso administrativo en el que el particular demandado puede hacer valer lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas, refutando las de la actora, es decir, el gobernado no será víctima del abuso de la autoridad para anular la resolución que le es favorable, dentro de un juicio en que exista igualdad procesal donde se resolverá la validez o nulidad de dicha resolución. Sin embargo, el citado artículo 36 no precisa las consecuencias jurídicas que tendrá la sentencia de nulidad que dicte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es decir, no establece los efectos de la sentencia, en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular, ni especifica a partir de cuándo se retrotraerán sus efectos, si es a la fecha de la presentación de la demanda del juicio de lesividad o a partir de que se expidió la respuesta a la consulta fiscal, así como tampoco establece qué conceptos incluye, esto es, si deberán presentarse declaraciones complementarias por impuestos omitidos, o si deberán cubrirse recargos o actualizaciones, o sólo por algunos, por lo que es indudable que es violatorio de la garantía de seguridad jurídica de referencia, pues se genera una situación de incertidumbre para el particular, al dejar a la voluntad de la autoridad el determinar a partir de qué momento y por qué conceptos se modificará la resolución que le fue favorable y con base en la cual pagó sus contribuciones." (Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002, tesis 1a. XXI/2002, página 469).
CUARTO. Por su parte, la Segunda Sala de este Alto Tribunal, al resolver, en sesión de fecha veinticinco de noviembre de dos mil cinco, el amparo directo en revisión número ADR. 1005/2004, promovido por Ferrecabsa, S.A. de C.V., por unanimidad de cinco votos; estimó, en la parte que interesa, lo siguiente.
"CUARTO. Atenta a la determinación precedente, esta Sala procede a hacerse cargo de la cuestión de fondo.
"...
"Como puede observarse, en su escrito de agravios el inconforme se duele, fundamentalmente, de que el primer párrafo del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación es violatorio de la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 constitucional, por no indicar el momento en que deben aplicarse los efectos de la sentencia dictada en un juicio de lesividad y los conceptos que se modifican, a diferencia del segundo párrafo del mismo precepto, donde el legislador sí reguló los efectos en la modificación de resoluciones de carácter general.
"A fin de resolver la cuestión planteada, es conveniente señalar respecto de la garantía de seguridad jurídica, cuya infracción alega la quejosa, que la palabra seguridad proviene de seguritas, la cual deriva del adjetivo securus (de secura), que en su sentido más general, significa estar libre de cuidados; y en sentido amplio, indica la situación de estar alguien seguro frente a un peligro (Enciclopedia Jurídica Mexicana. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Editorial Porrúa. Tomo Q-Z, página 381).
"La doctrina define a la seguridad jurídica como la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos, o si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad protección y reparación. Es decir, la seguridad jurídica es la certeza del individuo de que su situación jurídica no será afectada más que por los procedimientos regulares establecidos previamente.
"Dentro de un régimen jurídico, esa afectación de diversa índole y de múltiples y variadas consecuencias que opera en el status de cada gobernado, debe obedecer a determinados principios previos, llenar ciertos requisitos, en síntesis, debe estar sometida a un conjunto de modalidades jurídicas, sin cuya observancia no sería válida desde el punto de vista del derecho.
"Ese conjunto de modalidades jurídicas a que debe sujetarse un acto de cualquier autoridad para producir válidamente, desde el punto de vista jurídico, la afectación en la esfera del gobernado a los diversos derechos de éste, traducida en una serie de requisitos, condiciones, elementos, etc., es lo que constituye la garantía de seguridad jurídica. Ésta implica, en consecuencia, un conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta actividad estatal autoritaria para generar una afectación válida de diferente índole en la esfera del gobernado. Por ende, un acto de autoridad que afecte el ámbito jurídico particular de un individuo, sin observa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20719-2f21c985/juicio-de-lesividad-el-articulo-36-primer-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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