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AUTOMÓVILES NUEVOS. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER UNA EXENCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL TRIBUTO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2005). EXENCIONES TRIBUTARIAS. SU ESTABLECIMIENTO PUEDE BASARSE EN RAZONES EXTRAFISCALES. FINES EXTRAFISCALES. NO NECESARIAMENTE DERIVAN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY CORRESPONDIENTE O DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE LE DIO ORIGEN, SINO QUE PUEDEN DEDUCIRSE DEL PRECEPTO QUE LOS ESTABLEZCA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/2006-PL. · Registro digital (IUS): 20714
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, , Pág. 625.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/2006-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS

ENCARGADO DEL ENGROSE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: FRANCISCO GORKA MIGONI GOSLINGA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197 de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto tercero, fracción VI, del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, toda vez que los criterios denunciados como contradictorios han sido sustentados por las Salas de este Alto Tribunal y su resolución es exclusiva de este Tribunal Pleno, independientemente de la materia sobre la que se hayan pronunciado.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis de que se trata proviene de parte legítima en los términos de lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Ministro José Ramón Cossío Díaz adscrito a la Primera Sala de este Alto Tribunal.

TERCERO. Las consideraciones en las que se sustenta la ejecutoria dictada por la Primera Sala en el juicio de amparo en revisión 1264/2006 (que son iguales a las razones contenidas en los diversos amparos en revisión 1313/2006, 1376/2006 y 1495/2006), en lo conducente dicen:

"Tal como se ha señalado con antelación, por conducto del artículo octavo, fracción segunda, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, el legislador pretende esencialmente no afectar a la población que adquiere vehículos considerados populares, para lo cual estableció una exención en el pago del impuesto sobre automóviles nuevos para todos aquellos causantes que adquieran un vehículo cuyo precio de enajenación al consumidor no exceda de la cantidad de ciento cincuenta mil pesos, sin que se considere en el precio el impuesto al valor agregado.

"Asimismo, se exime del cincuenta por ciento del pago del impuesto sobre automóviles nuevos a quienes adquieran vehículos cuyo precio de enajenación o valor en aduana, según se trate, se encuentre comprendido entre ciento cincuenta mil pesos 01/100 moneda nacional y ciento noventa mil pesos 00/100 moneda nacional.

"Como se puede observar, el decreto del Legislativo va encaminado a beneficiar sólo a un sector específico de la población, con lo que se evidencia un trato diferenciado. La discriminación, sin embargo, no encuentra justificación alguna que esté basada en algún criterio objetivo, pues aunque el beneficio de la medida es racional no hay ninguna razón que justifique que el mismo no se aplique a todo el universo de contribuyentes.

"En otras palabras, el incentivo va en función de la protección de un cierto grupo sin que exista alguna razón de carácter económico, social o de algún otro tipo que justifique por qué al resto de los destinatarios no se le aplica. El Legislativo ha creado, pues, una categoría arbitraria por no respetar el principio de equidad tributaria.

"Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la exención cuestionada va en contra del sistema jurídico tributario, tal como fue plasmado en la Carta Magna, porque deroga un deber general de contribuir en condiciones igualitarias, atendiendo a la capacidad de cada cual.

"En el presente caso, el Poder Legislativo emitió el decreto reclamado por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, con el propósito de no afectar a la población que adquiere vehículos considerados populares. Sin embargo, quienes optan por adquirir un automóvil de los que en la exposición de motivos se denominan populares, representa un universo delimitado de personas a quienes ciertamente podría beneficiar la medida, pero dentro de ese universo, el Legislativo ha creado categorías arbitrarias cuyos integrantes no pagarán el impuesto sobre automóviles nuevos o bien lo pagarán al cincuenta por ciento. Se trata, como se ha dicho, de las siguientes:

"I. No pagarán el impuesto aquellos contribuyentes que adquieran un vehículo cuyo precio de enajenación al consumidor no exceda de la cantidad de ciento cincuenta mil pesos, sin que se considere el impuesto al valor agregado; y,

"II. Quedarán exentos del cincuenta por ciento del pago del impuesto sobre automóviles nuevos quienes adquieran vehículos cuyo precio de enajenación o valor en aduana, según se trate, se encuentre comprendido entre ciento cincuenta mil pesos 01/100 moneda nacional y ciento noventa mil pesos 00/100 moneda nacional.

"Los anteriores parámetros establecidos por el Legislativo, no permiten delimitar el universo de personas para quienes fue pensada la medida; esto es, no es posible trazar, a través de los parámetros referidos, la frontera entre el grupo de personas que serán beneficiarias de la exención y las que no lo serán, ya que ‘la población que adquiere vehículos considerados populares’ es un colectivo formado por un grupo determinado de personas inmersas en una variedad infinita de circunstancias particulares y el precio de compra de sus vehículos no los hace diferentes de otras personas que simplemente adquieren automóviles de mayor precio.

"De este modo, el criterio de discriminación no resulta objetivo ni razonable porque está fijado de manera artificiosa y arbitraria, por lo que viola en perjuicio de la quejosa ahora recurrente la garantía de equidad tributaria.

"Consecuentemente, cabe reiterar que en el caso que nos ocupa, la medida decretada por el legislador responsable, que se traduce en un trato privilegiado para un grupo de personas y la correspondiente afectación por la privación del beneficio para otras personas que se encuentran en el mismo plano que las primeras, no encuentra justificación alguna, ya que se basa en un criterio artificioso que construye una frontera donde no la hay: el punto de división entre el universo de destinatarios de la exención total y el de la parcial, y el punto de división entre este último universo y el de los contribuyentes que no son destinatarios de la exención, no se basa en ningún tipo de criterio o estándar: si un vehículo cuesta hasta ciento cincuenta mil pesos, el contribuyente no paga el impuesto sobre automóviles nuevos, pero si cuesta un centavo más y no rebasa los ciento noventa mil pesos, entonces paga el cincuenta por ciento del impuesto; y si el vehículo cuesta un centavo más de la última cantidad referida, entonces debe pagar la totalidad del impuesto sobre automóviles nuevos. Todo esto, sin que exista una razón que justifique por qué a partir de las cantidades de dinero señaladas se hace total o parcialmente efectiva la exención.

"La división de universos, como ya se dijo, es absolutamente arbitraria, pues no sigue ningún criterio que justifique por qué algunos contribuyentes se ven beneficiados por la exención y otros no, especialmente si se toma en cuenta, como lo hace el artículo octavo, fracción segunda, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, una determinada cantidad de dinero.

"Finalmente, es prudente destacar que el órgano legislativo responsable estableció en la exposición de motivos del decreto por el que se reformó el artículo y fracción mencionados, que en el esquema vigente hasta antes de la reforma reclamada, existía un trato desigual entre los vehículos importados por fabricantes o comerciantes en el ramo de vehículos y los de fabricación nacional y que la exención que entonces prevalecía en la propia fracción II del artículo 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, otorgaba un trato inequitativo respecto de vehículos que podían tener características similares.

"En consecuencia, si en el ánimo del propio legislador prevalecía el criterio de que el precepto reformado era inequitativo, se considera irrelevante adentrarse en las anteriores exposiciones de motivos que en su momento dieron lugar a las reformas de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, toda vez que el análisis relativo no conduciría a justificar la equidad de la norma controvertida."

CUARTO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el juicio de amparo en revisión 1398/2006, en lo que aquí interesa sostuvo:

"... Por lo que hace a la exención del impuesto prevista en la fracción II del artículo 8o., respecto de los automóviles cuyo precio de enajenación no exceda la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos), se advierte que en esta categoría se encuentran vehículos nuevos con un precio considerablemente bajo, accesibles a personas de ingresos menores y con capacidad para transportar hasta cinco pasajeros, esto es, no se trata de automóviles de lujo lo cual implica que existen también razones objetivas las cuales justifican ese trato diferenciado pues, se insiste, es evidente que la intención del legislador es otorgar un beneficio a las personas que adquieren automóviles compactos de consumo popular e incentivar a las empresas automotrices nacionales.

"Esas consideraciones son aplicables también a la exención del cincuenta por ciento del monto del impuesto sobre automóviles nuevos contemplada en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 8o., respecto de aquellos vehículos cuyo precio de enajenación se encuentre comprendido entre $150,000.01 (ciento cincuenta mil pesos con un centavo) y hasta $190,000.00 (ciento noventa mil pesos), pues en esta categoría de automóviles se encuentran aquellos que sin ser básicos tampoco son de lujo y en razón de ello el legislador no les exentó en forma total sino en un cincuenta por ciento del monto del impuesto.

"Cabe señalar que la justificación del trato diferenciado que el legislador da a ese tipo de automóviles, aparece en el dictamen de veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y seis, suscrito por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,(1) en cuya parte conducente se señaló: ‘... Igualmente, esta comisión consideró pertinente ampliar la base de la exención de los automóviles de tipo popular a 65 mil pesos, con el objeto de que este beneficio pueda abarcar a un mayor número de modelos y marcas nacionales. En tal sentido se modifica el segundo párrafo de la fracción II del artículo 8o. para quedar como sigue: ...’

"Por otra parte, en el dictamen de tres de diciembre de mil novecientos noventa y seis, elaborado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Quinta Sección de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se sostuvo: ‘La colegisladora consideró pertinente modificar el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5o. (sic) para ampliar la base de la exención de los automóviles de tipo popular a 65 mil pesos, con el fin de abarcar un mayor número de vehículos.’

"Esas consideraciones, que dieron origen al texto de la fracción II del artículo 8o. subsisten en la actualidad no obstante el cambio relativo al monto del precio de los automóviles, pues es evidente que permanece la intención del legislador de reconocer una categoría de adquirentes de automóviles cuyos recursos son limitados.

"En esa virtud, es claro que ese trato diferenciado obedece a fines extrafiscales, esto es, una de las razones que orientan a las leyes tributarias e inducen al control, regulación y fomento de ciertas actividades o sectores económicos; por tanto, los indicados artículos 3o., fracción I, segundo párrafo y 8o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, no transgreden la garantía de equidad tributaria."

De la ejecutoria antes transcrita derivó la tesis visible en la página 424 del Tomo XXIV, correspondiente al mes de octubre de dos mil seis, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"AUTOMÓVILES NUEVOS. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER UNA EXENCIÓN DEL TRIBUTO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2005). El hecho de que el citado artículo establezca en su primer párrafo la exención del impuesto en la enajenación al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos, cuyo precio de enajenación, incluyendo el equipo opcional, común o de lujo, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones no exceda de $150,000.00, y en su segundo párrafo exente en un 50% el monto del impuesto respecto de aquellos vehículos cuyo precio de enajenación rebase la cantidad citada hasta $190,000.00, mientras que para los automóviles nuevos cuyo precio de enajenación no se encuentre dentro de esos parámetros tribute conforme a la tarifa prevista en el artículo 3o., fracción I, de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, no transgrede el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que existen elementos objetivos que justifican la diferencia de trato, pues la intención del legislador fue la de otorgar un beneficio a quienes adquieren automóviles compactos de consumo popular e incentivar a las empresas automotrices nacionales; y si bien entre los automóviles a que se refiere el segundo párrafo de la fracción II del indicado artículo 8o., se encuentran algunos que no son básicos ni de lujo, como lo establece el citado segundo párrafo, subsiste la razón de equidad porque no se les exentó totalmente, sino en un 50% del monto del impuesto."

QUINTO. En el caso se actualiza la contradicción de tesis denunciada.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, emitió la jurisprudencia visible en la página 76 del Tomo XIII, correspondiente al mes de abril de dos mil uno, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

De la citada jurisprudencia se desprende que para que exista contradicción de tesis deben actualizarse los siguientes requisitos:

a) Que al resolver asuntos en los que se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales, se adopten criterios divergentes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en la parte considerativa de las sentencias respectivas; y,

c) Que los criterios discrepantes provengan del análisis de los mismos elementos.

En la especie, la Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver los juicios de amparo en revisión 1264/2006, 1313/2006, 1376/2006 y 1495/2006, sostuvo que las exenciones establecidas en la fracción II del artículo 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos son violatorias de la garantía de equidad tributaria. Para llegar a tal determinación la Sala de que se trata se apoyó en los siguientes argumentos torales:

• La disposición legal impugnada solamente beneficia a un sector específico de la población sin que se advierta la existencia de un criterio objetivo de tipo económico o social que justifique el otorgamiento de las exenciones únicamente a dicho sector y no a todo el universo de contribuyentes. Lo anterior, significa que el referido precepto crea distintas categorías de contribuyentes en forma arbitraria, lo que infringe el principio de equidad tributaria.

• El precepto impugnado contraviene el sistema jurídico tributario pues suprime el deber general de contribuir al gasto público en condiciones igualitarias atendiendo a la capacidad contributiva de los gobernados.

• Los parámetros conforme a los que se otorga la exención total y parcial no permiten delimitar el universo de personas que serán beneficiarias de la exención y las que no lo serán, ya que "la población que adquiere vehículos considerados populares es un colectivo formado por un grupo determinado de personas inmersas en una variedad infinita de circunstancias particulares y el precio de compra de sus vehículos no las hace diferentes de otras personas que simplemente adquieren automóviles de mayor precio."

• El precepto de que se trata establece un trato privilegiado a un grupo de contribuyentes y priva de aquél a otro grupo que se encuentra en idénticas condiciones.

• El punto de división entre el universo de destinatarios de la exención total y el de la parcial, y el punto de división entre este último universo y el de los contribuyentes que no son destinatarios de la exención, no se basa en ningún tipo de criterio pues "si un vehículo cuesta hasta ciento cincuenta mil pesos, el contribuyente no paga el impuesto sobre automóviles nuevos, pero si cuesta un centavo más y no rebasa los ciento noventa mil pesos, entonces paga el cincuenta por ciento del impuesto, y si el vehículo cuesta un centavo más de la última cantidad referida, entonces debe pagar la totalidad del impuesto sobre automóviles nuevos. Todo esto, sin que exista una razón que justifique por qué a partir de las cantidades de dinero señaladas se hace total o parcialmente efectiva la exención."

Por otra parte, la Segunda Sala de este Alto Tribunal al resolver el juicio de amparo en revisión 1398/2006, sostuvo que las exenciones previstas en la fracción II del artículo 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos no contravienen el principio de equidad tributaria. Para adoptar tal determinación la Sala de que se trata se sustentó en los siguientes argumentos torales:

• La exención total del impuesto respecto de los automóviles cuyo precio de enajenación no excede la cantidad de $150,000.00 pesos (ciento cincuenta mil pesos) está dirigida a vehículos con capacidad para transportar hasta cinco personas y que tienen un precio bajo que los hace accesibles a sujetos con ingresos menores, esto es, no se trata de automóviles de lujo. Lo anterior implica que existen razones objetivas que justifican el trato diferenciado, pues la intención del legislador es otorgar un beneficio a las personas que adquieren automóviles compactos de consumo popular así como incentivar a las empresas automotrices nacionales.

• La exención del cincuenta por ciento aplicable a los automóviles cuyo precio de enajenación se encuentre comprendido entre $150,000.01 pesos (ciento cincuenta mil pesos con un centavo) y hasta $190,000.00 pesos (ciento noventa mil pesos) también está objetivamente justificada, pues en esa categoría están comprendidos los vehículos que sin ser básicos tampoco son de lujo y en razón de ello el legislador no otorga una exención total sino parcial.

• La justificación del trato diferenciado se desprende del dictamen de veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y seis, elaborado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el que se sostuvo que resultaba pertinente ampliar la base de la exención de los automóviles de tipo popular a $65,000.00 pesos (sesenta y cinco mil pesos), con el objeto de que tal beneficio pueda comprender un mayor número de modelos y marcas nacionales. En el caso, la razón que justifica el trato diferenciado sigue siendo la misma, sólo que la cantidad se ha incrementado por el costo de la vida.

• El trato diferenciado obedece a fines extrafiscales plenamente justificados pues está destinado a fomentar ciertas actividades o sectores económicos específicos.

De lo hasta aquí expuesto se advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada, pues ambas Salas analizaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y sostuvieron criterios discrepantes. En efecto, la Primera Sala de este Máximo Tribunal considera que la exención total y la parcial de la contribución de que se trata, establecida en la fracción II del artículo 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, infringe el principio de equidad tributaria toda vez que beneficia a un determinado grupo de contribuyentes sin que exista alguna razón de carácter económico, social o de algún otro tipo que justifique el no otorgamiento del beneficio fiscal de que se trata a todos los contribuyentes, esto es, el trato diferenciado no está justificado. En cambio, la Segunda Sala del propio tribunal considera que aun cuando la referida exención establece un trato diferenciado, sin embargo, éste se encuentra plenamente justificado pues se sustenta en razones objetivas que responden a fines extrafiscales, como el apoyo a las personas de ingresos menores que únicamente pueden adquirir automóviles compactos de consumo popular y el otorgar incentivos a las empresas automotrices nacionales. Luego, si tales fines justifican el trato diferenciado es incuestionable que el precepto de que se trata no es inequitativo.

De acuerdo con lo antes expuesto, la materia de la presente contradicción de tesis se constriñe a determinar si las exenciones previstas en la fracción II del artículo 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos infringen o no el principio de equidad tributaria.

SEXTO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia la tesis que se sustenta en la presente resolución.

Dado el problema jurídico que debe dilucidarse en la presente contradicción de tesis resulta conveniente citar el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General, que dice:

"Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: ... IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

De la disposición constitucional transcrita se desprende, entre otras cuestiones, que las contribuciones deben estar destinadas a satisfacer el gasto público, es decir, el fundamento jurídico para tributar reside en la necesidad de los mexicanos de sufragar el gasto público que está destinado a satisfacer las funciones y servicios públicos en beneficio del pueblo. De aquí se sigue que al recaudar el Estado busca afrontar el gasto que le significará satisfacer las necesidades colectivas o sociales.

De las diversas contribuciones que se establecen en las leyes tributarias la fuente de ingresos más importante para el Estado es el impuesto, pues es el que genera el mayor número de recursos según se desprende de las Leyes de Ingresos de la Federación de los diversos ejercicios fiscales. Cabe precisar que los impuestos, al igual que el resto de las contribuciones, están sujetos al principio de equidad que establece el citado precepto constitucional. Sobre el particular, debe decirse que del análisis de las jurisprudencias que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado se desprende que dicho principio consiste en que los contribuyentes de un mismo impuesto que se encuentran en una idéntica hipótesis de causación, deben guardar una misma situación frente a la norma jurídica que lo establece y regula, lo que implica que las normas tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los que se ubiquen en una situación diversa.

Es importante apuntar aquí que un análisis de los diversos criterios que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en relación con el principio de equidad tributaria, de la Séptima a la Novena Épocas del Semanario Judicial de la Federación, revela una importante evolución conceptual pues se han ido detallando sus elementos y alcances al grado de reconocer que el legislador, para cumplir con el principio de que se trata, no solamente está facultado sino que se encuentra obligado a crear categorías o clasificaciones de contribuyentes cuando existan criterios objetivos que justifiquen el trato diferenciado.

Lo hasta aquí expuesto se corrobora con las jurisprudencias sustentadas por el Pleno de este Alto Tribunal, visibles, en su orden, en la página 190, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Primera Parte, Séptima Época y en la página 35 del Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Dichas jurisprudencias son las siguientes:

"PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula."

"IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales."

Conforme a la jurisprudencia citada en último término, una de las razones que pueden llevar al legislador a establecer diversas categorías de contribuyentes a efecto de cumplir con el principio de equidad tributaria, son las extrafiscales. Al respecto, debe decirse que los impuestos con fines extrafiscales son aquellos que se establecen con un objetivo distinto del recaudatorio, es decir, mediante este tipo de impuestos el Estado no persigue como objetivo fundamental allegarse de recursos para afrontar el gasto público (aunque los recursos que se obtengan con motivo de tales impuestos deben destinarse a dicho gasto), sino que busca impulsar, orientar o desincentivar ciertas actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no para el desarrollo armónico del país. Así, los impuestos que tienen los mencionados fines constituyen instrumentos de política financiera, económica y social que el Estado emplea para encauzar, incentivar o desalentar determinadas actividades o sectores económicos para el mejoramiento y desarrollo del país. El establecimiento de impuestos con fines extrafiscales encuentra sustento en los artículos 25 y 73, fracciones XXIX y XXX, constitucionales,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20714-e8d0d6b3/automoviles-nuevos-el-articulo-8o-fraccion-ii-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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