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Modo: Corpus Pro

NORMA TRIBUTARIA. SUPUESTO DE EXCEPCIÓN EN EL QUE NO SE REQUIERE QUE LA AUTORIDAD EMISORA EXPONGA LOS ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN EL TRATO DIFERENCIADO QUE AQUÉLLA CONFIERE. NORMAS TRIBUTARIAS QUE ESTABLECEN UN TRATO DIFERENCIADO ENTRE CONTRIBUYENTES QUE SE UBICAN EN CIRCUNSTANCIAS SIMILARES. LAS RAZONES TENDENTES A EXPLICARLO PUEDEN EXPONERSE EN EL INFORME JUSTIFICADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2007-PL. · Registro digital (IUS): 22259
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, , Pág. 281.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2007-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

MINISTRO PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES.

SECRETARIO: FRANCISCO GORKA MIGONI GOSLINGA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto tercero, fracción VI, del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, toda vez que los criterios denunciados como contradictorios han sido sustentados por las Salas de este Alto Tribunal y su resolución es exclusiva de este Tribunal Pleno, independientemente de la materia sobre la que se hayan pronunciado.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia en su carácter de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo.

TERCERO. Las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de este Alto Tribunal en el amparo en revisión 1250/2005, en lo que interesa, dicen:

"CUARTO. Estudio de fondo del asunto.

"...

"Si bien esta Primera Sala advierte que en la exposición de motivos transcrita no se hace mención expresa de la razón del legislador para el establecimiento del artículo impugnado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, también lo es que ello no resulta necesario, de conformidad con las siguientes consideraciones:

"Este Alto Tribunal ha emitido diversos pronunciamientos, relativos a la fundamentación y motivación de actos legislativos, estableciendo que, como regla general, se han de satisfacer los siguientes requisitos:

"a) El órgano encargado de expedir las leyes debe encontrarse facultado constitucionalmente para ello. Nos encontramos, pues, en el ámbito de la fundamentación.

"b) Las leyes que se emitan deben referirse a relaciones que reclamen ser jurídicamente reguladas, sin que sea necesario, en cada caso, realizar una motivación específica de todas las disposiciones que se expidan.

"Ahora bien, cuando se trate de una disposición que establezca un trato diferenciado, esto es, una excepción a una norma de carácter general -como sucede con las exenciones y tratos diferentes en materia tributaria-, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que la justificación a éste debe aparecer claramente del propio contenido de las normas que regulan esa situación, de la exposición de motivos o del proceso legislativo que le antecede.

"En otras palabras, se ha concluido que no puede admitirse la inexistencia de motivación cuando se trata de exenciones o tratos diferenciados, pues tornaría la disposición en arbitraria, en detrimento de aquellos que quedaron sujetos a la regla general de causación.

"A nuestro parecer, la obligación del legislador de justificar de manera clara y contundente el trato diferenciado, admite a su vez una excepción cuando se trate de hechos notorios.

"Son hechos notorios, en general, aquellos que por el conocimiento humano son considerados como ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual, o a los hechos comúnmente sabidos en un determinado lugar, de modo tal que toda persona que lo habite esté en condiciones de conocerlos.

"Apoya la anterior consideración la tesis de la antes Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘HECHOS NOTORIOS, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR.’

"En atención a lo anterior, en el ámbito estrictamente jurídico, por hecho notorio debemos entender que se trata de cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna. Por tanto, cuando el hecho es notorio la ley lo exime de su prueba, porque pertenece al conocimiento público en el medio social donde ocurrió el hecho o donde se tramita el procedimiento.

"En el caso, la crisis ocurrida en diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, y las consecuencias devastadoras para la economía nacional, al margen de que quedaron plasmadas en los documentos a que se refirió el Juez Federal, indubitablemente constituyen un hecho notorio.

"Así, esta Primera Sala considera que la existencia de este tipo de acontecimientos exime al legislador de dar una justificación como las descritas para el trato diferenciado, pues existe un conocimiento generalizado de los operadores jurídicos respecto de la situación emergente a la cual responde la legislación.

"Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia de esta Primera Sala, cuyos rubro y texto son del siguiente tenor:

"‘FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL ÓRGANO LEGISLATIVO JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES.’ (Resulta innecesaria su transcripción).

"Todo ello acorde con la idea de que los derechos fundamentales a la equidad e igualdad, instituidos por la Constitución Política, no buscan o no pretenden que se genere una igualdad matemática y ciega ante las diferentes situaciones que surgen en la vida real, pues se trata de una igualdad de trato ante la ley. Es bien sabido que la igualdad designa un concepto relacional y no una cualidad intrínseca: es una relación que se da al menos entre dos personas, objetos o situaciones.

"Lo dicho no implica que dé carta blanca al legislador para establecer tratos que pudieran llegar a ser violatorios de los derechos establecidos en la Constitución, pues si bien el emisor de la norma puede prever situaciones fácticas que requieren un trato diferente, este último debe sustentarse en criterios razonables y objetivos que lo justifiquen, sin dejar al capricho o voluntad del emisor, la aplicación de un trato distinto, pues se trata de una determinación libre mas no arbitraria.

"En este orden de ideas, se advierte que uno de los objetivos fundamentales para la creación de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, fue la búsqueda de la estabilidad económica del país, mediante la erradicación de la deuda social del mismo, proponiendo la creación de un sistema tributario que permita una economía dinámica, competitiva e incluyente.

"En ese sentido, con la creación de la referida ley, se buscó combatir el desajuste económico por el que había pasado nuestro país durante las últimas décadas, pues el mismo había entorpecido su desarrollo, por lo que el propósito era obtener un crecimiento macroeconómico del país, procurando una política fiscal equitativa.

"De tal manera, lo que se pretendió con la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta fue lograr una mayor eficiencia económica y generar más recursos fiscales, para la obtención de un desarrollo óptimo que permita hacer frente a las necesidades sociales del país.

"En ese sentido, de la exposición de motivos en comento, se advierte que la intención de la reforma consistió en coadyuvar al desarrollo de la economía del país, mediante un sistema tributario dinámico e incluyente que elimine los obstáculos que impedían su avance.

"...

"Con lo anterior, queda patente que en la materia de justificación de diversos tratos impositivos, en el presente caso, ésta se satisface, en virtud de que existen razones justificadas, que si bien no derivan directamente del proceso legislativo del que emanan (o del texto de la ley), esas razones existen por constituir hechos notorios.

"Lo anterior es así, ya que si bien, como ya se apuntó, esta Primera Sala advierte que en la exposición de motivos transcrita no se hace mención expresa de la razón del legislador para el establecimiento del artículo impugnado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, también lo es que ello no resulta necesario, ya que normalmente para que los actos legislativos se encuentren fundados y motivados basta con que se cumplan los procedimientos establecidos constitucionalmente para la creación de las leyes, sin que se requiera una motivación expresa de cada una de las disposiciones contenidas en un ordenamiento.

"Lo anterior se encuentra sustentado en la siguiente jurisprudencia y tesis emitidas por el Pleno de este Alto Tribunal, cuyos rubros son: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’ y ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS LEGISLATIVOS. LOS PODERES QUE INTERVIENEN EN SU FORMACIÓN, NO ESTÁN OBLIGADOS A EXPRESARLAS.’

"Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que el tratamiento preferencial que establece el precepto combatido obedece a necesidades justificables, que tienen un fin extrafiscal.

"En tales términos, contrario a lo sostenido por la recurrente, el beneficio que otorga el legislador a las personas que hayan contratado deudas antes del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro se encuentra justificado plenamente, pues el legislador basado en razones económicas y sociales, estableció en congruencia con el propósito de la reforma, un beneficio para aquellos contribuyentes que obtuvieron el perdón de la deuda derivada de la reestructuración de los créditos originados antes de mil novecientos noventa y cuatro.

"La comentada justificación es razonable, pues contrario a lo sostenido por la hoy recurrente, la crisis económica que se derivó del conflicto financiero de mil novecientos noventa y cuatro es una justificación válida para establecer el trato diverso en el artículo impugnado.

"Lo anterior es así, ya que, tal como ha quedado establecido, la crisis económica del país se hizo vigente en el año de mil novecientos noventa y cuatro, por lo que las personas que contrataron deudas antes de dicho periodo, ignoraban el desajuste económico que acontecería en el país. Por el contrario, los sujetos, como lo es el caso de la quejosa, que contrataron deudas con posterioridad al evento económico de referencia, tenían pleno conocimiento del riesgo que corrían al contratar dichos créditos, como bien lo determinó el Juez de Distrito.

"En efecto, la diferencia entre los sujetos que contrataron créditos antes de la crisis financiera de mil novecientos noventa y cuatro, se deriva del conocimiento de la situación económica en que atravesaría el país. Por lo que, los sujetos, como la hoy recurrente, que hubieren contratado créditos a sabiendas de dicha situación, evidencia que asumían el riesgo que pudiera derivar la misma (sic), y con ello la capacidad económica para enfrentarlo, y por ende serían pocos los sujetos que se encontrarían en tal situación y no harían en su caso una diferencia macroeconómica.

"Por lo anterior, al existir razones objetivas para justificar el beneficio que prevé la ley, las cuales tienen un fin extrafiscal, resulta que el precepto reclamado no transgredió, en modo alguno, la garantía de equidad tributaria consagrada en la fracción IV del artículo 31 de la Carta Magna. ..."

Las consideraciones antes citadas (que en términos similares se sustentaron en los diversos precedentes de la propia Primera Sala) dieron lugar a la jurisprudencia visible en la página 157 del Tomo XXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil cinco, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL ÓRGANO LEGISLATIVO JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES. Una nueva reflexión sobre el tema de los fines extrafiscales conduce a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar que si bien es cierto que el propósito fundamental de las contribuciones es el recaudatorio para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios, también lo es que puede agregarse otro de similar naturaleza, relativo a que aquéllas pueden servir como instrumentos eficaces de política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar (fines extrafiscales), por lo que ineludiblemente será el órgano legislativo el que justifique expresamente, en la exposición de motivos o en los dictámenes o en la misma ley, los mencionados fines extrafiscales que persiguen las contribuciones con su imposición. En efecto, el Estado al establecer las contribuciones respectivas, a fin de lograr una mejor captación de los recursos para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que respondan a fines extrafiscales, pero tendrá que ser el legislador quien en este supuesto refleje su voluntad en el proceso de creación de la contribución, en virtud de que en un problema de constitucionalidad de leyes debe atenderse sustancialmente a las justificaciones expresadas por los órganos encargados de crear la ley y no a las posibles ideas que haya tenido o a las posibles finalidades u objetivos que se haya propuesto alcanzar. Lo anterior adquiere relevancia si se toma en cuenta que al corresponder al legislador señalar expresamente los fines extrafiscales de la contribución, el órgano de control contará con otros elementos cuyo análisis le permitirá llegar a la convicción y determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto o preceptos reclamados. Independientemente de lo anterior, podrán existir casos excepcionales en que el órgano de control advierta que la contribución está encaminada a proteger o ayudar a clases marginales, en cuyo caso el fin extrafiscal es evidente, es decir, se trata de un fin especial de auxilio y, por tanto, no será necesario que en la iniciativa, en los dictámenes o en la propia ley el legislador exponga o revele los fines extrafiscales, al resultar un hecho notorio la finalidad que persigue la contribución respectiva."

CUARTO. Las consideraciones en las que se sustenta la ejecutoria pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 1284/2003 (que son similares a los razonamientos contenidos en las diversas resoluciones que integran la jurisprudencia que se denuncia como contradictoria), en lo conducente, dicen:

"Del análisis de las diversas exposiciones de motivos, así como de los dictámenes de la Comisión de Hacienda se pueden destacar los siguientes puntos:

"a) En sus inicios, con el establecimiento de la tasa del 0% a todas las etapas de producción de los alimentos el legislador pretendió proteger y mejorar el nivel de vida de los sectores sociales menos favorecidos a través del desarrollo del sistema alimentario mexicano con productos básicos que permitan entablar una política de mínimos de bienestar para la población a fin de garantizar la política de redistribución del ingreso y de equilibrio de las relaciones costos precios.

"b) Se estableció que únicamente iban a estar gravadas a la tasa del 0% las enajenaciones que se realizaran al consumidor final, a fin de que no se incrementara el costo de los bienes que adquiriera, lo que tuvo una vigencia ínfima, pues se restauró el gravamen del 0% a todas las etapas de producción de alimentos hasta su comercialización al consumidor final.

"c) Se precisó que tratándose de la enajenación de bebidas distintas de la leche, aun cuando pudieran tener la naturaleza de alimentos o complementos, se gravaría a la tasa general del 15%.

"Sin embargo, respecto del tercero de los incisos citados, que es el que interesa para la resolución del presente asunto, no se establece en la exposición de motivos ni en los dictámenes de la comisión, cuál fue el propósito que tuvo el legislador para otorgar un tratamiento distinto a la enajenación de bebidas distintas de la leche, entre ellas la de jugos, néctares y concentrados de frutas o verduras, aun cuando tuvieran la naturaleza de alimentos al gravarla a la tasa del 15%, mientras que a la enajenación de alimentos sólidos se le aplica la tasa del 0%, siendo que en ellas se debió precisar la ratio legis, pues el legislador no puede establecer caprichosamente o arbitrariamente excepciones en la ley, sino que ellas deben apoyarse en razones objetivas, a fin de no violentar la garantía de equidad.

"De lo anterior se desprende que ni en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ni en el procedimiento legislativo se dio alguna explicación que pudiera justificar ese tratamiento diferenciado.

"En tal virtud, procede analizar si las autoridades responsables al momento de rendir su informe justificado, expresaron las causas específicas o razones particulares por las cuales el legislador federal estableció un tratamiento diferenciado para la enajenación de alimentos en estado sólido o semisólido respecto a aquella que prevé el artículo 2o. A, fracción I, inciso b), numeral 1, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para la venta de alimentos en estado líquido.

"...

"De lo anterior se desprende que las autoridades responsables pretendieron justificar el tratamiento especial o diferenciado que prevé el artículo 2o. A, fracción I, inciso b), numeral 1, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al gravar a la tasa del 0% la enajenación de alimentos en estado sólido o semisólido y a la del 10% o 15% la venta de alimentos en estado líquido, sobre la base de que el legislador buscó establecer claramente los casos de excepción en la aplicación de la tasa del 0% tratándose de productos destinados a la alimentación a fin de beneficiar a los consumidores de productos de primera necesidad; o por su alto costo en el mercado ya que no podrían quedar sujetos a un régimen de beneficio.

"En ese sentido, debe señalarse que ninguna de las consideraciones anteriores justifica ese tratamiento desigual para la enajenación de alimentos en estado sólido o semisólido respecto de aquella que prevé la ley de la materia para la venta de alimentos en estado líquido.

"Lo anterior es así, en virtud de que no se puede justificar ese tratamiento sobre la base de que el legislador pretendió proteger a los consumidores de alimentos de primera necesidad, toda vez que existen alimentos en estado sólido, semisólido o líquido, que no son de primera necesidad y cuya enajenación está gravada a la tasa del 0%, por lo que dicha cuestión no puede servir de fundamento para ello; de la misma forma, tampoco puede servir de sustento para sostener ese trato desigual, el alto precio del producto, ya que dicha cuestión, por una parte, constituye una mera suposición por parte de la autoridad y, por la otra, se trata de una simple cuestión de facto que nada tiene que ver con la cuestión jurídica controvertida y que no justifica el tratamiento diferenciado que prevé el artículo 2o. A, fracción I, inciso b), numeral 1, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para gravar a distintas tasas la enajenación de los alimentos por su estado físico.

"Asimismo, tampoco sirve para ello, el hecho de que la autoridad hacendaria hubiera señalado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido que al establecerse las contribuciones se pueden tomar en consideración situaciones extrafiscales, como lo sería la política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar el país, ya que las razones que dio, como ya se dijo, no son suficientes para justificar ese tratamiento diferenciado en cuanto a las tasas del impuesto para la enajenación de alimentos en estado sólido y semisólido respecto a la venta de alimentos en estado líquido.

"En tal virtud como ni en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ni en el procedimiento legislativo, ni en el informe con justificación rendido por las autoridades responsables, se desprende algún elemento que pudiera tomarse en cuenta para justificar ese tratamiento diferenciado a la enajenación de alimentos en estado sólido o semisólido respecto a aquel que prevé para la venta de alimentos en estado líquido, subsiste la violación a la garantía de equidad tributaria.

"En tal virtud, al encontrarse viciado por inequidad el sistema del impuesto al valor agregado en cuanto a la enajenación de alimentos sólidos o semisólidos con respecto a la venta de alimentos en estado líquido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa para el efecto de que por lo que se refiere a las operaciones futuras relacionadas con la enajenación de jugos, néctares y concentrados de frutas y verduras no traslade el gravamen de referencia a la tasa del 15%, sino a la del 0%."

Las consideraciones antes transcritas dieron lugar a la jurisprudencia, visible en la página 420 del Tomo XXIII, correspondiente al mes de marzo de dos mil seis, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 2o. A, FRACCIÓN I, INCISO B), NUMERAL 1, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE UN TRATAMIENTO DIFERENCIADO AL GRAVAR CON LA TASA DEL 0% LA ENAJENACIÓN DE ALIMENTOS EN ESTADO SÓLIDO O SEMISÓLIDO Y CON LA DEL 10% O 15% A LOS ALIMENTOS EN ESTADO LÍQUIDO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1996). La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que conforme al principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los contribuyentes que se encuentren en el mismo supuesto de causación deben tributar en idénticas condiciones, por lo que cuando se establece una exención o un trato privilegiado a un sector que se encuentra en dicho supuesto, el legislador debe expresar las razones particulares y objetivas por las cuales estimó necesaria esa distinción, ya sea en la exposición de motivos de la ley respectiva, en su proceso legislativo o en el informe justificado que presente en el juicio en que se cuestionan las disposiciones que prevén ese trato especial, a fin de que el órgano jurisdiccional pueda valorarlo, lo que también puede hacer del contenido de los propios preceptos cuando de él derive con toda claridad la justificación del trato privilegiado, ya que en todo caso el legislador no puede establecer caprichosa o arbitrariamente excepciones en la ley, sino que ellas deben apoyarse en razones objetivas, a fin de no violentar la garantía de equidad. Ahora bien, para efectos de identificar las supuestas razones objetivas que tuvo el legislador para establecer el tratamiento diferencial en el artículo 2o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado al gravar, por una parte, a la tasa del 0% la enajenación de alimentos en estado sólido o semisólido y, por la otra, a la tasa del 15% la enajenación de bebidas distintas de la leche, este Alto Tribunal estimó necesario conocer cuáles fueron las circunstancias que motivaron ese tratamiento para las bebidas distintas de la leche, entre las cuales se señalan a los jugos, néctares o concentrados de frutas y verduras, así como al yoghurt para beber y otros productos que tienen naturaleza de alimentos y son excluidos de la tasa del 0% sólo por su consistencia líquida. Así, al analizar las exposiciones de motivos y los dictámenes que la Comisión de Hacienda hubiere formulado al respecto, desde la entrada en vigor del artículo en estudio, no se advierten elementos que justifiquen el trato diferenciado al gravar con la tasa del 0% la enajenación de alimentos en estado sólido o semisólido y con el 10% o 15% la de alimentos en estado líquido que se establece en el texto del artículo 2o. A, fracción I, inciso b), numeral 1, del citado ordenamiento, es decir, no existen elementos suficientes para diferenciar a la leche y a los alimentos sólidos de los demás alimentos líquidos, en virtud de que el estado físico de los alimentos no es un elemento relevante, siendo que para aplicar la tasa del 0% a la enajenación de los productos destinados a la alimentación, no debe importar si éstos son sólidos, semisólidos o líquidos, siempre y cuando se trate de alimentos. Por tanto, al resultar esa diferencia una excepción artificiosa e injustificada se concluye que el artículo 2o. A, fracción I, inciso b), numeral 1, da un trato distinto a contribuyentes que se encuentran en igualdad de circunstancias ante la ley, a saber, la de enajenantes de productos destinados a la alimentación por el solo hecho de que éstos se encuentran en estado sólido o líquido, por lo que el citado precepto transgrede el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No es óbice a lo anterior el que pretenda justificarse dicho tratamiento diferenciado con el argumento de que el legislador pretendió proteger a los consumidores de alimentos de primera necesidad, toda vez que existen alimentos en estado sólido y semisólido que no son de primera necesidad y cuya enajenación está gravada con la tasa del 0%, mientras que existen líquidos que sí son de primera necesidad y que no son leche, como son los jugos, néctares o el yoghurt para beber."

QUINTO. En el caso, se actualiza la contradicción de tesis denunciada.

Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, emitió la tesis visible en la página 68 del Tomo XXX, correspondiente al mes de julio de dos mil nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Del criterio transcrito se desprende que la contradicción de tesis se configura cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas de los asuntos en los que se sostienen tales criterios no sean idénticas.

Sentado lo anterior, debe decirse que de las resoluciones transcritas en los considerandos tercero y cuarto de la presente resolución se aprecia que la Primera y Segunda Salas de este Alto Tribunal, al resolver los asuntos que fueron sometidos a su respectiva consideración, analizaron argumentos tendentes a evidenciar violación a la garantía de equidad tributaria con motivo de normas fiscales que, según los inconformes, conferían un trato

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22259-b59cc487/norma-tributaria-supuesto-de-excepcion-en-el-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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