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Modo: Corpus Pro

LIBERTAD DE TRABAJO. NO LA TRANSGREDE EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN I, INCISO A), ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER COMO REQUISITO PARA LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES FINANCIEROS QUE LOS CONTADORES PÚBLICOS OBTENGAN LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE POR PARTE DE ASOCIACIONES O COLEGIOS DE PROFESIONISTAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2007-PL. · Registro digital (IUS): 20720
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, , Pág. 822.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2007-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIA: MARÍA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197 de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes fueron sustentados por las Salas de este Alto Tribunal.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de los artículos 197 de la Ley de Amparo y 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que fue formulada por el subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien fungió como parte en los juicios de amparo en revisión materia de la presente denuncia.

TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la referida divergencia de criterios denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por las Salas que lo motivaron, por lo que a continuación se transcriben.

La parte considerativa de la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 194/2006, promovido por Alfredo Sánchez Torrado y otros, en lo que aquí interesa, es del texto siguiente:

A. En relación con el alcance de la garantía de libertad de trabajo:

• El artículo 5o. de la Constitución es la norma que consagra de un modo general el principio de la libertad de trabajo, y como cuestión previa conviene mencionar que dicho principio ha dejado de ser absoluto dentro del sistema constitucional mexicano, que actualmente reconoce a todos los individuos la libertad de dedicarse a la ocupación de su elección.

• De lo anterior se desprende que la libertad de trabajo está garantizada constitucionalmente conforme a los siguientes lineamientos:

a) A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.

b) El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen derechos de terceros.

c) También podrá vedarse por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.

• En lo referente al primer presupuesto, la garantía constitucional cobra real vigencia en la medida que se refiera a una actividad lícita, esto es, que esté permitida por la ley. Dicho de otra manera, la garantía no podrá exigirse cuando sea ilícita, es decir, cuando esté prohibida por la ley o cuando aunque no esté prohibida expresamente, de alguna manera pueda significar trasgresión al derecho positivo.

• Por otro lado, el segundo presupuesto normativo se refiere a que la garantía de que se habla no podrá ser exigida si la actividad a la que pretende dedicarse la persona conlleva a su vez la afectación a derechos de terceros; esto es, que estando permitida por la ley, exista un derecho preferente tutelado por la ley en favor de otro u otros que se ubiquen en una situación jurídica determinada, que pueda verse afectado por el desarrollo de la actividad de aquélla.

• El tercer presupuesto normativo implica que la garantía será exigible siempre y cuando la actividad, aunque lícita, no afecte derechos de la sociedad; esto es, existe un imperativo que subyace frente al derecho de los gobernados en lo individual, que es el derecho de la sociedad en general.

• Esto se entiende en tanto que existe un valor que pondera y asegura el derecho mexicano, que se traduce en la convivencia y bienestar social en todos sus aspectos. Por ello se protege el interés de la sociedad por encima del interés particular, de forma que, en aras de ese interés mayor, este último es limitado o condicionado cuando puede lesionar al primero, afectando sus valores en una proporción mayor del beneficio que en lo individual se pudiera obtener.

• Sentado lo anterior, cabe apuntar que el hecho de que el dispositivo constitucional de referencia sólo mencione las formas de restricción a la libertad de trabajo referidas, no implica de manera alguna que sean éstas las únicas que existen en relación con tal prerrogativa, pues pueden existir otras, también en el propio Texto Constitucional, como serían aquellas contenidas en el artículo 123, en cuanto regula trabajos prohibidos para menores de edad, limitando así su propia libertad de trabajo; o la limitación que tienen los ministros de culto para ejercer cargos públicos, según dispone el artículo 130 de la Constitución.

• De igual forma, en el caso de la libertad de trabajo y los derechos en ella implícitos por disposición constitucional, existen ciertos casos de excepción que escapan de esa esfera de libertad, tornándose el trabajo obligatorio y/o gratuito, como es el caso del trabajo impuesto como pena, el de los servidores públicos, los jurados, los cargos de elección popular, las funciones electorales y censales y los servicios sociales.

• En tales términos, la libertad de trabajo exige, como cualquier otra libertad, de reglas que determinen en las condiciones para su ejercicio, y es la propia Constitución al establecer en el segundo párrafo de la norma en comento que "La ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deben llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo", la primera en imponer una modalidad regulada a esta libertad en relación con algunas profesiones respecto de las que por cuestiones de orden público e interés general se requiere para su ejercicio de título registrado y expedido por autoridad competente, sin el que no podrán ejercerse, según lo determine la legislación de cada Estado, pero una vez superado tal requerimiento la libertad de trabajo es expedita para el individuo.

• En tal tenor, los profesionistas titulados tienen los derechos y los deberes que les fijan las leyes, en lo tocante al desempeño privilegiado de las profesiones que requieren título para ser practicadas, y la excepción a la libertad de trabajo en este caso se justifica si se atiende a que aquellos que desempeñan actividades delicadísimas y vitales, cuya suplantación por personas que no estén debidamente preparadas sería peligrosa para la sociedad, y eso es lo que justifica que la ley reglamentaria de profesiones exija la comprobación plena de los conocimientos necesarios para desempeñarlas.

• Adicionalmente a los anteriores, existen casos especiales en los que en atención a que el ejercicio de determinada actividad por parte de los particulares conlleva el acceso a ciertos derechos de orden o interés público, se exigen legalmente aun mayores requerimientos que los del título profesional, también superables, pero de mayor exigencia que lo ordinario y que se justifican precisamente en atención al acceso a derechos de interés público que otorga el ejercicio de esas actividades, como es el caso de los notarios públicos que realizan una función que originariamente corresponde al Estado (ejercer y gozar de fe pública), cuando por alguna razón de importancia deba garantizarse un cierto grado de capacitación, especialización y actualización continuas.

• Sin embargo, según se desprende de la propia norma constitucional, además del Constituyente sólo el Poder Legislativo, en su función de emitir leyes, puede restringir la libertad de trabajo, siempre que lo haga de una manera general, impersonal y abstracta; y la razón para ello radica en que el mismo precepto reserva a la función judicial y a la administrativa las restricciones personales, al determinar que la libertad ocupacional puede vedarse por resolución judicial, cuando se afecten derechos de tercero; y por resolución gubernativa en los términos que señale la ley, cuando se afecten derechos de la sociedad.

• Lo anterior deriva en que la ley reglamenta a mayor detalle las condiciones en que debe ejercerse la libertad de trabajo consagrada en la norma constitucional, pero con las limitaciones que se señalan en la propia Constitución, de forma que tal reglamentación debe desarrollarse en el sentido de determinar las condiciones en que se puede ejercer y armonizar, en beneficio de la colectividad, el ejercicio de esta garantía individual.

• En tales términos, las normas de la reglamentación implican el establecimiento de las modalidades en que las libertades deben ejercerse, señalando las condiciones y los requisitos necesarios para ello, sin que éstos puedan llegar al extremo de coartar la garantía mediante el establecimiento de modalidades que no sean razonables y superables.

• En el tenor expuesto, las limitaciones generales a la libertad de trabajo deben consagrarse en ley y ello debe hacerse fundada y motivadamente, es decir, en el ámbito de competencia de las autoridades legislativas y en circunstancias de modo, tiempo y lugar que así lo requieran.

• Atento a lo anterior, tratándose de limitaciones generales a la garantía consagrada en el artículo 5o. constitucional, el Congreso respectivo debe legislar atendiendo las referidas condiciones, a fin de evitar una actuación arbitraria o injustificada, que eventualmente pudiera resultar inconstitucional.

B. En relación con los colegios o asociaciones de profesionistas:

• La afiliación obligatoria a los colegios o asociaciones de profesionistas, en términos de ley, no hace de suyo que la norma que determina tal obligación sea violatoria de la libertad de trabajo, la que no será vulnerada siempre que los requisitos que en su caso pudieran establecerse resulten razonablemente superables, de forma que lejos de constituir un obstáculo tienden a regular el ejercicio de una determinada actividad que por alguna razón de interés social no debe ejercerse en forma irrestricta y sin ningún control, en beneficio de la colectividad.

• La exigencia de pertenecer a una agrupación de esta naturaleza y de sujetarse a cierta reglamentación en determinadas situaciones y respecto de algunos profesionistas, tiene su razón de ser y se justifica en atención al bien colectivo que se persigue, por la existencia de una circunstancia especial que justifica y valida su imposición -como sería la necesidad de una especialización o de algún control-.

• Las asociaciones civiles que adquieren el carácter de colegios de profesionistas lo son en virtud de que han obtenido un registro que así lo señala y no porque así se hayan autodenominado a través de sus estatutos, ni porque incluyan entre sus fines actividades que son consecuencia de la obtención de un registro propiamente dicho.

• La constitución y la obtención de un registro como asociación o colegio de profesionistas ante la Dirección de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, tiene por consecuencia la atribución de ciertas facultades a favor del colegio registrado, que no van en relación únicamente con los intereses de los agremiados y que tampoco son los inherentes a una asociación civil ordinaria de derecho común.

• La Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativa al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, dispone que los colegios de profesionistas registrados tendrán como derechos y obligaciones: dar su opinión al Ejecutivo Federal respecto del contenido de los reglamentos que delimiten los campos de acción de cada profesión (artículo 4o.); fungir como representantes ante el Estado de los profesionales de su rama (artículos 21 y 50, inciso l); integrar las comisiones técnicas de que se auxilia la Secretaría de Educación Pública para la realización de funciones de su competencia (artículo 22); determinar en acuerdo conjunto con la Dirección de Profesiones la forma en que se cumplirá con el servicio social (artículo 23, fracción VIII); fijar los conceptos de ética profesional de su rama, respecto a los cuales se debe normar la publicidad que hagan los profesionistas de su actividad (artículo 42); vigilar el ejercicio de la profesión de sus agremiados (artículo 50, inciso a); promover la expedición de leyes, reglamentos y sus reformas relativos al ejercicio profesional (artículo 50, inciso b); auxiliar a la administración pública promoviendo lo conducente a la moralización de la misma (artículo 50, inciso c); denunciar ante la Secretaría de Educación Pública o las autoridades penales las violaciones a la Ley de Profesiones (artículo 50, inciso d); proponer los aranceles profesionales (artículo 50, inciso e); servir de árbitros en conflictos entre profesionales o entre éstos y sus clientes, por supuesto, cuando éstos así lo convengan (artículo 50, inciso f); prestar la más amplia colaboración al poder público como cuerpos consultores (artículo 50, inciso h); llevar el turno conforme al cual debe prestarse el servicio social y establecer la forma en que éste debe prestarse (artículo 50, inciso m); formar las listas de peritos, que serán las únicas que sirvan oficialmente (artículo 50, inciso o); y velar porque los puestos públicos en que se requieren conocimientos propios de determinada profesión estén desempeñados por los técnicos respectivos, con título legalmente expedido y registrado (artículo 50, inciso p).

• En consecuencia, estos colegios de profesionistas, al constituirse y registrarse como tales, adquieren ciertas funciones de interés público, lo que constituye por sí mismo un bien colectivo en tanto van dirigidos a salvaguardar los fines que se pretenden lograr con su regulación.

• En tal tenor, de superarse el razonable y justificado requerimiento que impone la ley para el acceso al ejercicio de dichas actividades, éstas pueden ejercerse, demostrándose así que la libertad de trabajo no se limita sino que su ejercicio se reglamenta por la norma ordinaria en aras de salvaguardar un bien colectivo; por tanto, el requerimiento de que se habla no viola la garantía de libertad de trabajo, sino que únicamente impone una modalidad para su ejercicio, lo que se justifica en atención a su teleología y peculiaridades.

• Sin embargo, cualquier limitación general o regulación de la libertad de trabajo en general; del ejercicio de una profesión determinada, en particular, o de una actividad específica -incluyendo la colegiación obligatoria-, que pueda impedir su desarrollo, debe hacerse en una ley en sentido formal y material; es decir, a través de una regla general, impersonal y abstracta, emanada del órgano constitucionalmente investido de la función legislativa, y sólo en tal sentido no existirá trasgresión constitucional.

• En relación con lo anterior, conviene determinar el alcance o profundidad del principio de legalidad, para lo que es útil acudir al de la reserva de ley, con el que guarda estrecha semejanza y mantiene una estrecha vinculación.

• La doctrina clasifica la reserva de ley en absoluta y relativa. La primera aparece cuando la regulación de una determinada materia queda acotada en forma exclusiva a la ley formal, emitida por un órgano legislativo, supuesto en el que la materia reservada a la ley no puede ser regulada por otras fuentes. La reserva relativa, en cambio, permite que otras fuentes de la ley vengan a regular parte de la disciplina normativa de determinada materia, pero a condición de que la ley sea la que determine expresa y limitativamente las directrices a las que dichas fuentes deberán ajustarse; esto es, la regulación de las fuentes secundarias debe quedar subordinada a las líneas esenciales que la ley haya establecido para la materia normativa.

• En este último supuesto, la ley puede limitarse a establecer los principios y criterios dentro de los cuales la concreta disciplina de la materia reservada podrá posteriormente ser establecida por una fuente secundaria. Así, no se excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a otro tipo de normas, sin que ello signifique que tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la ley, lo que supondría una degradación de la reserva formulada por la Constitución en favor del legislador.

• En tal virtud, la clasificación de la reserva de ley, en absoluta y relativa, se formula con base en el alcance o extensión que sobre cada materia se atribuye a cada especie de reserva. Así, la reserva absoluta de la regulación no puede hacerse a través de normas secundarias, sino sólo mediante las que tengan rango de ley; por otro lado, en la relativa basta un acto normativo primario que contenga el principio que debe respetarse, para que en otras normas puedan regularse los aspectos no esenciales.

• Lo anterior se traduce en ciertas exigencias en cuanto al alcance de las remisiones a las fuentes secundarias, que pueden resumirse en el criterio de que éstas deben ser un complemento de la regulación legal, que sea indispensable por motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución.

• La reserva relativa, en consecuencia, no puede entenderse como la deslegalización o revisión indiscriminada, sino como la posibilidad de que la ley, ante su impedimento práctico de regular y mantener por sí sola la materia reservada, deje los aspectos aplicativos y complementarios a otra regulación, pues de lo contrario se produciría una verdadera deslegalización de la materia reservada, lo que se traduciría en una total abdicación por parte del legislador de su facultad para establecer reglas, transfiriendo esta facultad a otra entidad, con evidente violación a la Constitución Federal.

• Precisado lo anterior, tratándose de la libertad de trabajo tutelada por el artículo 5o. constitucional la reserva es de carácter relativa, toda vez que si bien es cierto que dicha materia no puede ser regulada en su totalidad por una ley formal, en ésta debe contenerse la normatividad esencial que la garantice, marcando un límite de contenido para las normas secundarias, las cuales no podrán contradecirla pues a ella quedan subordinadas y dependientes, ya que únicamente constituyen un complemento de la regulación legal, que sea indispensable por motivos técnicos o de practicidad.

• Sobre tales premisas conviene significar que las garantías de legalidad y de seguridad jurídica, que los quejosos estiman vulneradas en su perjuicio, no deben entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa la forma que debe desempeñarse cada actividad, en términos del artículo 5o. constitucional, sino que debe contener los elementos mínimos para garantizar el derecho del gobernado y para evitar que sea víctima de arbitrariedades que le impidan dedicarse al trabajo que le acomode, sin que ello llegue al extremo de obligar a los órganos legislativos a regular legalmente cuestiones que por su simplicidad, sencillez o irrelevancia, no requieren de pormenorización en una ley.

C. En relación con la inconstitucionalidad del artículo 52, fracción I, inciso a), párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación y segundo transitorio, fracción XIII, por el que se reforma:

• Del contenido de dichos numerales se desprende que para emitir dictámenes con repercusiones fiscales, los contadores públicos deben obtener una certificación de una institución particular, que de hecho resulta ser el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Asociación Civil, entidad que con base en la facultad que para ello le otorgan esas normas, expidió el denominado "Reglamento para la Certificación Profesional de los Contadores Públicos", que rige toda la cuestión relativa a la obtención y conservación de tal certificación.

• De lo anterior resulta que tratándose de la cuestión relativa a la elaboración de dictámenes para efectos fiscales, las normas combatidas autorizan a una entidad de carácter privado para que con base en una normatividad que no reviste la jerarquía de una ley, en tanto que no fue emitida por un órgano legislativo, pueda vedar absolutamente el ejercicio de una actividad, al facultársele para establecer y modificar unilateralmente las condiciones que para ello deben cumplirse, lo que deja al particular en estado de incertidumbre jurídica, con evidente trasgresión a la Constitución.

• En efecto, por las razones que ya quedaron ampliamente expuestas, al analizar el artículo 5o. constitucional, si se está en presencia de una disposición jurídica emanada de un órgano legislativo, constitucionalmente facultado para ello, que establece la regulación que condiciona el ejercicio de una profesión o de una actividad determinada, al cumplimiento de determinados requisitos, no existirá trasgresión a la garantía de trabajo; sin embargo, si no es la norma jurídica la que establece esa regulación, sino que en lugar de eso autoriza a una entidad privada a establecerla a su discreción -como es el caso- debe estimarse que aquélla es inconstitucional, transgredir al referido artículo 5o., en relación con los principios consagrados en los numerales 14 y 16 constitucionales, en tanto que se deja al particular en estado de indefensión al obligarlo a sujetarse a normas que pueden no cumplir los requisitos de generalidad y abstracción; que pueden establecerse a capricho o conveniencia de un organismo privado, y que pueden variar sin más requisito que la voluntad de quien las emite, tornando en incierta la posibilidad de cumplirlas.

• En relación con la libertad de trabajo, la limitación de tal garantía no puede depender de regulaciones emanadas de entidades privadas, pues éstas no tienen facultades legislativas y tampoco gozan de atribuciones para vedar el ejercicio de una actividad determinada; esto es, para imponer sobre el gobernado una prohibición absoluta para realizarla, y tampoco pueden condicionarla al cumplimiento de sus propias reglas.

• Lo anterior no significa desconocer la necesidad que existe en ocasiones de establecer regulaciones concretas y pormenorizadas a las que deba sujetarse la formalidad del ejercicio de una actividad, con el objeto de obtener un fin determinado (reserva relativa), como lo sería el reconocimiento de su validez o la presunción de su veracidad, lo que no necesariamente debe hacerse en ley; sin embargo, ello es permisible siempre y cuando con esa normatividad secundaria no se impida absolutamente su realización, pues la garantía referida radica en asegurar que sean el Constituyente o el legislador quienes definan el contenido básico de libertad de trabajo, de forma que los requisitos que para ello habrán de cumplirse indefectiblemente deberán estar fijados en ley.

• No se desconoce la circunstancia de que la obtención de la certificación resulta por demás pertinente en virtud de la importancia de la actividad recaudatoria del Estado, lo que amerita la exigencia que los profesionistas que dictaminen los estados financieros y la situación fiscal de los contribuyentes, reúnan ciertos requisitos que respalden y garanticen la confiabilidad de dichos dictámenes; sin embargo, las normas que autoricen a una entidad privada a emitir la regulación que condicione el ejercicio de tal actividad, de todas maneras deben estimarse inconstitucionales, pues si bien es cierto que resulta necesario garantizar el óptimo ejercicio de esa actividad, que claramente requiere un alto grado de especialización, más aún cuando la labor que se realice tendrá una presunción de veracidad en un campo de importancia social, como es la cuestión tributaria, también lo es que la obtención de la referida certificación no puede quedar a la discreción absoluta de un particular, que puede actuar sin más limitación que su propia normatividad.

• Lo anterior adquiere mayor importancia si se tiene en cuenta que ni siquiera la ley puede obrar arbitraria, ni aun discrecionalmente, al imponer taxativas al ejercicio de la garantía individual de que se trata, sino que sólo debe hacerlo "cuando se ofendan los derechos de la sociedad", apreciación tan delicada y trascendental para el efecto de tasar el ejercicio de una garantía individual, que se reservó en exclusiva al órgano legislativo.

• En este sentido son fundados el segundo y tercer agravio de las recurrentes, interpretados en su conjunto, pues si los artículos 52, fracción I, inciso a), párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, y el artículo segundo transitorio, fracción XIII, del decreto de reformas respectivo, autorizan a colegios o asociaciones de contadores públicos registrados y autorizados por la Secretaría de Educación Pública a otorgar a su discreción la certificación que condiciona la realización de la actividad de realizar dictámenes para efectos fiscales, con base en su propia normatividad, sin que ésta conste en la misma ley, debe concluirse que tales normas vulneran las garantías contenidas en los artículos 5o., 14 y 16 de la Constitución Federal.

• Lo anterior no implica el desconocimiento de la importancia de la calidad profesional y de la capacitación y actualización continuas que se requieren para el desempeño adecuado de una actividad en extremo delicada, como es la de dictaminar para efectos fiscales, por estar involucrados intereses del Estado y de la sociedad en general, la que está interesada en que la recaudación se haga adecuadamente, a fin de que los órganos estatales puedan cumplir las funciones que tienen encomendadas, y que también está cierta de la profesionalización y del reconocimiento nacional e internacional de los que goza el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Asociación Civil; sin embargo, ello no es suficiente para ignorar los mandatos constitucionales.

• Esa importancia robustece la postura a la que se ha arribado, en el sentido de que la regulación respectiva debe ser cierta y gozar de los requisitos de generalidad y abstracción que tiene un ordenamiento legal, a efecto de que queden a salvo las garantías del particular que quiera desempeñarla, lo que no sucede en el caso, en tanto que el Reglamento para la Certificación Profesional de los Contadores Públicos no reviste características de ley al no haber sido expedido por un órgano legislativo, siguiendo los requisitos que se exigen en la Constitución, sino por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., que lo expide y modifica a su voluntad.

• Lo anterior, porque lo que el Constituyente quiso preservar a través de una reserva legal fue precisamente la sustancia del derecho, no así las condiciones concretas de su ejercicio, pues la definición de estas últimas en ocasiones sólo podría corresponder a una reglamentación concreta y detallada de cada una de las ramas de la actividad comercial, industrial o profesional, de acuerdo con las particularidades de lugar y tiempo, y con las exigencias impuestas por la necesidad de conciliarla con otros principios de derecho, lo que puede hacerse vía reglamentación por parte de la autoridad administrativa.

• En tal tenor, la garantía de trabajo, relacionada con las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, radica en que sea el legislador quien defina el concepto básico de libertad, mas no en impedir que diversa entidad pueda, en su caso, regular la forma de su ejercicio, siempre y cuando apoye su potestad en una ley y no se afecte el contenido esencial del derecho; que no se desnaturalice su sustancia y que tampoco se disfrace bajo la apariencia de un requisito una auténtica prohibición de su ejercicio.

• En tal sentido se ha pronunciado este Alto Tribunal en numerosas ocasiones sosteniendo que el principio de la libertad de trabajo que garantiza la Constitución Federal, no encierra un postulado cuyo acatamiento obligue al Estado a cruzarse de brazos ante las actividades de los particulares; por el contrario, la misma Constitución da al poder público la posibilidad de regular esas actividades, con el fin de que la forma de su ejercicio no lesione el interés general y el de los mismos particulares, siempre y cuando esa regulación no impida el ejercicio mismo de la actividad, que es el supuesto que se actualiza en el presente caso y que ha llevado a determinar la inconstitucionalidad del precepto.

• Aplica a lo anterior el criterio contenido en la tesis del Tribunal Pleno P. IX/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, febrero de 1996, página 168, que dice: "DICTÁMENES DE CONTADORES PÚBLICOS SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DE CONTRIBUYENTES. EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN II DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO), NO ES INCONSTITUCIONAL POR EL HECHO DE QUE OMITA DEFINIR LAS NORMAS DE AUDITORÍA A LAS QUE DEBEN SUJETARSE AQUÉLLOS."

• No pasa inadvertido el criterio de esta Primera Sala, contenido en la tesis 1a. CLX/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, enero de 2006, página 722, que es del siguiente tenor: "DICTÁMENES DE ESTADOS FINANCIEROS POR CONTADOR PÚBLICO. EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN I, INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA EMITIR AQUÉLLOS CON REPERCUSIONES FISCALES, NO VIOLA EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004).". Sin embargo, lo anterior no contradice la conclusión a que se ha arribado, en tanto que en los asuntos en los que fue sostenido se combatió exclusivamente la garantía de trabajo bajo el argumento de que el artículo 52, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Federación (vigente en 2004), y el artículo segundo transitorio, fracción XIII, del decreto de reformas correspondiente, vulneran la garantía de trabajo libre, al limitar la actividad profesional a quienes ejerzan la profesión de contaduría públ

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20720-99b643fd/libertad-de-trabajo-no-la-transgrede-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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