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PATRIA POTESTAD. EL SUPUESTO NORMATIVO QUE IMPONE SU PÉRDIDA POR ABANDONO INJUSTIFICADO DEL HOGAR CONYUGAL POR MÁS DE 6 MESES, ES UNA SANCIÓN CIVIL QUE TRANSGREDE EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PATRIA POTESTAD. EL SUPUESTO NORMATIVO QUE IMPONE SU PÉRDIDA POR ABANDONO INJUSTIFICADO DEL HOGAR CONYUGAL POR MÁS DE 6 MESES, VIOLA EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2006-PL. · Registro digital (IUS): 21183
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, , Pág. 465.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2006-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIO: FERNANDO SILVA GARCÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197 de la Ley de Amparo, y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto tercero, fracción VI, del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, toda vez que los criterios denunciados como contradictorios han sido sustentados por las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su resolución es exclusiva de este Tribunal Pleno, independientemente de la materia sobre la que se hayan pronunciado.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis de que se trata proviene de parte legítima en los términos de lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, toda vez que la formula el Ministro José Ramón Cossío Díaz, presidente de la Primera Sala de este Alto Tribunal.

TERCERO. Es preciso resumir las posiciones interpretativas de las Salas de esta Suprema Corte de Justicia que han dado lugar a la denuncia de contradicción de tesis en análisis:

Posición 1.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo directo en revisión número 1978/2005 promovido por ********** en sesión de veinticinco de enero de dos mil seis, por unanimidad de cuatro votos, en el sentido de revocar la sentencia recurrida y amparar al quejoso, con base en las siguientes consideraciones:

I. Hechos.

• El quejoso se separó del domicilio conyugal debido a los problemas que tenía con su esposa (tercera perjudicada en el juicio de garantías), lo cual reconoció al dar contestación a la demanda de divorcio necesario.(1)

• Debido a diversos problemas psicológicos que la cónyuge divorciante había tenido y a la recomendación que se le hizo por parte de los médicos tratantes del Instituto Mexicano del Seguro Social en el sentido de que no es apta para cuidar de su menor hijo, ella hizo entrega del referido menor a su padre, hoy quejoso. Todo esto se desprende de diversas constancias del juicio natural y del desahogo de la prueba de confesión que fue ofrecida a su cargo.(2)

• Desde que el quejoso salió del domicilio conyugal, de acuerdo con lo anterior, se llevó a su menor hijo, haciéndose cargo de él junto con la abuela paterna del menor. Por esta misma situación, dentro del procedimiento natural las partes convinieron en que la custodia provisional del menor la ejercieran de forma alternada el padre demandado y la madre **********.(3) Con posterioridad a ello y por diversas circunstancias narradas en los autos, la señora ********** renunció a la custodia provisional que se le había otorgado, y de manera fáctica, el divorciante, hoy quejoso, conservó la custodia de su menor hijo.

• Al dictarse sentencia de primera instancia, se tuvo por acreditada la causal de divorcio consistente en el abandono por más de seis meses sin causa justificada y, como consecuencia de ello, se condenó al demandado a la pérdida de la patria potestad de su menor hijo, por así ordenarlo el artículo 278, regla primera, del Código Civil para el Estado de Durango. Sin embargo, al haberse acreditado la incapacidad de la actora para cuidar a su menor hijo, se ordenó que la custodia del mismo quedara a favor de su abuela materna.(4)

II. Consideraciones jurídicas.

• La institución de la patria potestad consiste en la confirmación de un derecho fundado en la naturaleza de las relaciones paterno filiales, el cual surge desde el momento en que existen esas relaciones, independientemente de la existencia de un matrimonio o no,(5) está reconocida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Convención sobre los Derechos de los Niños.

• La protección a la organización y al desarrollo de la familia se encuentra establecida como una garantía fundamental, al igual que el derecho de los menores a obtener de sus ascendientes la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para lograr su desarrollo integral.

• Velando por esa garantía, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la Convención sobre los Derechos de los Niños, así como el propio Código Civil de Durango adjudican una serie de derechos y obligaciones a los ascendientes para que asistan y protejan a sus menores hijos, vigilando el interés superior de éstos o, lo que es lo mismo, su desarrollo integral. Es decir, para lograr esos fines de asistencia y protección, las leyes establecen una serie de derechos-deberes impuestos a los ascendientes, que éstos ejercen sobre la persona y sobre los bienes de los hijos menores, para cuidar de éstos, dirigir su educación y procurar su asistencia, en la medida en que su estado de minoría de edad lo requiere.

• Para cumplir con los deberes de asistencia impuestos constitucionalmente a los ascendientes, se establece un doble derecho y una doble obligación, pues, por una parte, se confiere una serie de derechos a los padres sobre la persona y los bienes de sus hijos,(6) para facilitar el cumplimiento de sus deberes de sostenimiento, de alimentación y educación a que están obligados, y al mismo tiempo se confieren derechos para los menores sujetos a ella, como el derecho a ser alimentados y educados. Igualmente, la patria potestad establece una obligación muy clara respecto de los padres: alimentar, educar y custodiar el desarrollo de los menores, al tiempo que éstos tienen la obligación de guardar respeto y consideración a los padres.(7)

• Así, en principio, la patria potestad y los derechos que de ella se derivan a favor de los ascendientes existen como una garantía del desarrollo de los menores, pero existen casos en los que el interés superior del niño o su desarrollo integral se pueden ver afectados por las conductas de sus padres o ascendientes, casos en los que, velando por las garantías mencionadas, el Estado puede prever la pérdida de la patria potestad, pues de seguir ésta, se podría llegar a un resultado inverso al establecido por el artículo 4o. constitucional.(8)

• Entonces, no es inconstitucional, per se, que una ley establezca diversos supuestos en los que se pierde la patria potestad, siempre y cuando dicha ley prevea como supuestos de generación de esa pérdida una serie de conductas que puedan alterar el desarrollo integral del menor.

• De conformidad con los artículos cuestionados, el abandono del domicilio conyugal por más de seis meses, cuando no tiene justificación alguna, tiene como consecuencia la disolución del vínculo matrimonial pero, además, dentro de los artículos citados, se contiene otra consecuencia jurídica, consistente en que el cónyuge que abandona el domicilio conyugal dando lugar a que se dicte una sentencia de divorcio, perderá inmediatamente y sin posibilidad alguna de valoración jurisdiccional, la patria potestad sobre sus hijos menores.

• Sin embargo, el abandono del domicilio conyugal no implica necesariamente el abandono de los menores sujetos a la patria potestad o el abandono de los deberes de quien la ejerce, pues puede ser que quien abandone lleve a los hijos consigo o que el cónyuge abandonado le entregue voluntariamente los hijos al que abandona, caso en el cual no se genera una situación de incumplimiento de los deberes derivados de la patria potestad y, en ese sentido, la consecuencia consistente en su pérdida, puede arriesgar el desarrollo integral de los menores, al no tener en su asistencia y cuidado a uno de los cónyuges que, en el caso del artículo analizado, pudo ser quien efectivamente cumplió con las obligaciones derivadas de la patria potestad.

• Así, la situación excepcional que justifica que la patria potestad se pierda, consistente en que se puede alterar el desarrollo integral del menor, puede existir o no existir en el caso del abandono injustificado del domicilio conyugal por más de seis meses.

• En este aspecto, no es inconstitucional que exista una norma que prevea que en los casos de abandono injustificado se pueda perder la patria potestad, porque pudiera acontecer que dicho abandono efectivamente acarree el abandono de los hijos. Lo que hace inconstitucional a la norma cuestionada es que prevé una consecuencia jurídica que no permite que el juzgador tome en cuenta las circunstancias del caso para decretar la pérdida de la patria potestad en una situación en la que el abandono del domicilio no implica necesariamente el abandono de los hijos, con lo cual puede generarse una situación que ponga en peligro el desarrollo integral de los menores, al privárseles de su derecho a ser asistidos y protegidos por una persona que, respecto de su relación paterno-filial, no ha incumplido con ninguna de sus obligaciones.

• Entonces, debe considerarse que el artículo 278, primera regla, del Código Civil de Durango, en cuanto prevé que se pierde la patria potestad por el solo hecho de que se disuelva el vínculo matrimonial debido al abandono injustificado del hogar conyugal, es violatorio de las garantías previstas en el artículo 4o. constitucional, al no permitir al juzgador valorar las circunstancias del caso para determinar si procede o no la pérdida de la patria potestad, corriéndose el riesgo de que se altere el desarrollo de los menores. En efecto, el artículo que se analiza deja a un lado una de las facultades más importantes del juzgador: el arbitrio judicial, que se entiende como el poder de decidir o como la facultad de adoptar una resolución con preferencia a otra. Dicho de distinta manera, el arbitrio judicial es la facultad concedida al Juez por la norma jurídica para valorar, discrecionalmente, las diferentes circunstancias que se presentan en el desarrollo de los procesos y decidir la sanción aplicable.

• Además de lo anterior, debe considerarse que asiste razón al recurrente en cuanto a que la norma formada por los artículos 262, fracción VIII y 278 del Código Civil de Durango, tiene la naturaleza jurídica de una sanción, que resulta inconstitucional por excesiva (artículo 22 de la Constitución Federal).

• Las propiedades necesarias y suficientes del concepto de sanción jurídica son las siguientes: a) Se trata de un acto coercitivo, esto es, de un acto de fuerza efectiva o latente; b) Debe tener por objeto la privación de un bien, es decir, la restricción de los derechos del destinatario de la sanción; c) Debe ser realizado por una persona autorizada por una norma válida; y d) Debe ser la consecuencia de la conducta del destinatario de la norma. Así, la restricción o privación de los bienes del destinatario de la sanción es la consecuencia jurídica, como una respuesta o reacción de la comunidad ante una determinada conducta humana considerada como dañina.(9)

• La pérdida de la patria potestad como consecuencia del divorcio dictado por el abandono injustificado del hogar conyugal por más de seis meses es una sanción, toda vez que: a) Se trata de un acto coercitivo, porque incluso en el supuesto de que el que pierde la patria potestad se resistiera, el Estado tendría en todo momento la capacidad de hacer el uso de la fuerza para destruir esa resistencia; b) Se priva al destinatario de la norma de un bien, pues no se le permite ejercer sus derechos derivados de la patria potestad, como el custodiar y educar a sus hijos; c) Si la privación o restricción del bien consistente en los derechos derivados de la institución de la patria potestad es decretada por la autoridad competente, se colma también el tercer requisito para que se considere a un acto coactivo como sanción; d) La pérdida de la patria potestad prevista en las normas reclamadas es una consecuencia jurídica directa de la conducta del destinatario de la sanción. La pérdida de la patria potestad es una reacción ante el incumplimiento de una serie de obligaciones derivadas de la relación matrimonial o de la relación paterno-filial.

• La sanción de pérdida de patria potestad viola el artículo 22 constitucional, que prohíbe las penas inusitadas. Este precepto constitucional no debe entenderse únicamente aplicable para la materia penal, sino que debe extenderse a cualquier sanción, ya sea civil, fiscal o penal, pues el espíritu del artículo radica en la intención de evitar que existan consecuencias jurídicas a determinadas conductas que tengan esas características (inusitada y trascendentales).

• Ahora bien, una pena inusitada es aquella que resulta inhumana, cruel, infamante o excesiva, y que no corresponde a los fines que persigue la penalidad. Así lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis P./J. 126/2001. Dentro del concepto de penas inusitadas se encuentra la prohibición de que una pena o sanción sea tal que no permita el logro de los fines que la norma pretende. En el caso de los artículos reclamados, se prevé una sanción inusitada, en tanto que se está ante una norma que lejos de garantizar el desarrollo del menor, puede afectarlo, como ya se demostró en la presente resolución. En efecto, si la sanción consistente en la pérdida de la patria potestad existe como consecuencia de una conducta que puede alterar el desarrollo del menor, en el caso del abandono injustificado del domicilio conyugal, puede suceder que la conducta que genera el divorcio no necesariamente altere el desarrollo del menor, pues como ya se dijo, el abandono del domicilio conyugal no implica, necesariamente, el abandono de los hijos menores o el abandono de las obligaciones para con ellos. Así, dicha sanción puede generar que no se cumpla con la garantía de desarrollo integral de la familia, pues se privaría a los menores de la asistencia y protección de sus ascendientes en situaciones en las cuales éstos no han realizado ningún acto que justifique esa sanción, caso en el cual ésta no corresponde a los fines pretendidos por el legislador. Por tanto, la norma cuestionada viola lo dispuesto por el artículo 22 constitucional, al ser una pena o sanción inusitada.

Posición 2.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo directo en revisión 182/2000 promovido por ********** en sesión de dos de junio de dos mil, por unanimidad de votos, en el sentido de modificar la sentencia recurrida y negar el amparo a la quejosa, con base en las siguientes consideraciones:

I. Hechos.

• 1********** promovió juicio de divorcio frente a 2********** con base en los artículos 287 y 299 del Código Civil del Estado de Campeche, por abandono injustificado del domicilio conyugal por más de seis meses.

• El Juez Primero del Ramo Familiar del Primer Distrito del Estado de Campeche determinó en beneficio del menor, que lo apropiado era que quedara bajo la custodia de 2********** tomando en consideración la confesión del demandante en el sentido de tener que ausentarse continuamente de la ciudad por periodos amplios y por razones de trabajo.

• La Sala Civil del Tribunal Superior del Estado de Campeche dejó sin efectos dicha sentencia y determinó privar de la patria potestad a 2********** con base en los artículos 287 y 299 del Código Civil del Estado de Campeche, por abandono injustificado del domicilio conyugal por más de seis meses.

• Inconforme con dicha sentencia, la afectada promovió juicio de amparo directo cuestionando la constitucionalidad de los mencionados preceptos legales, que fue resuelto en el sentido de negar la protección constitucional solicitada, lo que fue confirmado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

II. Consideraciones jurídicas.

• El artículo 299, primera regla, del Código Civil del Estado de Campeche, que establece la pérdida de la patria potestad para el cónyuge respectivo por abandono injustificado por el plazo de seis meses, no es violatorio de los artículos 4o. y 22 de la Constitución Federal.

• El artículo 4o. constitucional establece, entre otros, derechos que tienen como eje a la familia, pues consigna al efecto la igualdad jurídica del varón y la mujer, la protección de la organización y desarrollo familiar, la procreación libre, responsable e informada de los hijos, el disfrute de vivienda digna y decorosa y el deber de los padres de preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. Asimismo, las reformas al artículo 4o. de la Constitución Federal, elevaron a rango constitucional la institución de la patria potestad, al precisar el deber de los padres de preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental, así como el apoyo o asistencia social para proteger a los menores a cargo de las instituciones públicas respectivas, todo ello orientado y dirigido a la búsqueda del mayor bienestar de la niñez. En ese orden de ideas, el análisis de algún problema de inconstitucionalidad de la normatividad ordinaria que regule lo relativo a la organización y desarrollo de la familia, y lo relativo a la patria potestad, necesariamente tendrá como punto de estudio determinar si las disposiciones respectivas afectan o no el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a su salud física y mental: los vicios de inconstitucionalidad de una ley no pueden derivarse de situaciones concretas relativas a una persona sino que deben ser consecuencia de la afectación que pudieran producir a todos los destinatarios de la norma.

• La declaración sobre la pérdida de la patria potestad en una sentencia de divorcio es forzosa y no discrecional para el juzgador, lo cual significa que debe decretarla como una consecuencia inherente a la disolución del vínculo matrimonial, de acuerdo con las reglas que contempla.

• Esta obligación de fijar la situación de los hijos en la sentencia de divorcio, pronunciándose sobre la privación de la patria potestad, empero, no es violatoria del artículo 4o. constitucional, cuenta habida que, en principio, no constituye una pena; en segundo término, no es excesiva; y, en tercer lugar, no infringe los principios de igualdad jurídica entre el varón y la mujer, la protección de la organización y desarrollo familiar, ni el deber de los padres de preservar los derechos del menor a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental.

• La declaración de pérdida de la patria potestad no es una pena ni una sanción, en virtud de que, por una parte, el legislador local, tratándose de divorcio, no señala en el artículo 299 del Código Civil del Estado de Campeche, como pena o sanción la pérdida de la patria potestad, pues sólo dice que la sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos en caso de divorcio conforme a las reglas que da en el propio texto. La pérdida de la patria potestad es más bien una declaración judicial necesaria, consecuencia de la disolución del matrimonio, que tiende a salvaguardar la situación del hijo. El legislador priva del ejercicio de la patria potestad al cónyuge respectivo, pero no lo hace porque resultó condenado determinado cónyuge a la disolución del vínculo matrimonial, sino que únicamente declara la pérdida de la patria potestad en beneficio de los hijos menores, esto es, con la sola finalidad de proteger su integridad, su educación, instrucción y la formación de su carácter.

• Tampoco puede considerarse que sea "excesiva". La declaración sobre la pérdida de la patria potestad del cónyuge respectivo del divorcio se justifica por ser dicha institución de orden público, en la que la sociedad está interesada, para evitar la afectación de los intereses y el bienestar de los menores hijos habidos en el matrimonio, ya que seguramente ocasionaría serios conflictos entre los padres divorciados el hecho de que ambos siguieran ejerciendo conjuntamente ese derecho, lo que naturalmente traería resultados nocivos en el cuidado, educación e instrucción de aquéllos, o sea, en su interés y bienestar. De este modo, si bien es cierto que en la regla primera del artículo 299 del Código Civil del Estado de Campeche, se previenen diversos tipos de conducta considerados graves, también lo es que todos ellos participan de la misma consecuencia negativa para los menores. No cabe hacer distinción alguna entre las diversas conductas contempladas en la regla primera del numeral de que se trata, a fin de establecer si unas u otras son más o menos graves, como sucede, por ejemplo, con el abandono del hogar conyugal por más de seis meses, que fue la causa que motivó la sentencia de divorcio y la pérdida de la patria potestad de la madre, toda vez que todos los actos previstos por el legislador local en la indicada regla, entre ellos el referido abandono, revelan semejante calidad moral del cónyuge respectivo y tienen trascendencia perjudicial en el bienestar del menor, de hecho o potencialmente, pues implican descuido de los deberes que impone la patria potestad, sin que, por otra parte, exista en el artículo 4o. de la Constitución, alguna regla de la que pudiera inferirse, directa o indirectamente, que alguna de dichas causales no debiera considerarse con la gravedad que el legislador determinó.

• El referido precepto local no viola los principios de protección legal de la organización y desarrollo familiar, ni el de la patria potestad, pues, como ha quedado visto, al disponer que la sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos, quedando éstos bajo la patria potestad del cónyuge que no causó el divorció, en términos de la regla primera, está, en realidad, protegiendo los derechos familiares contenidos en el artículo 4o. constitucional.

Dicha sentencia dio lugar a distintos criterios.(10)

CUARTO. De conformidad con lo señalado en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, que regulan específicamente la hipótesis de tesis contradictorias entre Tribunales Colegiados de Circuito, este Alto Tribunal ha señalado que para que exista contradicción de tesis, es menester que se actualicen los siguientes supuestos:

Primero: Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; segundo: Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, tercero: Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.(11)

Este Alto Tribunal observa que sí existe contradicción de tesis, por lo siguiente:

Primero: Las dos Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han pronunciado sobre el tema consistente en si la declaración judicial de pérdida de la patria potestad en perjuicio del cónyuge respectivo por abandono injustificado del hogar por más de seis meses constituye una medida (pena o sanción) excesiva y desproporcional, contraria a los artículos 4o. y 22 de la Constitución Federal.

Segundo: Las dos Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación han adoptado posiciones interpretativas contradictorias sobre dicho tema, porque mientras la Primera Sala ha determinado que la norma que fundamenta la declaración judicial de pérdida de la patria potestad en perjuicio del cónyuge respectivo por abandono injustificado del hogar por más de seis meses, constituye una pena o sanción, una medida excesiva o desproporcional y, por ende, contraria a los artículos 4o. y 22 de la Constitución Federal; en cambio, la Segunda Sala ha resuelto que dicha medida no constituye propiamente una pena o sanción, sino una consecuencia normativa dirigida a proteger el interés superior del menor y la organización y desarrollo de la familia, por lo que no resulta una actuación excesiva ni desproporcionada que viole los artículos constitucionales citados.

Tercero: Las posiciones interpretativas adoptadas por las Salas de este Tribunal se encuentran contenidas de manera clara y expresa en las consideraciones de sus sentencias, según ha quedado expuesto en el considerando que antecede, y han partido de los mismos elementos, ya que ambas han analizado la constitucionalidad del supuesto normativo de pérdida de la patria potestad por abandono injustificado del hogar conyugal por un plazo de más de seis meses, desde la perspectiva de los artículos 4o. y 22 de la Norma Suprema.

A ese respecto, debe subrayarse que el hecho de que el tema examinado haya tenido origen en distintas legislaciones locales es irrelevante para determinar la existencia de contradicción de tesis, toda vez que el punto de contradicción tiene como materia el análisis de una norma compuesta por elementos muy similares que son relevantes, ya que en ambos casos se trata de interpretar y calificar la constitucionalidad de la norma legal que fundamenta la posibilidad de emitir una declaración judicial de pérdida de la patria potestad en perjuicio del cónyuge respectivo por abandono injustificado del hogar por más de seis meses.

Así lo pone de manifiesto el contenido de los artículos examinados por la Primera y Segunda Salas de este Alto Tribunal que, respectivamente, establecen:

Artículos 262, fracción VIII y 278 del Código Civil de Durango (vigente en 2004).

"Artículo 262. Son causales de divorcio: ...

"VIII. El abandono del hogar conyugal por más de seis meses sin causa justificada, así como el incumplimiento de las obligaciones que surjan del matrimonio y el abandono del hogar conyugal originado por una causa que sea bastante para pedir el divorcio, si se prolonga por más de un año sin que el cónyuge que se separó entable la demanda de divorcio; ..."

"Artículo 278. La sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos, conforme a las reglas siguientes:

"Primera. Cuando la causa del divorcio estuviere comprendida en las fracciones I, II, III, IV, V, VIII, XIII y XIV del artículo 262, los hijos quedarán bajo la patria potestad del cónyuge no culpable. Si los dos fueren culpables, quedarán bajo la patria potestad del ascendiente que corresponda, y si no lo hubiere se nombrará tutor. ..."

Artículos 287 y 299 del Código Civil del Estado de Campeche (vigente en 1998).

"Artículo 287. Son causas de divorcio: ...

"VIII. El abandono del domicilio conyugal, sin motivo justificado, por más de seis meses; ..."

"Artículo 299. La sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos, conforme a las reglas siguientes:

"Primera. Cuando la causa de divorcio estuviere comprendida en las fracciones I, II, III, IV, V, VIII, XIII, XIV, XVII, XVIII y XIX del artículo 287, los hijos quedarán bajo la patria potestad del cónyuge no culpable. Si los dos fueren culpables quedarán bajo la patria potestad del ascendiente que corresponda, y si no lo hubiere se nombrará tutor; ..."

Dichos elementos son suficientes para estimar que existe la contradicción de tesis denunciada.

No es óbice a dicha conclusión el hecho de que ambas legislaciones hayan sido reformadas en las porciones normativas que son relevantes.

En efecto, el artículo 278 del Código Civil del Estado de Durango, se reformó el dieciséis de abril de dos mil seis, para establecer lo siguiente:

"Artículo 278. La sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos, conforme a las reglas siguientes:

(Reformada, P.O. 16 de abril de 2006)

"Primera. Cuando la causa del divorcio estuviere comprendida en las fracciones I, II, III, IV, V, VIII, XIII y XIV del artículo 262, los hijos quedarán bajo la custodia del cónyuge no culpable. Si los dos fueren culpables, quedarán bajo la custodia del ascendiente que corresponda, y si no lo hubiere se nombrará tutor.

"En los casos particulares de las causales de divorcio arriba señaladas, el Juez deberá analizar las consideraciones particulares de cada caso, para ver si es pertinente declarar la pérdida de la patria potestad al cónyuge culpable. ..."

Asimismo, el artículo 299 del Código Civil del Estado de Campeche se reformó el veintiuno de diciembre de dos mil seis, para establecer lo siguiente:

"Artículo 299. La sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos menores de edad. Ambos padres tendrán la obligación de contribuir económicamente, en proporción a sus bienes e ingresos, a las necesidades de sus hijos y a la subsistencia y a la educación de éstos en los términos y condiciones que este código dispone. En la sentencia definitiva, el Juez determinará el monto de la pensión alimentaria que cada uno de ellos deberá abonar a favor de sus hijos.

"Todas las determinaciones a que este artículo y los artículos 300 y 301 se contraen no tendrán el carácter de definitivas, por lo que el Juez a petición de parte legítima podrá modificarlas, con el objeto de adecuarlas a las condiciones y circunstancias que imperen en el momento de dicha petición."

Por un lado, la contradicción de tesis debe ser resuelta ante la posibilidad de que existan asuntos pendientes de ser decididos, en que pudieran resultar aplicables los preceptos legales vigentes con anterioridad a las reformas legales mencionadas.

Por otro lado, la contradicción de tesis debe ser resuelta, dado que resulta de suma importancia, por razones de uniformidad y seguridad jurídica, que se defina el tema genérico abordado por ambas Salas, consistente en si el supuesto normativo de pérdida de la patria potestad por abandono injustificado del hogar conyugal por más de seis meses es o no constitucional.

Máxime que dicho supuesto normativo está presente en gran parte de las legislaciones de los Estados y de la Federación, lo que es relevante para el interés superior del niño.

Por ende, los elementos antes examinados deben considerarse suficientes para abordar el problema formulado en la denuncia de contradicción de te

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21183-abec539f/patria-potestad-el-supuesto-normativo-que-impone-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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