VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. NO QUEDA SIN MATERIA LA DENUNCIA RELATIVA O, EN SU CASO, LA QUEJA INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA EN ESA DENUNCIA, AL RESOLVERSE EL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2007-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente contradicción de tesis, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tomando en cuenta que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre los criterios sustentados por la Primera y la Segunda Salas de este Alto Tribunal.
SEGUNDO. La denuncia de posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues se formuló por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tiene legitimación para plantear la denuncia correspondiente, según lo disponen los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197 de la Ley de Amparo.
Al respecto, resulta aplicable la tesis P. X/2007 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12, Tomo XXV, correspondiente a mayo de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LOS MINISTROS DE ESTE ALTO TRIBUNAL, ENTRE ELLOS SU PRESIDENTE, ASÍ COMO LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, ESTÁN LEGITIMADOS PARA FORMULAR LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN. Del artículo 197, último párrafo, de la Ley de Amparo, que establece que las Salas de la Suprema Corte y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren están legitimados para solicitar la modificación de la jurisprudencia, se advierte que no hace referencia al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para formular una solicitud de esa naturaleza; omisión del legislador originada por haber empleado la misma redacción del primer párrafo del referido precepto, en el cual excluyó a aquel servidor público, en virtud de que tratándose de la contradicción de criterios únicamente hizo mención a las Salas de este Alto Tribunal, dado que por su misma jerarquía pueden incurrir en contradicción de tesis sin señalar, por ende, al Ministro presidente que no integra alguna de ellas. Sin embargo, de la interpretación sistemática del citado numeral, en relación con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se concluye que cualquiera de los Ministros de este Alto Tribunal, entre ellos su presidente, así como los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito -que por ser integrantes de los órganos terminales del Poder Judicial de la Federación que están facultados para establecer jurisprudencia-, están legitimados para formular la solicitud respectiva, a efecto de que el Pleno o las Salas de este Alto Tribunal emprendan una nueva reflexión sobre los argumentos que sustentan un criterio jurisprudencial."
TERCERO. En relación con la materia de esta contradicción, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el diez de junio de dos mil cinco la contradicción de tesis **********, entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados ********** en Materia Civil y ********** en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito y la establecida por el ********** Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, en la parte que interesa, determinó lo siguiente:
"QUINTO. Este órgano colegiado estima que procede declarar improcedente la presente denuncia de contradicción de tesis, ya que si bien se da la oposición de criterios, no debe examinarse y resolverse el supuesto jurídico que analizaron los Tribunales Colegiados contendientes, dado que tal supuesto jurídico no puede ni debe legalmente presentarse, por lo que de resolverse la materia de esta contradicción no se cumpliría con la finalidad esencial de crear certeza y seguridad jurídica a través del sistema implantado para la solución de contradicciones de tesis provenientes de órganos terminales del Poder Judicial de la Federación y, en cambio, se fomentaría inseguridad jurídica en la medida que las tesis relativas son equivocadas y no debieron sustentarse. En efecto, se produce la contradicción de tesis denunciada en virtud de que los Tribunales Colegiados contendientes en las consideraciones de sus respectivas ejecutorias, examinaron un mismo problema jurídico (aun cuando el mismo no deba presentarse conforme a la normatividad y criterios establecidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación), a la luz de iguales elementos y, no obstante ello, sostuvieron criterios divergentes. Efectivamente, los Tribunales Colegiados contendientes se pronunciaron en relación a lo que debe constituir la materia de la denuncia de violación a la suspensión provisional o definitiva o, en su caso, del recurso de queja interpuesto en contra de la resolución pronunciada en esa denuncia, cuando ya se haya dictado sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo relativo y, no obstante ello, sostuvieron posturas contradictorias pues los Tribunales Colegiados ********** en Materia Civil y ********** en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito, sostienen que en el supuesto referido la materia de análisis de la violación a la suspensión es para el único efecto de decidir en cuanto a la responsabilidad de la autoridad por el desacato en que pudieran haber incurrido, mientras que el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito considera que en el referido supuesto, la materia de análisis debe ser únicamente para evidenciar si existió o no violación a la medida cautelar, ya que la sanción prevista en el artículo 206 de la Ley de Amparo sólo se instituyó para que esa medida cautelar se cumpla, mas no para sancionar a las autoridades responsables por su desacato. Así, se produce la contradicción de tesis porque los Tribunales Colegiados contendientes, en las consideraciones de sus respectivas ejecutorias, examinaron un mismo problema jurídico (aun cuando el mismo no debe presentarse conforme a la normatividad y criterios establecidos por este Alto Tribunal), a la luz de iguales elementos y, a pesar de ello, sostienen posturas contrarias. Es aplicable la jurisprudencia 26/2001 del Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, que establece: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’ (se transcribe). Ahora bien, no obstante que se configura la contradicción de tesis, su materia no debe examinarse ni resolverse. En efecto, la materia de la contradicción de tesis consiste en determinar lo que debe constituir la materia de la denuncia de violación a la suspensión provisional o definitiva o, en su caso, del recurso de queja interpuesto en contra de la resolución pronunciada en esa denuncia, cuando ya se haya dictado sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo relativo. El anterior problema jurídico no debe presentarse conforme a la normatividad legal y a los criterios establecidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que la denuncia de violación a la suspensión provisional o definitiva o, en su caso, el recurso de queja interpuesto en contra de la resolución pronunciada en esa denuncia, debe declararse sin materia cuando ya se haya dictado sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo relativo. Efectivamente, el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: ‘Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... X. (se transcribe).’. El precepto constitucional transcrito consagra a favor de los quejosos la prerrogativa consistente en la suspensión de los actos reclamados, dejando amplio margen de libertad al legislador secundario para fijar los casos, las condiciones y las garantías correspondientes para su otorgamiento, además señala que los criterios orientadores para tal efecto, deben atender a la naturaleza de la violación alegada, a la dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con la ejecución de los actos reclamados, a los daños y perjuicios que pueda sufrir el tercero perjudicado con esa medida, los que deben garantizarse mediante una fianza, y al interés público, esto es, al que pueda tener la sociedad en la subsistencia de los actos reclamados. Por otra parte, la Ley de Amparo, respecto de la suspensión de los actos reclamados en el juicio de garantías indirecto, en los artículos 122, 123, 124, 130, 131, 139, 140 y 141, dispone: ‘Artículo 122.’ (se transcribe). ‘Artículo 123.’ (se transcribe). ‘Artículo 124.’ (se transcribe). ‘Artículo 130.’ (se transcribe). ‘Artículo 131.’ (se transcribe). ‘Artículo 139.’ (se transcribe)’. (Se transcribe). ‘Artículo 140.’ (se transcribe). ‘Artículo 141.’ (se transcribe). De los preceptos transcritos deriva que en los casos de la competencia de los Jueces de Distrito la suspensión puede decretarse de oficio o a petición de parte; que la primera se decidirá de plano en el mismo auto en que se admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, esto es, debe decretarse sin sustanciar incidente y sin exigir requisito alguno para que surta efectos; que la suspensión a petición de parte, para concederse, requiere que se satisfagan los requisitos de procedencia que se prevén en el artículo 124 de la Ley de Amparo, a saber, que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños que se causen al agraviado con la ejecución del acto; que la suspensión a petición de parte se tramita en un incidente en que se determina primero sobre la suspensión provisional y luego sobre la definitiva; que el auto en que se concede la suspensión surte efectos desde luego aunque se interponga el recurso de revisión; que mientras no se pronuncie sentencia ejecutoriada, el Juez de Distrito podrá modificar o revocar el auto que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que lo fundamente; y que el quejoso podrá promover el incidente de suspensión en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. La suspensión provisional regulada en el artículo 130 de la Ley de Amparo constituye una orden judicial potestativa y unilateral que dicta el Juez de Distrito en el auto inicial del incidente de suspensión, previniendo a las autoridades responsables que mantengan las cosas en el estado que guarden al decretarse, mientras no se les notifique la resolución que conceda o niegue al quejoso la suspensión definitiva del acto reclamado. Este tipo de suspensión, para su procedencia, requiere además de que se satisfagan los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, que exista peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, debiendo, además, el Juez de Distrito o la autoridad que conozca del juicio de garantías, tomar las medidas necesarias para impedir que se defrauden derechos de tercero y eviten perjuicios a los interesados, medidas que esencialmente consisten en el otorgamiento de una fianza por parte del quejoso. Por su parte, la suspensión definitiva es la resolución que se dicta en el incidente del juicio de garantías en la audiencia que establece el artículo 131 de la Ley de Amparo, cuyo objeto, en algunos casos, es prolongar la situación jurídica creada por la suspensión provisional, pero puede alterar esa situación en razón de que el Juez de Distrito ya cuenta con elementos distintos de los que se le habían hecho saber en la demanda de amparo, especialmente el informe previo de la autoridad responsable, en el que se asienta si son ciertos los actos reclamados y las razones que se tuvieron en cuenta para dictarlo, elementos que servirán al juzgador para determinar si se satisfacen los requisitos del artículo 124 del ordenamiento legal citado para decretar tal medida cautelar, y de ser así, surte sus efectos desde luego, por disposición expresa del diverso artículo 139 de dicho ordenamiento, pero dejará de surtirlos si el agraviado no satisface, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado. Así, la suspensión es la determinación judicial por la que se ordena detener temporalmente la realización del acto reclamado mientras se resuelve la cuestión constitucional planteada; por tanto, tal determinación tiene como objeto paralizar o impedir la actividad que desarrolla o está por desarrollar la autoridad responsable y constituye una medida precautoria que la parte quejosa solicita con el fin de que el daño o los perjuicios que pudiera causarle la ejecución del acto que reclama, no se realicen. Se trata de una providencia cautelar de carácter meramente instrumental para preservar la materia del juicio de garantías, cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve el amparo. Por tanto, el objeto primordial de esta providencia cautelar es mantener viva la materia del amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle; así, p
r virtud de la suspensión, el acto que se reclama queda en suspenso, mientras se decide si es violatorio de la Constitución, por lo que la medida cautelar constituye un medio más de protección que, dentro del procedimiento del juicio de garantías, concede la Constitución y la Ley de Amparo a los particulares, toda vez que el Juez ante quien se presenta la demanda, antes de estudiar a fondo el caso que se lleva a su consideración, de recibir las pruebas relativas y de saber de un modo cierto si existe o no una violación constitucional, suspende la ejecución del acto, primero en forma provisional y después definitiva hasta en tanto se resuelve el juicio de amparo, a través de un procedimiento sumarísimo, que se reduce a una audiencia en que se oye al quejoso, a la autoridad responsable y al Ministerio Público. Así, si el objeto primordial de la suspensión es mantener viva la materia del amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle, se sigue que esta medida cautelar tiene vigencia mientras no se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo; por ello, el artículo 140 de la Ley de Amparo establece que mientras dicha sentencia no se dicte, el juzgador puede modificar o revocar el auto que haya concedido o negado la suspensión con motivo de un hecho superveniente que le sirva de fundamento y, asimismo, el artículo 141 del ordenamiento legal citado otorga al quejoso la posibilidad de promover el incidente de suspensión en cualquier tiempo mientras no se dicte esa sentencia ejecutoria. Se sigue de lo anterior que la denuncia de violación a la suspensión y, en su caso, el recurso de queja interpuesto en contra de la resolución pronunciada en esa denuncia quedan sin materia si durante su sustanciación se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, ya que con el dictado de esta sentencia deja de tener vigencia la medida cautelar, cuyo único objetivo es mantener viva la materia del amparo, evitando que al ejecutarse el acto reclamado se causen perjuicios irreparables al quejoso. Refuerza lo antes determinado la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Cuarta Parte, página 270, que establece: ‘QUEJA SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. QUEDA SIN MATERIA SI EL JUICIO DE GARANTÍAS SE FALLA EN LO PRINCIPAL.’ (se transcribe). Asimismo, son aplicables las siguientes tesis de las anteriores Primera y Segunda Salas de este Alto Tribunal: ‘QUEJA SIN MATERIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA INTERLOCUTORIA QUE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN.’ (se transcribe). ‘SUSPENSIÓN SIN MATERIA.’ (se transcribe). No tiene razón el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito al sostener que el dictado de la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo no deja sin materia la queja interpuesta en contra de la resolución recaída a la denuncia de violación a la suspensión, ya que su objeto es determinar si las autoridades responsables acataron o no la medida cautelar otorgada al quejoso, para en su caso, velar porque esa medida se cumpla. Se afirma lo anterior porque, como antes se determinó, la denuncia de violación a la suspensión y, en su caso, el recurso de queja interpuesto en contra de la resolución pronunciada en esa denuncia quedan sin materia cuando se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, ya que con el dictado de esta sentencia deja de tener vigencia la medida cautelar, cuyo único objetivo es mantener viva la materia del amparo, evitando que al ejecutarse el acto reclamado se causen perjuicios irreparables al quejoso. Así, no tendría ningún objeto determinar si las responsables desacataron o no la medida suspensional una vez que el juicio de amparo ha sido resuelto ejecutoriadamente en lo principal, lo que se corrobora si se considera que si la sentencia sobresee en el juicio o niega el amparo, a nada práctico conduciría establecer si hubo o no violación a la medida cautelar otorgada en relación a un acto respecto del que no se determinó que fuera violatorio de garantías y, asimismo, si esa sentencia otorga el amparo, las responsables estarán obligadas a acatar la ejecutoria respectiva, que tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, obligando a la responsable a que obre en el sentido de respetar esa garantía y a cumplir lo que la misma exija, en los términos previstos en el artículo 80 de la Ley de Amparo, además de que el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución y el capítulo XII ‘De la ejecución de las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, integrado por los artículos 104 al 114, establecen los diferentes trámites, determinaciones y medios de defensa para lograr el cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Tampoco tienen razón los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil y Cuarto en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito, al sostener que a pesar de que se haya resuelto el juicio de garantías, existe materia para resolver en la denuncia de violación a la suspensión y, en su caso, en la queja interpuesta en contra de la resolución recaída a esa denuncia, ya que el análisis sobre la existencia de la violación será para el único efecto de decidir respecto a la responsabilidad de las autoridades, en virtud de que el objeto primordial de la denuncia de violación a la suspensión y, en su caso, del recurso de queja contra la resolución que determine al respecto, no es el de decidir en relación a la responsabilidad en que hubieran podido incurrir las autoridades por desacato a la medida cautelar a fin de aplicarles la sanción correspondiente, sino el de determinar si se ha producido una violación a la suspensión otorgada a fin de dictar las medidas necesarias para asegurar su respeto con el propósito de que no se torne nugatoria la medida cautelar para que se preserve la materia del juicio de amparo, evitando que al ejecutarse el acto reclamado se causen perjuicios irreparables al quejoso. No es obstáculo a la anterior conclusión, el que el artículo 206 de la Ley de Amparo establezca que la ‘autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será sancionada en los términos que señala el Código Penal aplicable en materia federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida; independientemente de cualquier otro delito en que incurra’, pues como ya se determinó, la denuncia de violación a la suspensión y, en su caso, el recurso de queja contra la resolución que determine al respecto, no tienen como objetivo primordial decidir en relación a la responsabilidad en que hubieran podido incurrir las autoridades por desacato a la medida cautelar a fin de aplicarles la sanción correspondiente, por lo que no se justifica que ya dictada la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, se decida respecto de la violación a la suspensión, a pesar de que la medida cautelar haya quedado sin efectos, con el único fin de determinar respecto a la responsabilidad en que hubieran podido haber incurrido las autoridades responsables, siendo que sobre tal responsabilidad debe hacerse pronunciamiento sólo cuando habiendo materia sobre la cual pronunciarse en la denuncia y recurso referidos, por encontrarse vigente la medida suspensional, se determine que ésta ha sido violada. Al respecto debe precisarse que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte ha determinado jurisprudencialmente en relación al recurso de queja por violación a la suspensión concedida en una controversia constitucional, respecto de la cual el artículo 58, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal, establece que la autoridad responsable de la violación, exceso o defecto en la ejecución del auto o resolución por el que se haya concedido la suspensión, será sancionada en los términos establecidos en el Código Penal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto hace a la desobediencia cometida, independientemente de cualquier otro delito en que incurra, que si durante la tramitación del recurso de queja por una supuesta violación a la suspensión es resuelto el juicio, aquél queda sin materia pues la medida cautelar rige hasta que se dicta la sentencia y su naturaleza es accesoria. El criterio jurisprudencial referido, que se identifica con el número 138/2000, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 1117, textualmente establece: ‘QUEJA RELATIVA AL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. QUEDA SIN MATERIA SI DURANTE SU TRAMITACIÓN EL REFERIDO MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL ES RESUELTO. Si el recurso de queja fue motivado por una supuesta violación a la suspensión concedida en el expediente relativo a una controversia constitucional y es el caso de que ésta fue resuelta, es inconcuso que debe declararse que el citado medio de impugnación ha quedado sin materia. Ello es así, porque la suspensión de los actos cuya invalidez se demandó en la controversia constitucional y que motivó el recurso de queja por una supuesta violación de dicha medida cautelar, exclusivamente rige hasta el momento en que se dicte la sentencia que resuelva la controversia planteada, por lo que al haberse resuelto el asunto principal del cual deriva, tal recurso carece de materia, en virtud de su naturaleza accesoria.’. El criterio jurisprudencial del Tribunal Pleno antes transcrito tiene carácter obligatorio para esta Segunda Sala en términos de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal y resulta aplicable analógicamente al caso de la queja por violación a la suspensión otorgada en un juicio de amparo, ya que tanto respecto de ésta como de la violación a la suspensión concedida en una controversia constitucional, la normatividad aplicable, a saber, el artículo 206 de la Ley de Amparo, en caso de la primera, y el artículo 58, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal, tratándose de la segunda, establecen que la autoridad responsable de la violación debe ser sancionada en los términos establecidos en el Código Penal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto hace a la desobediencia cometida, independientemente de cualquier otro delito en que incurra, por lo que resulta plenamente aplicable el principio de derecho relativo a que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, para considerar que si en el caso de la controversia constitucional el dictado de la sentencia que la resuelve deja sin materia la queja por violación a la suspensión ahí concedida, de igual forma el dictado de la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo ocasiona que quede sin materia la denuncia de violación a la suspensión y, en su caso, el recurso de queja contra la determinación relativa. Asimismo, debe destacarse que el criterio que ha seguido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en los trámites, procedimientos y medios de defensa relacionados con el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, en relación a los cuales los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución, 105 a 113 y 208 de la Ley de Amparo establecen sanciones aplicables a las autoridades que pretenden eludir el cumplimiento de las referidas ejecutorias o insisten en repetir los actos contra los que se haya otorgado la protección de la Justicia Federal, ha sido el consistente en que el interés primordial tutelado es la restitución al quejoso en el goce de la garantía individual violada y no la imposición de las sanciones referidas, por lo que no procede imponerlas cuando se ha logrado tal restitución. Acorde con lo anterior este órgano colegiado considera, tratándose de la violación a la suspensión otorgada en el juicio de garantías y dado que el objetivo primordial de la denuncia relativa y, en su caso, del recurso de queja no es el sancionar a las autoridades que hubieran violado la medida cautelar, sino el de determinar si se ha producido una violación a la suspensión otorgada a fin de dictar las medidas necesarias para asegurar su respeto con el propósito de que no se torne nugatoria la medida cautelar para que se preserve la materia del juicio de amparo, evitando que al ejecutarse el acto reclamado se causen perjuicios irreparables al quejoso, que cuando se haya dictado sentencia ejecutoria, la denuncia de violación a la suspensión y, en su caso, el recurso de queja interpuesto contra la determinación relativa, quedan sin materia. Los criterios establecidos tratándose de los trámites, procedimientos y medios de defensa relacionados con el cumplimiento de las ejecutorias de amparo a que se ha hecho referencia, se contienen en las tesis jurisprudenciales que se reproducen a continuación: ‘DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE DECLARARLA SIN MATERIA CUANDO SE RESTITUYE AL QUEJOSO EN EL GOCE DE SUS GARANTÍAS. El interés primordial tutelado en el juicio de garantías, en relación con el cumplimiento de las sentencias protectoras, radica en la restitución al quejoso en el goce de la garantía individual violada, y no en imponer las sanciones previstas por el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República a las autoridades responsables, pues tales sanciones constituyen solamente una medida extrema para lograr el cumplimiento de dichas sentencias; por tanto, lo procedente es declarar sin materia la denuncia de repetición del acto reclamado, cuando aparece superada la renuencia de las responsables a cumplir el fallo protector y restituyen al quejoso en el goce de sus garantías.’ (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 147, tesis 1a./J. 19/98). ‘REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. QUEDA SIN MATERIA SI EL JUEZ DE DISTRITO INFORMA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJÓ SIN EFECTO EL ACTO QUE MOTIVÓ LA DENUNCIA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Amparo, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda resolver si existe repetición del acto reclamado, es necesario, que la autoridad que conoció del juicio de garantías haya emitido una resolución que determine la existencia de la repetición y, que al dictar resolución dicho Alto Tribunal subsista la repetición. Por lo tanto, si encontrándose pendiente esta resolución, la autoridad que conoció del amparo comunica a la Suprema Corte que, por actuación posterior de la propia responsable y previa vista a la quejosa, ha cesado la repetición del acto y, por ende, se ha respetado cabalmente la sentencia que otorgó el amparo, debe declararse sin materia el incidente.’ (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, abril de 1995, página 42, tesis 2a./J. 4/95). ‘INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos insubsistentes.’ (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, octubre de 1995, página 195, tesis 1a./J. 13/95). ‘INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA CUANDO
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22137-6e5e01b4/violacion-a-la-suspension-no-queda-sin-materia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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