RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL LIMITAR LA DEDUCCIÓN DE LOS GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2003). RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL LIMITAR LA DEDUCCIÓN DE LOS GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2003). RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES INCONSTITUCIONAL AL LIMITAR LA DEDUCCIÓN DE LOS GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2003).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 41/2005-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, pues la formuló la presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se resolvió uno de los amparos en revisión en el que se plasmó uno de los criterios que participan en la contradicción de tesis.
TERCERO. Con el propósito de analizar la posible existencia de la contradicción de tesis, cabe señalar que la Primera Sala de este Alto Tribunal al resolver el veinticinco de mayo de dos mil cinco, por unanimidad de votos, el amparo en revisión 309/2005, sostuvo lo siguiente:
"México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco de mayo de dos mil cinco.
"VISTOS; Y
"RESULTANDO:
"PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de abril de dos mil cuatro, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Primer Circuito en Materia Administrativa, Restaurantes Vips, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su representante legal, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:
"Autoridades responsables:
"H. Congreso de la Unión.
"C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
"C. Secretario de Gobernación.
"C. Director General del Diario Oficial de la Federación.
"Actos reclamados.
"Del H. Congreso de la Unión, se reclama: La discusión, aprobación y expedición del decreto legislativo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del impuesto sustitutivo del crédito al salario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos. Específicamente se reclama lo previsto en la fracción XII del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
"Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la expedición del decreto promulgatorio del decreto legislativo citado en el párrafo anterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos.
"Del C. Secretario de Gobernación se reclama el refrendo del decreto promulgatorio mencionado, relativo al decreto legislativo antes precisado.
"Del C. Director general del Diario Oficial de la Federación se reclama la publicación en dicho órgano de difusión oficial del treinta de diciembre de dos mil dos, de los actos reclamados en los párrafos anteriores.
"...
"SÉPTIMO. ...
"Por cuestión de técnica y atendiendo al sentido que regirá el presente asunto, se aborda el estudio de los conceptos de violación en los que se sostiene que el artículo 31, fracción XII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil tres, es violatorio de las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias.
"Previamente al estudio de los anteriores motivos de inconformidad, se estima importante precisar que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: (se transcribe).
"El precepto, contiene las siguientes garantías:
"1. Las contribuciones deben destinarse al gasto público de la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios.
"2. Deben ser proporcionales y equitativas.
"3. Deben estar establecidas en una ley.
"Al respecto, el Tribunal Pleno ha establecido en la jurisprudencia, que se invoca a continuación, lo siguiente:
"‘PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe).
"Según el criterio jurisprudencial anterior, la proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Para que el principio de proporcionalidad permita que los sujetos pasivos contribuyan a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, los tributos deben fijarse de manera que las personas que obtengan ingresos elevados, tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos.
"En otros términos, concluye la jurisprudencia del Tribunal Pleno que se sigue en este momento, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino también en lo tocante a mayor o menor aportación que corresponda reflejada cuantitativamente en la disminución patrimonial que proceda y en proporción a los ingresos obtenidos (tenencia de patrimonio o consumo realizado).
"Lo expuesto quiere decir que el principio de proporcionalidad obliga al legislador a graduar el impuesto de forma que la participación de los ciudadanos en el sostenimiento de los gastos públicos, se realice en función de la mayor o menor capacidad contributiva manifestada por los sujetos pasivos al realizar el hecho imponible (nivel de renta, cantidad y calidad del patrimonio o del consumo de ambos), por lo que los elementos de cuantificación de la obligación tributaria deben hacer referencia al mismo, o sea, que la base gravable permita medir esa capacidad económica y la tasa o tarifa expresen la parte de la misma que corresponde al ente público acreedor del tributo. Con ello, la capacidad contributiva, determinada específicamente conforme a la naturaleza del tributo de que se trate, marca el cauce lógico del mismo, y no sólo legitima y explica su existencia, sino también condiciona toda su estructura y contenido.
"En este contexto, la equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos y deducciones permitidas, debiendo variar únicamente las tarifas aplicables, de acuerdo con la capacidad contributiva de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. En síntesis, la equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de equidad frente a la norma jurídica que lo establece y regula.
"El Tribunal Pleno, continuando con su tarea de intérprete supremo de los principios constitucionales tributarios, permitiendo con ello dotar a éstos de un significado acorde con la legislación fiscal, ha emitido las siguientes jurisprudencias:
"‘EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.’ (se transcribe).
"‘EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES.’ (se transcribe).
"Así, el principio de equidad en la imposición establece que las personas, en tanto estén sujetas a cualquier impuesto y se encuentren en iguales condiciones relevantes para efectos tributarios, han de recibir el mismo trato en lo que se refiere al impuesto respectivo. Igualmente, de esta definición deriva su contrapartida, o sea, el principio de la desigualdad en el trato tributario de las personas que se hallen en condiciones tributarias desiguales. Esto es lógico, ya que toda contribución debe definir su hecho imponible tomando como fundamento, según ya se dijo, un determinado tipo de realidades económicas (renta, patrimonio consumo) que se gravan en cuanto son índices claros de que existe capacidad o aptitud de contribuir por parte de quien se encuentra en esa realidad o situación específica.
"Efectivamente, la igualdad no sólo reclama que el ordenamiento jurídico, en su emisión y aplicación, respete las preexistentes situaciones de igualdad entre las personas, sino que exige, asimismo, que el ordenamiento jurídico actúe de tal forma que puedan reconducirse las situaciones de discriminación a situaciones de igualdad. A este respecto, la existencia de diferentes cuotas en el sistema tributario se presenta como un instrumento de fundamental importancia, porque lo que la diferencia de cuotas ha de pretender no es que las respectivas situaciones económicas de unos contribuyentes queden inalteradas respecto de la de otros tras la incidencia de los tributos sino, de un lado, una menor sustracción de renta o patrimonio de los contribuyentes con menor capacidad económica, con la consiguiente reducción de la contribución de éstos al sostenimiento del gasto público; y, de otro lado, una mayor sustracción de renta o patrimonio de los contribuyentes con un mayor nivel de capacidad económica, y con una mayor aportación al gasto público.
"En adición a lo expuesto, no debe perderse de vista que la aplicación de los criterios anteriormente invocados y comentados debe circunscribirse dentro de un ámbito de justicia fiscal que evite las arbitrariedades de la autoridad fiscal por un lado, o del gobernado por el otro, toda vez que, como ha quedado expuesto, se está en presencia de un precepto constitucional que contiene al mismo tiempo distintos derechos fundamentales, pero también la obligación individual pública de los gobernados de contribuir para los gastos públicos de los distintos niveles de gobierno. Lo expresado permite a esta Primera Sala al realizar el análisis de determinado precepto legal en materia tributaria de salvaguardar, en primer lugar, la justicia tributaria, buscando el equilibrio señalado, lo que involucra necesariamente el hacerse cargo de una serie de fenómenos económicos y sociales que como hechos notorios puede invocar con la finalidad de que el pronunciamiento que se haga en cada caso resulte lo más congruente con la realidad y la realización de la justicia fiscal. De esta forma, la aplicación de los criterios establecidos en materia tributaria no puede ser un acto automático, sino que debe circunscribirse a los parámetros anunciados, favoreciendo la realización de la justicia impositiva y evitando la arbitrariedad de la autoridad y del gobernado.
"Con base en las consideraciones y conclusiones anteriores, esta Primera Sala procede a relacionarlas con el caso a que este asunto se refiere. El artículo 31, fracción XII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil tres, el cual establece:
"‘Artículo 31.’ (se transcribe).
"Así, la norma relatada indica que serán deducibles los gastos de previsión social cuando las prestaciones correspondientes se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores.
"Tratándose de trabajadores sindicalizados se considera que las prestaciones de previsión social se otorgan de manera general cuando se establecen en los contratos colectivos de trabajo o contratos ley.
"Si existen dos o más sindicatos en una misma empresa, se considera que las prestaciones de previsión social se otorgan de manera general, cuando se establezcan en los contratos colectivos de trabajo o contratos ley, en relación con uno de los sindicatos en particular, aun cuando las prestaciones sean distintas en relación con las otorgadas entre los trabajadores de uno y otro sindicato.
"En cuanto a los trabajadores no sindicalizados, las prestaciones de previsión social son generales cuando se otorguen a todos ellos y siempre que las erogaciones que se efectúen por este concepto (excluidas las aportaciones de seguridad social), sean en promedio aritmético por cada trabajador no sindicalizado, en un monto igual o menor que las erogaciones deducibles por el mismo concepto (excluidas las aportaciones de seguridad social), efectuadas por cada trabajador sindicalizado.
"Para determinar el promedio aritmético a que se refiere el párrafo anterior, no se consideran las erogaciones realizadas por concepto de primas y seguros de vida, gastos médicos, las aportaciones a los fondos de ahorro y a los fondos de pensiones y jubilaciones complementarios a los que establece la Ley del Seguro Social a que se refiere el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (relativo a las reservas para fondo de pensiones o jubilaciones de personal complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social).
"A falta de trabajadores sindicalizados, se considera que las prestaciones de seguridad social son generales cuando no excedan de diez veces el salario mínimo general del área geográfica que corresponda al trabajador, elevado al año.
"Las aportaciones a los fondos de ahorro serán deducibles cuando además de ser generales, el monto de las aportaciones efectuadas por el contribuyente sea igual al monto aportado por los trabajadores; la aportación del contribuyente no exceda del trece por ciento del salario del trabajador; sin que se exceda del monto equivalente del 1.3 veces el salario mínimo general del área geográfica que corresponda al trabajador elevado al año y cumpliendo con los requisitos de permanencia establecidos en el reglamento de la ley.
"Serán deducibles los pagos de primas de seguros de vida en beneficio de los trabajadores, siempre que los beneficios de dichos seguros cubran la muerte del titular o invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo personal remunerado; que se entregue como pago único o en parcialidades.
"También son deducibles los pagos de primas de seguros de gastos médicos que efectúe el contribuyente en beneficio de los trabajadores.
"Asimismo, se establece que el monto de las prestaciones de previsión social deducibles otorgadas a los trabajadores no sindicalizados, excluidas las aportaciones de seguridad social, las aportaciones a los fondos de ahorro, a los fondos de pensiones y jubilaciones o complementarios a los que establece la Ley del Seguro Social a que se refiere el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las erogaciones realizadas por concepto de gastos médicos y primas de seguros de vida, no podrá exceder de diez veces el salario mínimo general del área geográfica que corresponda al trabajador elevado al año.
"El artículo 31, fracción XII, de la ley, en relación con los trabajadores sindicalizados, dispone que serán deducibles los gastos de previsión social, siempre que se otorguen en forma general.
"En cambio, en el caso de los trabajadores no sindicalizados, el precepto en mención establece los siguientes requisitos y límites para que sea posible deducir ciertos gastos de previsión social.
"1. Las prestaciones de previsión social son generales cuando se otorguen a todos ellos y siempre que las erogaciones que se efectúen por este concepto (excluidas las aportaciones de seguridad social), sean en promedio aritmético por cada trabajador no sindicalizado, en un monto igual o menor que las erogaciones deducibles por el mismo concepto (excluidas las aportaciones de seguridad social), efectuadas por cada trabajador sindicalizado.
"Para determinar el promedio aritmético a que se refiere el párrafo anterior, no se considerarán las erogaciones realizadas por concepto de primas de seguros de vida y de gastos médicos y las aportaciones a los fondos de ahorro y a los fondos de pensiones y jubilaciones complementarios a los que establece la Ley del Seguro Social a que se refiere el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (relativo a las reservas para fondo de pensiones o jubilaciones de personal complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social).
"2. El monto de las prestaciones de previsión social deducibles otorgadas a los trabajadores no sindicalizados, excluidas las aportaciones de seguridad social, las aportaciones a los fondos de ahorro, a los fondos de pensiones y jubilaciones o complementarios a los que establece la Ley del Seguro Social a que se refiere el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las erogaciones realizadas por concepto de gastos médicos y primas de seguros de vida, no podrá exceder de diez veces el salario mínimo general del área geográfica que corresponda al trabajador elevado al año.
"Como es posible advertir, el legislador establece un mecanismo diferente para determinar los montos deducibles por concepto de gastos de previsión social respecto de los trabajadores sindicalizados en relación con los trabajadores no sindicalizados, pues mientras que en relación con los primeros únicamente establece que serán deducibles los gastos de previsión social, cuando las prestaciones correspondientes se otorguen en forma general, en cuanto a los segundos (trabajadores no sindicalizados), se limitó el monto de las deducciones de dos maneras:
"A) Siempre que las erogaciones que se efectúen por este concepto (excluidas las aportaciones de seguridad social), sean en promedio aritmético por cada trabajador no sindicalizado, en un monto igual o menor que las erogaciones deducibles por el mismo concepto (excluidas las aportaciones de seguridad social), efectuadas por cada trabajador sindicalizado.
"B) El monto de las prestaciones de previsión social deducibles otorgadas a los trabajadores no sindicalizados, excluidas las aportaciones de seguridad social, las aportaciones a los fondos de ahorro, a los fondos de pensiones y jubilaciones o complementarios a los que establece la Ley del Seguro Social a que se refiere el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las erogaciones realizadas por concepto de gastos médicos y primas de seguros de vida, no podrá exceder de diez veces el salario mínimo general del área geográfica que corresponda al trabajador elevado al año.
"Lo anterior, constituye una violación al principio de proporcionalidad tributaria previsto en la fracción IV del artículo 31 constitucional, pues no obstante que el legislador considera los gastos de previsión social como erogaciones que intervienen en detrimento de la riqueza objeto del ingreso obtenido por el contribuyente y, por tanto, susceptibles de disminuir la base gravable, se impide al contribuyente deducir ciertos montos en atención a una circunstancia ajena a la naturaleza de la erogación, como lo es el tipo de contrato que tengan los trabajadores, variando el tratamiento en razón de que los trabajadores se encuentren sindicalizados o de que se trate de trabajadores no sindicalizados.
"En efecto, tal como se precisa a continuación, las cantidades erogadas por concepto de gastos de previsión social por parte del contribuyente, son considerados por el propio legislador como un menoscabo del ingreso y estrictamente necesarios para el cumplimiento de los fines de la empresa y de ahí que en términos generales, permite su deducción.
"En primer término, debe tomarse en cuenta que la disposición combatida establece una limitante a una deducción en materia de impuesto sobre la renta, contribución ésta que, tal como ha sostenido este Alto Tribunal, tiene como objeto la obtención de ingresos, siendo el caso que, en el cálculo de la base gravable, el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, remite al concepto denominado ‘utilidad fiscal’, a fin de determinar la ganancia neta que reporta el causante en un periodo determinado.
"Como puede observarse, si bien el objeto del impuesto incuestionablemente lo es la obtención de ingresos, la mecánica de determinación de la base del gravamen hace pesar la imposición, en primer término, en la utilidad del periodo -sin que se pase por alto la eventual amortización de pérdidas, factor éste que no resulta necesario contemplar para la solución de la problemática planteada en el presente caso-, para lo cual debe atenderse a los ingresos acumulables, así como a las diversas deducciones autorizadas.
"Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido -entre otros casos, en aquellos en los que se combatió la fracción XXV del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, mismo que desautorizaba la deducción de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas- que la determinación del gravamen se justifica si la imposición se efectúa sobre el impacto patrimonial positivo apreciable en el gobernado, mismo que sólo puede evidenciarse en términos reales si se considera, no sólo el ingreso bruto generado aisladamente, sino la utilidad real, obtenida mediante la consideración conjunta del ingreso y de las cantidades erogadas como costo de generación del ingreso.
"Lo anterior implica que el ingreso bruto debe ser atemperado con conceptos relacionados con el costo de la producción del ingreso, es decir, con las deducciones, de tal manera que la base del impuesto sea la ganancia que resulte de la obtención de ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o de cualquier otro tipo, que modifiquen el patrimonio del contribuyente, mediante un impacto positivo en éste.
"En este contexto, se aprecia que la legislación aplicable considera como deducciones vinculadas a la utilidad aquellas que se autorizan como costo de producir el ingreso, es decir, las deducciones cuya aplicación es demandada por la lógica del impuesto.
"Asimismo, este Alto Tribunal ha sostenido que la propia lógica del gravamen determina que, tradicionalmente, las erogaciones no vinculadas a los costos de producción del ingreso, no deben ser consideradas como deducibles.
"De esta manera, ha señalado que una primera y básica distinción para determinar los conceptos que no deben ser considerados deducibles, es aquella que permite excluir de dicho carácter a los desembolsos efectuados con motivo de consumo personal del contribuyente, sea por su origen, por su propósito o por su efecto -con excepción de aquellos casos, donde el legislador así lo permite por consideración a la propia situación de los causantes, como acontece con las deducciones personales de las personas físicas, o por las circunstancias relacionadas con la erogación, como acontece con la deducción de donativos autorizada por la legislación aplicable-.
"Se ha señalado que, generalmente, un desembolso será deducible si está íntima o causalmente relacionado con la intención de producir ingreso, o bien, si es común en la industria o si parece lógicamente diseñado para aumentar o preservar un flujo en la generación de ingresos. Así, es posible apreciar diversas clases de erogaciones que tradicionalmente serán consideradas deducibles en los términos de la normatividad aplicable, como son las efectuadas para la producción o cobranza del ingreso, o bien, las erogaciones efectuadas para la administración, conservación o mantenimiento de las propiedades adquiridas para la producción de ingreso.
"Consecuentemente, la disminución de ciertos conceptos deducibles, aplicada a los ingresos percibidos por el causante, permite la determinación de una auténtica utilidad, es decir, de un ingreso neto, debiendo apreciarse que la proporcionalidad que deben observar las contribuciones se satisface en la medida en la que los causantes se vean conminados a efectuar enteros que atiendan a su efectiva capacidad contributiva, es decir, para el caso de impuestos directos, que atiendan al referido nivel de ingresos netos, pues sólo éste permite determinar la capacidad que tiene el contribuyente para resentir las cargas tributarias.
"En relación con todo lo anteriormente expuesto, debe apreciarse que el artículo 31, fracción XII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta transgrede la garantía de proporcionalidad tributaria, al limitar la deducción de los gastos de previsión social, a pesar de que el monto respectivo impacta negativamente el haber de la empresa, impidiendo que se aplique el gravamen con base en la capacidad contributiva real del patrón.
"Ahora bien, no pasa desapercibido para esta Sala que no cualquier concepto que impacte negativamente el haber del causante necesariamente deba ser deducible. Sin embargo, en el presente caso se observa que la deducción de los gastos de previsión social es demandada por la lógica y la mecánica del tributo, toda vez que dichas erogaciones son efectuadas por los patrones en el desarrollo ordinario de las actividades que constituyen su objeto social -las cuales producen ingresos o ganancias, o bien, cuando menos, son orientadas a producir ingresos o ganancias-, siendo el caso que dicho gasto se efectúa como parte de la compensación que corresponde a los servicios prestados por los trabajadores, cuya contratación claramente es demandada para la referida producción de dichos ingresos.
"En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por previsión social debe entenderse al conjunto de las erogaciones efectuadas por los patrones a favor de sus trabajadores que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de dichos trabajadores, tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia.
"De conformidad con lo anterior, se aprecia que, si bien los gastos de previsión social se efectúan con el objeto de ‘satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras’, o bien, con el de ‘otorgar beneficios a favor de dichos trabajadores, tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia’, no por ello dejan de ser erogaciones efectuadas por los patrones a favor de sus trabajadores.
"Con tal carácter, no puede dejar de tomarse en cuenta que se trata de gastos derivados de la prestación de un servicio personal subordinado -tanto como lo es el salario-, independientemente de la finalidad social más trascendental que pudieran tener -y que, en todo caso, podría justificar algún trato fiscal preferencial para el trabajador-, sin que se aprecie una causa que justifique una limitante en la deducción del concepto para el empleador.
"El efecto que la erogación pueda tener en la condición particular del trabajador -su ‘superación física, social, económica o cultural’- o en la de su familia, no constituye una causa suficiente para pasar por alto la naturaleza del gasto para el empleador y su origen en la prestación de un servicio personal subordinado, misma que en todo caso sería requerida por el propio patrón para la generación de sus ingresos.
"En este contexto, considerar que la deducción de una erogación efectuada en relación directa con un servicio prestado al patrón por el empleado puede ser limitada en razón de su efecto en este último -siendo ésta la diferencia que existe entre el salario y los gastos de previsión social, entendidos ambos como compensación por el trabajo-, equivaldría a cuestionar la deducción del salario si éste fuera destinado por el trabajador a su superación física, social, económica o cultural, lo cual desde luego es inaceptable desde el punto de vista constitucional.
"Porque -como se ha señalado- son dos cosas muy distintas, por un lado, la intención de favorecer al trabajador con el otorgamiento de un trato fiscal preferencial -como lo es la exención a las prestaciones de previsión social, misma que el legislador puede dimensionar en los términos que estime convenientes, siempre y cuando no vulnere garantías constitucionales- y, por el otro, provocar un perjuicio al patrón, limitando una deducción legítima del patrón, efectuada como compensación por un servicio cuya prestación requiere para generar ingresos.
"Es evidente que dichos gastos de previsión social, cuando efectivamente son realizados como tales, es decir, cuando no son simulados -de ahí la importancia que guarda el que, en cada caso, se verifique que efectivamente se trata de una compensación cubierta a favor del trabajador por sus servicios-, no se efectúan como un desembolso de carácter personal, sea que se aprecie su causa, su intención o su efecto, toda vez que se trata de una erogación vinculada con la prestación de un servicio personal subordinado. En tal virtud, se pone de manifiesto que no se trata de un donativo o de un dispendio injustificado, sino de una disposición de sus recursos, efectuada como auténtica compensación por servicios personales prestados al empleador.
"Consecuentemente, se aprecia que la base gravable para efectos del impuesto sobre la renta, se ve afectada por el artículo 31, fracción XII, de la ley del impuesto relativo, ya que no corresponde en su totalidad a la efectiva capacidad contributiva del sujeto pasivo de la relación tributaria, pues no se le permite efectuar una deducción lícita y que, dada su naturaleza, resulta necesaria para efectos de calcular la base de dicho gravamen.
"Lo anterior es así, en virtud de que el numeral combatido por la parte quejosa le conmina a contribuir al gasto público, de conformidad con una situación económica y fiscal que realmente no refleja su capacidad contributiva auténtica, toda vez que se le obliga a determinar una utilidad que realmente no reporta su operación, en el entendido de que los pagos que realiza la empresa por concepto de gastos de previsión social, ciertamente trascienden en la determinación de su capacidad contributiva, lo que provoca que se viole en perjuicio del causante del impuesto la garantía de proporcionalidad tributaria que prevé la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Por tal motivo, carece de sustento
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19862-f7eebd7d/renta-el-articulo-31-fraccion-xii-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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