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Modo: Corpus Pro

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. ES APLICABLE EN AMPAROS DIRECTO E INDIRECTO, EN PRIMERA INSTANCIA O EN REVISIÓN. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA, AUNQUE NO SE HAYA PLANTEADO EN LA DEMANDA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. SE SURTE AUN ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 52/2004-PL. · Registro digital (IUS): 19499
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, , Pág. 447.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 52/2004-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIOS: PEDRO ARROYO SOTO E ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción VI del Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por la presidenta de la Primera Sala de este Alto Tribunal, con apoyo en la facultad que le confieren los artículos 197 de la Ley de Amparo y 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

TERCERO. De las constancias que integran el expediente de la presente contradicción de tesis se advierte que el procurador general de la República, por medio de la agente del Ministerio Público de la Federación, designada por el director general de constitucionalidad de dicha dependencia, formuló su opinión institucional en el sentido de que debe prevalecer el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dicha opinión está expresada en tiempo, pues de la certificación que obra a foja 179 del toca se desprende que el término de treinta días que se le concedió para ese efecto, transcurrió del siete de diciembre de dos mil cuatro al dos de febrero de dos mil cinco, siendo el caso que su petición la presentó el veintiocho de enero del citado año.

CUARTO. Los criterios en posible contradicción son los siguientes:

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha veintiséis de marzo de dos mil cuatro, al resolver el amparo directo en revisión 6/2004, promovido por Montes y Compañía, Sociedad Anónima de Capital Variable, sostuvo lo siguiente:

"SEXTO. Para emprender dicho estudio, debe tenerse en cuenta, ante todo, que en el caso se impugna la aplicación de una norma general, a saber, el artículo 5o., párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo, precepto que como se precisó en párrafos precedentes, fue declarado inconstitucional en jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, por considerar que es violatorio del principio de equidad tributaria tutelado en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna. En relación a ese supuesto, el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, impone la obligación de suplir la queja deficiente en cualquier materia, tratándose de actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales en jurisprudencia emitida por este Alto Tribunal, como se corrobora con la transcripción de dicho numeral que a la letra dispone: ‘Artículo 76 Bis’. (se transcribe). Partiendo de lo anterior y dada la especial naturaleza y finalidad del amparo contra leyes, se estima procedente apuntar a continuación algunas consideraciones sobre el tema. Nuestro Estado de derecho se rige por un sistema jurídico bien definido que tiene como base fundamental la Constitución a la que se le otorga un rango de supremacía en virtud del cual sus disposiciones prevalecen sobre las demás que conforman el sistema jurídico mexicano vigente, lo que se justifica en tanto que este cuerpo normativo contiene las bases relativas a la organización del Estado, su estructura, las funciones de sus poderes, y determina además los derechos fundamentales de los gobernados, así como sus restricciones y demás prescripciones generales que hacen posible el orden y convivencia en la sociedad mexicana. En ese contexto, resulta de especial interés subrayar que el principio de supremacía constitucional implica la sujeción de todas las leyes y actos del poder público a las normas y principios básicos establecidos en la Constitución, de manera que ni los gobernantes ni los gobernados pueden sustraerse al orden jurídico implicado en el conjunto de disposiciones y reglas vigentes, que es a lo que originalmente se le ha denominado orden público. El sistema jurídico mexicano reconoce dicho principio de supremacía constitucional en el artículo 133 de la propia Carta Magna, que prescribe: ‘Artículo 133.’ (se transcribe). Congruente con esa disposición, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado la supremacía absoluta de la Constitución sobre toda legislación secundaria, ya que la sociedad y el Estado tienen interés en que se apliquen los preceptos de aquélla y no los textos contrarios a las disposiciones y contenido de ese máximo ordenamiento. Lo anterior se destaca en la tesis aislada visible a foja 7848, Tomo LXXIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por la entonces Segunda Sala de este Máximo Tribunal, que dice ‘CONSTITUCIÓN, SUPREMACÍA DE LA.’ (se transcribe). Ahora bien, del principio de supremacía de la Constitución deriva, como una necesidad consecuente, el establecimiento de un sistema de control de la constitucionalidad que haga efectiva su vigencia y la prevalencia de sus disposiciones. En México, el sistema de control constitucional se ha venido desarrollando según las circunstancias de la historia política y jurídica del país, dando origen, en la actualidad, a la adopción de un sistema propio que comprende la existencia de diversos instrumentos e instituciones legales a través de los que se procura la constitucionalidad de las leyes y demás actos de autoridad, con la finalidad de anularlos y dejar así insubsistente la aplicación de las normas generales que sean contrarias a la Ley Suprema. Entre ellos, destaca el juicio de amparo por ser una institución procesal esencial para la defensa de la Constitución y de los derechos fundamentales de los gobernados, conceptuado como un medio jurídico de protección y preservación del principio de supremacía constitucional, cuya finalidad es el control de las leyes, actos y omisiones provenientes de la autoridad pública. Su ubicación en la Constitución -artículos 103 y 107- no supone una normatividad que deba acatarse preferentemente frente a otras, sino que su observancia obedece a su especial naturaleza y finalidad. Acorde con ello, el interés que atañe al Estado y a la sociedad en general es la eficacia plena de ese medio de control constitucional que permita el imperio de la Constitución y garantice así la vigencia del Estado de derecho, interés prevalente que no puede ser relegado bajo ninguna justificación, por ser objeto esencial del Estado el orden público y el bien supremo de la comunidad. Lo anterior se justifica porque la Constitución es la máxima de las fuentes del derecho y por ello, debe reconocérsele eficacia inmediata y directa de conformidad con los fines que propone; por consiguiente, resulta de suma relevancia lograr de manera eficaz el control de la constitucionalidad de las leyes y actos de autoridad, a fin de impedir la aplicación de aquellas normas que resulten contrarias a la Carta Fundamental. Uno de los medios para alcanzar ese propósito y preservar a su vez la eficacia del amparo, viene a ser la interpretación de la ley, entendida como la actividad por la cual se determina el sentido y alcance de las disposiciones que conforman el derecho vigente, contenidas en la Constitución y en las leyes ordinarias. A través de la interpretación los órganos judiciales que inquieren acerca del sentido y alcance de las normas constitucionales y legales, desentrañan su verdadero sentido, fijando los criterios para su debida observancia y aplicación. La labor del intérprete adquiere así un especial interés por la necesidad de establecer un sistema unitario de interpretación jurídica de la legislación en general. Sobre el tema relativo a la interpretación, tienen aplicación los artículos 94, párrafo octavo, de la Constitución y 192 de la Ley de Amparo, que en su orden, disponen lo siguiente: ‘Artículo 94.’ (se transcribe). ‘Artículo 192.’ (se transcribe). De la transcripción precedente deriva el imperativo contenido en el precepto constitucional señalado, de fijar la ley secundaria los términos en que será obligatoria la jurisprudencia sobre interpretación de la Constitución, leyes, reglamentos federales y locales y tratados internacionales, en cumplimiento al cual el artículo 192 de la Ley de Amparo determina la obligatoriedad de la establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto del Tribunal Pleno como de las Salas que la integran, lo que tiene como propósito la uniformidad en la legislación y criterios a seguir para su exacta y debida aplicación, en todos los ámbitos. La función de interpretación de la ley cobra mayor relevancia cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como intérprete último de la Constitución, resuelve acerca de la conformidad de las normas generales con ese máximo ordenamiento, es decir, cuando decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las disposiciones ordinarias y como resultado de esa labor de interpretación se constituye jurisprudencia, obligatoria para los órganos judiciales y tribunales administrativos y del trabajo, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, anteriormente reproducido. En ese supuesto, la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de una norma general por infringir o contraponerse al Texto Constitucional, viene a ser relevante porque juega un doble papel, por un lado, tiene un carácter unificador de todo el sistema jurídico y, por otro, su observancia y fuerza obligatoria determinada en la ley reglamentaria de la materia, tiene como objeto esencial lograr el cabal cumplimiento de la Constitución y su prevalencia, así como la vigencia de los valores supremos y principios que subyacen en sus disposiciones, lo que conlleva a preservar el orden constitucional y legal. De ahí la importancia de la función que cumple la jurisprudencia dentro de nuestro sistema de derecho. Ahora bien, sobre el tema concerniente a la obligación de aplicar la jurisprudencia de este Alto Tribunal que declara inconstitucional una ley, deben puntualizarse los siguientes aspectos. Desde el origen del amparo en México, se instituyó como uno de los principios rectores de este medio de control constitucional, vigente a la fecha, el de relatividad de las sentencias, al establecerse en el artículo 25 del Acta de Reformas de 1847, la obligación para los tribunales de la Federación, de limitarse a otorgar el amparo y protección en el caso particular sobre el que verse el proceso, ‘sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que la motivare’. Este principio conocido como fórmula Otero, establecido actualmente en los artículos 107, fracción II, de la Constitución y 76 de la Ley de Amparo, rige en general para las sentencias dictadas en amparo contra leyes; por lo tanto, la protección que se otorgue en esos casos contra la ley impugnada, determinada inconstitucional en resolución ejecutoria, no constituye una declaración con efectos generales ni es aplicable a cualquier otro proceso judicial distinto de aquel en que fue reclamada con motivo del ejercicio de la acción constitucional; a ello debe agregarse que la anulación de la ley sólo beneficia al peticionario, lo que origina que pueda seguir teniendo aplicación un ordenamiento contrario a la Constitución y que las autoridades emitan nuevos actos fundados en dicho ordenamiento legal, no obstante ser inconstitucional, puesto que sólo en los casos en que se acuda a impugnarlo en amparo, obteniendo la protección de la Justicia Federal contra su aplicación, perderá eficacia la ley o norma declarada inconstitucional. Frente a esa circunstancia derivada no sólo de la aplicación del principio de relatividad de las sentencias, sino también de los principios de instancia de parte agraviada y de estricto derecho, rectores del juicio de amparo, y ante la importancia que reviste como medio de impugnación para controvertir la constitucionalidad de las leyes, constituido por ello como instrumento de tutela de todo el orden constitucional, se buscó su perfeccionamiento y con ese propósito se instituyó en la Constitución y en la Ley de Amparo, como una medida para hacer más eficaz la protección contra las leyes contrarias a la Carta Magna, la suplencia de la queja tratándose de la aplicación de normas generales declaradas inconstitucionales en jurisprudencia emitida por esta Suprema Corte, disposición en la que subyace la intención del legislador federal de evitar la aplicación de leyes que contravengan la Norma Suprema, en concordancia con el propósito del Poder Reformador de la Constitución inmerso en la reforma al artículo 107, de lograr que prevalezca este máximo ordenamiento sobre cualquier norma contraria a sus disposiciones y contenido, haciendo así efectivo el principio de supremacía constitucional, propio de todo Estado de derecho, al impedir la subsistencia de actos que se funden en leyes declaradas inconstitucionales por este Alto Tribunal. Fue entonces la necesidad de hacer prevalecer la Constitución, como Ley Suprema, el sustento de la reforma al artículo 107 constitucional efectuada mediante decreto legislativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, para incorporar a su texto el imperativo constitucional de suplir la queja deficiente en materia de amparo, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de este Alto Tribunal. Ello se advierte de la parte relativa de la iniciativa de dicho decreto de reformas que, en su parte conducente, señaló: (se transcribe). La transcripción precedente revela la preocupación del Poder Reformador de la Constitución de evitar que por cuestiones de técnica deficiente en la formulación de la demanda de garantías, pudiera afectar a los gobernados la aplicación de una ley contraria a la Carta Magna, situación que confirma lo expresado por el diputado Trueba Urbina al discutirse en la Cámara de Diputados la iniciativa de reformas en comento, manifestando sobre el tema lo siguiente: (se transcribe). En tanto que en el dictamen de la Cámara de Senadores, se expuso: (se transcribe). Así, a partir de la reforma señalada, el texto del segundo párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional, quedó en los términos siguientes: (se transcribe). La reforma al artículo 107 constitucional dio lugar a las reformas y adiciones correlativas a su ley reglamentaria, concretamente en lo tocante a la materia de suplencia de la queja, se publicó en la misma fecha diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 76 de la Ley de Amparo que llevó a consignar, en principio en su párrafo segundo, la procedencia de la suplencia de la deficiencia de la queja cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la iniciativa de reformas a dicho ordenamiento, se señaló sobre el tema en cuestión lo siguiente: (se transcribe). En el dictamen de la Cámara de Senadores, que fungió como Cámara de Origen, se manifestó en torno a la iniciativa de reformas señalada, lo siguiente: (se transcribe). Volviendo al texto del artículo 107 constitucional, cabe precisar que el segundo párrafo de su fracción II se mantuvo sin modificación hasta que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de abril de mil novecientos ochenta y seis, se determinó que la suplencia de la deficiencia de la queja fuera regulada por el legislador ordinario en la ley reglamentaria de la materia, a efecto de facilitar y ampliar los beneficios de esa institución, de acuerdo con las necesidades impuestas por el cambio social. Acorde con esa reforma constitucional, mediante decreto legislativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y seis, se efectuaron reformas y adiciones al artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, cuya fracción I quedó en los términos en que actualmente se encuentra en vigor. Para constatarlo, se transcribe de nueva cuenta el texto de dicha fracción I, que establece: ‘Artículo 76 Bis.’ (se transcribe). Lo anterior confirma, como ya se dijo, que el establecimiento del principio de suplencia de la queja en materia de leyes declaradas inconstitucionales por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo como finalidad hacer prevalecer la Constitución como Ley Suprema. Otro aspecto relevante que presentó la reforma a la Ley de Amparo, efectuada mediante el referido decreto publicado oficialmente el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y seis, fue haber instituido en el texto del artículo 76 Bis, la suplencia de la deficiencia de los agravios, haciendo acorde esa institución con la estructura y contenido del juicio de amparo que, como sistema de control constitucional, no se agota con el análisis del acto reclamado. De este modo, si el tribunal revisor analiza la actuación del juzgador de amparo, a efecto de verificar si es o no conforme con la ley reglamentaria de la materia, resulta esencial que en los recursos procedentes en amparo, se siga el mismo sistema de suplencia de la queja, aplicable al juicio constitucional, para hacer efectiva a favor de los gobernados, la protección y tutela de sus derechos fundamentales. Bajo esa perspectiva, la suplencia en materia de leyes declaradas inconstitucionales opera no sólo tratándose de la deficiencia de los conceptos de violación en el amparo, sino también de la deficiencia de los agravios formulados en cualquiera de los recursos establecidos en la ley reglamentaria, a saber, el de revisión, queja y reclamación. Ahora bien, tratándose del amparo directo contra leyes, se ha considerado que no se trata propiamente del ejercicio de la acción constitucional contra una ley, como en el caso del amparo indirecto, sino de juicios enderezados contra la aplicación o ejecución de la ley, es decir, no se impugna directamente en esa vía a la ley sino el acto o resolución en que se aplica la ley controvertida; por ende, la suplencia en amparo directo, tratándose de actos fundados en leyes declaradas inconstitucionales, opera de manera absoluta, a diferencia de los amparos indirectos contra leyes en los que el juzgador debe decidir sobre su inconstitucionalidad, sin posibilidad de suplir las deficiencias u omisiones que en ocasiones pueden incluso llevar a determinar la improcedencia de la acción constitucional, salvo que exista alguna otra causa para suplir la deficiencia de la queja. Consecuentemente, debe entenderse que la suplencia de la queja prevista en la fracción I del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no se refiere únicamente a los conceptos de violación sino a las omisiones en que incurra el quejoso al no haber enderezado su demanda contra la ley inconstitucional, sino contra los actos fundados en dicha ley, situación que de no existir la suplencia determinaría la improcedencia de la acción de amparo. Así, ese tipo de suplencia implica que la jurisprudencia en la que se declara inconstitucional una ley o norma general pueda a su vez tener aplicación a casos diversos a los que motivaron su emisión, aun cuando no se haya invocado por el quejoso, ello en atención al mandato legal contenido en la fracción I del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, y a la observancia obligatoria determinada en el artículo 192 de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, sin que tal actuación signifique darle efectos generales a la determinación de inconstitucionalidad de la ley, dado que sólo producirá la inaplicación de dicha ley en los casos concretos en que se controvierta en la vía de amparo directo. Tampoco en los casos sometidos a la jurisdicción de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo correspondientes, obligados a acatar la jurisprudencia de este Máximo Tribunal de Justicia, se estaría dando efectos generales a la declaración de inconstitucionalidad de leyes determinada en jurisprudencia, porque sólo como efecto particular dejar insubsistente el acto de aplicación controvertido, con lo que se busca, fundamentalmente, darle efectividad a las declaraciones de inconstitucionalidad decretadas por esta Suprema Corte, mediante la anulación de los actos de aplicación de normas generales contrarias a la Constitución. En ese sentido y considerando que la suplencia en materia de amparo contra leyes declaradas inconstitucionales, se instituyó como un medio para hacer eficaz el control constitucional de la legislación en general, debe estimarse que los Jueces y tribunales judiciales, al advertir que el acto reclamado se funda en una norma declarada inconstitucional en jurisprudencia emitida por este Máximo Tribunal, están obligados a suplir la deficiencia de la queja y a observar la jurisprudencia respectiva, a fin de dejar insubsistente, en el caso jurídico sometido a su decisión, la aplicación de la ley inconstitucional. Sin embargo, el sistema legal y constitucional mexicano no ha evolucionado al grado de lograr ese propósito, ello en gran parte por la aplicación de los principios como el de relatividad de las sentencias y el de estricto derecho, bajo la misma concepción de su origen, es decir, sin hacerlos compatibles con la situación actual; como resultado de ello, la observancia de cuestiones técnicas dentro de las que deben entenderse comprendidas todas las que tienen que ver con la procedencia de la acción constitucional, así como la aplicación de la normatividad que rige en materia de amparo, bajo un esquema que fue eficaz en otra época, han constituido un obstáculo para hacer eficaz el control de la constitucionalidad de las leyes. En amparo directo, precisamente por su significación y trascendencia, son mayores aun las deficiencias del sistema de impugnación de los actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales en jurisprudencia, fundamentalmente porque está sujeto a un tratamiento especial que en ocasiones lleva a determinar la improcedencia y por la normatividad y principios que rigen en general esa acción constitucional uniinstancial, conforme a los cuales la protección contra leyes contrarias a la Constitución es limitada a los casos en que se acuda a reclamar su inconstitucionalidad. A fin de hacer patente esa problemática, se estima conveniente destacar que tratándose del amparo contra leyes procedente ante los Juzgados de Distrito, son los artículos 21, 22, 73, fracciones VI y XII, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, los que rigen para determinar el momento en que puede ejercitarse la acción constitucional, según la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa de la ley reclamada. Conforme a lo dispuesto en dichos preceptos, pueden impugnarse las normas generales que se estimen inconstitucionales desde el momento de su expedición, esto es, si son de naturaleza autoaplicativa podrán reclamarse a partir de su entrada en vigor, o bien con motivo del primer acto de aplicación que le cause perjuicio al gobernado si se trata de leyes heteroaplicativas, ya sea un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación de la norma reclamada, en perjuicio del particular. En el primer caso, basta con que el gobernado se encuentre ubicado en los supuestos de la norma reclamada tildada de inconstitucional, que afecta su esfera jurídica, para que surja su derecho a solicitar el amparo; en el segundo caso, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa; es decir, para la impugnación de las normas a través del amparo indirecto, debe quedar acreditado que se produjo una afectación en la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque se genere en forma inmediata con su sola entrada en vigor o porque se produzca tal afectación a partir de aplicarse la ley al particular. Ahora bien, tratándose del amparo directo que se promueve ante los Tribunales Colegiados, es importante considerar lo previsto en el artículo 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: ‘Artículo 166.’ (se transcribe). Consecuentemente, las reglas aplicables para el amparo biinstancial, en el caso de la impugnación de leyes, no tienen aplicación en el juicio de amparo directo, ya que el ordenamiento legal no es reclamado como un acto autónomo de las autoridades, sino que su inconstitucionalidad debe hacerse valer en los conceptos de violación planteados en la demanda, por encontrarse condicionada la inconformidad del promovente a la aplicación de la norma en la resolución reclamada, de modo que los efectos de la sentencia de amparo no incidirán directamente en la ley en sí, sino en la resolución en que ésta fue aplicada, y en esos términos, no puede considerarse que el reclamo de su inconstitucionalidad se encuentre constreñido al primer acto de aplicación al gobernado, como sucede en el juicio de amparo biinstancial, ni a las mismas reglas de procedencia de la acción. Lo anterior determina que la impugnación de una norma en un juicio de amparo uniinstancial, no excluye la posibilidad de que incluso el mismo quejoso al que se le haya otorgado la protección constitucional contra un primer acto de aplicación de la ley determinada inconstitucional, esté en posibilidad de acudir a impugnarla nuevamente en la vía de amparo directo, al aplicársele en un segundo o ulterior acto de ejecución de dicha ley, dado que la sentencia que se emite en los juicios de amparo uniinstancial, se reitera, produce efectos directos en relación únicamente con la resolución reclamada, mas no con la ley impugnada, atento a lo cual no procede desestimar los conceptos de violación hechos valer en un juicio de amparo directo respecto de una ley, aun cuando se trate del segundo o posterior acto de aplicación, por no tener el carácter de acto reclamado la ley en sí. En efecto, aun cuando dentro de la sistemática de la Ley de Amparo no se establece la posibilidad de combatir una ley con motivo de un segundo o ulterior acto de aplicación que perjudique a la parte quejosa, pues ello se traduce en que se estime consentido o en su caso en que existe cosa juzgada sobre el tema, de haberse analizado la ley en un primer juicio de garantías, en relación al mismo quejoso, debe precisarse que tal sistema rige el amparo contra leyes que se tramita ante los Jueces de Distrito, mas no así en relación con el juicio de amparo directo competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, según se ha precisado, en tanto que es de carácter restrictivo y el pronunciamiento correspondiente debe referirse a la resolución reclamada en la que se aplica la norma tildada de inconstitucional, sin realizarse pronunciamiento en los resolutivos de la sentencia dictada en amparo, respecto de la ley controvertida. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: ‘APLICACIÓN DE LEYES EN SENTENCIAS EMITIDAS EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO DIRECTO PROCEDE EN CONTRA DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO.’ (se transcribe). Bajo esa perspectiva, la importancia del amparo contra leyes es insoslayable, teniendo en cuenta por una parte, que sigue rigiendo bajo el mismo enfoque aplicable en su origen, el principio de relatividad conforme al cual los efectos particulares de las sentencias en los amparos contra leyes, son limitados, en tanto una norma general considerada o declarada inconstitucional en un caso concreto, sigue siendo aplicable a los demás destinatarios de la norma que no hayan acudido a reclamar su inconstitucionalidad en lo particular, a través del amparo y, por otra, que los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución pueden ser vulnerados no sólo por los actos de autoridad sino precisamente por la aplicación de leyes inconstitucionales, cuya subsistencia puede motivar el quebranto de los valores y principios del sistema constitucional; por ello, la protección contra su aplicación viene a ser fundamental para garantizar la supervivencia de esos valores y principios, así como la supremacía de la Constitución misma. Las razones expuestas, ponen de relieve que asumir la tarea de control constitucional de las leyes e inclusive la interpretación de las normas de la Carta Magna, requiere una actitud compatible con el fin esencial que se pretende a través del juicio de amparo y con el propósito fundamental que llevó al legislador a prever la suplencia de la queja cuando exista jurisprudencia que declare inconstitucional la ley impugnada. Con ese motivo y dada la importancia fundamental de lograr un eficaz control de la constitucionalidad de las leyes, es imprescindible en materia de amparo directo contra resoluciones en las que se aplique una norma general declarada inconstitucional en jurisprudencia de esta Suprema Corte, superar los factores y cuestiones técnicas o de índole procesal que sean incompatibles con los propósitos apuntados, lo que implica la obligación para los Jueces y tribunales de amparo de suplir en esos casos la deficiencia de la queja, en forma absoluta, para hacer efectiva la declaración de inconstitucionalidad de la ley determinada por este Máximo Tribunal. Ello es así porque la finalidad esencial de garantizar el principio de supremacía de la Constitución, es superior a cualquier interés particular y a la prevalencia de principios o instituciones que, vistas bajo un enfoque o concepción aplicable a la época en que fueron instit

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19499-109556a6/suplencia-de-la-queja-deficiente-prevista-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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