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Modo: Corpus Pro

TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 1o.-A, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL INCLUIR EN LA BASE PARA SU CÁLCULO LAS CONTRIBUCIONES QUE PRECISA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN LOS AÑOS 2002, 2003 Y 2004).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/2004-PL. · Registro digital (IUS): 19398
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, , Pág. 1001.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/2004-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIO: GUSTAVO RUIZ PADILLA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver la denuncia de contradicción de tesis, es necesario precisar los criterios que se denuncian como opositores.

Posición 1.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el artículo 1o. A, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, viola el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, al incorporar en la base del tributo elementos ajenos al valor de mercado del vehículo, consistente en el valor total del automóvil que se compone del precio de enajenación de éste más las contribuciones generadas con motivo de dicha enajenación.

Dicha postura interpretativa tomó como base los siguientes argumentos:

• El impuesto sobre tenencia o uso de vehículos es un impuesto real, ya que grava una determinada manifestación objetiva de la riqueza (tenencia o uso de un vehículo automotor), prescindiendo de la situación personal del contribuyente, por lo que es claro que el objeto del tributo consiste en el valor del vehículo automotor.

• El impuesto sobre tenencia o uso de vehículos incluye elementos ajenos a la manifestación objetiva de riqueza que constituye el hecho imponible del mismo, generando que el objeto del tributo no guarde relación con la base del mismo.

Una cosa es el valor real de un vehículo y otra distinta son las contribuciones que pueden llegar a generarse con motivo de diversas operaciones jurídicas relacionadas con él (como su enajenación o importación).

• Al incluir dentro de la base gravable del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos elementos ajenos al hecho imponible (impuesto al valor agregado y contribuciones que se causan con motivo de su enajenación e importación), el tributo deja de guardar una relación directa con la manifestación objetiva de riqueza que grava, lo cual lo convierte en desproporcionado y oneroso.

Las indicadas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 84/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, octubre de 2004, en la página 336, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:

"TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 1o. A, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL INCLUIR ELEMENTOS AJENOS A LA MANIFESTACIÓN OBJETIVA DE RIQUEZA QUE CONSTITUYE EL HECHO IMPONIBLE, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El referido artículo, al incluir en la expresión ‘valor total del vehículo’ las contribuciones que deben cubrirse por la enajenación o importación del vehículo, viola el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al incorporar a la base del tributo elementos ajenos al valor de mercado del vehículo, el impuesto deja de guardar una relación directa con la manifestación objetiva de la riqueza que grava, es decir, la tenencia de un vehículo automotor. Esto es, una cosa es el valor real de un vehículo y otra distinta son las contribuciones que pueden llegar a generarse con motivo de diversas operaciones jurídicas relacionadas con él, por lo que al incluir dentro de su base gravable elementos ajenos al hecho imponible resulta desproporcionado y oneroso."

Posición 2.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el hecho de que el artículo 1o. A, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos considere dentro de la base para su cálculo el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones, no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, en virtud de que estos elementos al formar parte del precio reflejado en la factura, son indicativos de la capacidad económica del contribuyente.

Dicha postura interpretativa tomó como base, en síntesis, los siguientes argumentos:

• De los artículos 1o. y 1o. A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y del artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, se desprende que los impuestos contenidos en dichas leyes, por disposición del legislador, forman parte del "precio de enajenación" de los vehículos, el que en todo caso será el que tendrá que pagar el adquirente de cualquier unidad automotriz.

• Un contribuyente que tiene capacidad económica para adquirir un vehículo, respecto del cual tiene conocimiento pleno de los diversos elementos que conforman su costo, tiene capacidad económica para contribuir al gasto público, pues la capacidad adquisitiva de esa persona va en función del precio que está pagando por la unidad.

• No puede afirmarse que el artículo 1o. A, fracción II, de la ley de la materia, viole el principio de proporcionalidad tributaria cuando parte del valor total del automóvil para determinar la base del tributo, ya que ello tiene como propósito que el impuesto se aplique tomando en cuenta las condiciones objetivas en que el sujeto pasivo del tributo adquiere los bienes materia de la imposición.

• El sujeto que tiene capacidad económica para adquirir un automóvil, tiene capacidad para contribuir al gasto público en esa medida.

La postura de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra reflejada en la jurisprudencia 14/2005, que a continuación se transcribe:

"TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 1o. A, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL INCLUIR EN LA BASE PARA SU CÁLCULO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LAS DEMÁS CONTRIBUCIONES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2004). Del precepto citado se advierte que la base del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se integra por el precio de enajenación del vehículo, incluyendo el equipo opcional común o de lujo, el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones que deban cubrirse por su enajenación o importación, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones. Ahora bien, si se toma en cuenta que el objeto del impuesto es gravar la tenencia o uso de vehículos, es indudable que el hecho de que el artículo 1o. A, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos considere dentro de la base para su cálculo el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones, no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que estos elementos, al formar parte del precio reflejado en la factura, son indicativos de la capacidad económica del contribuyente."

CUARTO. Este Alto Tribunal encuentra que sí existe la contradicción de criterios, en atención a lo siguiente:

La existencia de un conflicto de criterios requiere de la concurrencia de los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales; b) Que las diferencias de criterios se presenten en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) Que los distintos criterios provengan de los mismos elementos. Lo anterior, de conformidad con el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis jurisprudencial número P./J. 26/2001, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, cuyo rubro es:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."

De las posiciones interpretativas antes examinadas, resulta posible observar que en el caso se cumplen los supuestos para estimar que existe una contradicción entre los criterios sostenidos por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación observa que las Salas de este Alto Tribunal analizaron una cuestión jurídica esencialmente igual: si el artículo 1o. A, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, es o no contrario al principio de proporcionalidad tributaria.

Asimismo, este Alto Tribunal encuentra que ambas Salas arribaron a conclusiones diversas, según la síntesis expuesta en el considerando que antecede, partiendo, a esos efectos, de los mismos elementos, esencialmente del examen del contenido del artículo 1o. A, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en relación con la misma garantía constitucional.

QUINTO. El tema central del presente asunto radica en determinar si la fracción II del artículo 1o. A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, al considerar como parte del concepto de "valor total del vehículo" el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones que se causen con motivo de la enajenación e importación viola o no el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes:

"Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: ... IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

Este Alto Tribunal ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestación de riqueza gravada.

De conformidad con dicho principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad de cada sujeto pasivo, esto es, en función de su potencialidad real para contribuir a los gastos públicos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad contributiva de los causantes, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda y que debe encontrarse en proporción a los ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestación de riqueza gravada.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido también que para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de esa riqueza.

De acuerdo con lo anterior, la potestad tributaria implica para el Estado, a través de las autoridades legislativas competentes, la facultad de determinar el objeto de los tributos, involucrando cualquier actividad de los gobernados que sea reflejo de capacidad contributiva; de ahí que uno de los principios que legitima la imposición de las contribuciones sea, precisamente, el relativo a la identificación de la capacidad para contribuir a los gastos públicos por parte de los gobernados.

De lo anterior se desprende que la garantía de proporcionalidad tributaria se respeta en la medida en que se atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues debe pagar más quien tiene una mayor capacidad y menos el que la tiene en menor proporción.

Corroboran lo anterior, las diversas tesis sustentadas por el Pleno de este Alto Tribunal con números P./J. 109/99 y P. LXXIX/98, mismas que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos X y VIII, noviembre de 1999 y diciembre de 1998, páginas 22 y 241, respectivamente, de rubros:

"CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS."

"CONTRIBUCIONES. LA POTESTAD PARA DETERMINAR SU OBJETO NO SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE GENERALIDAD, SINO POR EL DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA."

En ese sentido, resulta también aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número P./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, mayo de 2003, página 144, de rubro:

"PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES."

Una vez determinados los alcances de la garantía de proporcionalidad tributaria, se estima necesario precisar algunos aspectos generales relativos al impuesto regulado por la norma impugnada.

Con ese propósito, debe resaltarse, en primer lugar, que el artículo 1o., párrafos primero y segundo, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, dispone:

"Artículo 1o. Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta ley, las personas físicas y las morales tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere la misma.

"Para los efectos de esta ley, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo."

Los párrafos transcritos del referido precepto legal permiten advertir que los sujetos pasivos del impuesto son las personas físicas y morales tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere la ley y que el objeto del tributo lo constituye la tenencia o uso de dichos vehículos.

Ahora bien, el artículo 1o. A del mismo ordenamiento, que constituye el precepto reclamado, establece lo siguiente:

"Artículo 1o. A. Para efectos de esta ley, se entiende por:

"...

"II. Valor total del vehículo, el precio de enajenación del fabricante, ensamblador, distribuidor o comerciante en el ramo de vehículos, al consumidor, incluyendo el equipo opcional común o de lujo, el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones que se deban cubrir por la enajenación o importación, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones.

"En el valor total del vehículo a que hace referencia el párrafo anterior, no se incluirán los intereses derivados de créditos otorgados para la adquisición del mismo."

Asimismo, el tercer párrafo del artículo 11 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, vigente en dos mil cuatro, señala lo siguiente:

"Artículo 11. No procederá la devolución ni compensación del impuesto establecido en esta ley, aun cuando el automóvil se devuelva al enajenante.

"...

"Los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados de automóviles, no harán la separación expresa del monto de este impuesto en el documento que ampare la enajenación."

De los artículos transcritos, se desprende que tanto el impuesto al valor agregado como el impuesto sobre la adquisición de automóviles nuevos, por disposición del legislador, forman parte del "valor total del vehículo", el que, en todo caso, será el que tendrá que pagar el adquirente de cualquier unidad automotriz.

Así, si el valor total del vehículo constituye indefectiblemente el valor comercial o de mercado de un vehículo, en la medida en que las cantidades que se erogan por concepto de equipo opcional, impuesto al valor agregado y demás contribuciones pagadas al adquirir un vehículo automotriz, se incorporan a su precio incrementando su valor, no se contraviene la garantía de proporcionalidad tributaria puesto que dicha manifestación de riqueza refleja la auténtica capacidad contributiva del gobernado.

Ahora bien, el hecho generador lo constituye la tenencia o uso del automóvil que recae sobre un objeto determinado y cuya base para el tributo, lo es el valor neto de la unidad que se contiene en la factura o carta factura que se integra con el precio de enajenación, accesorios, más los impuestos correspondientes, se tiene, en esa medida, que un contribuyente que tiene capacidad económica para adquirir un vehículo, respecto del cual tiene conocimiento pleno de los diversos elementos que conforman su costo, como son accesorios, impuestos, etcétera, tiene capacidad económica para contribuir al gasto público en esos términos porque la capacidad adquisitiva de esa persona va en función del precio que está pagando por la unidad.

Por tanto, no puede afirmarse que el artículo 1o. A de la ley en cita violente el principio de proporcionalidad tributaria cuando parte del valor total del automóvil para determinar la base del tributo, ya que ello tiene como propósito que el impuesto se aplique tomando en cuenta las condiciones objetivas en que el sujeto pasivo del tributo adquiere los bienes materia de la imposición, y el sujeto que tiene capacidad económica para adquirir un automóvil tiene capacidad para contribuir al gasto público en esa medida.

Las situaciones de hecho a las que se ligan los impuestos en particular, deben ser valoradas de modo que pueda llevarse a cabo la determinación de la base imponible. Los criterios de valoración no sólo son necesariamente diversos para las distintas especies de objetos impositivos, sino que pueden también ser diversos para los de la misma especie, de tal suerte que la indicación legal del criterio de valoración sirve para integrar la definición del objeto y, consiguientemente, la estructura del impuesto.

En esa tesitura, la legislación tributaria ofrece una amplia variedad de presupuestos, a cada uno de los cuales corresponde de ordinario un determinado impuesto, sin que ello excluya la posibilidad de que el mismo presupuesto, definido ya para un determinado impuesto, constituya también en todo o en parte el fundamento de un impuesto diverso.

Es menester resaltar que incumbe exclusivamente al legislador determinar el presupuesto material de los impuestos en particular, en todos sus elementos positivos, e incluso, a veces, en sus elementos negativos. Así, el hecho imponible concreta una capacidad económica general y abstracta que la base imponible individualiza y cuantifica para los contribuyentes en particular, de modo que la base tiene como propósito recoger con la máxima fidelidad la capacidad económica que es la manifestación de riqueza sujeta a una valoración política del legislador.

Como consecuencia de ello, la obligación tributaria que nace de la realización de los hechos imponibles guarda con éstos una relación o una proporción que estará dada por la alícuota del impuesto. En la generalidad de los casos el impuesto es proporcional a la manifestación de riqueza evidenciada por el hecho imponible. Esta adecuación del monto del impuesto a la magnitud de los hechos económicos que constituyen los supuestos legales de las obligaciones, implica necesariamente una medición de los hechos imponibles, es decir, la obligación de una unidad de medida que permita transformar esos hechos en cantidades, a las que se aplicarán las alícuotas correspondientes.

En los impuestos en general, estas unidades de medida o base de medición de los hechos imponibles se aplican directamente sobre el objeto material, esto es, sobre el aspecto objetivo de los hechos imponibles.

La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de contribuciones, sea en su calidad de sujeto pasivo de ellas o destinatario de las mismas, por traslación que deba hacérsele por disposición legal o por las características propias del tributo de que se trate.

En ese orden de ideas, no puede admitirse que exista obligación de contribuir si no existe capacidad contributiva, ya que debe pagar más quien tiene una capacidad contributiva mayor y menos el que la tiene en menor proporción.

De lo anterior se sigue que para comprender cabalmente las notas distintivas de un tributo específico, debe desentrañarse en el sistema legal que lo rige, en dónde radica la capacidad contributiva en la que descansa la obligación de tributar. En este aspecto, conviene destacar que el legislador puede partir de diversos criterios.

En el tributo que nos ocupa, el aspecto materia de la hipótesis de incidencia se limita a describir un hecho, acontecimiento o cosa, independientemente de elementos personales, o sea, es indiferente al sujeto pasivo y a sus cualidades, pues únicamente incide sobre la tenencia o uso de vehículos.

En este impuesto, por tanto, la garantía de proporcionalidad tributaria queda salvaguardada desde el momento en que el legislador atiende al valor total del vehículo, el cual, como ya se dijo, comprende todas las cantidades erogadas para su adquisición, independientemente que éstas se refieran a equipo opcional o a otras contribuciones, pues además de que las mismas se incorporan al precio del vehículo incrementando su valor, no debe perderse de vista que el concepto "valor total" atiende a una realidad económica reflejada en la cuantificación monetaria de la cantidad erogada en su adquisición.

Cabe señalar que al considerarse dentro de los conceptos que sirven para determinar la base para el cálculo del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, las contribuciones pagadas en la adquisición de un vehículo, en modo alguno se introducen elementos ajenos al objeto del tributo, pues éste, como ya se señaló, lo constituye la tenencia o uso de vehículos, hecho generador que únicamente es considerado como manifestación de riqueza susceptible de ser gravada por el legislador, además, la referida ajenidad sólo podría darse si para el cálculo del impuesto se tomara en consideración alguna circunstancia diversa a dicha tenencia o uso.

Con base en las consideraciones expuestas, debe decirse que si el hecho generador del impuesto lo constituye la tenencia o uso del automóvil que recae sobre un objeto determinado y cuya base para el tributo lo es el valor neto de la unidad que se contiene en la factura o carta factura, que se integra con el precio de enajenación, accesorios, más los impuestos correspondientes, se tiene en esa medida que un contribuyente que tiene capacidad económica para adquirir un vehículo, respecto del cual tiene conocimiento pleno de los diversos elementos que conforman su costo, como son accesorios, impuestos, etcétera, tiene capacidad económica para contribuir al gasto público en esos términos, porque la capacidad adquisitiva de esta persona va en función del precio que está pagando por la unidad.

De esa guisa, al establecer el artículo combatido que el impuesto se calculará tomando en cuenta el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones que se deban cubrir por la enajenación o importación, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones, además del precio de enajenación del fabricante, ensamblador o distribuidor al consumidor, incluyendo el equipo opcional común o de lujo, no se viola el principio de proporcionalidad tributaria porque lo que el legislador quiso gravar fue la tenencia o uso de un vehículo sobre una base real de la operación consignada en la factura, es decir, el precio que realmente el consumidor tuvo que pagar para adquirir el automóvil.

Deriva de lo narrado que no puede considerarse que el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos grave el cumplimiento de otras obligaciones tributarias u otras actividades distintas a las contempladas en el artículo 1o. de la ley combatida, pues si el legislador señaló que la base del gravamen deberá tomar en cuenta el valor total del vehículo, entendiéndose por este último el precio de enajenación del fabricante, ensamblador, distribuidor o comerciantes en el ramo de vehículos, al consumidor, incluyendo el equipo opcional común o de lujo, el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones que se deban cubrir por la enajenación o importación, sin disminuir el monto de descuentos o bonificaciones.

De ese modo, no se viola la fracción IV del artículo 31 constitucional, porque en el artículo 1o.-A se haya establecido que la tasa de este tributo se aplique también sobre las cantidades que hubiese pagado el contribuyente por otros impuestos. Lo que sucede es que estos últimos solamente constituyen uno de los múltiples factores que determinan el precio total de un vehículo, razón por la cual se hace necesaria su inclusión en la base del impuesto controvertido, que al gravar la tenencia o uso de vehículos tiene que hacerlo de manera tal que la tasa se aplique sobre un valor que refleje las condiciones reales en que se adquieren tales bienes; tanto es así, que el artículo 1o.-A combatido, estatuye que el precio total del vehículo incluye el equipo opcional común o de lujo, el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones que se deban cubrir por la enajenación o importación de aquél, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones, gastos todos ellos que no constituyen el objeto del impuesto y sí, en cambio, los diversos elementos que integran su base.

Así, si el precio de enajenación constituye indefectiblemente el valor comercial o de mercado de un vehículo, no se contraviene la garantía de proporcionalidad tributaria, al considerarse, para el cálculo del tributo, el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones que se cubran por la enajenación o importación de automotores, pues la capacidad económica para adquirir un vehículo refleja capacidad contributiva.

Al caso tiene aplicación por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia plenaria cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes:

"VALOR AGREGADO, EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL. NO VIOLA EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN.-Del análisis relacionado de los artículos 1o., 18, 23 y 27 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado se advierte que esta contribución tiene como hechos imponibles la enajenación de bienes, la prestación de servicios, la concesión del uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes y servicios; es decir, estos son los actos que dan origen a la obligación jurídico-tributaria y constituyen el objeto del impuesto. Esos actos o actividades son, por tanto, los que actualizan las distintas hipótesis normativas previstas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado; sin la realización de ellos no puede concebirse la debida aplicación de este ordenamiento, toda vez que son, por definición de la propia ley, las actividades que originan la obligación a cargo del contribuyente a pagar el referido gravamen. Consecuentemente, no puede considerarse que el impuesto al valor agregado grave el cumplimiento de otras obligaciones tributarias u otras actividades distintas a las contempladas en el artículo 1o. citado, pues si el legislador señaló que en la base del gravamen también se incluiría la cantidad pagada por otros impuestos, fue con el propósito de que la tasa prevista en la ley se aplique tomando en cuenta las condiciones objetivas en que el sujeto pasivo de tributo enajena los bienes o presta los servicios, materia de la imposición en favor de las personas a quienes se les traslada o repercute el impuesto. En efecto, no se desvirtúa la naturaleza del impuesto al valor agregado y menos aún se viola la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, porque el artículo 18 cuestionado haya establecido la posibilidad legal de que la tasa de este tributo se aplique también sobre las cantidades que hubiese pagado el causante por otros impuestos. Lo que sucede es que estos últimos solamente constituyen uno de los múltiples factores que determinan el precio total de una mercancía o la contraprestación que debe otorgarse por recibir un servicio razón por la cual se hace necesaria su inclusión en la base del impuesto discutido, que al gravar el consumo de los bienes y servicios tiene que hacerlo de manera tal que la tasa se aplique sobre un valor que refleje las condiciones reales en que se adquieren los productos o se contratan los servicios; tanto es así, que el artículo 18 reclamado y sus correlativos (12, 23 y 27 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado), estatuyen que la tasa se aplicará, inclusive, sobre aspectos tales como las cantidades que se hubiesen pagado por viáticos, intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto, gastos todos ellos que no constituyen el objeto del impuesto y sí, en cambio, los diversos elementos que integran su base." (Séptima Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228, Primera Parte, página 91).

Por todo lo expuesto, este Tribunal Pleno considera que debe prevalecer la tesis redactada en los siguientes términos:

-Del precepto citado se advierte que la base del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se integra por el precio de su enajenación, incluyendo el equipo opcional común o de lujo, el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones que deban cubrirse por su enajenación o importación, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones. Ahora bien, si se toma en cuenta que el objeto del impuesto es gravar la tenencia o uso de vehículos, es indudable que el hecho de que el artículo 1o.-A, fracción II, de la ley de referencia considere dentro de la base para su cálculo el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones, no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que estos elementos, al formar parte del precio reflejado en la factura, son indicativos de la capacidad econ

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19398-6e27bb86/tenencia-o-uso-de-vehiculos-el-articulo-1o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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