SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2006-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LAS ANTERIORES PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.
MINISTRO ENCARGADO DEL ENGROSE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIOS: ENRIQUE LUIS BARRAZA URIBE Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197 de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción VI, del Acuerdo General Número 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, de fecha veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que deriva de criterios aparentemente contradictorios sustentados por las anteriores Primera y Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo.
De acuerdo con dicho numeral, cuando se sustenten criterios contradictorios entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia, en asuntos que son de su competencia, la denuncia correspondiente ante este Alto Tribunal solamente puede plantearse por:
a) Cualquiera de las Salas.
b) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
c) El procurador general de la República.
d) Las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.
En la especie, la presente denuncia de posible contradicción de tesis fue formulada, inicialmente, por el subdirector de Control Migratorio del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, quien fue señalado como autoridad responsable en el juicio de amparo indirecto 774/2005-VI-A, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, de donde deriva el incidente de suspensión relativo, en el que se aplicó una de las tesis contendientes.
Si bien dicha autoridad no está legitimada para formular la denuncia, toda vez que la tesis de rubro: "DEPORTACIÓN, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE.", que aquí participa, no fue sustentada en el juicio respectivo, sino que, como se dijo, tan sólo fue aplicada, circunstancia ésta que no encaja en la norma legal prevista en el artículo 197 citado; no obstante, como dicha denuncia de contradicción fue hecha suya por el Ministro presidente de este Alto Tribunal en el proveído inicial de tramitación respectivo, es evidente que de acuerdo con ese precepto legal se encuentra legitimado para plantear la denuncia de que se trata, por lo que es procedente su análisis.
TERCERO. Antes de abordar el estudio sobre la existencia o inexistencia de la contradicción denunciada, es necesario señalar que a pesar de que en el acuerdo de presidencia de este Alto Tribunal, de fecha diecinueve de enero de dos mil seis, se admitió y registró la denuncia de contradicción de tesis respecto al criterio emitido por la anterior Primera Sala de este Alto Tribunal al fallar el incidente de suspensión en revisión 2069/50 y los emitidos por la entonces Segunda Sala de este órgano jurisdiccional al resolver las revisiones en los incidentes de suspensión 3643/38 y 9573/49; sin embargo, este Tribunal Pleno hace notar que la revisión del incidente de suspensión 3643/38 no fue fallada por la anterior Segunda Sala como ahí se indicó (y como también incorrectamente aparece en la red jurídica con el registro 330976), sino por la anterior Primera Sala.
En efecto, de la certificación del diecinueve de enero de dos mil seis del subsecretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que obra a foja cuarenta de este expediente, se acredita que fue la anterior Primera Sala la que al fallar la revisión del incidente de suspensión 3643/38, promovida por Moisés Smith a favor de Jacobo Rubín, en sesión de diez de diciembre de mil novecientos treinta y ocho, emitió la tesis de rubro: "EXTRANJEROS, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE EXPULSIÓN DE.", en la que esencialmente resolvió improcedente la medida cautelar de que se trata, criterio que por cierto quedó sin efectos y se encuentra formalmente superado por el criterio establecido también por la anterior Primera Sala al resolver con posterioridad la revisión del incidente de suspensión 2069/50, el treinta de septiembre de mil novecientos cincuenta, en donde estableció la diversa tesis bajo rubro: "DEPORTACIÓN, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE.", en la que básicamente estableció el criterio contrario.
Derivado de lo anterior, se debe desechar por improcedente la denuncia respecto de aquella tesis, pues debe interpretarse que con esta nueva tesis existió un cambio de criterio de dicha Sala.
Lo anterior tiene sustento en la siguiente tesis aislada, aplicable por analogía:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA CUANDO LAS SUSTENTÓ EL MISMO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. Cuando se denuncia la contradicción de tesis pero las mismas fueron sustentadas por un mismo Tribunal Colegiado, aun cuando haya cambiado de nomenclatura por la creación de otro tribunal en el mismo circuito y/o haya variado su integración, debe considerarse improcedente la denuncia, pues se está en el caso de un cambio de criterio, lo que es conforme a derecho, toda vez que aun la Suprema Corte puede proceder de este modo, llegando incluso a poder interrumpir una jurisprudencia.
"Contradicción de tesis 3/88. Entre las sustentadas por el entonces único Tribunal del Décimo Primer Circuito y el actual Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito al resolver los amparos directos números 890/85 y 995/87. 18 de septiembre de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Julio César Vázquez Mellado G.
"Nota: En el Informe de 1989, esta tesis aparece bajo el rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO PROCEDE CUANDO LAS SUSTENTÓ EL MISMO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.’."
(Octava Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, tesis CLII/89, página 218).
Es por ello que la presente contradicción de tesis se establece entre los criterios emitidos por la anterior Primera Sala al resolver la revisión del incidente de suspensión 2069/50, el treinta de septiembre de mil novecientos cincuenta, y por el de la anterior Segunda Sala en la revisión del incidente de suspensión 9573/49, resuelta el ocho de febrero de mil novecientos cincuenta y uno.
CUARTO. De las constancias que obran en el expediente se advierte lo siguiente:
I. La anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión de treinta de septiembre de mil novecientos cincuenta la revisión del incidente de suspensión 2069/50, relativo al juicio de amparo promovido por Humberto Pome Portales en contra de actos del secretario de Gobernación, del jefe de la Oficina de Población en la ciudad de Tampico y de agentes de la mencionada secretaría, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, estableció lo siguiente:
"I. El quejoso pide la suspensión definitiva de los actos reclamados que hace consistir en la detención que está sufriendo, por órdenes de la Secretaría de Gobernación y en la orden para que se le expulse de la República y se le saque de la ciudad de Tampico. II. El secretario de Gobernación manifiesta en su informe previo que es cierto que ordenó la expulsión del quejoso con apoyo en los artículos 79, 107 y demás relativos de la Ley de Población, porque carece de la documentación migratoria necesaria y reside ilegalmente en la República. El jefe del Servicio de la Oficina de Migración y Población en Tampico, Tamaulipas, informa que efectivamente le ha ordenado el Departamento de la Secretaría de Gobernación que sea expulsado o deportado inmediatamente del país, el extranjero de nacionalidad peruana Humberto Dimás Pomé Portales, por no haber llenado los requisitos que exige la Ley General de Población para obtener la documentación migratoria que acredite su estancia legal en el país, dicho extranjero es originalmente tripulante de un barco de matrícula extranjera y ha tratado de permanecer ilegalmente en la República eludiendo los reglamentos de migración y población cuya observancia es de orden público. III. El Juez de Distrito concedió al quejoso la suspensión definitiva de los actos reclamados de la Secretaría de Gobernación, del jefe de la Oficina de Población y de agentes de la Secretaría de Gobernación, residentes en la Ciudad de Tampico, para el efecto de que el quejoso quede a su disposición en el lugar en que se encuentra, sin perjuicio de que sea puesto en libertad o consignado a la autoridad judicial competente, según procediere. IV. Inconforme con la interlocutoria antes citada, el secretario de Gobernación, que es una de las autoridades responsables, interpuso el recurso de revisión a estudio, el que le fue admitido por auto del C. Presidente de esta Suprema Corte de Justicia, de once de marzo del año en curso, y corrido traslado al Ministerio Público Federal para que formule pedimento, lo hizo en el sentido de que se declaren procedentes los agravios alegados por la expresada autoridad responsable y se revoque, en consecuencia, la suspensión definitiva concedida al quejoso. Considerando: I. La autoridad responsable manifiesta en su escrito de revisión que el considerando segundo de la interlocutoria le causa los siguientes agravios: 1o. En el considerando segundo de la expresada interlocutoria se dice, la suspensión definitiva procede y debe concederse en los términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, por lo que causa agravio al recurrente por cuanto que haciendo una interpretación inexacta del artículo 136 antes citado, otorga la suspensión infringiendo lo dispuesto en la fracción II del artículo 124 de la misma ley, ya que en el informe previo rendido por la recurrente se expresó con toda claridad que la orden de expulsión está fundada en disposiciones de orden público, como lo son los artículos 28, fracciones II y IV, 79, 93 y 107 de la Ley Federal de Población (sic). La interlocutoria interpreta incorrectamente el artículo 136 citado, puesto que este precepto no dispone que se otorgue la suspensión en los casos a que se refiere, sino que establece los efectos de la suspensión, que deberá sujetarse a las disposiciones relativas del capítulo III del título segundo de la Ley de Amparo y concretamente a lo preceptuado por el artículo 124 de la misma ley, de acuerdo con el párrafo 2o. del primer artículo citado que previene que la suspensión se concederá, ‘si procediere’. Ahora bien, el artículo 79 de la Ley de Población (sic) prescribe que los extranjeros que encontrándose de tránsito desembarquen con autorización del servicio de migración en algún puerto nacional o permanezcan en tierra sin autorización legal por causas ajenas a su voluntad después de la salida del buque o aeroplano en que hacen la travesía, deberán presentarse inmediatamente a la oficina de migración correspondiente. En este caso la oficina de migración tomará las seguridades y medidas conducentes tendientes a la inmediata salida del país de dichos extranjeros. En el párrafo 2o. del artículo 93 de la misma ley se previene que la deportación de los extranjeros autorizada en este caso y en los señalados en los demás preceptos de esta ley, así como las medidas de aseguramiento, tales como separo de los extranjeros de que se trata en estaciones migratorias o en locales similares, que dicte la Secretaría de Gobernación para hacer posible su deportación o expulsión, se considerarán como de orden público para todos los efectos legales. En consecuencia, en acatamiento a las disposiciones que antes se citan, y a la contenida en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, debe negarse la suspensión definitiva solicitada. 2o. El artículo 194 de la Ley de Amparo establece que la jurisprudencia de la Suprema Corte obliga a los Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito, Tribunales de los Estados, Distrito y Territorios Federales y Juntas de Conciliación y Arbitraje. Esto sentado, la Suprema Corte ha establecido en diversas ejecutorias que forman jurisprudencia, que no procede la suspensión definitiva en los casos de aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley General de Población, en virtud de que se trata de ordenamientos legales de orden público (Apéndice al Tomo XCVII, tesis 695, página 1239, del Semanario Judicial de la Federación). II. Los agravios alegados por la autoridad responsable son infundados, puesto que procede la suspensión definitiva en el caso, de acuerdo con lo prevenido en el inciso final (sic) del párrafo 3o. del artículo 124 que dispone que el Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio; ahora bien, en el caso a estudio, fue solicitado el amparo contra la detención y la orden de expulsión del quejoso, de la República, por lo tanto, si no se concediera la suspensión de dichos actos, el quejoso sería expulsado y con su expulsión quedará sin materia el amparo; por consiguiente, es manifiesto que en el caso se reúnen los requisitos de las tres fracciones del artículo 124 antes citado, y que por ende procede la suspensión y fue debidamente aplicado por el Juez de Distrito lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo, en el que funda el considerando segundo de la interlocutoria que se revisa." (fojas 41 a 43 del toca).
De la resolución anterior derivó la siguiente tesis aislada:
"DEPORTACIÓN, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE. Si fue solicitado el amparo contra la detención del quejoso y la orden de expulsión del mismo, de la República, si no se concediere la suspensión de dichos actos, el quejoso sería expulsado y con su expulsión quedaría sin materia el amparo; por consiguiente, es manifiesto que se reúnen los requisitos de las tres fracciones del artículo 124 de la Ley de Amparo, y que por ende procede la suspensión, siendo aplicable lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo." (Quinta Época, Primera Sala, Tomo CV, del Semanario Judicial de la Federación, página 2735).
II. La anterior Segunda Sala de este Máximo Tribunal, al dictar resolución en el incidente de suspensión en revisión 9573/49, relativo al juicio de amparo promovido por Henri Georges Eugene Boustiere Pujos, en contra de actos del secretario de Gobernación, jefe del Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales, jefe de agentes de la Secretaría de Gobernación y jefe de inspectores de esta misma, en sesión de ocho de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, determinó lo siguiente:
"PRIMERO. El único agravio que se propone en esta revisión, se hace consistir esencialmente en que la concesión de la suspensión descansa en que no se contravienen disposiciones de orden público, lo cual es contrario a las constancias de autos, ya que tanto en la demanda como en el informe previo, se acredita que se trata de la aplicación de la Ley General de Población que es de orden público, según lo ha establecido la Suprema Corte en diversas ejecutorias, ya que la actitud de la recurrente se inspira en disposiciones de orden público, que deben prevalecer sobre el interés particular. Por otra parte, la misma Suprema Corte, en constantes ejecutorias, interpretando la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, ha establecido la improcedencia de la suspensión cuando se trata de la aplicación de leyes de orden público, como son las que se refieren a emigración e inmigración (hoy de población). Consecuentemente, por violación de los preceptos indicados y de los artículos 14 y 16 constitucionales, procede revocar la concesión del beneficio. SEGUNDO. El agravio mencionado es operante, tomando en cuenta que es cierto que este Alto Tribunal en diversas ejecutorias ha determinado de manera inequívoca, que cuando se trata de la aplicación de la Ley General de Población que actualmente se halla en vigor o de las anteriores referentes a emigración e inmigración, es improcedente conceder la suspensión, ya que dichas disposiciones, que son de orden público, tienen además un notorio interés general, el cual tiene que prevalecer sobre los intereses particulares de las personas afectadas sin que pueda decirse que queda sin materia el fondo del asunto, ya que, de obtenerse sentencia favorable, se volverían las cosas al estado en que se encontraban antes de la iniciación del juicio, normalizándose la estancia del agraviado en el país, permitiéndosele la entrada al mismo, en la condición migratoria adecuada." (fojas 34 y vuelta).
De lo anterior surgió la siguiente tesis aislada:
"POBLACIÓN, SUSPENSIÓN EN CASO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE. Debe negarse la suspensión cuando se trata de la aplicación de la Ley General de Población en vigor, o de las anteriores, referentes a inmigración, pues sus disposiciones son de orden público." (Quinta Época, Segunda Sala, Tomo CVII, del Semanario Judicial de la Federación, página 989).
QUINTO. Procede ahora examinar si existe la contradicción de tesis denunciada.
Antes, conviene mencionar que para que acontezca la contradicción entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197 de la Ley de Amparo, es necesario, en principio, que una tesis afirme lo que otra niegue o viceversa, y que además de ello, al sustentarse cada una se haya examinado el mismo tema y en el mismo plano, esto es, que la cuestión analizada haya partido de iguales supuestos, requisitos sin los cuales la contradicción resulta inexistente.
Dicho de otro modo, se actualiza la contradicción de tesis cuando concurren las siguientes condiciones:
a) Los criterios deben ser, en términos lógicos, efectivamente contradictorios, es decir, que sea posible comprobar que lo que uno de ellos afirme acerca de un mismo problema el otro lo niegue;
b) Las cuestiones jurídicas planteadas deben ser esencialmente iguales, esto es, debe provenir del examen de los mismos elementos, habiéndose adoptado criterios discrepantes; y,
c) La diferencia de criterios debe presentarse en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
Así que el estudio de la contradicción que aquí se plantea se hará tomando en consideración los requisitos establecidos en las tesis jurisprudenciales de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismas que a continuación se transcriben:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página 76).
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA. La existencia de una contradicción de tesis entre las sustentadas en sentencias de juicios de amparo directo, no se deriva del solo dato de que en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en diferentes planos y, en consecuencia, carecer de un punto común respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, oposición que se requiere conforme a las reglas de la lógica para que se genere la referida contradicción." (Octava Época, Tercera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 72, diciembre de 1993, página 45).
Expuesto lo anterior, este Tribunal Pleno estima que sí existe contradicción de criterios entre las anteriores Primera y Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En efecto, la anterior Primera Sala estableció que es procedente conceder la suspensión definitiva, de acuerdo con los artículos 124 y 136 de la Ley de Amparo, aplicable en la emisión de las interlocutorias, contra la orden de deportación de un extranjero, ya que de no concederse esa medida se quedaría sin materia el amparo; mientras que la anterior Segunda Sala sustentó que es improcedente conceder esa clase de suspensión, con fundamento en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, porque las normas referentes a la emigración e inmigración son disposiciones de orden público que tienen prevalencia sobre los intereses particulares, cuya tesis ha sido reiterada por esta Suprema Corte, sin que pueda decirse que queda sin materia el fondo del asunto, ya que de obtenerse sentencia favorable volverían las cosas al estado en que se encontraban antes de la iniciación del juicio, normalizándose la estancia del agraviado en el país, permitiéndosele la entrada al mismo en la condición migratoria adecuada.
Lo anterior, evidencia que las Salas examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, bajo una misma óptica, pero adoptando criterios discrepantes, ya que para determinar su criterio tanto la Primera Sala como la Segunda, en las interlocutorias en que derivaron las tesis de referencia, respectivamente, emitidas en recursos de revisión, analizaron el mismo tema relativo a la suspensión definitiva en juicios de amparo indirecto promovidos en contra de la orden de deportación de quejosos con calidad de extranjeros, en ambos casos, por parte de autoridades meramente administrativas, acto que examinaron a la luz de la Ley General de Población, vigente en esa época y, desde luego, de la Ley de Amparo, llegando a conclusiones diferentes, como ya se precisó, pues para la Primera Sala esa medida cautelar definitiva es procedente concederla, mientras que la Segunda determinó lo contrario, debido a que de conceder esa medida se contravendrían disposiciones de orden público, en perjuicio del interés social.
No representa ningún obstáculo para declarar la existencia de la contradicción el hecho de que las normas de la Ley General de Población y de la misma Ley de Amparo que aplicaron en aquella época las Salas de este Alto Tribunal hubieren sufrido reformas pues, como se verá en los siguientes considerandos, éstas no fueron sustanciales.
En apoyo de lo anterior se reproduce la siguiente jurisprudencia, aplicable por analogía al caso:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE AUN CUANDO LA NORMA INTERPRETADA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO HAYA SUFRIDO UNA REFORMA, SI ÉSTA NO MODIFICÓ SU ESENCIA. No es dable concluir que es inexistente una contradicción de tesis, cuando la norma legal que interpretaron los tribunales y que los llevó a conclusiones discrepantes, sufre una reforma que sólo modificó en parte la terminología empleada, pero no la esencia del precepto, en tanto que se entiende que si el contenido sustancial se mantiene, subsiste la divergencia de criterios que requiere ser superada a través del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P. VIII/2001, página 322).
SEXTO. A pesar de la existencia de la contradicción, ésta resulta improcedente, al menos en la forma expresa en como resolvieron las Salas los asuntos.
El tema de la contradicción expresa de tesis, es decir, bajo los argumentos meramente explícitos que sustentaron ambas Salas, se reflejaría bajo este cuestionamiento: ¿Es procedente o no conceder la suspensión definitiva contra la orden administrativa de deportación de un extranjero?
En efecto, como ya se indicó, la Primera Sala sostuvo que esa medida cautelar definitiva es procedente concederla, ya que de no proceder así quedaría sin materia el amparo; mientras que la Segunda determinó lo contrario, pues estimó que de conceder la suspensión definitiva se contravendrían disposiciones de orden público, en perjuicio del interés social.
Ya se estableció también que las tesis en pugna surgieron a raíz de que las Salas de este Alto Tribunal resolvieron sendos amparos en revisión interpuestos contra interlocutorias dictadas por Jueces de Distrito al solucionar, de manera definitiva, incidentes de suspensión, derivados de juicios de amparo promovidos contra la orden de deportación de quejosos extranjeros.
Así las cosas, es evidente que el punto de contradicción expreso que deriva de las consideraciones y tesis expuestas por las Salas resulta del todo improcedente, porque sus criterios dependen de un procedimiento original no idóneo.
En efecto, cabe destacar que la interlocutoria emitida por la Primera Sala data del año de mil novecientos cincuenta, mientras que la de la Segunda Sala proviene del año mil novecientos cincuenta y uno.
Ahora bien, del análisis detenido sobre todo de las ejecutorias (y del texto de una de las tesis contendientes), se advierte que las Salas de este Alto Tribunal resolvieron sobre interlocutorias referidas a la suspensión definitiva, contra el acto de deportación, bajo los supuestos a que se referían los artículos 124 y 136 de aquella legislación que se encontraba vigente en la época en que emitieron sus resoluciones, fundamentos que por cierto no han variado sustancialmente hoy en día, como se aprecia de las siguientes transcripciones:
Anterior:
"Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:
"I. Que la solicite el agraviado;
"II. Que no se siga perjuicio al interés general ni se contravengan disposiciones de orden público;
"III. Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.
"El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio."
"Artículo 136. Si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el auto emane de un procedimiento del orden penal por lo que hace a la continuación de éste.
"Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas o por la policía judicial, como responsable de algún delito, la suspensión se concederá, si procediere sin perjuicio de que se haga la consignación que corresponda. Si se concediere la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable si no se le concediere el amparo.
"Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso por orden de autoridades administrativas, podrá ser puesto en libertad provisional, mediante las medidas de aseguramiento y para los efectos que expresa el párrafo anterior.
"En los casos de detención por mandamiento de autoridades judiciales del orden penal, o de auto de prisión preventiva, el quejoso podrá ser puesto en libertad bajo caución conforme a las leyes federales o locales aplicables al caso.
"La libertad bajo caución podrá ser revocada cuando aparezcan datos bastantes que hagan presumir, fundadamente, que el quejoso trata de burlar la acción de la justicia."
Actual:
(Reformado, primer párrafo, D.O.F. 19 de febrero de 1951)
"Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:
(Reformada, D.O.F. 19 de febrero de 1951)
"I. Que la solicite el agraviado.
(Reformada, D.O.F. 19 de febrero de 1951)
"II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
(Reformado, D.O.F. 30 de noviembre de 1982)
"Se considerará, entre otros casos, que si se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares.
(Reformada, D.O.F. 19 de febrero de 1951)
"III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.
(Reformado, D.O.F. 19 de febrero de 1951) (F. de E., D.O.F. 14 de marzo de 1951)
"El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20779-a42987cf/suspension-de-oficio-procede-decretarla-de-plano-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PA (CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2006-PL)
- TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 1o.-A, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL INCLUIR EN LA BASE PARA SU CÁLCULO LAS CONTRIBUCIONES QUE PRECISA, NO TRANSGREDE EL (CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/2004-PL)
- PATRIA POTESTAD. EL SUPUESTO NORMATIVO QUE IMPONE SU PÉRDIDA POR ABANDONO INJUSTIFICADO DEL HOGAR CONYUGAL POR MÁS DE 6 MESES, ES UNA SANCIÓN CIVIL QUE TRANSGREDE EL ARTÍCULO 22 DE (CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2006-PL)
- CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDA (CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2007-PL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- COMPETENCIA ENTRE DOS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. (s/clave)
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. RESULTA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DENUNCIA IDÉNTICA A OTRA RESPECTO DE LA CUAL LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DECLARÓ INEXISTENTE EL PUNTO DE (1a. LXXXVIII/2002 )
- JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. (s/clave)
- SENTENCIAS DICTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN APLICACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO 5/2001. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL CONOCER DE LOS ASUNTOS EN LOS (375)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis