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CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. QUEDA SIN MATERIA SI DURANTE SU TRAMITACIÓN UNA DE ELLAS ABANDONA SU CRITERIO Y EMITE UNO COINCIDENTE CON EL DE LA OTRA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 50/2003-PL. · Registro digital (IUS): 19707
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, , Pág. 500.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 50/2003-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIO: ROGELIO ALBERTO MONTOYA RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que los criterios divergentes provienen de la Primera y la Segunda Salas de este Alto Tribunal, al resolver amparos en revisión, siendo el tema de éstos el estudio de constitucionalidad del artículo 8o., fracción I, inciso d), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, vigente en dos mil dos.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el párrafo primero del artículo 197 de la Ley de Amparo, habida cuenta que dicha denuncia la hicieron Panamco Bajío, Sociedad Anónima de Capital Variable y Panamco Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su representante legal Guillermo Arturo Monroy Ayón, personas jurídicas que intervinieron como quejosas en el amparo en revisión 564/2003, resuelto por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del cual deriva uno de los criterios que se estiman contradictorios.

TERCERO. Los criterios que se estiman en contradicción, son los que a continuación se precisan:

La Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 673/2002, promovido por Antonio M. Cruz Díaz, en representación legal de Compañía Embotelladora Herdomo, Sociedad Anónima de Capital Variable, Compañía Embotelladora de Perote, Sociedad Anónima de Capital Variable, Embotelladora Tropical, Sociedad Anónima de Capital Variable, Embotelladora Valle de Oaxaca, Sociedad Anónima de Capital Variable y Embotelladora Moderna de Tabasco, Sociedad Anónima de Capital Variable, en sesión de doce de marzo de dos mil tres, por unanimidad de cinco votos, siendo ponente el Ministro Humberto Román Palacios, sustentó, en la parte que interesa, lo siguiente:

"SÉPTIMO. Alegan las quejosas que en el caso, se infringe la garantía de equidad en su perjuicio, ya que como se desprende del inciso D) de la fracción I del artículo 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la enajenación de refrescos, aguas minerales o naturales gasificadas y bebidas hidratantes y rehidratantes que se realicen al público en general está exenta del pago del impuesto, salvo que el enajenante sea fabricante, productor, envasador, distribuidor o importador de dichos bienes. Asimismo, que el precepto señala que la exención no será aplicable para quienes sin ser fabricantes, productores, envasadores, distribuidores o importadores, obtengan la mayor parte de sus ingresos de enajenaciones a personas que no se consideran como público en general, es decir, de operaciones en las que no se expide comprobante que reúne los requisitos previstos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. Que esta disposición contiene dos distinciones de trato que carecen de justificación válida y que, en consecuencia, traen aparejada la inconstitucionalidad del tributo. Igualmente afirman las peticionarias de garantías que el artículo 2o., fracción I, incisos G) y H), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que grava a la misma tasa (20%) la enajenación de los productos que en ellas se citan, cuando lo único que tienen en común es la naturaleza de bebidas no alcohólicas, no obstante que el propio legislador reconoce las diferencias entre cada una de esas bebidas, como es evidente de lo establecido en las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 3o. del propio ordenamiento. Que existen determinadas características o distinciones entre los productos gravados que el legislador debió tomar en cuenta para no quedar afectos de manera general a la tasa del 20%, ya que en caso de los refrescos se hacen distinciones a partir de que éstos se fabriquen con fructuosa o con otro tipo de edulcorantes. Asimismo, en el caso de las bebidas hidratantes o rehidratantes, se establecen distinciones a partir de que éstas utilicen como único edulcorante el azúcar de caña. Que de lo previsto en el inciso G) de la fracción I del artículo 2o. y en la fracción XV del artículo 3o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sólo se considera refresco para efectos del gravamen a las bebidas no fermentadas, elaboradas con agua, agua carbonatada, extractos o esencias de frutas, saborizantes o con cualquier otra materia prima gasificada o sin gas, siempre que contengan fructuosa. En consecuencia, la enajenación de cualquier refresco elaborado a partir del azúcar de caña o de cualquier otro edulcorante distinto de la fructuosa, como son los refrescos de dieta, no queda afecto al pago del impuesto. Así, también afirman las empresas quejosas que el legislador hace una distinción entre productos que quedan comprendidos dentro del concepto genérico de refrescos para excluir a los jugos y néctares de frutas. Que la exención a que se refiere el artículo 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, no puede resultar aplicable al caso de los refrescos, ya que si sólo tienen el carácter de elaborados con fructuosa, es claro que no puede existir alguno que contenga como único edulcorante la azúcar de caña. En esta exención, tampoco quedan comprendidas las aguas naturales o minerales gasificadas, puesto que no contienen edulcorante alguno. Sin embargo, refieren que el que un producto se elabora a partir del azúcar de caña o a partir de otro tipo de edulcorantes, de ninguna forma hace una distinción en cuanto a la capacidad contributiva que revela quien realiza la enajenación de uno y otro bien. Que la inequidad de la que adolece la disposición reclamada no puede justificarse por el hecho de que se pretenda proteger e incentivar el crecimiento de la industria azucarera de nuestro país. Por otra parte, el gravamen impuesto a la enajenación de aguas naturales o minerales gasificadas, entraña un vicio de inequidad en las disposiciones que se combaten, pues implica una desigualdad de trato con respecto a otros productos sin que exista justificación alguna, ya que en su fabricación no se utilizan ni se pueden utilizar edulcorantes, razón por la que los enajenantes de este tipo de productos nunca pueden acceder a la exención prevista en el inciso f) del artículo 8o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. Que esta situación implica un trato desigual e inequitativo a los enajenantes de este tipo de productos, ya que a diferencia de los demás contribuyentes por la enajenación de bebidas no alcohólicas, no están en posibilidad de evitar el pago del gravamen mediante el uso del azúcar de caña como edulcorante único. Para estar en aptitud de examinar el planteamiento de inconstitucionalidad, se atiende a los criterios jurisprudenciales sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referentes a la proporcionalidad de los tributos, que son del tenor siguiente: Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo I, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis 275. Página 256. ‘PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo I, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis 170. Página 171. ‘IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS.’ (se transcribe). Sexta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo I, Parte HO. Tesis 385. Página 357. ‘IMPUESTOS, EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD DE LOS.’ (se transcribe). Conforme a la primera jurisprudencia en cita, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes, capacidad que debe ser gravada diferencialmente para que en cada caso el impacto sea distinto respecto a la cantidad y respecto al mayor o menor sacrificio que se ve reflejado cuantitativamente en la disminución patrimonial que se produce, y en proporción a los ingresos obtenidos (tenencia de patrimonio o consumo realizado). La segunda tesis establece que el principio de proporcionalidad obliga al legislador a graduar el impuesto de manera que la participación de los contribuyentes al gasto público se realice en función de la mayor o menor capacidad económica manifestada por los mismos al realizar el hecho imponible (nivel de renta, cantidad y calidad del patrimonio o del consumo de ambos), por lo que los elementos de cuantificación de la obligación tributaria deben hacer referencia al mismo, es decir, que sea la base gravable la que permita medir esa capacidad económica y la tarifa o tasa la que exprese la parte de la misma que corresponde al ente público acreedor del tributo, de lo que resulta que la capacidad económica no sólo marca el cauce lógico del tributo sino que también lo legitima y explica su existencia, condicionando toda su estructura y contenido. Ahora bien, respecto de la equidad tributaria son observables las tesis jurisprudenciales sostenidas por el aludido Tribunal Pleno, que respectivamente dicen: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, junio de 1997. Tesis P./J. 41/97. Página 43. ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.’ (se transcribe). Y la tesis que enseguida se transcribe: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, junio de 1997. Tesis P./J. 42/97. Página 36. ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES.’ (se transcribe). Así, la equidad tributaria significa que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula, por lo que han de recibir el mismo trato en lo referente a dicho impuesto resultando, por consiguiente, que aunado al principio de proporcionalidad tributaria -en virtud del cual los impuestos deben ajustarse a la capacidad económica de quienes están obligados a pagarlos- la justicia tributaria consagrada en la Constitución fija su razón de ser en las posibilidades económicas de cada contribuyente, debiéndose tratar por consiguiente igual a iguales condiciones de capacidad económica y, contrariamente, desigual a condiciones de capacidad económica disímiles. De lo anterior resulta que dicha capacidad, consistente en la adecuación de la aptitud objetiva para concurrir a las cargas públicas, debe llevar a la igualdad en el tratamiento de los contribuyentes potenciales, es decir, a que la justicia se produzca en cada caso particular alcanzándose por antonomasia la equidad tributaria consagrada en el Texto Constitucional. Por ello, se puede estimar que los principios de equidad y capacidad económica no pueden ser dos principios autónomos contrapuestos, sino que ambos se complementan formando una unidad jurídica indisoluble, en virtud de que el principio de equidad sólo puede ser rectamente comprendido en el marco de la capacidad económica de los contribuyentes, es decir, si como ya se ha mencionado en el desarrollo del presente fallo, los impuestos, por imperativo constitucional, deben ajustarse a la capacidad económica de quienes han de pagarlos, luego entonces, el principio de equidad tributaria ayuda a cumplir con esa exigencia, haciéndose al mismo tiempo efectivo, evitando así discriminaciones y desigualdades que no estén justificadas en una distinta y desigual capacidad económica para contribuir al gasto público, por ello, el principio de capacidad económica, además de fundamentar la imposición y constituir el criterio de su medición, facilita la distribución de las cargas públicas en forma equitativa, es decir, mantiene las situaciones de igualdad contributiva preexistentes y evita las discriminatorias. En este orden de ideas, si bien es cierto que el principio de proporcionalidad es comprensible en sí mismo, al contemplarse en la comparación de diversos contribuyentes, se presenta como necesario, para poder determinar la equidad del tributo en estudio, es decir, para verificar la igualdad en los tributos es necesario determinar previamente quién tiene y quién no tiene capacidad económica -capacidad absoluta- y en segundo término, habrá de fijarse en qué medida ha de tributar cada contribuyente frente a un tributo en particular -capacidad económica relativa-. Precisadas las garantías de proporcionalidad y equidad tributaria, es pertinente decir que el legislador cuenta con plena libertad para el establecimiento de contribuciones, cuyo único límite es el respeto a los principios constitucionales mencionados según lo ha estimado el Tribunal Pleno en la siguiente jurisprudencia que literalmente dice: Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990. Tesis P./J. 17/90. Página 75. ‘CONTRIBUCIONES, OBJETO DE LAS. EL LEGISLADOR TIENE LIBERTAD PARA FIJARLO, SIEMPRE QUE RESPETE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN.’ (se transcribe). El análisis de la constitucionalidad y específicamente de la proporcionalidad y equidad de cada contribución, debe hacerse tomando en consideración sus particularidades, por lo que resulta pertinente transcribir en este punto las normas que rigen el tributo y la exención alegada por las empresas quejosas por la que se aduce la inequidad y desproporcionalidad del tributo. Con ese fin, se toma en cuenta que los artículos 2o., fracción I, inciso G), 3o., fracciones XIV y XVI y 8o., fracción I, inciso f), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como el diverso numeral 9o., literalmente disponen: (se transcriben). La lectura de la transcripción revela que las personas físicas o morales que no sean fabricantes, productores, envasadores, distribuidores o importadores de aguas gasificadas o minerales, refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, que utilicen edulcorantes distintos del azúcar de caña y que dichas ventas se efectúen al público en general, no tienen una mecánica específica de tributación puesto que el propio artículo 8o., fracción I, inciso d), los excluye del pago del impuesto especial sobre producción y servicios la enajenación. Esa conclusión, se robustece en el artículo 8o., fracción I, inciso f) reclamado, pues señala que las de cerveza, bebidas refrescantes, puros y otros tabacos labrados, así como las de los bienes a que se refieren los incisos G) y H) de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, que se efectúen al público en general, salvo que el enajenante sea fabricante, productor, envasador, distribuidor o importador de los bienes que enajene. No gozarán del beneficio establecido en este inciso, las enajenaciones de los citados bienes efectuadas por comerciantes que obtengan la mayor parte del importe de sus ingresos de enajenaciones a personas que no forman parte del público en general. Precisado lo anterior, sólo falta discernir si las personas físicas o morales que se dedican a enajenar los bienes antes referidos, son jurídicamente distintos o similares a los que las fabrican, producen, envasan, distribuyen o importan. Para cumplir con tal cometido, se toman en cuenta a manera de ejemplo, dos expendios de refrescos (o almacenes con ventas al público), que se ubican en cada una de la hipótesis cuestionadas, el primero es un almacén anexo a una embotelladora que depende de ésta y que tiene ventas al público pero además tiene la obligación de cobrar a sus clientes el impuesto especial en estudio, mientras que la segunda no. Así, el primero vende refrescos, aguas naturales o minerales gasificadas y bebidas hidratantes o rehidratantes, el segundo también vende lo mismo, pero la diferencia radica en que éste no las fabrica, produce, envasa o distribuye. Luego, si el objeto del tributo lo constituye la enajenación en territorio nacional de entre otros bienes, 1o. de las aguas gasificadas (incluyendo a las minerales); 2o. refrescos; 3o. bebidas hidratantes o rehidratantes; y 4o. concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes que utilicen edulcorantes distintos del azúcar de caña, en ese orden de ideas, para ser acorde la exención a que se refiere el artículo octavo de la ley cuestionada, sólo puede ser rectamente comprendida en el marco de la capacidad económica de los contribuyentes, es decir, si como ya se ha mencionado en el desarrollo del presente fallo, los impuestos, por imperativo constitucional, deben ajustarse a la capacidad económica de quienes han de pagarlos, luego entonces, el principio de equidad tributaria ayuda a cumplir con esa exigencia, haciéndose al mismo tiempo efectivo, evitando así discriminaciones y desigualdades que no estén justificadas en una distinta y desigual capacidad económica para contribuir al gasto público. Basta concluir que no existe una justificación objetiva, que impida colocar a los expendios que venden refrescos, aguas naturales o minerales gasificadas y bebidas hidratantes o rehidratantes que no las fabrican, envasan o distribuyen en una categoría distinta de los que sí lo hacen, pues ambos expenden productos o mercancías similares y tienen como fin primordial la enajenación de los mismos. Ello basta para arribar a la conclusión de que asiste razón a las quejosas, al aducir que el impuesto examinado vulnera el principio de equidad sustentado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por dos razones fundamentales. La primera, porque a dos sujetos ubicados en la misma hipótesis de causación se les trata de manera desigual, ya que ambos tienen como actividad fundamental la venta (enajenación) de refrescos, aguas naturales o minerales gasificadas y bebidas hidratantes o rehidratantes, sin que exista distinción alguna entre quienes las fabrican y quienes no, ya que el impuesto en estudio no grava esa actividad. La segunda, porque no existe razón o motivo objetivo que permita colocarlos en planos jurídicamente desiguales, es más, el trato inequitativo previsto en la norma resulta aún más claro, porque el cobro del tributo depende exclusivamente de la enajenación de esos bienes mas no su producción, envasamiento o distribución, este ejemplo robustece con claridad el criterio al que se llega; pero además, porque existe un trato desigual entre los contribuyentes que se dedican a la venta (enajenación) de tales bienes, puesto que tienen que pagar una tasa del 20% sobre el valor de la contraprestación si es que ellos mismos las fabrican, envasan o distribuyen y a los que no lo hagan, no se les aplicará dicho tributo. Bajo ese parámetro, se llega a la conclusión de que es fundado el concepto de violación estudiado, por ser contrario el artículo octavo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al principio de equidad, resguardado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por tratar de manera desigual a los sujetos que se ubican dentro del mismo contexto normativo, sin que exista fundamento alguno de tipo legal, situación de beneficio o justificación social que pudiera fundar un trato privilegiado respecto de uno y otro, porque lógicamente la actividad regulada es idéntica y no existe regla normativa que permita concluir que la enajenación de refrescos, aguas naturales o minerales gasificadas y bebidas hidratantes o rehidratantes por personas físicas o morales que también se dediquen a su elaboración, envasamiento o distribución es diversa, respecto de los que sólo se dedican a su venta (enajenación), por lo que al no ser así, se vulnera la garantía citada. Sirve de apoyo al anterior argumento, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, marzo de 1996. Tesis P./J. 10/96. Página 38. ‘ACTIVO, IMPUESTO AL. LA EXENCIÓN A LAS EMPRESAS QUE COMPONEN EL SISTEMA FINANCIERO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.’ (se transcribe). Luego, al ser fundado el concepto de violación estudiado, se concede la protección de la Justicia Federal a favor de las empresas quejosas Compañía Embotelladora Herdomo, Sociedad Anónima de Capital Variable, Compañía Embotelladora de Perote, Sociedad Anónima de Capital Variable, Embotelladora Tropical, Sociedad Anónima de Capital Variable, Embotelladora Valle de Oaxaca, Sociedad Anónima de Capital Variable y Embotelladora Moderna de Tabasco, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los actos atribuidos al Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de Gobernación y director del Diario Oficial de la Federación, consistentes, respectivamente, en el ámbito de su competencia, en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, específicamente sus artículos 2o., fracción I, 4o., 8o. y 19, fracción II y de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002, para el efecto de que se restituya a la quejosa en el pleno goce de su garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Al caso es aplicable la tesis de la Segunda Sala que versa en los siguientes términos: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, febrero de 1997. Tesis 2a. XIV/97. Página 347. ‘LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS.’ (se transcribe). Tomando en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal implica la protección de la Justicia Federal respecto de la aplicación presente y futura de esa disposición jurídica, en la especie, tal situación se traduce en desincorporar de la esfera jurídica de las quejosas, la respectiva obligación tributaria y sus diversas consecuencias, por lo que debe concluirse que las enajenaciones que previene la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios realizadas por las quejosas, bajo la vigencia de las normas declaradas inconstitucionales, no estarán gravadas con dicha contribución y, por ende, no existirá la obligación de trasladar el referido impuesto cuando realice el respectivo hecho imponible. Con la finalidad de precisar los efectos de la concesión del amparo, dado que en las disposiciones jurídicas reclamadas se prevé un impuesto indirecto, en el que la carga tributaria pasa del contribuyente del tributo (comerciante o empresario) a un tercero, a través de la figura de la traslación, debe puntualizarse que, en virtud de que, por regla general, es el consumidor o adquirente del bien o servicio quien paga, de su patrimonio, el gravamen de referencia, es claro que la contribución de mérito repercute en el consumidor final (sujeto pasivo material), quien al adquirir el bien o servicio paga el tributo, en tanto que el comerciante o empresario (sujeto pasivo formal), por disposición de la ley, únicamente traslada y retiene el impuesto, para enterar al fisco federal las cantidades respectivas. En esa tesitura, si se tratara de un impuesto directo correspondería a los quejosos solicitar la devolución de dichas cantidades, pero como en el caso es un impuesto indirecto, procederá la devolución en términos de lo dispuesto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, siempre que se acredite ante la autoridad fiscal competente, estar en uno de los supuestos siguientes: 1. Cuando el contribuyente (sujeto pasivo formal) haya pagado y enterado el impuesto a la hacienda pública, es decir, que no lo haya trasladado a los consumidores, sino que lo absorbió y pagó directamente de su propio peculio. 2. Cuando el contribuyente que haya trasladado y enterado la contribución, solicite la devolución que deberá hacerse a favor de los consumidores finales perfectamente identificados y quienes hicieron el pago del tributo. 3. Cuando el consumidor final o adquirente del bien o servicio de que se trate, haya obtenido resolución o sentencia firme, de órgano jurisdiccional competente, que le reconozca ese derecho. Por tanto, el comerciante o empresario, en las dos primeras hipótesis y, en su caso, el consumidor final, se encuentran legitimados para solicitar la devolución de las cantidades enteradas al fisco federal, por concepto de impuesto por la enajenación de diversos productos, con motivo de la concesión de la protección constitucional. De lo anterior se infiere que cuando el juicio de amparo es promovido por el consumidor final (sujeto pasivo material), procede la devolución de las cantidades que pagó por concepto de impuesto al adquirir el bien o servicio objeto del gravamen." (fojas 94 a 117 vuelta del expediente).

Por su parte, la Segunda Sala de esta Suprema Corte al resolver el amparo en revisión 564/2003, promovido por Benjamín Santana Ruiz, en representación de Panamco Bajío, Sociedad Anónima de Capital Variable y Panamco Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, en sesión de veintinueve de octubre de dos mil tres, por unanimidad de cuatro votos, estando ausente el Ministro Genaro David Góngora Pimentel, determinó, en lo que al tema en estudio interesa, lo siguiente:

"NOVENO. Argumenta la parte recurrente que las disposiciones combatidas violan el principio de equidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, constitucional pues dan un trato desigual a iguales, ya que el artículo 8o., fracción I, inciso d), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, hace una distinción injustificada entre quienes enajenan los productos referidos al público en general y quienes sean fabricantes, productores, envasadores, distribuidores o importadores de los bienes que enajenen, así como quienes realizan este tipo de operaciones con personas que no forman parte del público en general; asimismo, se grava con la tasa del 20% a una serie de productos de los cuales la única diferencia que tienen es su contenido o no alcohólico; sin embargo, el legislador reconoce diferencias que existen entre cada una de dichas bebidas. Argumentos que también resultan infundados, en razón de que este Alto Tribunal ha estimado en diversas tesis de jurisprudencia que la garantía de equidad exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que los regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o a un universo de causantes. Corroboran lo anterior las siguientes tesis de jurisprudencia sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen: ‘IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, marzo de 2000. Tesis P./J. 24/2000. Página 35). ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES.’ (se transcribe). (Novena Época. Instancia: Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, junio de 1997. Tesis P./J. 42/97. Página 36). Asimismo, se estima pertinente señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que existen ciertos elementos objetivos que permiten delimitar el principio de equidad tributaria, a saber: •No toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable. •A iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas. •No se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y •Para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional. Es aplicable al respecto la siguiente tesis de jurisprudencia que establece: ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.’ (se transcribe). (No

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19707-60d555a7/contradiccion-de-tesis-entre-salas-de-la-suprema · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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