PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY RELATIVA, QUE PREVÉ EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LAS SOLICITUDES O PROMOCIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR NO ACOMPAÑAR EL COMPROBANTE DE PAGO DE LA TARIFA CORRESPONDIENTE, SIN PREVIO REQUERIMIENTO PARA SU REGULARIZACIÓN, VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 46/2003-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: EDGAR CORZO SOSA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se suscita entre las Salas de este Alto Tribunal.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la hizo suya el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
TERCERO. En sesión de once de octubre de dos mil dos, la Primera Sala de este Alto Tribunal resolvió el amparo en revisión 303/98, promovido por Denimtex, Sociedad Anónima de Capital Variable, con base en las siguientes consideraciones:
"SÉPTIMO. En su segundo concepto de agravio, la tercero perjudicada sostiene que los considerandos cuarto y quinto de la sentencia (y resolutivo segundo que los rige), resultan ser ilegales, en tanto que, contrario a lo dicho por el Juez a quo, el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial no es violatorio del artículo 14 constitucional, puesto que el mismo establece el desechamiento de la solicitud por falta de elementos de procedibilidad y no por requisitos formales de la promoción, caso este último que se encuentra regulado por el artículo 189 de la propia ley reclamada, en donde sí se prevé el requerimiento a efecto de subsanar las omisiones de tales requisitos. Continúa manifestando que como los requisitos que dispone el artículo reclamado no son de forma sino de procedibilidad, no puede exigirse el establecimiento de prevención alguna, esto es, que si una promoción carece de firma no puede obligarse a la autoridad a requerir al promovente para que se estampe tal firma y que en el mismo sentido el legislador dispuso que la falta del comprobante de pago constituía un requisito de procedibilidad que tampoco sería objeto de requerimiento, en tanto que no provocaba que la solicitud formulada fuera oscura o irregular. Y son igualmente fundados tales argumentos. En efecto, el Juez del conocimiento apoyó el pronunciamiento de inconstitucionalidad del artículo 180 impugnado, en las consideraciones y tesis de jurisprudencia sustentadas por esta Primera Sala, en donde se determinó que el desechamiento de la demanda en el juicio contencioso administrativo, era inconstitucional al no establecerse en el precepto respectivo la figura de la prevención, y aplicando tales conceptos al caso que se examina, el Juez a quo determinó que el artículo reclamado resultaba ser violatorio de la garantía de audiencia, pues al desechar su solicitud al quejoso, se le privaba del derecho de acción ante la autoridad administrativa, por el simple hecho de no haber acompañado el comprobante de pago respectivo, determinando una consecuencia desproporcionada a la omisión formal incurrida. Tal como se afirma en el agravio que se examina, la jurisprudencia sustentada por esta Primera Sala no resulta aplicable al presente caso, toda vez que aun cuando la consecuencia o sanción sea similar, el origen no lo es. El artículo 180 de la ley impugnada, conviene transcribirlo nuevamente: ‘Artículo 180. Las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso. Si falta cualquiera de estos elementos el instituto desechará de plano la solicitud o promoción.’. Por su parte y para mejor comprensión del asunto, se hace necesario transcribir los diversos artículos 189 y 191 de la propia ley sujeta a análisis. ‘Artículo 189. La solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener los siguientes requisitos: I. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante; II. Domicilio para oír y recibir notificaciones; III. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante; IV. El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos; V. La descripción de los hechos; y VI. Los fundamentos de derecho.’. ‘Artículo 191. Si el solicitante no cumpliere con los requisitos a que se refiere el artículo 189 de esta ley, el instituto le requerirá, por una sola vez, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan; para tal efecto se le concederá un plazo de ocho días, y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechará la solicitud. También se desechará la solicitud por la falta de documento que acredite la personalidad o cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente.’. Conforme a lo ya transcrito, se advierte que el artículo 189 establece los requisitos de forma y fondo que debe contener la solicitud, como lo son: el nombre del solicitante o de quien lo represente; el domicilio para oír notificaciones; el nombre y domicilio de la contraparte; el objeto de la solicitud; la descripción de los hechos; y los fundamentos de derecho. En tanto que el artículo 191 señala que a falta de alguno de esos datos se requerirá al promovente para que subsane la omisión en que hubiere incurrido o haga las aclaraciones pertinentes. Esto es, los requisitos de forma y fondo que debe contener la solicitud acorde con el artículo 189 (cuya omisión provoca el requerimiento), no pueden ser equiparados a los elementos que exige el artículo 180 cuestionado y menos aún a aquellos contenidos en los artículos 208 y 209 del Código Fiscal de la Federación cuya falta u omisión provocaban el desechamiento de la demanda o su no interposición, cuyos supuestos dieron lugar a la jurisprudencia en la que se basó el juzgador para conceder el amparo. La afirmación que antecede se demuestra con la simple lectura del referido artículo 180, cuyo texto contempla dos requisitos esenciales para que se dé entrada a la solicitud, es decir, no son requisitos de forma o fondo relacionados con la acción o pretensión del solicitante, sino que son cuestiones elementales que el legislador dispuso como presupuesto para que la autoridad administrativa se viera constreñida a actuar, y que evidentemente a falta de cualesquiera de ellas no podría generarse tal actuación, sino un desechamiento de plano de la solicitud formulada. Los presupuestos necesarios previstos en el multicitado precepto, como ya se ha indicado, son: 1) la firma del solicitante o de quien lo represente; y, 2) Estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente. El requisito de la firma es claro, sin ella no se ve reflejada la voluntad de quien dice promover, de modo tal que la firma en cualquier procedimiento constituye un requisito esencial para que se le dé trámite a cualquier solicitud, pues además de que con ella se le da autenticidad a la promoción, también determina los derechos y obligaciones que adquiere el signante, en virtud del contenido del escrito. En consecuencia, la falta de firma en un escrito no puede ser convalidada por un escrito posterior, ya que el primero no puede surtir efecto legal alguno. Tocante al comprobante de pago de la tarifa, fue previsto igualmente como un elemento esencial que condiciona el actuar de la autoridad, es decir, que al efectuar el pago y acompañar el comprobante, el solicitante adquiere el derecho de que la autoridad administrativa admita la solicitud o en su caso le requiera para que subsane alguna omisión de los datos señalados en el artículo 189. Consecuentemente, la falta de pago y de su correspondiente comprobante, impide la tramitación en cualquier forma de la solicitud presentada, ya que no existe el supuesto indispensable que condiciona el actuar de la autoridad y, por ende, no se puede producir consecuencia alguna dentro del procedimiento, encuadrando dentro de esa imposibilidad el requerimiento, pues éste se dará sólo hasta en tanto la autoridad haya comprobado la satisfacción de los elementos indispensables que generaron su actuar y no pese a la falta de alguno de ellos. En este orden de ideas, contrario a lo afirmado en la sentencia recurrida, debe concluirse que el artículo 180 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (sic), no resulta ser violatorio de la garantía de audiencia, puesto que no obstante que el mismo dispone que se desechará la solicitud a falta de firma del solicitante o del comprobante de pago sin prever el requerimiento correspondiente, tal requerimiento no es posible exigirlo, puesto que en el caso concreto se trata de supuestos esenciales que condicionan el actuar de la autoridad y no se refieren a requisitos de forma y fondo de la promoción, los cuales se encuentran previstos en el artículo 189, con su respectivo requerimiento ante la falta de alguno de ellos en términos del artículo 191, ambos de la propia ley sujeta a estudio. Al haber resultado sustancialmente fundados los agravios expresados por el tercero perjudicado, se impone revocar la concesión del amparo federal respecto de los artículos 180 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (sic) y 16 del acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y acorde con el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente será, analizar en su caso los conceptos de violación que se hubieren omitido."
Las consideraciones anteriores dieron lugar a la tesis aislada número 1a. XVII/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, página 468, que dice:
"PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE QUE SI FALTA LA FIRMA DEL INTERESADO O SU REPRESENTANTE, O EL COMPROBANTE DE PAGO DE LA TARIFA CORRESPONDIENTE SE DESECHARÁ DE PLANO LA SOLICITUD O PROMOCIÓN DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA QUE ANTE EL INSTITUTO RESPECTIVO SE PRESENTE, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. El hecho de que el citado precepto establezca que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial desechará de plano la solicitud o promoción de declaración administrativa si falta la firma del interesado o de su representante o, en su caso, el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, sin prever el requerimiento respectivo, no transgrede la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, porque no es posible exigir tal requerimiento, toda vez que los elementos establecidos en aquel dispositivo no constituyen requisitos de forma o fondo relacionados con la acción o pretensión del solicitante, como los que se encuentran contenidos en el diverso artículo 189 de la propia ley, y respecto de los cuales se prevé el requerimiento ante su falta, en términos de lo dispuesto en el artículo 191 del citado ordenamiento, sino cuestiones esenciales que el legislador dispuso como presupuestos para que la autoridad administrativa se viera constreñida a actuar, y que evidentemente en ausencia de cualquiera de ellas, no podría generarse tal actuación, en virtud de que, por un lado, sin la firma no se ve reflejada la voluntad de quien dice promover, además de que con aquélla se le da autenticidad a la promoción y se determinan los derechos y obligaciones que adquiere el signante, dado el contenido del escrito y, por otro, la falta de pago y de su correspondiente comprobante, impide la tramitación en cualquier forma de la solicitud presentada, ya que no existe el presupuesto indispensable que condiciona el actuar de la autoridad y, por ende, no puede producir consecuencia alguna dentro del procedimiento, al encuadrar dentro de esa imposibilidad el requerimiento, pues éste se dará sólo hasta en tanto la autoridad haya comprobado la satisfacción de los elementos indispensables que generaron su actuar y no pese a la falta de ellos.
"Amparo en revisión 303/98. Denimtex, S.A. de C.V. 11 de octubre de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo."
CUARTO. Por su parte, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión nueve de agosto de dos mil dos, resolvió el amparo en revisión 90/2002, promovido por Nike de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que sostuvo lo siguiente:
"TERCERO. En los conceptos de violación transcritos en el resultando tercero de este fallo, la quejosa señaló, en esencia, lo siguiente: 1) El artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial transgrede en su perjuicio la garantía de audiencia prevista por el artículo 14 constitucional, ya que no prevé la figura de la prevención para que el solicitante de la declaración administrativa de infracción exhiba el comprobante de pago de la tarifa correspondiente a la contraprestación peticionada, que en el caso, fue la expedición de copias certificadas del expediente administrativo que contiene el registro marcario base de su acción. Afirma, además, que ello es así porque aun cuando el precepto en mención establece que las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente al disponer en su última parte que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial desechará de plano la solicitud o promoción ante la omisión de cualquiera de esos elementos, impone una consecuencia desproporcionada a la omisión formal, impidiendo la oportunidad de alegar y probar lo que a su derecho convenga. Para apoyar lo anterior, se citan las tesis aisladas y de jurisprudencia cuyos rubros y colocación, son los siguientes: ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 88 DE LA LEY FEDERAL QUE LO REGULA, VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA AL ESTABLECER EL DESECHAMIENTO, SIN PREVIO REQUERIMIENTO, DEL RECURSO DE REVISIÓN, COMO CONSECUENCIA DE LAS OMISIONES FORMALES DEL ESCRITO RELATIVO.’ (P. XXXVII/98, visible a fojas 124, Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, compilada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). ‘CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SE VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA SI EN EL PROCEDIMIENTO NO SE ESTABLECE LA PREVENCIÓN PARA REGULARIZAR LA DEMANDA Y, EN CAMBIO, SE SEÑALA UNA CONSECUENCIA DESPROPORCIONADA A LA IRREGULARIDAD EN QUE SE INCURRIÓ.’ (P./J. 22/95, visible a fojas 16, Tomo II, septiembre de 1995, Novena Época, sustentada por el Pleno de este Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). ‘DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 208, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIOLA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.’ (P./J. 8/96, visible a fojas 14, Tomo III, febrero de 1996, sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, Novena Época, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). ‘DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 209, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 1990, VIOLA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.’ (P./J. 13/95, visible a fojas 5, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época, sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, compilada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). ‘DEMANDA DE NULIDAD. SI AL RESOLVERSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN SE ADVIERTE QUE NO SE ANEXÓ LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO, DEBE REQUERIRSE AL ACTOR Y NO SOBRESEER.’ (III.2o.A.59 A, visible a fojas 796, Tomo X, septiembre de 1999, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Los criterios aludidos en el párrafo precedente los considera aplicables la quejosa al instituto en cita, porque se trata de un organismo que ejerce funciones jurisdiccionales al contar con facultades decisorias cuando dirime las controversias que se suscitan entre los particulares que acuden ante él en defensa de un derecho, sustanciando el procedimiento administrativo correspondiente en términos de la ley y emitiendo resoluciones vinculatorias cuyo incumplimiento, en su caso, origina el ejercicio de la facultad sancionadora fijada también por la ley. Los razonamientos de inconformidad son fundados. En relación con las aludidas premisas, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la figura de la prevención y la circunstancia de que los procedimientos contencioso administrativos y los que culminan con una resolución materialmente jurisdiccional emitida por un órgano administrativo sean acordes con el principio constitucional de impartir justicia pronta y expedita, no deben pugnar con la posibilidad de que el gobernado sea oído con toda amplitud a efecto de considerar cumplida la garantía de audiencia. En efecto, el Tribunal Pleno del Alto Tribunal determinó que la garantía de audiencia ‘puede entenderse o examinarse bajo dos aspectos: uno de forma y otro de fondo. En el primero, se comprenden los medios establecidos en el propio Texto Constitucional para dar cumplimiento a la garantía, es decir, la existencia de juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; el segundo, lo constituye el contenido, espíritu o fin último que persigue la garantía que es el evitar que se deje en estado de indefensión al posible afectado con el acto privativo o en situación que se afecten gravemente sus defensas; los medios o formas para cumplir debidamente con el derecho fundamental de defensa deben ser de tal manera que en cada caso no se produzcan el estado o situación de referencia, erigiéndose por tanto en formalidades esenciales las que garanticen lo anterior.’. En concordancia con lo anterior, estableció que ‘el juicio contencioso administrativo debe crear las condiciones que faciliten al gobernado aportar los elementos en que se funda para sostener la ilegalidad de la resolución administrativa. Una de estas condiciones la constituye la prevención para regularizar la demanda’. Por consiguiente, estimó que la falta de esa condición o requisito dentro del procedimiento contencioso administrativo o en sede administrativa ‘se aparta de los principios fundamentales que se garantizan a través del debido proceso legal, pues al establecer una consecuencia desproporcionada a la omisión formal en que incurre el gobernado, rompe el equilibrio entre las partes e impide al particular defenderse en contra del acto administrativo, de aducir y probar en contra de su ilegalidad’. De ese modo, el Tribunal Pleno precisó que la consecuencia de ‘tener por no presentada la demanda de nulidad (debido a una omisión del interesado), rompe el equilibrio entre las partes y resulta desproporcionada a la omisión formal en que pueda incurrir el demandante, por lo que viola el artículo 14 constitucional’. El criterio relativo está contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 13/95 que aparece publicada a fojas 5, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época, compilada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: ‘DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 209, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 1990, VIOLA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.’ (El texto está transcrito a fojas 18 a 19 de esta ejecutoria). Dicho criterio ha sido reiterado por el propio Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis que a continuación se citan: Tesis de jurisprudencia P./J. 8/96, visible a fojas 14, Tomo III, febrero de 1996, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 208, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIOLA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.’ (El texto aparece transcrito a fojas 16 a 18 de este fallo). Tesis de jurisprudencia P./J. 22/95, visible a fojas 16, Tomo II, septiembre de 1995, Novena Época, compilada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SE VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA SI EN EL PROCEDIMIENTO NO SE ESTABLECE LA PREVENCIÓN PARA REGULARIZAR LA DEMANDA Y, EN CAMBIO, SE SEÑALA UNA CONSECUENCIA DESPROPORCIONADA A LA IRREGULARIDAD EN QUE SE INCURRIÓ.’ (El texto está plasmado a fojas 21 a 22 de esta resolución). Y en cuanto a los procedimientos en sede administrativa, el Tribunal Pleno ha sustentado las siguientes tesis. Tesis de jurisprudencia P./J. 25/96, visible a fojas 96, Tomo III, junio de 1996, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘REVOCACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. EL ARTÍCULO 123, ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE ORDENA TENERLO POR NO INTERPUESTO SIN PREVIO REQUERIMIENTO, PARA SU REGULARIZACIÓN, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. Para cumplir con la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución, se deben considerar dos aspectos, uno de forma y otro de fondo. El primero, comprende los medios establecidos en el propio texto constitucional constituidos por la existencia de un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. El segundo, constituye el contenido, espíritu o fin último que persigue la garantía, que es el de evitar que se deje en estado de indefensión al posible afectado con el acto privativo o en situación que afecte gravemente sus defensas. De ese modo, los medios o formas para cumplir debidamente con el derecho fundamental de defensa deben facilitarse al gobernado, de manera que en cada caso no se produzca un estado de indefensión, erigiéndose en formalidades esenciales aquellas que lo garanticen. Por consiguiente, el procedimiento administrativo, acorde con esos requisitos, debe contener condiciones que faciliten al particular la aportación de los elementos en que funde su derecho para sostener la ilegalidad de la resolución administrativa, de manera que si el artículo 123, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, no contempla la prevención al impugnante para que regularice su recurso y, en cambio, establece una sanción desproporcionada a la omisión formal en que incurre el gobernado, por el hecho de no acompañar alguno de los documentos que precisa, como es el tener por no presentado el recurso de revocación, es evidente la violación a la garantía de audiencia, en tanto que tal disposición se aparta de los principios fundamentales que norman el debido proceso legal, pues rompe el equilibrio procesal entre las partes al impedir al particular defenderse en contra del acto administrativo y de probar la argumentada ilegalidad.’. Tesis P. XXXVII/98, visible a fojas 124, Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, compilada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 88 DE LA LEY FEDERAL QUE LO REGULA, VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA AL ESTABLECER EL DESECHAMIENTO, SIN PREVIO REQUERIMIENTO, DEL RECURSO DE REVISIÓN, COMO CONSECUENCIA DE LAS OMISIONES FORMALES DEL ESCRITO RELATIVO.’ (El texto se encuentra transcrito a fojas 14 a 16 de este fallo). Ahora bien, con el propósito de resolver el argumento de inconstitucionalidad que se plantea, conviene atender a lo dispuesto por el precepto de la Ley de la Propiedad Industrial impugnado, contenido en el capítulo I relativo a las reglas generales de los procedimientos seguidos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para, posteriormente, determinar si el sistema en él reglado cumple con la exigencia constitucional. (Reformado, D.O. 2 de agosto de 1994). ‘Artículo 180. Las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso. Si falta cualquiera de estos elementos, el instituto desechará de plano la solicitud o promoción.’. Asiste la razón a la quejosa en cuanto afirma que el precepto transcrito contraviene la garantía de audiencia tutelada por el artículo 14 constitucional. Efectivamente, en alusión a lo señalado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en las diferentes tesis antes citadas, la garantía de audiencia puede entenderse o examinarse bajo dos aspectos, uno de forma y otro de fondo. En el primero, se comprenden los medios establecidos en el propio Texto Constitucional para dar cumplimiento a la garantía, es decir, la existencia de juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; el segundo, lo constituye el contenido, espíritu o fin último que persigue la garantía que es el evitar que se deje en estado de indefensión al posible afectado con el acto privativo o en situación que afecte gravemente sus defensas; los medios o formas para cumplir debidamente con el derecho fundamental de defensa deben ser de tal manera que en cada caso no se produzcan el estado o situación de referencia, erigiéndose, por tanto, en formalidades esenciales las que garanticen lo anterior. En esa tesitura, el canon contemplado en la Ley de la Propiedad Industrial que responde a la conveniencia y necesidad de otorgar al gobernado un eficaz medio de defensa del derecho que estima violado, a través de un proceso sencillo en el que el afectado pueda hacer sus planteamientos y aportar sus pruebas sin mayores formalidades, a fin de acreditar la afectación de ese derecho, debe organizar, de igual forma, las condiciones que faciliten al gobernado aportar los elementos en que se funda para sostener la afectación alegada, de manera que si la ley no contempla la prevención al gobernado para que regularice la solicitud correspondiente y, además, establece una consecuencia desproporcionada a la omisión formal en que incurre, como lo es desechar de plano aquella solicitud y como acontece en el artículo 180 de la ley en examen, tal sistema resulta violatorio de la garantía de audiencia, en tanto que se aparta de los principios fundamentales que norman el debido proceso legal, pues rompe como lo señaló el Pleno de este Alto Tribunal, el equilibrio procesal entre las partes al impedir al particular la posibilidad de probar la transgresión al derecho que defiende y que estima vulnerado por un tercero. Es decir, el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, al establecer que las solicitudes y promociones ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se desecharán cuando, entre otros supuestos, no se hayan acompañado del comprobante de pago de la tarifa relativa, viola el artículo 14 constitucional, no sólo por apartarse de la naturaleza de los medios de defensa administrativos, sino, además, porque al no establecer la prevención para regularizar el escrito de solicitud, en la especie, de declaración administrativa de infracción marcaria, establece una consecuencia desproporcionada a la omisión formal en que pueda incurrir el solicitante, rompiendo el equilibrio entre las partes y dejando indefenso al gobernado al impedir alegar y probar la existencia de la infracción, así como el obtener una resolución que dirima las cuestiones debatidas, violando precisamente las formalidades esenciales que debe reunir todo procedimiento y faltando a la intención del legislador al señalar que los usuarios del sistema de propiedad industrial requieren de un servicio ágil y eficiente en materia de protección de los derechos que la ley otorga, dentro del marco de respeto de las garantías individuales y del principio de seguridad jurídica. En la exposición de motivos enviada por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados el veintinueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro, así como en el dictamen emitido por la Cámara de Diputados el seis de julio de ese año, ambos documentos en relación con el decreto de reformas a la Ley de la Propiedad Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de agosto también de ese año, mediante los cuales se dispuso del otorgamiento de mayores facultades al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para lograr el cumplimiento eficaz de las disposiciones de la propia ley en relación con el registro marcario, así como, precisamente, la eficaz defensa de los derechos de propiedad industrial por parte de sus titulares, en la parte que informan el asunto, dichos documentos apuntaron: ‘Exposición de motivos. ... Por tal motivo y acorde con el proceso de modernización y fortalecimiento institucional del sistema, se propone atribuir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las funciones de autoridad administrativa en esta materia, por ser la institución que cuenta con el personal calificado y la infraestructura requerida para la adecuada administración de la ley. Por tratarse de un organismo descentralizado, los servicios que preste el instituto estarán sujetos al pago de las tarifas que establezca su junta de Gobierno. Dictamen. En lo relativo a la defensa y protección de los derechos de propiedad industrial, se garantiza mediante esta ley una efectiva defensa a sus titulares, dentro del marco de respeto de las garantías individuales y el principio de seguridad jurídica. La incorporación de disposiciones que facultan a la autoridad para adoptar medidas precautorias o definitivas mediante las cuales se pueda impedir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial, así como sancionar la realización de actos de competencia desleal, permiten una aplicación más eficiente del sistema de propiedad industrial,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19782-50babb7c/propiedad-industrial-el-articulo-180-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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