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Modo: Corpus Pro

ACTUACIONES JUDICIALES. PARA SU VALIDEZ BASTA LA FIRMA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE EN ELLA INTERVENGAN, EN SU CASO, ANTE LA FE DEL SECRETARIO, SIENDO INNECESARIO QUE TAMBIÉN SE ASIENTEN LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE PROPIA MANO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/2004-PL. · Registro digital (IUS): 19784
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA SEGUNDA SALA Y LA ANTERIOR TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, , Pág. 429.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/2004-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA SEGUNDA SALA Y LA ANTERIOR TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIA: FABIANA ESTRADA TENA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se suscita entre la anterior Tercera Sala y la Segunda Sala de este Alto Tribunal.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló Enrique Antonio Pedraza Mayoral, quien tuvo el carácter de recurrente en el recurso de reclamación 41/2004-PL, en el que se sustentó una de las tesis en posible contradicción.

TERCERO. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, conviene relatar los siguientes antecedentes del amparo en revisión 2997/1948, cuyo conocimiento correspondió a la Tercera Sala de la anterior integración de este Alto Tribunal.

En dicho asunto, el acto reclamado se hizo consistir en la sentencia de apelación dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, el cual, al rendir su informe justificado, sostuvo que debía sobreseerse en el juicio de garantías, en virtud de haberse promovido extemporáneamente.

El Juez de Distrito desvirtuó la causa de improcedencia hecha valer por el tribunal responsable, aduciendo como razón para ello que no podía tomarse como punto de partida para el cómputo del plazo la notificación de diez de noviembre de mil novecientos cuarenta y siete, pues además de no ser legible la fecha de la cédula, tal notificación no aparecía firmada por el secretario de Acuerdos del tribunal, sino sólo rubricada, siendo que la firma resultaba bastante clara en todos los demás actos, por lo que no podía empezar a correr otro término para el quejoso más que a partir del trece de noviembre de mil novecientos cuarenta y siete, fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado.

Inconforme con tal determinación, la parte tercero perjudicada interpuso recurso de revisión en el que argumentó que la rúbrica estampada en la constancia de notificación de la resolución reclamada correspondía a la del secretario general de Acuerdos, por ser exactamente igual a todas las anteriores que había en los autos del expediente original, por lo que debía concluirse que la razón de notificación fue puesta de puño y letra del propio secretario de Acuerdos, debiéndose efectuar el cómputo para la presentación de la demanda a partir de dicha notificación.

En relación con tal agravio, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de primero de febrero de mil novecientos cincuenta, sostuvo lo siguiente:

"TERCERO. No son fundados los agravios del recurrente por las siguientes razones: a) Porque las consideraciones encaminadas a demostrar que debió sobreseerse el juicio de garantías, promovido por Tito Álvarez, por haberse interpuesto extemporáneamente, son inatendibles, en razón de que el artículo 126 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero estatuye que deben firmar las notificaciones las personas que las hacen; y por firma se entiende, según el Diccionario de la Academia Española, el nombre y apellido con rúbrica, que se pone de mano propia. Y como quiera que basta leer la razón de notificación por cédula, que se dice hecha al quejoso Tito Álvarez, para darse cuenta de que esa razón no tiene al calce firma ninguna, sino sólo una rúbrica, débase concluir que esa llamada notificación es ineficaz con arreglo a la ley para servir de base para computar al quejoso el término que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo. Por tanto, el juicio promovido por Tito Álvarez no puede reputarse como instaurado extemporáneamente, pues, en último extremo, hay que atender a la fecha en que el quejoso manifestó haber tenido conocimiento de la resolución que reclama del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, en virtud de no existir prueba en contrario."

Dichas consideraciones dieron origen a la siguiente tesis:

"NOTIFICACIONES NO FIRMADAS, NO PUEDEN SERVIR DE BASE AL CÓMPUTO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DE GUERRERO). El artículo 126 del Código de Procedimientos Civiles establece que deben firmar las notificaciones las personas que las hacen, y por firma se entiende, según el Diccionario de la Academia Española, el nombre y apellido con rúbrica, que se pone de mano propia; por tanto, si en la notificación por cédula que se dice hecha al quejoso, no aparece al calce firma alguna, sino sólo una rúbrica, debe estimarse que esa llamada notificación es ineficaz, con arreglo a la ley, para servir de base para computar el término que señala el artículo 21 de Ley de Amparo para la interposición del juicio de garantías." (Quinta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo CIII, página 1204).

CUARTO. Por su parte, los antecedentes del recurso de reclamación 41/2004-PL, del índice de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, son los que a continuación se precisan:

Mediante escrito recibido el diecinueve de febrero de dos mil cuatro, el ahora denunciante Enrique Antonio Pedraza Mayoral denunció una posible contradicción de tesis entre diversos Tribunales Colegiados de Circuito y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia entre los diversos Tribunales Colegiados de Circuito y desechó por notoriamente improcedente la denuncia de contradicción de tesis exclusivamente en relación con el criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de este Alto Tribunal.

Inconforme con lo anterior, el denunciante interpuso recurso de reclamación en el que, entre otros aspectos, argumentó que el acuerdo recurrido no fue autorizado por ningún secretario, pues si bien al calce del mismo obraba una firma ilegible o rúbrica, era menester que hubiera precisado su nombre y apellido.

Al resolver en sesión de cuatro de junio de dos mil cuatro el recurso de reclamación 41/2004-PL, la Segunda Sala de este Alto Tribunal contestó dicho agravio en los siguientes términos:

"Por último, tampoco asiste la razón al recurrente en cuanto señala que el proveído presidencial impugnado no fue autorizado por ningún secretario. En efecto, el acuerdo presidencial en comento, en su parte que interesa, señala lo siguiente: (se transcribe). De lo anterior se advierte que, contrario a lo que sostiene el recurrente, el proveído presidencial impugnado sí fue autorizado por un secretario, en tanto la leyenda ‘doy fe’ está referida a la determinación del presidente de este Alto Tribunal que se contiene en dicho acuerdo así como a su firma, lo que de suyo implica la intervención de un secretario en la actuación judicial correspondiente, habida cuenta que al calce del mismo aparecen dos firmas ilegibles, las que evidentemente corresponden al Ministro presidente y al secretario que dio fe de dicho acto. No obsta a lo anterior, lo argumentado por el promovente en el sentido de que conforme al Diccionario de la Real Academia Española, el vocablo ‘firma’ significa ‘nombre y apellido o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento’ por lo que para estimar que el acuerdo impugnado fue firmado por el secretario que dio fe, no basta con que éste haya estampado ‘una firma ilegible o rúbrica’, sino que era menester que se precisara su nombre y apellido. Lo anterior es así, pues al margen del significado gramatical del vocablo ‘firma’, en la práctica común se entiende como tal, el conjunto de signos manuscritos que identifican a la persona que suscribe un documento, o bien, que interviene en el acto que da origen a su elaboración, por lo que la mención expresa del nombre y apellido del secretario que da fe de una actuación judicial, no puede estimarse como un requisito de validez, máxime que ello no se consigna expresamente en los artículos 60 y 61 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues lo que dichos numerales prevén, es que en todo acto (judicial) del que deba dejarse constancia en autos, deberá intervenir el secretario, quien ‘lo autorizará con su firma’. Por tanto, al no existir disposición legal alguna que expresamente señale que los actos judiciales que deban ser autorizados por el secretario deben contener el nombre y apellido de éste, es dable concluir que la ausencia de tales elementos, por sí misma, no puede generar la invalidez de dichos actos, cuestión tal que se corrobora si se toma en consideración que en términos de lo previsto en el artículo 219 del citado ordenamiento legal, ‘las resoluciones judiciales (entendiéndose como tales los decretos, autos y sentencias) sólo expresarán el tribunal que las dicte, el lugar, la fecha y sus fundamentos legales, con la mayor brevedad, y la determinación judicial, y se firmarán por el Juez, Magistrados o Ministros que las pronuncien, siendo autorizadas, en todo caso, por el secretario.’. En ese orden de ideas, al haberse demostrado que no es procedente la denuncia de contradicción de tesis entre las sustentadas por una de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por un Tribunal Colegiado de Circuito, y que el nombre y apellido del secretario que da fe de una actuación judicial no es un requisito de validez de la misma, es inconcuso que el proveído presidencial que por esta vía se impugna, en cuanto desecha por improcedente la denuncia de la posible contradicción de criterios entre el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 44/2003 y el que se contiene en la tesis aislada que se lee bajo el rubro: ‘CAMBIOS DECRETO DE CONTROL GENERALIZADO DE. EL DIRECTOR GENERAL DEL BANCO DE MÉXICO ES AUTORIDAD EJECUTORA (FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA RECURRIR).’, sustentada por la otrora Segunda Sala, se encuentra ajustado a derecho y, por ende, la presente reclamación es infundada."

QUINTO. Como cuestión previa, debe determinarse si existe la contradicción de tesis denunciada, pues sólo en caso de que los criterios sustentados por los órganos jurisdiccionales contendientes resulten efectivamente divergentes, discrepantes u opuestos, habrá lugar a un pronunciamiento respecto de cuál es el que debe prevalecer con carácter de obligatorio.

Para ello, es necesario que concurran las siguientes condiciones:

a) Que en las ejecutorias materia de la contradicción se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas.

c) Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.

Sirve de apoyo a lo anterior, por cuanto hace a los elementos que determinan la existencia de una contradicción de tesis, la jurisprudencia P./J. 26/2001 de este Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, cuyos rubro y texto se leen:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

En el caso, se satisface el requisito enunciado en el inciso a), ya que la cuestión jurídica examinada por la anterior Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consistió en determinar si la rúbrica estampada en una razón de notificación era suficiente para cumplir con el requisito de estar firmada, en términos del artículo 126 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero vigente en la época, o si para ello era necesario que constara el nombre y apellido de mano propia de quien efectuó la notificación.

Al respecto, dicha Sala llegó a la conclusión de que la notificación analizada carecía de validez por no aparecer al calce firma alguna -entendida en términos del Diccionario de la Real Academia Española como el nombre y apellido con rúbrica-, sino que únicamente obraba una rúbrica, por lo que tal notificación no debía tomarse en cuenta para efectos del cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo.

Por su parte, el problema jurídico examinado por la Segunda Sala consistió en determinar si un acuerdo emitido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ser válido, debía precisar el nombre y apellido del secretario que dio fe, o si bastaba con que al calce del proveído obrara una firma ilegible o rúbrica.

Tal planteamiento fue resuelto en el sentido de que el acuerdo resultaba válido, pues la mención expresa del nombre y apellido del secretario que da fe de una actuación no puede considerarse como un requisito de validez, pues ello no se consigna expresamente en los artículos 60, 61 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

De lo anterior se advierte que las Salas cuyos criterios se denuncian como contradictorios se pronunciaron en torno a un mismo problema jurídico, consistente en determinar la validez de la firma estampada en diversas actuaciones judiciales (en un caso se trató de una notificación, y en otro caso de un acuerdo de trámite), llegando a conclusiones divergentes, pues mientras la Tercera Sala consideró que la firma, para considerarse como tal, requiere estar acompañada del nombre y apellido de quien la estampe, sin lo cual la actuación debe considerarse inválida; la Segunda Sala, en cambio, determinó que la mención expresa del nombre y apellido del secretario que da fe no es un requisito de validez de las resoluciones judiciales, pues la ley no lo consigna expresamente así.

Tal diferencia de criterios se presentó en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, pues de las transcripciones realizadas en los considerandos tercero y cuarto de este fallo, se advierte que los razonamientos de la otrora Tercera Sala partieron de una interpretación del concepto de "firma" basada en el Diccionario de la Academia Española, mientras que las consideraciones de la Segunda Sala se basaron en lo que en la práctica común se entiende como tal, por lo que también se reúne el requisito reseñado en el inciso b) que antecede.

Además, los criterios discrepantes partieron del análisis de los mismos elementos, pues aunque ambas Salas estudiaron la validez de actuaciones judiciales diversas a la luz de legislaciones distintas, lo cierto es que las legislaciones aplicadas tienen en común que establecen como requisito de validez que la actuación judicial correspondiente esté firmada por el funcionario que en ellas intervenga.

En efecto, el artículo 126 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, vigente hasta el veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y tres, disponía:

"Artículo 126. Deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquella a quien se hace. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el secretario o escribano haciendo constar estas circunstancias. A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, si la pidiere."

Por su parte, el artículo 61 del Código Federal de Procedimientos Civiles señala:

"Artículo 61. En todo acto de que deba dejarse constancia en autos, intervendrá el secretario, y lo autorizará con su firma; hecha excepción de los encomendados a otros funcionarios."

Así, tanto el artículo 126 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, vigente hasta el veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y tres, como el artículo 61 del Código Federal de Procedimientos Civiles, establecen la obligación de asentar la firma del funcionario judicial que intervenga en la actuación de que se trate.

A la luz de tales preceptos, las Salas de este Alto Tribunal analizaron la validez de diversas actuaciones en las que el funcionario judicial asentó una rúbrica ilegible sin acompañarla de su nombre y apellido, y determinaron si ello constituye propiamente una firma suficiente para darle validez a la actuación correspondiente, de manera que también se surte el requisito establecido en el inciso c) anterior.

En estas condiciones, debe concluirse que sí existe la contradicción de tesis denunciada.

SEXTO. La materia de la presente contradicción de tesis consiste en determinar si el requisito de validez consistente en la firma de las actuaciones judiciales se satisface con el asentamiento de la sola rúbrica del funcionario que en ellas interviene, o si ésta debe estar acompañada de su nombre y apellido de propia mano.

Para dar respuesta a lo anterior, debe tenerse presente que la firma, en general, cumple la función esencial de identificar a su autor, así como imputarle la autoría del texto que precede a la misma.

Lo anterior, parte del principio de que algunos rasgos o elementos característicos de la escritura de una persona siempre serán los mismos, lo que permite determinar, a simple vista o a través de medios científicos, si cierto conjunto de signos fue realmente asentado de puño y letra de la persona a quien se le atribuye.

En este sentido, es irrelevante que una firma sea legible o ilegible, siempre y cuando resulte identificable, pues son los aspectos grafoscópicos y no el significado de la representación gráfica, los que permiten imputar la firma a una persona determinada. Así, una firma legible será atribuible a su autor en virtud de los rasgos que la distingan y no porque en ella se pueda leer determinado nombre y apellido, en la misma medida en que los rasgos de una firma ilegible son susceptibles de identificar a su autor aunque no se acompañe de su nombre y apellido.

Por tanto, independientemente de la definición proporcionada por el Diccionario de la Real Academia Española, una firma, para ser tal, debe consistir en un conjunto de signos manuscritos con características tales que permitan identificarlos con su autor, aunque no representen su nombre y apellido, ni estén acompañados de éstos.

Desde esta perspectiva, este Alto Tribunal ha sostenido, en diversas ocasiones, que la firma es un elemento distinto al nombre y apellido de una persona, tal como puede advertirse en las siguientes tesis:

"LETRAS DE CAMBIO, EN LAS QUE NO FIGURAN EL NOMBRE Y APELLIDO DEL GIRADOR. El artículo 76 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su fracción VII sólo exige que en las letras de cambio figure la firma del girador o de quien suscriba a su ruego o en su nombre, y si en la doctrina que invoca el quejoso se opina que debe constar también su nombre y apellido, debe estarse no a ésta, sino al mandamiento legal, por lo cual es correcto que la responsable diga que como obra la firma del girador, está cubierto el requisito a que se contrae la disposición legal en cita. La misma responsable argumenta también que dicha doctrina, entre otras cosas, expresamente dice que no importa que la firma del girador sea ilegible, con tal que resulte identificable, y en el caso sucede esto, pues si el hoy quejoso reconoció expresamente que se giraron las letras de cambio base de la acción, no habría podido hacer tal declaración si no hubiera identificado los elementos de los títulos, entre ellos, la firma del girador; por lo que es inadmisible que ahora pretenda oponer contra ellos la excepción consistente en que no consta en las letras el nombre y apellido del girador queriendo dar a entender que ignora quién hizo los giros y pretendiendo con tal fútil motivo librarse de la obligación cambiaria que quedó establecida desde que aceptó pagar los documentos que a su cargo se libraron." (Sexta Época, Tercera Sala, Informe 1960, página 67).

"PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA, VALORACIÓN DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).-No obstante que según el artículo 410 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco el Juez está facultado para valorar la prueba pericial, según su prudente arbitrio; tratándose de la pericial grafoscópica, debe desestimar los dictámenes que no se ajusten al interrogatorio formulado a los peritos y éstos, al contestar las preguntas respectivas, tendrán que examinar y confrontar el original de la firma dubitada y expresarlo así en sus dictámenes, porque no basta el examen y confrontación con una copia fotostática de esa firma, dado que es obvio que se aprecian con mejor pericia las características de la firma en el original que en la copia fotostática de la misma; además, los dictámenes, para ser tomados en cuenta, se referirán precisamente al juicio en que se ofreció esa prueba y no a otro. Por otra parte, si la firma dubitada consiste en el nombre de una persona, debe tenerse como indubitable no sólo la rúbrica que según dicha persona use normalmente en todos sus asuntos que requieran de ella, sino que también es necesario tener como indubitable aquella consistente en la escritura de su nombre, con su puño y letras, para la confrontación respectiva, y así poder establecer técnicamente las características y diferencias de dicha escritura." (Séptima Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 205-216, Cuarta Parte, página 147).

"TÍTULOS DE CRÉDITO, ENDOSO EN LOS.-La fracción II del artículo 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito sólo exige que el endoso contenga la firma del endosante, o de la persona que lo suscriba a su ruego o en su nombre, pero de ninguna manera se requiere que en un endoso se precise el nombre correcto del endosante, como sucede cuando se trata del endosatario, independientemente de que conforme al artículo 39 de la misma ley, el que paga no está obligado a cerciorarse de la autoridad de los endosos ni tiene la facultad de exigir que ésta se le pruebe; pero sí debe verificar la autenticidad de la persona que presenta el título como último tenedor y la continuidad de dichos endosos." (Séptima Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 181-186, Cuarta Parte, página 279).

Ahora bien, en el caso específico de las actuaciones judiciales, la firma constituye un elemento esencial de validez, cuyo objetivo es identificar al funcionario que las practica, a fin de asegurarse que éste sea el legalmente facultado para ello.

Pues bien, de acuerdo con lo hasta aquí expuesto para identificar al funcionario judicial de que se trate basta con que éste estampe su firma en la actuación judicial que practique, sin que sea necesario que también asiente su nombre y apellido, salvo que la legislación aplicable lo exija expresamente.

Esto es así, pues como ha quedado señalado en líneas precedentes, el aspecto relevante de toda firma es el grafoscópico, pues son los rasgos y características los que permiten identificar los signos con su autor, de manera que el nombre y apellido debe considerarse como elementos diversos a la firma, por lo que sólo existe obligación de precisarlos cuando la legislación correspondiente así lo establezca.

Además, todo funcionario judicial cuenta con un nombramiento por medio del cual se le confiere el cargo correspondiente, en el que obra su firma, la cual puede ser considerada, en caso necesario, como firma indubitable para cotejo, a fin de cerciorase de la identidad del suscriptor de determinada actuación.

Por tanto, debe concluirse que la obligación legal de que las actuaciones judiciales estén firmadas por el funcionario que en ellas intervenga no comprende la obligación de asentar su nombre y apellido, salvo que la legislación aplicable lo exija expresamente, toda vez que el nombre y apellido no son elementos inherentes a la firma, en tanto que no cumplen una función de identificación, la cual sólo es propia de los signos manuscritos que, por sus características, pueden ser atribuidos a una determinada persona.

Al respecto, este Alto Tribunal no desconoce que el asentamiento del nombre y apellido del funcionario puede facilitar su identificación, por lo que es deseable que tales datos queden asentados en las actuaciones en las que intervenga, lo que incluso puede resultar útil para deslindar responsabilidades en caso necesario. Sin embargo, ello no llega al extremo de considerar que el nombre y apellido constituyen un elemento integrante de la firma misma.

Al respecto, resulta ilustrativa la siguiente jurisprudencia de este Tribunal Pleno:

"DEMANDAS O PROMOCIONES PRESENTADAS EN HORAS INHÁBILES. REQUISITOS QUE DEBE CONTENER LA RAZÓN QUE RESPECTO A SU RECEPCIÓN ASIENTE EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO AUTORIZADO POR EL TITULAR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL RESPECTIVO.-Si se toma en consideración que conforme a lo dispuesto en los artículos 23, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo y 61 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, en términos de lo previsto en el artículo 2o. de ésta, la presentación de demandas o promociones de término puede hacerse el día en que el plazo relativo concluya, fuera del horario de labores del órgano jurisdiccional correspondiente, ante el secretario autorizado para recibirlas, quien tiene la obligación de autorizar con su firma todos los actos procesales de los que deba dejarse constancia y le estén encomendados, así como hacer constar la fecha (día, mes y año) y la hora en que se presente el escrito, dando cuenta con él al día siguiente, o bien, desde luego, cuando se trate de un asunto urgente, es inconcuso que para que la razón que al respecto asiente el referido secretario sea válida, basta con que en ella se señalen la fecha y hora de recepción del escrito, que se asienten los anexos y copias que, en su caso, le sean entregadas, y que el citado funcionario firme al calce para debida constancia, sin que sea necesario asentar otros datos como el lugar de recepción, el nombre del funcionario que recibe, la clase de nombramiento que tiene y el órgano donde labora. Ello es así, porque si la finalidad que se persigue al permitir la presentación de demandas o promociones el día en que concluya el plazo legal para hacerlo, fuera del horario de labores, es la de dar oportunidad a las partes de ejercer con plenitud sus derechos, desde el primer momento en que nacen, hasta el último minuto del plazo que la ley les otorga para ello, es incuestionable que dicho ejercicio no puede quedar supeditado a la satisfacción de formalidades no previstas en la ley, que incluso pudieran ocasionar graves perjuicios al promovente, pues la negligencia, desconocimiento o actuación indebida del secretario autorizado para recibir promociones de término podría dejar a aquél en estado de indefensión, dando lugar a que la presentación se considere extemporánea por causas ajenas a su conducta procesal." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 33/2001, página 80).

Como se ve, este Alto Tribunal ya ha sostenido que para la validez de la razón asentada por el secretario que recibe demandas o promociones en horas hábiles, basta que el citado funcionario firme al calce, sin que sea necesario asentar su nombre, pues dicha formalidad no está prevista en la ley.

En las relatadas condiciones, el criterio que debe prevalecer con carácter obligatorio es el siguiente:

ACTUACIONES JUDICIALES. PARA SU VALIDEZ BASTA LA FIRMA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE EN ELLA INTERVENGAN, EN SU CASO, ANTE LA FE DEL SECRETARIO, SIENDO INNECESARIO QUE TAMBIÉN SE ASIENTEN LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE PROPIA MANO.-La firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede, partiendo del principio de que algunos rasgos de la escritura de una persona siempre serán los mismos, lo que permite determinar, a simple vista o a través de medios científicos, si cierto conjunto de signos fue realmente asentado de puño y letra de la persona a quien se le atribuye, por lo que es irrelevante que una firma sea legible o ilegible, siempre que existan elementos que permitan identificarla con su autor, por la reiteración invariable que hace de ella, pues son los aspectos grafoscópicos y no el significado de la representación gráfica los que permiten imputar la firma a una persona determinada. Así, independientemente de la definición proporcionada por el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española y en atención al uso generalizado, una firma, para ser tal, debe consistir en uno o varios signos manuscritos con características tales que permitan identificarlos con su autor, aunque no representen su nombre y apellido, ni estén acompañados de estos datos escritos por propia mano. Por tanto, se concluye que la obligación legal de que las actuaciones judiciales estén firmadas por el servidor público que en ellas intervenga, no comprende la obligación de asentar su nombre y apellido de propia mano, salvo que la legislación aplicable lo exija expresamente, toda ve

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19784-dd1d4ab0/actuaciones-judiciales-para-su-validez-basta-la-firma · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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