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Modo: Corpus Pro

LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN. EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE DIVERSAS CUOTAS PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES, RESPETA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2000-PL. · Registro digital (IUS): 17724
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Agosto de 2003, , Pág. 789.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2000-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. Los criterios en supuesta contraposición se suscitan entre la Primera y la Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera de ellas, al emitir su resolución en el amparo en revisión 383/2000, interpuesto por Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, Sociedad Anónima de Capital Variable, que dio lugar a la tesis aislada IX/2000, aprobada en sesión de cinco de julio del año dos mil, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XII, agosto de 2000

"Tesis: 1a. IX/2000

"Página: 188

"DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE MODIFICACIONES O REPARACIONES DE INMUEBLES DE USO NO HABITACIONAL. LOS ARTÍCULOS 206, FRACCIÓN II, INCISO B) Y 207, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, VIOLAN LAS GARANTÍAS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD CONSAGRADAS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 CONSTITUCIONAL. El legislador al considerar en los artículos 206, fracción II, inciso b) y 207, fracción VI, del Código Financiero del Distrito Federal, una cantidad por cada metro cuadrado de construcción, para cuantificar el monto de los derechos que se establecen por la expedición de una licencia de modificaciones o reparaciones, tratándose de inmuebles de uso no habitacional, vulnera los principios de proporcionalidad y equidad tributarios, toda vez que los derechos por servicios son una especie de contribuciones que tienen su origen en la recepción por parte del particular de una actividad del Estado individualizada, concreta y determinada, que genera una relación entre el usuario y la administración, la cual justifica el pago del tributo; por lo que la base para calcularlo es precisamente la prestación de un servicio por parte del Estado, resultando insostenible que la proporcionalidad de los derechos de que se trata deba analizarse a la luz no sólo de la correlación entre la prestación del servicio público (de autorización) y el monto de la cuota, sino también de elementos ajenos a dicha prestación, como lo son los metros cuadrados sobre los que se realizará la modificación o reparación, o bien los beneficios que obtendrá el gobernado, puesto que si el objeto del tributo lo es únicamente el costo que le genera al Estado el servicio por la expedición de la licencia correspondiente éste debe fijarse en relación a dicho costo, dado que, independientemente de que se autorice una modificación o reparación en una superficie de diez o mil metros cuadrados -como ejemplo- el costo del servicio por la expedición misma de la autorización no varía, sea cual fuere el número de metros autorizados, pues este tipo de servicios requiere un esfuerzo uniforme por parte de la administración pública para satisfacer todas las necesidades que se le presenten; por lo que, el cobro de estos derechos, en la forma establecida, en los preceptos en cuestión, no guarda proporción con el servicio prestado, lo que hace que los referidos derechos sean inequitativos y desproporcionados, violando en consecuencia, lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, constitucional.

"Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz."

Las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia, al resolver el referido amparo en revisión 383/2000, que dio origen al criterio aislado IX/2000 anteriormente transcrito, en la parte que interesa, dicen:

"Asimismo, también carece de razón en cuanto aduce la autoridad recurrente, en el agravio sintetizado como f), que conforme a las tesis jurisprudenciales XLVIII/91 y XLVIII/94, tratándose de derechos fiscales no sólo debe considerarse la correlación entre el costo del servicio y el monto de la cuota, sino también los beneficios recibidos por los usuarios, las posibilidades económicas de éstos y las razones de tipo extrafiscal. En primer lugar, debe establecerse que los criterios que cita la autoridad recurrente no han integrado jurisprudencia en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, sino que se contienen en tesis aisladas del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se desprende de su propia publicación, que dice: ‘AUTORIDAD, LO ES PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, AL PODER HACER EFECTIVOS LOS CRÉDITOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE COERCITIVAMENTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA.’ (la transcribe). ‘DERECHOS FISCALES. PARA EXAMINAR SI CUMPLEN CON LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, DEBE ATENDERSE AL OBJETO REAL DEL SERVICIO PRESTADO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y QUE TRASCIENDE TANTO AL COSTO COMO A OTROS ELEMENTOS.’ (la transcribe). Ahora bien, en dichas tesis aisladas, como de su texto se advierte, el Pleno de este Alto Tribunal no se ha pronunciado en el sentido que sostiene la autoridad recurrente, esto es, que tratándose de derechos fiscales no sólo deba considerarse la correlación entre el costo de servicio y el monto de la cuota, sino también los beneficios recibidos por los usuarios, las posibilidades económicas de éstos y las razones de tipo extrafiscales, sino por el contrario, ha considerado que tratándose de derechos causados por el registro de documentos o actos similares, como lo constituye la expedición de una autorización administrativa, el objeto real del servicio exige de la administración pública un esfuerzo uniforme a través del cual puede satisfacer todas las necesidades que se presenten, sin aumento apreciable del costo del servicio; caso distinto a la prestación de servicios como el de agua potable, que requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo, a fin de lograr su captación, conducción, saneamiento y distribución, además de no estar ilimitadamente a disposición de la administración pública, pues el agotamiento de las fuentes, la alteración de las capas freáticas, los cambios climáticos y el gasto exagerado, abusivo o irresponsable por los usuarios, repercuten en la prestación del servicio, porque ante la escasez del líquido es necesario renovar los gastos para descubrir, captar y allegar más agua. Por tanto, contrariamente a lo que pretende la autoridad recurrente, no puede equipararse la naturaleza fiscal de los derechos por expedición de autorizaciones administrativas, como es el caso de licencias para modificación o reparación de inmuebles de uso no habitacional, a los que se pagan por el servicio de agua potable, ya que aquéllos, como se ha mencionado, requieren un esfuerzo uniforme por parte de la administración pública para satisfacer todas las necesidades que se le presenten, lo que no acontece en los mencionados en segundo término. También son infundados los argumentos que sostiene la autoridad recurrente y que han quedado sintetizados en los incisos g) y h), en los que aduce que los preceptos reclamados son constitucionales porque la determinación de las cuotas de los derechos en ellos previstos trasciende a elementos diversos al costo del servicio prestado por el Estado, y que guardan una relación entre el costo del servicio proporcionado por el Estado, con la cuota fijada para la prestación del mismo, ya que para estar en aptitud de prestar el servicio de expedición de licencias por obras y construcciones para modificaciones o reparaciones de inmuebles de uso no habitacional, es necesario llevar a cabo acciones diversas a la elaboración, revisión y entrega del documento, las cuales se traducen en diversos costos asociados a recursos humanos, materiales y financieros, cuyo número se determinará conforme a la dimensión, complejidad del proyecto, análisis y valoración de las medidas de seguridad que deban satisfacerse. En primer lugar, resulta pertinente precisar que el Código Fiscal de la Federación, en la primera parte de la fracción IV de su artículo 2o., define el concepto de ‘derecho’, de la siguiente manera: ‘IV. Derechos son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos.’. Por su parte, el Código Financiero del Distrito Federal, en su artículo 24, fracción IV, define a los derechos como sigue: ‘IV. Derechos. Son las contraprestaciones por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Distrito Federal, con excepción de las concesiones o los permisos, así como por recibir servicios que presta la entidad en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas como tales en este código.’. De la lectura del precepto transcrito, se advierte que el legislador, tanto federal como local, ha establecido dos clases distintas de derechos: la primera, referente a los denominados ‘derechos por servicios’, consistentes en las contribuciones, cuyo presupuesto se actualiza cuando el particular recibe los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público; y la segunda, relativa a los denominados ‘derechos por uso de bienes del dominio público’, consistentes en las contribuciones, cuyo presupuesto se actualiza cuando el particular aprovecha bienes del dominio público de la Nación. Ahora bien, los artículos 206, fracción II, inciso b) y 207, fracción VI, del Código Financiero del Distrito Federal, cuyo texto se reitera para mayor claridad en el presente estudio establecen (los transcribe). De la lectura de los artículos transcritos se advierte que su contenido se refiere a los denominados ‘derechos por servicios’, toda vez que en dichos preceptos se establece un derecho cuya actualización deriva de la prestación de un servicio por parte del Estado; ello según se advierte de la redacción de los propios artículos que establecen que por la expedición de licencias por modificaciones o reparaciones de inmuebles de uso no habitacional, se pagará el 100% del importe de los derechos correspondientes a la obra nueva calculada sobre la superficie modificada y la cual corresponde, en el caso de más de tres niveles, a $44.40 por metro cuadrado de construcción. Ahora bien, la expedición de licencias por modificaciones o reparaciones de inmuebles de uso no habitacional, evidentemente constituye una autorización por la cual el Estado confiere a una persona el derecho de realizar las obras expresamente solicitadas y de los preceptos transcritos, se desprende que se establece un pago no por la expedición propiamente de la autorización como tal, sino por cada metro cuadrado de construcción por la cual se solicite su modificación o reparación, aplicándosele un monto que corresponde a los derechos correspondientes a obra nueva. Tomando en consideración lo anterior debe decirse que resulta apegado a derecho el criterio sostenido por el a quo, en cuanto que considera que los preceptos reclamados transgreden la garantía de proporcionalidad porque fijan la cuota de los derechos en estudio tomando como base los metros cuadrados de construcción por la cual se solicite su modificación o reparación, ya que para el Estado tiene el mismo costo otorgar una licencia para tales efectos, en todos los casos de inmuebles de uso no habitacional. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que si bien el monto de los derechos no necesariamente debe corresponder con exactitud matemática al costo del servicio prestado por el Estado, sí debe fijarse en relación con el mismo, esto es, que debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, porque entre ellos existe una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dichas contribuciones encuentran su hecho generador en la prestación del servicio, siendo precisamente ello lo que distingue a este tipo de tributo de las demás contribuciones, por lo que para que cumplan con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio. Tal criterio se encuentra contenido en las siguientes jurisprudencias: ‘REGISTRO DE DOCUMENTOS EN LOS QUE SE CONSIGNA LA CONSTITUCIÓN O EL AUMENTO DE CAPITAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, DERECHOS POR. LAS LEYES FEDERALES O LOCALES QUE LOS ESTABLECEN SON CONTRARIAS AL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL SI PARA FIJARLOS SE TOMA EN CUENTA EL CAPITAL EN GIRO DE LA PERSONA MORAL.’ (se transcribe). ‘DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA.’ (se transcribe). Además, también el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que si bien la proporcionalidad y equidad de los derechos se rige por un sistema distinto al de los impuestos, también lo es que no por ello se encuentran excluidos de satisfacer las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas fiscales a que se refiere el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, como se desprende de las siguientes tesis: ‘DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS.’ (se transcribe). ‘DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ÉSTOS ESTÁ REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS.’ (se transcribe). Ahora bien, en el presente caso, el legislador al considerar en los artículos 206, fracción II, inciso b) y 207, fracción VI, del Código Financiero del Distrito Federal, una cantidad por cada metro cuadrado de construcción para cuantificar el monto de los derechos que establece por la expedición de una licencia de modificaciones o reparaciones, tratándose de inmuebles de uso no habitacional, vulnera los principios de proporcionalidad y equidad tributarios, toda vez que los derechos por servicios son una especie de contribuciones que tienen su origen en la recepción por parte del particular de una actividad del Estado individualizada, concreta y determinada, que genera una relación entre el usuario y la administración, la cual justifica el pago del tributo, por lo que la base para calcularlos es precisamente la prestación de un servicio por parte del Estado, resultando insostenible que la proporcionalidad de los derechos de que se trata deba analizarse a la luz no sólo de la correlación entre la prestación del servicio público (de autorización) y el monto de la cuota, sino también de elementos ajenos a dicha prestación, como son los metros cuadrados sobre los que se realizará la modificación o reparación, o bien, los beneficios que obtendrá el gobernado, puesto que si el objeto del tributo lo es únicamente el costo que le genera al Estado el servicio por la expedición de la licencia correspondiente éste debe fijarse en relación con dicho costo. Esto es así, porque independientemente de que se autorice una modificación o reparación en una superficie de diez o mil metros cuadrados -como ejemplo- el costo del servicio por la expedición misma de la autorización no varía, sea cual fuere el número de metros autorizados, pues este tipo de servicios requieren un esfuerzo uniforme por parte de la administración pública para satisfacer todas las necesidades que se le presenten; por lo que, el cobro de estos derechos, en la forma establecida en los preceptos en estudio no guarda proporción con el servicio prestado, lo que los hace inequitativos y desproporcionales violando, en consecuencia, lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, constitucional. Son aplicables al caso, las siguientes tesis: ‘VIDEOGRAMAS, DERECHOS POR LA AUTORIZACIÓN DE SU REPRODUCCIÓN. EL ARTÍCULO 19-E, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN CUANTO AL COBRO QUE PREVIENE, ES INCONSTITUCIONAL POR VIOLAR EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.’ (se transcribe). ‘LICENCIA DE USO DE SUELO O DE EDIFICACIONES, DERECHOS PARA LA EXPEDICIÓN DE. INCONSTITUCIONALIDAD DEL COBRO POR CADA METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN (LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).’ (se transcribe). Criterios que resultan aplicables al caso en estudio, atento que, en la especie, el hecho generador de la contribución que se impugna de inconstitucional, también lo constituye una autorización administrativa. Además, en cuanto a los argumentos que sostiene la autoridad recurrente tendentes a acreditar que la determinación de las cuotas correspondientes a los derechos en estudio trasciende a elementos diversos al costo del servicio prestado por el Estado, que se traduce en diversos costos asociados a recursos humanos, materiales y financieros; cabe decir que en nada le benefician, ya que aun cuando las actividades que precisa debieran llevarse a cabo (sin que la autoridad recurrente especifique en qué preceptos legales se prevé la obligatoriedad para las autoridades administrativas de realizar las mismas), éstas deberán desarrollarse, en su caso, invariablemente en todas las solicitudes de licencias para modificación o reparación de inmuebles de uso no habitacional que presenten los gobernados, lo que, se reitera, se traduce en un esfuerzo uniforme a través del cual la autoridad administrativa puede satisfacer las necesidades que se le presenten, sin aumento apreciable del costo del servicio, independientemente de la superficie sujeta a modificación o reparación, por lo que no puede considerarse que el número de metros cuadrados debe incidir en la cuota correspondiente, ya que ésta debe corresponder únicamente al costo que genera al Estado el servicio por la expedición de la licencia de que se trata, por lo que el número de metros cuadrados, se reitera, en ningún momento debe influir en el costo que representa al Estado la prestación del servicio. Tampoco benefician a la autoridad recurrente los argumentos que han quedado sintetizados en los incisos i) y j), en el sentido de que el legislador al establecer diversas cuotas para el pago de derechos por expedición de licencias para modificación o reparación de inmuebles de uso no habitacional, consideró los costos que implica para el Estado mantener un padrón de aquellos bienes inmuebles que se estén reparando o modificando, así como las constantes revisiones que deben ejecutarse para verificar que las reparaciones o modificaciones se ajusten a lo autorizado en la licencia respectiva, lo que justifica que se establezcan cuotas diversas atendiendo a los metros cuadrados de construcción, así como el uso de suelo, en virtud de que una construcción de cincuenta metros cuadrados no implica los mismos estudios respecto de una de mil metros cuadrados, por lo que existe un equilibrio razonable entre la cuota y la prestación del servicio y un trato fiscal semejante a quienes reciben igual servicio; además de que el legislador, tratándose de los derechos en estudio, atendió a fines extrafiscales consistentes en lograr los niveles y calidad de vida a que todos los mexicanos aspiramos y que se encuentran consagrados en los artículos 3o., 4o., 25 y 26 constitucionales, esto es, alentar y promover el desarrollo y progreso en el nivel de vida de los habitantes de la Ciudad de México, para lo cual se requieren recursos económicos provenientes de las aportaciones individuales de los ciudadanos del Distrito Federal. Lo anterior es así, porque de la exposición de motivos que el legislador expresó en relación con la creación del Código Financiero del Distrito Federal, así como respecto de las reformas reclamadas a los artículos 206, fracción II, inciso b) y 207, fracción VI, de dicho ordenamiento, no se advierte que se hubiera expresado en el sentido de que el establecimiento de las cuotas relativas a los derechos previstos en esos preceptos se debieran a las razones a que alude la autoridad recurrente, por lo que al no haberse hecho pronunciamiento alguno en este sentido por parte del Juez de Distrito, las mismas no pueden ser materia de estudio en la presente ejecutoria y, consecuentemente, en este aspecto, los agravios formulados devienen inoperantes. Igual declaración debe hacerse en cuanto al argumento sintetizado en el inciso l), en el que la autoridad recurrente sostiene que el Juez de Distrito omitió considerar que las fracciones I y II del artículo 206 del Código Financiero del Distrito Federal, se refieren a dos categorías diferentes de contribuyentes. En efecto, los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo establecen (se transcriben). De los preceptos transcritos se desprende que los principios mencionados, en esencia, están referidos a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes, resolviendo sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, tratándose de amparo contra leyes, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados, sin introducir consideraciones ajenas que pudieran llevarlo a hacer declaraciones en relación con preceptos legales que no fueron impugnados. Ahora bien, en el presente caso, como se desprende del capítulo de actos reclamados que ha quedado transcrito en el resultando primero de esta ejecutoria, la parte quejosa no reclamó la fracción I del artículo 206 del Código Financiero del Distrito Federal, sino únicamente la fracción II, por lo que legalmente el a quo se encontraba impedido para analizar una norma no reclamada y menos aún para hacer el estudio comparativo que pretende la autoridad recurrente, ya que introduciría elementos ajenos a la litis constitucional contraviniendo los principios de congruencia y exhaustividad consagrados en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo. También resulta inoperante lo que sostiene la autoridad recurrente en el agravio sintetizado en el inciso k), en el sentido de que la reforma a la fracción VI del artículo 207 del Código Financiero del Distrito Federal incluye el concepto ‘reparaciones’ en los derechos por la expedición de licencias de construcción, porque no es justo ni equitativo que quienes realizan la construcción de obras nuevas paguen derechos por concepto de su licencia de construcción y quienes realizan modificaciones o reparaciones a sus construcciones no aporten cantidad alguna. Lo anterior es así por dos razones, primero porque de la exposición de motivos relativa a la reforma a que se refiere la autoridad recurrente, se advierte que el legislador solamente expresó como justificación para incluir en la fracción VI del artículo 207 del Código Financiero del Distrito Federal, el concepto de ‘reparaciones’ en los derechos por expedición de licencias de construcción con igual cuota a la de modificaciones, que se hacía ‘en congruencia con el artículo 54 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal’ y no así en atención a las razones expresadas por la recurrente; y, segundo, porque el Juez de Distrito, en la sentencia recurrida, no se pronunció en el sentido de que los gobernados que realizan modificaciones o reparaciones a inmuebles de uso no habitacional deban no aportar cantidad alguna por la expedición de la licencia correspondiente, por lo que debe concluirse que el argumento en análisis se hace derivar de una apreciación errónea por parte de la autoridad recurrente. De todo lo anterior se desprende que en el caso a estudio no resultan aplicables las jurisprudencias que cita la autoridad recurrente en su oficio de agravios y que se precisan en el inciso m), las cuales son del tenor literal siguiente: ‘PREDIAL. EL PÁRRAFO TERCERO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 149 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA AL ESTABLECER DIVERSOS FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO ATENDIENDO A LA FINALIDAD A QUE SE DESTINE EL INMUEBLE.’ (se transcribe). ‘CONTRIBUCIONES. FINES EXTRAFISCALES.’ (se transcribe). Lo anterior es así, porque el criterio contenido en la primera de las jurisprudencias transcritas se encuentra referido a un presupuesto diverso al que en el caso se analiza toda vez que, en primer lugar, en aquél se analiza la constitucionalidad de un precepto que establece un impuesto justificándose el trato desigual que el legislador introdujo en el artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal porque el mismo se encuentra referido a dos categorías diferentes de contribuyentes, esto es, a los dueños de inmuebles de uso habitacional y a los de uso no habitacional; situación en la cual no se ubica el caso a estudio. Además, en relación con la segunda de las jurisprudencias transcritas, si bien el Tribunal Pleno se pronunció en el sentido de que además del propósito recaudatorio que tienen las contribuciones, éstas pueden servir accesoriamente como instrumentos eficaces para el desarrollo del país, lo cierto es que ello queda condicionado a que no se violen los principios constitucionales rectores de los tributos, esto es, los de proporcionalidad y equidad consagrados en la fracción IV del artículo 31 constitucional, lo que no sucede en el caso de los preceptos legales reclamados. En las relacionadas condiciones, al haber resultado en parte infundados y en otra inoperantes los agravios formulados por la autoridad recurrente, procede confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en contra de los artículos 206, fracción II, inciso b) y 207, fracción VI, del Código Financiero del Distrito Federal y su acto de aplicación."

Por su parte, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia, al resolver los juicios de amparo en revisión 376/2000, 517/2000, 1819/99, 1977/99 y 574/2000, promovidos, respectivamente, por Cabi Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable, Cabi Santa Fe, Sociedad Anónima de Capital Variable, Inmobiliaria Mani, Sociedad Anónima de Capital Variable, Inmobiliaria 20 de Noviembre, Sociedad Anónima de Capital Variable e Inmobiliaria Camasil, Sociedad Anónima de Capital Variable, sostuvo la tesis jurisprudencial 60/2000, aprobada en sesión privada de veintitrés de junio del año dos mil, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XII, Julio de 2000

"Tesis: 2a./J. 60/2000

"Página: 69

"LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN. EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE ESA ENTIDAD, EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, QUE ESTABLECE DIVERSAS CUOTAS PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES, RESPETA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. Conforme al citado precepto legal, por la expedición de licencias para construcción de obras nuevas se pagará el derecho respectivo aplicando diversas cuotas por metro cuadrado de construcción, cuyo monto varía en función del destino del inmueble y del número de niveles con que cuente. Ahora bien, atendiendo al objeto real del servicio público que conlleva la expedición de tales licencias, específicamente a lo dispuesto en el artículo 3o., fracciones I, V y VI, del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, se advierte que el despliegue técnico que debe realizar el órgano competente de la administración pública del Distrito Federal para verificar que las construcciones respecto de las que se solicita la licencia satisfacen las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad y buen aspecto, difiere en función de la extensión de la obra, de los niveles con que cuenta y del destino que se le vaya a dar. En tal virtud, el procedimiento establecido en el artículo 206 del Código Financiero del Distrito Federal para realizar el cálculo de los derechos correspondientes resulta proporcional, ya que al tenor de este numeral, mientras mayor sea el número de niveles o de metros cuadrados a inspeccionar, dependiendo del destino del inmueble, mayor será el despliegue técnico de la administración y, por ende, el monto de la contribución a enterar; por otra parte, el referido precepto también otorga un trato equitativo a los contribuyentes, ya que la cuantía del tributo a pagar será la misma cuando la autorización respectiva se base en un despliegue técnico de igual magnitud, por tratarse de construcciones de igual extensión, niveles y destino, y será diverso, cuando la expedición de la licencia conlleve la inspección de construcciones de diversa extensión, niveles o destino.

"Amparo en revisión 376/2000. Cabi Sur, S.A. de C.V. 14 de abril del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Juan José Rosales Sánchez.

"Amparo en revisión 517/2000. Cabi Santa Fe, S.A. de C.V. 28 de abril del año 2000. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

"Amparo en revisión 1819/99. Inmobiliaria Mani, S.A. de C.V. 12 de mayo del año 2000. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Silverio Rodríguez Carrillo.

"Amparo en revisión 1977/99. Inmobiliaria 20 de Noviembre, S.A. de C.V. 12 de mayo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17724-e6c084b8/licencias-para-construccion-el-articulo-206-del-codigo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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