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Modo: Corpus Pro

LEGITIMACIÓN PROCESAL DEL PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN SUSTITUCIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. CARECE DE ELLA CUANDO ÉSTE ACTÚA COMO RESPONSABLE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 105, PRIMER PÁRRAFO, TERCERA PARTE, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL TRES).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2003-PL. · Registro digital (IUS): 17632
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, , Pág. 307.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2003-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

SECRETARIO: EMMANUEL G. ROSALES GUERRERO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El criterio materia de esta contradicción de tesis, proveniente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue sustentado en los siguientes asuntos:

1. Recurso de reclamación 266/2002-PL, promovido por la persona moral denominada Grupo Nacional Provincial, Sociedad Anónima, resuelto en sesión del treinta de octubre de dos mil dos.

2. Amparo en revisión 196/2002, promovido por B.C.B. Impulse Ingeniería Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable, resuelto el veintidós de noviembre de dos mil dos.

Las consideraciones de los anteriores asuntos, en las partes que interesan, fueron las siguientes:

1. Reclamación 266/2002-PL.

"Es infundado el presente recurso de reclamación. En sus agravios, el recurrente se inconforma por el hecho de que en el expediente del amparo directo en revisión 1370/2002, se haya admitido el recurso de revisión interpuesto por el secretario de Hacienda y Crédito Público. El motivo en que funda su inconformidad con tal determinación, se hace consistir en el hecho de que, a juicio del recurrente, en el caso no se encuentra justificada la representación que del secretario de Estado mencionado ostenta el subprocurador fiscal federal de Amparos, en virtud de que no se ajusta al orden de suplencias dispuesto en la última parte del primer párrafo del artículo 105 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al efecto, argumenta el recurrente que si bien es cierto que el precepto antes referido permite que el secretario de Hacienda y Crédito Público sea suplido en los juicios de amparo en que deba intervenir, también es verdad que para que esa suplencia resulte válida, debe respetarse el orden de funcionarios que fija la norma. Sobre esa base, el recurrente aduce que resulta incorrecto que, en la especie, el subprocurador fiscal federal de Amparos haya suplido directamente al secretario de Hacienda y Crédito Público, sin justificar la ausencia del procurador fiscal de la Federación, que impidiera seguir el orden que marca la norma, dado que dicho funcionario es quien le antecede en el orden de suplencias. Resultan infundadas tales alegaciones, de conformidad con lo siguiente: El artículo 105 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público textualmente dispone: ‘Artículo 105. El secretario de Hacienda y Crédito Público será suplido en sus ausencias por los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, o por el oficial mayor, en el orden indicado. En la presidencia de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, el titular de la secretaría será suplido indistintamente por el subsecretario de Hacienda y Crédito Público o por el subsecretario de Egresos. En los juicios de amparo en que deba intervenir en representación del presidente de la República o como titular de la secretaría, así como en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad o, en general, en cualquier otro procedimiento jurisdiccional, será suplido indistintamente por el procurador fiscal de la Federación, por el subprocurador fiscal federal de Amparos, por el director general de Amparos Contra Leyes, por el director general de Amparos contra Actos Administrativos o por los servidores públicos antes señalados, en el orden indicado.’. De la lectura de dicha norma, se advierte con claridad que contempla tres supuestos de suplencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, a saber, suplencia genérica. Se le puede identificar de esa manera, porque a diferencia de las dos restantes, no está contemplada para alguna actividad específica. Está prevista en la primera parte del precepto, y conforme a la misma el secretario de Hacienda y Crédito Público será suplido en sus ausencias, de conformidad con el siguiente orden: 1. Por el subsecretario de Hacienda y Crédito Público; 2. Por el subsecretario de Ingresos; 3. Por el subsecretario de Egresos; y, 4. Por el oficial mayor. Suplencia en la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento. Para este supuesto, la ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público puede ser suplida de manera indistinta, esto es, sin ajustarse a un orden expreso, tanto por el subsecretario de Hacienda y Crédito Público como por el subsecretario de Egresos. Suplencia en los procedimientos jurisdiccionales. De conformidad con la norma, este tipo de suplencia está previsto para los casos en que por sí o en representación del presidente de la República, el secretario de Hacienda y Crédito Público deba intervenir en juicios de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o, en general, en cualquier otro procedimiento jurisdiccional. En este supuesto, el secretario de Hacienda y Crédito Público puede ser suplido de manera indistinta, esto es, sin sujetarse a un orden específico por los siguientes funcionarios: el procurador fiscal de la Federación, el subprocurador fiscal federal de Amparos, el director general de Amparos Contra Leyes, el director general de Amparos contra Actos Administrativos o los servidores públicos antes señalados, en el orden indicado. De los tres supuestos de suplencia, el que interesa, en la especie, es el contemplado para los procedimientos jurisdiccionales, y respecto al mismo, tal como antes se precisó, el texto normativo claramente dispone que el secretario de Hacienda y Crédito Público será suplido indistintamente: a) Por el procurador fiscal de la Federación; b) Por el subprocurador fiscal federal de Amparos; c) Por el director general de Amparos Contra Leyes; d) Por el director general de Amparos Contra Actos Administrativos; o, e) Por los servidores públicos antes señalados, en el orden indicado. Ahora bien, el recurrente sustenta sus argumentos de que la suplencia de los funcionarios debe sujetarse al orden en que se mencionan, en el hecho de que, en su última parte, el primer párrafo del artículo 105 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dispone: ‘... en el orden indicado’. Sin embargo, tales alegaciones carecen de validez, pues al formularlas se pierde de vista que la disposición de respetar un orden, se refiere al último tipo de funcionarios que menciona al enunciar a los que de manera indistinta pueden suplir al secretario de Hacienda y Crédito Público en los procedimientos jurisdiccionales, esto es, a ‘los servidores públicos antes señalados’, expresión que debe entenderse se refiere a los servidores señalados en los supuestos de suplencia tratados con anterioridad en la misma norma, pues de no entender así las cosas, resultaría ilógico que el precepto señale, en principio, que la suplencia en los procedimientos judiciales se hará indistintamente por los funcionarios que se mencionan, para posteriormente disponer que deberá seguirse el orden en que se citaron. Lo anterior se corrobora, si se atiende al hecho de que: 1. El último de los supuestos de suplencia que desarrolla la norma es el jurisdiccional. 2. Los funcionarios facultados para suplir al secretario de Hacienda y Crédito Público en los supuestos de suplencia genérica y en la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento (sic), son distintos de los identificados de manera expresa para la suplencia en los procedimientos judiciales. 3. El único supuesto en que se sujeta la suplencia de los funcionarios a un orden es en el de la suplencia genérica, ya que expresamente dispone que: ‘El secretario de Hacienda y Crédito Público será suplido en sus ausencias por los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, o por el oficial mayor, en el orden indicado.’. Luego entonces, de un análisis sistemático de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 105 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se puede concluir que la suplencia del secretario del ramo en los procedimientos jurisdiccionales en que intervenga por sí o en representación del presidente de la República, se realizará de la siguiente manera: en principio, podrá ser suplido de manera indistinta, esto es, por cualquiera de ellos, sin necesidad de sujetarse a orden alguno, por los siguientes funcionarios: a) Por el procurador fiscal de la Federación; b) Por el subprocurador fiscal federal de Amparos; c) Por el director general de Amparos Contra Leyes; d) Por el director general de Amparos Contra Actos Administrativos; o, e) Por los servidores públicos antes señalados, en el orden indicado; sin embargo, y sólo en esta última opción, sí habrá de seguirse un orden, ya que ‘por los servidores públicos antes señalados’ debe entenderse a los mencionados en los otros supuestos de suplencia contenidos en el mismo precepto y concretamente a los enumerados en la primera parte que regula un supuesto de suplencia genérica, en el cual sí se establece un orden específico para que opere la suplencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, a saber: 1. Por el subsecretario de Hacienda y Crédito Público; 2. Por el subsecretario de Ingresos; 3. Por el subsecretario de Egresos; y, 4. Por el oficial mayor. De conformidad con lo antes expuesto, resulta obvio que, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, en el caso, no resulta ilegal que el subprocurador fiscal federal de Amparos haya suplido directamente al secretario de Hacienda y Crédito Público en la interposición del recurso de revisión que dio lugar al expediente del amparo directo en revisión 1370/2002, toda vez que para que operara esa suplencia, no era necesario ajustarse a un orden específico de funcionarios, ya que se trata de uno de los facultados de manera indistinta para llevar a cabo la suplencia en los procedimientos jurisdiccionales. En esa tesitura, al resultar infundado el recurso de reclamación, procede confirmar el auto recurrido sin que proceda imponer una multa al recurrente, no obstante lo dispuesto al efecto en el último párrafo del artículo 103 de la Ley de Amparo; toda vez que no se advierte que el recurrente haya interpuesto el recurso sin motivo o de mala fe, pues funda su reclamación en un punto respecto del cual era necesario realizar una interpretación legal."

2. Amparo en revisión 196/2002.

"VISTOS, Y; RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil uno ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Francisco Javier Barrios Sánchez en su carácter de apoderado legal de B.C.B. Impulse Ingeniería Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal ... SEGUNDO. La quejosa expuso como antecedentes del caso, lo siguiente (transcribe el capítulo de antecedentes de la demanda). TERCERO. Dicha parte quejosa invocó como garantías violadas en su perjuicio, las consagradas en los artículos 14 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expuso los conceptos de violación que estimó pertinentes, bastando para la información y resolución del presente asunto lo que se hizo valer en el primero de dichos conceptos, que a la letra dice: (transcribe el capítulo de conceptos de violación de la demanda) ... CUARTO. De la demanda tocó conocer, por razón de turno, al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en donde su titular por auto de fecha veintiséis de diciembre de dos mil uno, tuvo por admitida la demanda de amparo interpuesta, ordenando formar y registrar con el número 1199/2001-III el expediente relativo, dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y requerir a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; tramitado el asunto en sus etapas, en seis de marzo de dos mil dos dictó sentencia, la que terminó de engrosar el veintiséis del mismo mes y año, concluyendo con los siguientes resolutivos: ‘PRIMERO. Se sobresee en el juicio por los actos y las autoridades precisados en el considerando segundo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a B.C.B. Impulse Ingeniería Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los actos reclamados a las siguientes autoridades responsables: Congreso de la Unión, presidente de la República, secretario de Gobernación y director del Diario Oficial de la Federación, actos consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en la aprobación, expedición, promulgación, refrendo del decreto promulgatorio y publicación del vigente artículo 6o., penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, en la parte en la que excluye de la exención de pago del tributo durante el ejercicio fiscal de inicio y los dos siguientes, a las empresas que consolidan fiscalmente. ...’. QUINTO. Inconforme con el fallo, el subprocurador fiscal federal de Amparos, en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, quien actúa en representación del presidente de la República, interpuso recurso de revisión que fuera remitido a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiendo su conocimiento, por razón de turno, al Séptimo Tribunal Colegiado de dicha materia y circuito, en donde su presidente mediante proveído de dos de mayo de dos mil dos, lo admitió y registró con el número 1277/2002; seguidos los trámites legales en sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil dos, el órgano jurisdiccional de que se trata resolvió declarar infundados los conceptos de agravio en los que se impugnó el estudio de las causales de improcedencia que hizo el Juez de Distrito y en el resto, al subsistir el problema de inconstitucionalidad, dispuso la remisión del asunto a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. SEXTO. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de siete de junio de dos mil dos tuvo por admitido el recurso de revisión, ordenando formar y registrar el expediente relativo con el número 196/2002. El agente del Ministerio Público Federal de la adscripción en su pedimento solicita que se confirme la sentencia recurrida. Por acuerdo del presidente de este Alto Tribunal de fecha primero de julio de dos mil dos, se turnaron los autos a la ponencia del señor Ministro Juventino V. Castro y Castro para su estudio y emisión del proyecto de resolución respectivo. Previo dictamen del Ministro ponente, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil dos dispuso que se remitieran los autos a la Primera Sala, en donde su presidente por diverso proveído de veintiséis siguiente los radicó y ordenó que se devolvieran a quien originalmente se le habían turnado. CONSIDERANDO: PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente ... SEGUNDO. La recurrente hace valer agravios relacionados tanto con el estudio que hizo el Juez de Distrito de las causales que analizó (de los que se ocupó el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y que declaró infundados), como con el otorgamiento del amparo, por lo que únicamente se transcriben los que corresponden al fondo del asunto, que a la letra dicen lo siguiente: (se transcribe dicho agravio) ... TERCERO. La recurrente en el tercero de sus conceptos de agravio, manifiesta que es incorrecto el que se hubiera otorgado el amparo contra el acto reclamado al presidente de la República, consistente en la promulgación del decreto que contiene las reformas impugnadas por tratarse de un acto consumado. Lo alegado es infundado pues es inexacto que la promulgación de una ley sea un acto consumado de manera irreparable, ya que tratándose de amparos contra leyes el acto reclamado debe entenderse integrado por todas las etapas del proceso legislativo, motivo por el cual la promulgación de una ley debe correr la misma suerte que los otros actos del proceso legislativo. En relación con lo anterior son aplicables las tesis cuyos datos de localización, rubro, texto y precedentes, son los siguientes: ‘Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: V, Primera Parte, enero a junio de 1990. Tesis: P. XXXVI/90. Página: 12. AMPARO CONTRA LEYES. SE ENTIENDE CONCEDIDO CONTRA TODOS LOS ACTOS DEL PROCESO LEGISLATIVO. El amparo concedido en contra de las disposiciones de una ley, por vicios propios, afecta a todos los actos que concurren a su formación. Por ello, debe considerarse infundado el agravio formulado por la autoridad responsable, para que se niegue la protección constitucional en contra de la promulgación de dicho ordenamiento, aduciendo que sobre dicho acto no se llegó a ninguna conclusión de inconstitucionalidad. La promulgación es necesaria para la validez de la ley, como todos los actos del proceso legislativo, que constituyen un acto complejo, y por ende, no pueden quedar subsistentes o insubsistentes aisladamente, sino que la declaración de inconstitucionalidad de las normas afecta a todos ellos.’. ‘Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes: 187-192, Primera Parte. Página: 63. LEYES, AMPARO CONTRA, EL ACTO RECLAMADO ESTÁ INTEGRADO POR TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO LEGISLATIVO. Si en la demanda se señaló como acto reclamado la expedición de la ley y se llamó a juicio al Congreso que la expidió, expresándose conceptos de violación en contra de dicha expedición, no hay impedimento para examinar la constitucionalidad del ordenamiento combatido, aunque no se hayan expresado conceptos de violación respecto del acto de promulgación por vicios propios, pues habiéndose oído a las autoridades responsables expedidoras del ordenamiento combatido incluyendo al Ejecutivo que la promulgó, la eficacia o falta de fundamento de los conceptos de violación habrá de afectar a todos los actos de formación de la ley.’. ‘Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes: 187-192, Primera Parte. Página: 81. REFRENDO. DEBE CORRER LA MISMA SUERTE QUE LOS OTROS ACTOS DEL PROCESO LEGISLATIVO. Si la ley impugnada se declara inconstitucional, todos los actos del proceso legislativo, entre ellos el refrendo, deben correr la misma suerte, o sea que si el Juez considera inconstitucional la ley y concede el amparo contra la expedición, promulgación y aplicación de la ley, no tiene por qué hacer consideraciones especiales respecto al refrendo, y si éste no fue reclamado por vicios propios, el refrendo debe correr la misma suerte que los otros actos del proceso legislativo, sin que ello cause perjuicio a la autoridad.’. ‘Sexta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: Primera Parte, LVI. Página: 138. PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS LEYES. Si bien es cierto que en el procedimiento de formación de la ley intervienen diversos órganos constitucionales, como son el Legislativo que las expide y el Ejecutivo que las promulga y ordena su publicación, dichos actos no pueden separarse en forma absoluta para los efectos del amparo, toda vez que en su conjunto son los que otorgan vigencia a la ley reclamada, y por tanto hacen que el ordenamiento respectivo pueda ser aplicado a los casos concretos comprendidos en las hipótesis normativas, y son todos ellos los que pueden ser reparados a través del juicio de garantías. La expedición, promulgación y publicación de una ley no pueden quedar subsistentes o insubsistentes, aisladamente, puesto que tales actos concurren para que tenga vigencia la ley y pueda ser aplicada, y en cambio necesariamente dejan de producir efectos conjuntamente al pronunciarse una ejecutoria que declare inconstitucional a la ley, en el caso concreto a que se refiera el fallo; consecuentemente, a pesar de que se produzcan por órganos diferentes, no pueden considerarse consumados irreparablemente, ni improcedente su reclamación en el juicio de amparo que se interponga contra una ley.’. ‘Sexta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: Primera Parte, XLV. Página: 185. PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LEYES Y DECRETOS. Si se recurre como agravio la promulgación, publicación de leyes y decretos, estimándose que deben considerarse como actos consumados de manera irreparable, y por lo mismo que no procede el amparo sino el sobreseimiento, tiene aplicación la tesis sostenida por el Tribunal Pleno, que establece: «Si bien es cierto que en el procedimiento de formación de la ley intervienen diversos órganos constitucionales, como son el Legislativo que las expide y el Ejecutivo que las promulga y ordena su publicación dichos actos no pueden separarse en forma absoluta para los efectos del amparo, toda vez que en su conjunto son los que otorgan vigencia a la ley reclamada, y por tanto hacen que el ordenamiento respectivo pueda ser aplicado a los caso concretos comprendidos en las hipótesis normativas, y son todos ellos los que pueden ser reparados a través del juicio de garantías. La expedición, promulgación y publicación de una ley no pueden quedar subsistentes ni insubsistentes, aisladamente, puesto que tales actos concurren para que tenga vigencia la ley y pueda ser aplicada, y en cambio necesariamente dejan de producir efectos conjuntamente al pronunciar una ejecutoria que declare inconstitucional a la ley, en el caso concreto a que se refiere el fallo; consecuentemente, a pesar de que se produzcan por órganos diferentes, no pueden considerarse consumados irreparablemente, ni improcedente su reclamación en el juicio de amparo que se interponga contra una ley.».’. ‘Sexta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: Primera Parte, XXIX. Página: 192. LEYES, AMPARO CONTRA LAS. Si bien es cierto que en el procedimiento de formación de la ley intervienen diversos órganos constitucionales, como son el Legislativo que las expide y el Ejecutivo que la promulga y ordena su publicación, dichos actos no pueden separarse en forma absoluta para los efectos del amparo, toda vez que en su conjunto son los que otorgan vigencia a la ley reclamada, y por tanto hacen que el ordenamiento respectivo pueda ser aplicado a los casos concretos comprendidos en las hipótesis normativas, y son todos ellos los que pueden ser reparados a través del juicio de garantías. La expedición, promulgación y publicación de una ley no pueden quedar subsistentes ni insubsistentes, aisladamente, puesto que tales actos concurren para que tenga vigencia la ley y pueda ser aplicada y en cambio necesariamente dejan de producir efectos conjuntamente al pronunciarse una ejecutoria que declare inconstitucional a la ley, en el caso concreto a que se refiere el fallo; consecuentemente, a pesar de que se produzcan por órganos diferentes, no pueden considerarse consumados irreparablemente, ni improcedente su reclamación en el juicio de amparo que se interponga contra una ley.’. En el cuarto concepto de agravio se aduce que se concedió el amparo en la parte que excluye de la exención del pago del tributo durante el ejercicio fiscal de inicio y los dos siguientes, a las empresas que consolidan fiscalmente, sin tomar en cuenta que consolidar para efectos fiscales tiene el carácter de optativo, por lo que si la quejosa presentó su solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se le concediera la autorización, ello significa que se acogió a la reforma a sabiendas que a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y siete, por lo que fue un acto voluntario tributar conforme a las disposiciones fiscales vigentes a partir del ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y siete. Lo alegado es infundado habida cuenta que la sola circunstancia de que la parte quejosa hubiera solicitado se le autorizara a consolidar fiscalmente, de ninguna manera implica que haya consentido el precepto que reclama, atento que de acuerdo a su reforma se establece una limitante al periodo de exención para el pago del impuesto al activo, entre otros, a las sociedades controladoras que con anterioridad a tal reforma se encontraban exentas de dicho impuesto por el periodo preoperativo, el ejercicio de inicio de actividades y los dos siguientes, limitante que es precisamente la que se impugna en la demanda de garantías. A lo anterior debe agregarse que la solicitud que formuló la quejosa para consolidar fiscalmente únicamente tiene relación con ese régimen, como correctamente lo establece el Juez de Distrito en su sentencia, pero no puede traducirse en que la empresa quejosa deje de gozar de una exención que conforme a la ley vigente en la época en que se constituyó adquirió el derecho a ella. Finalmente, en el quinto de los conceptos de agravio, se sostiene, en síntesis, que es incorrecta la consideración del Juez de Distrito de que el precepto reclamado es violatorio de la garantía de irretroactividad consagrada en el artículo 14 constitucional, pues el artículo 6o., penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, no obra hacia el pasado pues no dispone que las sociedades que tuvieran el carácter de controladoras o controladas con anterioridad a dicha fecha no quedaran exentas del impuesto al activo, sino que dicho precepto rige para todas aquellas personas que encajan en el supuesto normativo emanado de él, a partir de mil novecientos noventa y siete. Por tanto, si de conformidad con el artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las disposiciones vigentes en el lapso en que ocurran, y la quejosa tuvo el carácter de sociedad controladora a partir de mil novecientos noventa y siete, conforme a las disposiciones vigentes, es a partir de ese momento en que debe determinar las contribuciones a su cargo, sin que exista retroactividad de la ley, porque el Estado tiene la facultad legítima de cambiar las bases de las contribuciones por lo cual los contribuyentes no adquieren el derecho a pagar siempre el mismo impuesto. Lo alegado es infundado, pues si bien es cierto que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las disposiciones vigentes en el lapso en que ocurran y que los contribuyentes no adquieren el derecho de pagar siempre el mismo impuesto, también lo es que ello no significa una autorización para el legislador de desconocer los derechos consignados en la propia ley y que hubieran adquirido los contribuyentes precisamente como consecuencia de haberse acogido a las disposiciones en las que se señala una exención, vigentes en la época en que se estableció, como ocurrió en la especie, pues el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Activo reclamado, con anterioridad a su reforma prevenía que se encontraban exentos del pago del impuesto las empresas por la etapa preoperativa, el ejercicio de inicio de actividades, los dos siguientes y el de liquidación; exención que no era aplicable únicamente cuando se tratase de los ejercicios posteriores a la fusión, transformación de sociedades o traspaso de negociaciones, ni a los contribuyentes que iniciaran actividades con motivo de la escisión de sociedades. En tal virtud, es inconcuso que los contribuyentes que se ubicaron en los supuestos de la norma en la época en que se encontraba vigente, adquirieron el derecho a no pagar el tributo por el término que establecía el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Activo, esto es, durante la etapa preoperativa, el ejercicio fiscal de inicio, los dos siguientes y el de liquidación, sin que se encontraran excluidas de la exención las empresas que habían sido autorizadas para tributar bajo el régimen de consolidación fiscal, a diferencia de lo que se dispone terminantemente en el precepto reclamado en el sentido de excluir de la exención a las sociedades que en términos del capítulo IV del título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta tengan el carácter de controladoras, ni de las sociedades controladas que se incorporen a la consolidación. Por tanto, si el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Activo que se reclama entró en vigor a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y siete, según lo dispuesto en el artículo único transitorio del decreto que contiene la ley que establece y modifica diversas leyes fiscales, publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis, es inconcuso que tal como lo estableció el Juez de Distrito en su sentencia, el citado artículo 6o. sí infringe la garantía de irretroactividad tutelada por el artículo 14 constitucional. En las relacionadas consideraciones, al resultar infundados los agravios se impone confirmar por sus propios y legales fundamentos, en lo que es materia de la revisión, la sentencia recurrida."

CUARTO. El criterio materia de esta contradicción de tesis, proveniente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue sustentado en los siguientes asuntos:

I. Amparo en revisión 109/2002, promovido por la persona moral denominada Bufete Serrano de la Vega, Sociedad Civil, y resuelto en sesión de veintidós de noviembre de dos mil dos.

II. Amparo en revisión 285/2002, promovido por María de los Dolores Herrera Olvera, y resuelto en sesión de veintidós de noviembre de dos mil dos.

III. Amparo en revisión 454/2002, promovido por la persona moral denominada Grupo Ford, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, y resuelto en sesión de veintidós de noviembre de dos mil dos.

IV. Amparo en revisión 512/2002, promovido por la persona moral denominada Merrill Lynch México, Sociedad Anónima de Capital Variable, y resuelto en sesión de veintidós de noviembre de d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17632-e9d3ee52/legitimacion-procesal-del-procurador-fiscal-de-la-federacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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