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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE INTRODUCIR, EN EL JUICIO O EN LA REVISIÓN, EL EXAMEN NOVEDOSO DE LA INCOMPETENCIA DE LA RESPONSABLE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2003-PL. · Registro digital (IUS): 17717
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Agosto de 2003, , Pág. 507.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2003-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIA: VERÓNICA NAVA RAMÍREZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones que sirvieron de sustento en relación con la materia de esta contradicción a la Primera Sala de este Alto Tribunal al resolver el amparo directo en revisión 1090/2001, en sesión del veintiuno de noviembre del año dos mil uno, en la parte que interesa son las siguientes:

"CUARTO. Con independencia de la eficacia o ineficacia que pudieran tener los agravios esgrimidos por la tercera perjudicada recurrente en relación con el fondo del asunto, del examen integral de las constancias de autos y en particular de la demanda de garantías, esta Primera Sala advierte la existencia de un trascendente concepto de violación, suplido en la ausencia total del mismo, en beneficio de la quejosa trabajadora, que al no haber sido invocado por el Tribunal Colegiado, por ende, no fue analizado, el cual conduce a confirmar la concesión de la protección de la Justicia Federal decretada en la sentencia recurrida, por diversas razones a las estimadas por dicho tribunal, lo que, incluso, hace ocioso el examen de los agravios expresados por la parte inconforme. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de un asunto de la materia laboral y dicha suplencia se aplica en beneficio de la clase trabajadora. Dicho precepto establece lo siguiente: ‘Artículo 76 bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente: ... (sic) IV. En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador.’. A este respecto, resulta aplicable la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización y contenido son los siguientes: ‘Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: II, septiembre de 1995. Tesis: 2a./J. 39/95. Página: 333. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: «SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATÁNDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA.», establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación rigurosamente literal del artículo 76 bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones.’. De igual forma, en relación con el referido pronunciamiento en el sentido de que, con independencia de la eficacia o ineficacia de los agravios procede analizar un diverso concepto de violación (aunque en el presente asunto esto sea en total suplencia de la deficiencia del mismo), en la forma que enseguida se detalla, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aplicado el mismo criterio al resolver en sesión del quince de mayo del dos mil uno, por unanimidad de diez votos (por encontrarse de vacaciones el Ministro Vicente Aguinaco Alemán), el amparo en revisión 841/2000, promovido por la quejosa Juana Villanueva Zapata. Para mejor comprensión del presente asunto resulta conveniente destacar que el Tribunal Colegiado de que se trata otorgó el amparo a la parte quejosa en contra de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Nuevo León, sustentando dicha concesión, en principio, al invocar una tesis de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se refiere a la inconstitucionalidad de una disposición de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y con base en ella concluir que igualmente puede estimarse que en el caso la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, por no prever el levantamiento de actas administrativas, para el caso de que el trabajador incurra en alguna de las causales para rescindir la relación laboral, básicamente en lo que se refiere a que se le dará intervención al trabajador afectado, así como a su representante sindical, pudiendo ofrecer los testigos de descargo, apartándose, por ende, de lo dispuesto en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, al no estar fundamentada en su diverso 123, apartado B, y a su ley reglamentaria, es decir, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, concretamente a su artículo 46 bis. Asimismo, en virtud de la declaración de inconstitucionalidad referida, se precisó como efectos de dicha concesión el que el acta administrativa de veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, levantada en contra de la quejosa, adolecía de vicios, dado que no se observaron los requisitos del artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Trabajo (sic) pues no fue ratificada por sus signantes ante la autoridad laboral responsable, a fin de dar oportunidad a la contraparte de repreguntar a los firmantes del documento; además de que en el levantamiento de dicha acta no se citó al representante sindical, a fin de que pudiera conocer los cargos, permitiéndosele aportar las pruebas que estimara pertinentes, por lo que se destacó en la página treinta y ocho reverso, que: ‘toda vez que el proceder del tribunal responsable en el aspecto indicado es violatorio de la garantía de legalidad consagrada en el artículo 14 constitucional, procede conceder a la quejosa el amparo de la Justicia Federal, para el efecto de que, dejando insubsistente el laudo reclamado, la responsable pronuncie uno nuevo en el que decida la controversia conforme a derecho, atento a los lineamientos de esta ejecutoria y resuelva lo que proceda en derecho.’. Ahora bien, de las constancias relacionadas con estos autos, se advierte que la quejosa trabajaba como maestra en la escuela secundaria técnica número cuatro de San Pedro Garza García, Nuevo León, de la Unidad de Integración Educativa de ese Estado; y que le fue demandada por el representante legal de dicha unidad la terminación de los efectos de su nombramiento ante el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nuevo León, y que el laudo que este último dictó constituye el acto reclamado relativo al presente toca. Asimismo, resulta conveniente destacar, dada su relevancia en el presente asunto, el contenido de algunos de los preceptos que integran la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, la cual fue declarada inconstitucional por el Tribunal Colegiado. ‘Artículo 1o. La presente ley regirá en el Estado de Nuevo León, las relaciones entre el Gobierno del Estado y sus trabajadores y los Ayuntamientos y sus trabajadores. Los derechos consignados en este ordenamiento, salvo las excepciones que el mismo establece, son irrenunciables.’. ‘Artículo 4o. Para los efectos de esta ley, el personal al Servicio del Estado o de sus Municipios se clasificará de la manera siguiente: I. Trabajadores de confianza: A) Del Poder Legislativo: El oficial mayor y asesores. B) Del Poder Judicial: Magistrados, Jueces, secretarios, actuarios y comisarios. C) Del Poder Ejecutivo: secretarios, jefe de ayudantes, ayudantes, coordinadores o asesores del C. Gobernador, secretario general de Gobierno, secretario de Finanzas y tesorero general del Estado, procurador general de Justicia, oficial mayor de Gobierno, secretarios de Despacho, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje; vicepresidente de la Junta Estatal de Agua Potable y Alcantarillado; presidente del Consejo Tutelar para Menores; procuradores para la Defensa del Trabajo; presidentes de Juntas de Conciliación y Arbitraje; secretarios; Jueces de lo Fiscal; subsecretarios; subprocuradores; subtesoreros, contralores; directores generales; directores; subdirectores, coordinadores, delegados de finanzas; oficiales del Registro Civil; así como los asesores, coordinadores, auxiliares directos de los titulares mencionados; defensores de oficio; registradores; agentes y delegados del Ministerio Público; médicos legistas; todo el personal de los Servicios Aéreos del Estado; peritos dictaminadores; supervisores; auditores; administradores; inspectores; conciliadores, y los representantes del Ejecutivo en comisiones, juntas, fondos, fideicomisos y empresas u organismos descentralizados. D) De los Municipios: Los secretarios, jefe de ayudantes, ayudantes, auxiliares, coordinadores o asesores del C. Presidente municipal; el secretario de Ayuntamiento; los secretarios; el tesorero; oficiales mayores; oficiales primeros; proveedores; contralores; subtesoreros; subproveedores; directores generales; directores; subdirectores; coordinadores; delegados municipales; recaudadores; jefes y subjefes; así como los asesores; coordinadores y auxiliares directos de los titulares mencionados; instructores de artes; manualidades u oficios; profesionistas que presten atención médica; administradores; actuarios; comisarios; peritos dictaminadores; supervisores; auditores; y los representantes del C. Presidente municipal en comisiones, juntas, fondos, fideicomisos y empresas u organismos descentralizados. ... (sic) II. Serán trabajadores de base los no comprendidos o enunciados por su categoría o función en la fracción anterior. Los de nuevo ingreso serán de base, después de seis meses de servicio.’. ‘Artículo 5o. Esta ley regirá las relaciones de los trabajadores de los Poderes del Estado y de sus Municipios. El personal administrativo de hospitales, guarderías, puestos de socorro y, en general, el de aquellas dependencias en que la suspensión del servicio implique un daño colectivo inminente, disfrutarán de las mismas prerrogativas concedidas por esta ley a los trabajadores de base, con excepción del derecho de huelga. Todos los trabajadores de las dependencias que funcionan en cooperación entre los Municipios, el Estado y la Federación, así como los fideicomisos, fondos y empresas u organismos descentralizados que dependan o donde intervenga el Gobierno Estatal o los Municipios, quedarán sometidos a lo que dispongan las leyes que los rigen; y en lo no previsto a la presente ley.’. ‘Artículo 6o. Todos los trabajadores que prestan sus servicios al Gobierno del Estado y a los Municipios, deberán de ser de nacionalidad mexicana, y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos técnicos que puedan desarrollar eficientemente el servicio de que se trata. La sustitución será decidida por el C. Gobernador del Estado, jefe del Depto. respectivo, Ayuntamiento o presidente municipal que corresponda, oyendo antes a la organización representativa del interés profesional de los trabajadores al servicio del Estado y de los Ayuntamientos; y en caso de desacuerdo entre ellos, se estará a lo que resuelva el Tribunal de Arbitraje.’. En otro orden, en relación con el tema de la regulación de las relaciones laborales de los organismos descentralizados de carácter federal y local con sus trabajadores, el Tribunal Pleno, al interpretar los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b) y apartado B; 73, fracción X y 116, fracción VI, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha emitido las jurisprudencias y tesis que más adelante se transcriben, en las que ha sostenido que las relaciones laborales de los entes que integran la administración pública paraestatal, de carácter federal o local, se rigen por la Ley Federal del Trabajo, en tanto que el régimen aplicable a los Trabajadores al Servicio del Estado, regulado en el apartado B del artículo 123 constitucional, lo es única y exclusivamente para quienes laboran para los poderes, bien sean de la Unión o de las entidades federativas; y, asimismo, que las Legislaturas de los Estados se encuentran facultadas para legislar en materia de trabajo, en lo concerniente a las relaciones laborales existentes entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local y sus trabajadores. Los preceptos constitucionales antes citados establecen lo siguiente: ‘Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: ... (sic) XXXI. La aplicación de la leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a: ... (sic) b) Empresas: 1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal; ... (sic) B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: ...’ (sic). ‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ... (sic) X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicio financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.’. ‘Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: ... (sic) VI. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.’. Las jurisprudencias sustentadas por el Tribunal Pleno, son las siguientes: ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: III, febrero de 1996. Tesis: P./J. 1/96. Página: 52. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL. El apartado B del artículo 123 constitucional establece las bases jurídicas que deben regir las relaciones de trabajo de las personas al servicio de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, otorgando facultades al Congreso de la Unión para expedir la legislación respectiva que, como es lógico, no debe contradecir aquellos fundamentos porque incurriría en inconstitucionalidad, como sucede con el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que sujeta al régimen laboral burocrático no sólo a los servidores de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, sino también a los trabajadores de organismos descentralizados que aunque integran la administración pública federal descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal, cuyo ejercicio corresponde, conforme a lo establecido en los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al presidente de la República, según atribuciones que desempeña directamente o por conducto de las dependencias de la administración pública centralizada, como son las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos. Por tanto, las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores, no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional.’. ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: II, agosto de 1995. Tesis: P./J. 15/95. Página: 59. TRABAJADORES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. EL ARTÍCULO 16 DEL DECRETO PRESIDENCIAL DE CREACIÓN DE DICHO ORGANISMO, EN CUANTO ESTABLECE QUE SUS RELACIONES LABORALES SE REGIRÁN POR LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, VIOLA EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN. Es inconstitucional el artículo 16 del decreto de creación del organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de agosto de 1986, al disponer que las relaciones laborales entre el citado organismo descentralizado y su personal se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no obstante que se apega a la ley que reglamenta, específicamente por lo que hace a su artículo 1o., que establece que en dicha ley se incluyen los organismos descentralizados, debe destacarse que el precepto impugnado riñe en forma directa con el referido precepto constitucional, apartado A, en cuanto que establece en su fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, que la aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades federales en los asuntos relativos a las empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal.’. Asimismo, el Tribunal Pleno ha emitido las siguientes tesis que aún no integran jurisprudencia: ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VII, abril de 1998. Tesis: P. XXV/98. Página: 122. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER LOCAL. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. Dispone el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se rigen por las leyes que expidan las Legislaturas de los mismos, con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias, que son la Ley Federal del Trabajo respecto del apartado A, que comprende a la materia de trabajo en general, y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que desarrolla los principios comprendidos en el apartado B, fuente del derecho burocrático; por esta razón, es este último apartado el aplicable a las relaciones de trabajo habidas entre los Poderes de los Estados federados y sus trabajadores, según se concluye si se atiende al párrafo introductorio del artículo 116 aludido, que divide al poder público de los Estados en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y lógica la consecuente necesidad de que en la esfera local sea pormenorizado legalmente. En conclusión, y atento que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia firme que los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo, debe establecerse que las relaciones laborales de dichos organismos de carácter local con sus trabajadores escapan a las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales.’. ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VII, abril de 1998. Tesis: P. XXVI/98. Página: 117. LEYES DEL TRABAJO. LAS LEGISLATURAS LOCALES SÓLO PUEDEN EXPEDIR LEYES REGLAMENTARIAS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. Del análisis conjunto y sistemático de las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el Congreso de la Unión cuenta con la facultad exclusiva para legislar en la materia de trabajo, en general, con apoyo en los artículos 73, fracción X, última parte y 123, apartado A y, adicionalmente, respecto de las relaciones de trabajo conocidas como burocráticas, en lo relativo a los Poderes Federales, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, de acuerdo con este último artículo, en su apartado B; en tanto que el artículo 116, fracción VI, al autorizar a los Poderes Legislativos de cada entidad federativa a expedir leyes que regirán las relaciones de trabajo entre los Estados (Poderes Locales) y sus trabajadores, es evidente que sólo pueden expedir leyes reglamentarias del apartado B del indicado artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de comprender a otros sujetos, las mismas resultarían inconstitucionales.’. Las transcripciones que anteceden revelan que el Pleno de este Alto Tribunal, al analizar las disposiciones transcritas de la Constitución Federal, ha establecido que el Congreso de la Unión cuenta con la facultad exclusiva para legislar en materia de trabajo en general, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73, fracción X, última parte y 123, apartado A, de la Carta Magna y, adicionalmente, respecto de las relaciones de trabajo en lo relativo a los Poderes Federales, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, de acuerdo a este último artículo en su apartado B; en tanto que el artículo 116, fracción VI, autoriza a los Poderes Legislativos de cada entidad federativa a expedir leyes que regirán las relaciones de trabajo entre los Poderes Locales y sus trabajadores, lo que implica que sólo pueden expedir leyes reglamentarias siguiendo las bases que establece el apartado B del citado artículo 123 de la Constitución General de la República, pues de comprender a otros sujetos o relaciones, las normas respectivas resultarán inconstitucionales. Consecuentemente, las Legislaturas Locales no están facultadas, conforme al artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, para legislar respecto de relaciones laborales diversas a las que se dan entre los Estados y sus trabajadores. Luego, si los organismos públicos descentralizados locales no forman parte del Poder Ejecutivo Estatal, las Legislaturas Locales se encuentran imposibilitadas para regular las relaciones laborales de dichos organismos, por más que tengan facultades legales para crearlos, pues no tienen competencia para determinar el régimen legal a que deben sujetarse las relaciones jurídicas especificadas. Bajo este contexto es como debe examinarse la regulación de las relaciones de la Unidad de Integración Educativa del Estado de Nuevo León con sus trabajadores, con el fin de establecer si contraviene o no los artículos 116, fracción VI y 123 de la Constitución Federal. Así, la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, en sus artículos del 1o. al 6o., 29 a 32 y 34, establece lo siguiente: ‘Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto organizar y regular el funcionamiento de la administración pública del Estado de Nuevo León, que se integra por la administración pública central y la Paraestatal. La administración pública central está conformada por las secretarías de Estado, la Procuraduría General de Justicia y las unidades administrativas de coordinación, asesoría o consulta, cualquiera que sea su denominación, cuyo objetivo será la atención de programas o asuntos específicos. La administración pública paraestatal está conformada por los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y, para efectos de administración y ejecución de programas especiales, los fideicomisos públicos.’. ‘Artículo 2o. El gobernador del Estado, titular del Poder Ejecutivo y jefe de la administración pública, tendrá las atribuciones que le señalen: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Nuevo León, la presente ley, y las demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas vigentes en el Estado.’. ‘Artículo 3o. Son facultades exclusivas del Ejecutivo: Proponer en los términos del artículo 63, fracción VIII de la Constitución Política del Estado, la creación de las dependencias necesarias para el despacho de los asuntos de orden administrativo y la eficaz atención de los servicios públicos así como, en su caso, la supresión de las mismas. Dentro de las disposiciones presupuestales de la Ley de Egresos, y con fundamento en la presente ley, crear y modificar su estructura administrativa. Asimismo, nombrar y remover libremente a los titulares de las dependencias a que se refiere el artículo 16 de esta ley; a los titulares de los organismos y entidades que integran el sector paraestatal y a los demás funcionarios y empleados, observando lo prescrito en la fracción III del artículo 85 de la Constitución Política Local.’. ‘Artículo 4o. Para el despacho de los asuntos que competan al Poder Ejecutivo, el gobernador del Estado se auxiliará de las dependencias, organismos y entidades que señalan la Constitución Política del Estado, la presente ley, el presupuesto de egresos y las demás disposiciones jurídicas vigentes en el Estado; asimismo, podrá delegar las facultades que sean necesarias para el cumplimiento de los fines de esta ley.’. ‘Artículo 5o. El gobernador del Estado podrá contar con unidades administrativas, cualquiera que sea su denominación u organización, para coordinar, planear, administrar o ejecutar programas especiales o prioritarios a cargo de la administración pública, proporcionar asesoría y apoyo técnico al titular del Poder Ejecutivo del Estado y, en su caso, a los Municipios, a solicitud de los mismos; atender los asuntos relativos a la comunicación social y las relaciones públicas del Gobierno del Estado. De igual manera, podrá acordar el funcionamiento de comités, comisiones, consejos o juntas de carácter interinstitucional, en los que se integre, por invitación, a entidades y dependencias de la administración pública del Estado, de otros órdenes de gobierno, o a personas físicas y morales que por razón de sus respectivas atribuciones y actividades sea conveniente convocar, para fomentar la participación ciudadana en los asuntos de interés público.’. ‘Artículo 6o. El gobernador del Estado podrá convenir con el Ejecutivo Federal, con otras entidades federativas en cuanto fuere procedente y con los Ayuntamientos de la entidad, la prestación de servicios públicos, la administración de tributos, la ejecución de obras o la realización de cualquier otro propósito de beneficio colectivo.’ ... (sic). ‘Artículo 29. El gobernador solicitará al Congreso la creación de organismos descentralizados; y ordenará la creación, fusión o liquidación de empresas de participación estatal mayoritaria o dispondrá la constitución y liquidación, en su caso, de fideicomisos públicos para la atención del objeto que expresamente les encomiende. Asimismo, podrá crear, constituir o establecer juntas, comités y comisiones de carácter interinstitucional para atender fines o programas específicos. El Ejecutivo deberá rendir cuenta a la legislatura del uso que hiciere de esta facultad.’. ‘Artículo 30. Los organismos descentralizados gozarán de personalidad jurídica y patrimonio propio y podrán ser creados para ayudar operativamente al Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones.’. ‘Artículo 31. Los organismos de la administración paraestatal se agruparán en sectores definidos; y sus relaciones con el Ejecutivo, en cumplimiento a las disposiciones legales aplicables, se realizarán a través de la dependencia que en cada caso se designe como coordinador del sector correspondiente.’. ‘Artículo 32. Los organismos de la administración paraestatal deberán proporcionar al coordinador del sector correspondiente la información que se requiera de sus operaciones.’. ‘Artículo 34. Para resolver los conflictos que se presentaren en las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, entre los patrones y sus trabajadores, o bien, las controversias que se susciten entre las autoridades del Estado y los particulares, existirán un tribunal de arbitraje, una Junta Local de Conciliación y Arbitraje y un Tribunal de lo Contencioso Administrativo.’. Del contenido de los artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León se advierte que los organismos públicos descentralizados integran la administración pública paraestatal, en tanto se encuentran contemplados dentro del título primero, denominado Disposiciones generales, y en el artículo 30 se establece que son entidades con personalidad jurídica y pat

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17717-4ffa94c6/amparo-directo-no-procede-introducir-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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