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RECLAMACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE UN ACUERDO QUE DESECHE UNA DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE TESIS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2000-PL. · Registro digital (IUS): 17763
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Septiembre de 2003, , Pág. 789.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2000-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIA: GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si en el caso se da la contradicción de tesis denunciada, ante todo, resulta necesario aludir a los criterios y antecedentes que motivaron la denuncia.

A) La Primera Sala emitió la tesis 1a. XI/99, publicada en la página 63 del Tomo X, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"RECLAMACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE UN ACUERDO QUE EMITA EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE DESECHE UNA DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE TESIS. De conformidad con el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la ejecutoria que resolvió el recurso de reclamación interpuesto en la revisión administrativa 1/97, aprobada en sesión pública de diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete, contenido en la tesis del rubro: ‘RECLAMACIÓN. ESTE RECURSO ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACUERDOS DE TRÁMITE DICTADOS POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE EN TODOS LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL PLENO.’, publicada en la página 169, Tomo V, correspondiente a mayo del año citado, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, al realizar la interpretación del artículo 10, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que los requisitos para la procedencia del recurso de reclamación en contra de las providencias o acuerdos dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia son: 1) que se trate de una providencia o acuerdo emitido durante la tramitación de un asunto; 2) que la ley que regula el asunto no señale expresamente otro recurso o la improcedencia de la reclamación; 3) que el asunto sea de la competencia del Pleno de la Suprema Corte; y, 4) que se trate de un asunto jurisdiccional. De manera específica, esta Sala estima que un acuerdo que deseche una denuncia de contradicción de tesis, que dicte el presidente del Máximo Tribunal, reúne dichos requisitos para considerar que en contra de tal determinación proceda el recurso de reclamación. El primero, en virtud de que el acuerdo de referencia se dicta durante la tramitación del procedimiento de contradicción de tesis previsto en los artículos 197 y 197-A de la Ley de Amparo; el segundo, en razón de que del análisis del ordenamiento jurídico mencionado, que regula dicho procedimiento instaurado para unificar criterios, no se encuentra disposición alguna que establezca expresamente recurso en contra de la resolución apuntada, ni tampoco existe precepto que excluya la procedencia del recurso de reclamación; tercero, habida cuenta que el artículo 10, fracción VIII, de la ley orgánica citada dispone que es competencia del Tribunal Pleno conocer de las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las Salas de la Suprema Corte de Justicia, o por los Tribunales Colegiados de Circuito cuando se trate de asuntos que por razón de la materia no sean de la competencia exclusiva de alguna de las Salas; y, cuarto, porque se trata de un asunto jurisdiccional, en tanto que se requiere labor de juzgamiento de parte del Máximo Tribunal para decidir lo que proceda en relación con la contradicción de tesis, que derive de los criterios que se sustenten en las resoluciones que decidan los juicios de amparo.

"Reclamación 127/98. David Paleta Cordero y otro. 20 de enero de 1999. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández.

"Reclamación 178/98. José Salvador Ramos Vázquez. 27 de enero de 1999. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Guillermo Campos Osorio.

"Reclamación 76/99. David Paleta Cordero y otro. 26 de mayo de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León.

"Reclamación 111/99. Leonardo Talavera Ayona. 2 de junio de 1999. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández."

La anterior tesis también ha sido sustentada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en su sesión pública correspondiente al doce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cinco votos, el recurso de reclamación número 10/99-PS, promovido por la sucesión de María de la Luz Alva viuda de Arroyo.

En cada uno de los precedentes antes indicados, la Primera Sala externó idénticas consideraciones, por lo que, para ilustrar esta resolución, basta con transcribir las razones que se dieron al estimar procedente este último recurso de reclamación. El texto en la parte que interesa es el siguiente.

"TERCERO. Como cuestión previa debe analizarse si el recurso de reclamación que se interpuso es o no procedente. La reclamación, tal como se establece en el artículo 82 de la Ley de Amparo, es uno de los recursos que existen en el juicio de amparo, el cual, de acuerdo con el artículo 103 de la misma ley, procede contra los acuerdos de trámite dictados, entre otros, por el presidente de la Suprema Corte en la sustanciación de los juicios de amparo. Con base en lo anterior podría, ya de entrada, concluirse que si el acuerdo combatido no se dictó dentro de un juicio de amparo, la reclamación es improcedente. Sin embargo, la fracción V del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación faculta al Tribunal Pleno para conocer de las reclamaciones que se impongan contra las providencias o acuerdos dictados por el presidente de la Suprema Corte durante la tramitación de los asuntos jurisdiccionales de la competencia de aquél. Tal precepto, pues, no limita al Pleno a sólo conocer de las reclamaciones en contra de acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Corte en todos los asuntos jurisdiccionales de la competencia del Pleno. Para darle vida a esa facultad del Pleno, para no hacerla nugatoria, debe concluirse que procede el recurso de reclamación en contra de los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte en todos los asuntos jurisdiccionales de la competencia del Pleno, sin limitarse al juicio de amparo. Obviamente, la aseveración anterior no es aplicable cuando la ley que regula el procedimiento de algún asunto de la competencia del Pleno de la Suprema Corte señale, expresamente, otro recurso o la improcedencia de la reclamación. Por las razones anteriores, se precisa el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, que se contiene en la tesis XXIV/89, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, enero-junio de 1989, Primera Parte, página 178, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘RECLAMACIÓN, RECURSO DE, IMPROCEDENTE CONTRA ACUERDOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO DICTADOS POR LOS PRESIDENTES DE LA SUPREMA CORTE, DE SUS SALAS O DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Tratándose de providencias y acuerdos dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe distinguirse entre los que se pronuncian durante el trámite de los asuntos de carácter jurisdiccional, tendientes a poner un asunto en estado de resolución, y los emitidos en relación con las medidas que exijan la administración, el buen servicio y la disciplina en las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en los tribunales federales. Ahora bien, el recurso de reclamación a que alude el artículo 103 de la Ley de Amparo constituye un medio de defensa contra los acuerdos de trámite que dicten el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de cualesquiera de sus Salas o el presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito, en los juicios de amparo. Por otra parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer la competencia de la Suprema Corte, funcionando en Pleno, regula separadamente, en el artículo 11, la competencia en materia jurisdiccional, y en el artículo 12 la competencia para tomar las medidas administrativas y disciplinarias que la impartición de justicia y el buen servicio exijan en las oficinas de la Suprema Corte o en los tribunales federales, y es precisamente en el artículo 11, fracción XI, de dicha ley, en la que se prevé la competencia del Pleno del Alto Tribunal para conocer del recurso de reclamación que se interponga contra las providencias o acuerdos del presidente de la Suprema Corte, dictados durante la tramitación de los asuntos de su competencia. En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación sólo procede contra las providencias y acuerdos del presidente de la Suprema Corte, del presidente de cualesquiera de sus Salas o del presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito, dictados durante el trámite de los juicios de amparo, y no contra providencias o acuerdos que emitan los funcionarios citados en los asuntos del orden administrativo de su competencia respectiva.’. Como se advierte, en el criterio que se precisa, pese a que acertadamente se hace la distinción entre los acuerdos dictados por el presidente de la Suprema Corte que se pronuncian durante la tramitación de los asuntos de carácter jurisdiccional y los que emite en asuntos de carácter administrativo, deja entrever que los asuntos jurisdiccionales de la competencia del Pleno de la Suprema Corte se reducen al juicio de amparo, limitando con ello la facultad del Tribunal Pleno contenida en el artículo 11, fracción XI, de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículo 10, fracción V, de la actualmente en vigor. Sin embargo, como ya quedó asentado, por una parte, los asuntos jurisdiccionales de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, ni entonces ni ahora, se reducen al juicio de amparo y, por ahora, la única manera de darle vida en toda su amplitud a la facultad del Pleno, contenida en el artículo 10, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es estableciendo la procedencia del recurso de reclamación en contra de los acuerdos dictados por el presidente de la Suprema Corte durante la tramitación de todos los asuntos jurisdiccionales de la competencia del Pleno de la Suprema Corte. En ese orden de ideas, en resumen, se han señalado cuatro requisitos para la procedencia del recurso de reclamación contra acuerdos dictados por el presidente de la Suprema Corte, a saber: 1. Que se trate de un acuerdo dictado durante la tramitación de un asunto; 2. Que la ley que regula el asunto no señale expresamente otro recurso o la improcedencia de la reclamación; 3. Que el asunto sea de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y 4. Que se trate de un asunto jurisdiccional. En esa tesitura, lo conducente es analizar si en el caso concreto se cumplen esos cuatro requisitos para la procedencia del recurso de reclamación. Se cumple cabalmente el primer requisito, puesto que el acuerdo se dictó durante la tramitación del procedimiento de contradicción de tesis, previsto en los artículos 197 y 197-A de la Ley de Amparo. Se cumple el segundo requisito, en virtud de que del análisis de la Ley de Amparo, que es la que regula el procedimiento de contradicción de tesis, no se encuentra dispositivo alguno que establezca expresamente algún recurso en contra de los acuerdos dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante la tramitación del procedimiento de contradicción de tesis, ni tampoco alguno que expresamente establezca la improcedencia de la reclamación contra esos actos. Se cumple el tercer requisito, en razón de que de acuerdo con el artículo 10, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es competencia del Tribunal Pleno conocer del recurso de reclamación contra providencias o acuerdos del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictados durante la tramitación de los asuntos jurisdiccionales. Se cumple el cuarto requisito, porque se trata de un asunto jurisdiccional, si se toma en cuenta que se tendrá que realizar una labor de juzgamiento de parte de la Suprema Corte de Justicia para decidir lo que proceda en cuanto al procedimiento de contradicción de tesis. Además, cabe destacar que el procedimiento de contradicción de tesis tiene como finalidad uniformar las interpretaciones que se dan en las diversas resoluciones que resuelven los juicios de amparo, por lo que es inconcuso que guarda relación con éstos. Por tanto, es evidente que resulta procedente el recurso de reclamación para combatir el acuerdo del presidente de la Suprema Corte de Justicia que desecha la denuncia de contradicción de tesis. Esta interpretación encuentra fundamento en la tesis del Tribunal Pleno, visible en la página 169, Novena Época, Tomo V, correspondiente a mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: ‘RECLAMACIÓN. ESTE RECURSO ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACUERDOS DE TRÁMITE DICTADOS POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE EN TODOS LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL PLENO. La fracción V del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación faculta al Pleno de la Suprema Corte para conocer de las reclamaciones que se interpongan contra las providencias o acuerdos dictados por el presidente de la Suprema Corte durante la tramitación de los asuntos jurisdiccionales de la competencia de aquél. Para darle vida a esa facultad del Pleno y no hacerla nugatoria, debe concluirse que procede el recurso de reclamación en contra de los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte en todos los asuntos jurisdiccionales de la competencia del Pleno, y no sólo en contra de aquellos dictados en el juicio de amparo, pues los asuntos jurisdiccionales de la competencia del Pleno no se limitan a ese tipo de juicios. Sin embargo, tal aseveración no es aplicable cuando la ley que regula el procedimiento de algún asunto de la competencia del Pleno señala expresamente otro recurso o la improcedencia de la reclamación. En tal virtud, los requisitos para la procedencia del recurso de reclamación en contra de los acuerdos dictados por el presidente de la Suprema Corte son los siguientes: a) que se trate de un acuerdo dictado durante la tramitación de un asunto; b) que la ley que regula el asunto no señale expresamente otro recurso o la improcedencia de la reclamación; c) que el asunto sea de la competencia del Pleno de la Suprema Corte; y d) que se trate de un asunto jurisdiccional.’."

B) Las consideraciones que externó la Segunda Sala para desechar el recurso de reclamación 4/2000-PL, son las siguientes:

"CUARTO. Es improcedente el presente recurso de reclamación. Los artículos 103 de la Ley de Amparo y 10, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, respectivamente disponen: ‘Artículo 103. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de sus Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito. Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresen agravios, dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada. El órgano jurisdiccional que deba conocer el fondo del asunto resolverá de plano este recurso, dentro de los quince días siguientes a la interposición del mismo. Si se estima que el recurso fue interpuesto sin motivo, se impondrá al recurrente o a su representante, o a su abogado, o a ambos, una multa de diez a ciento veinte días de salario.’. ‘Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: ... V. Del recurso de reclamación contra las providencias o acuerdos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictados durante la tramitación de los asuntos jurisdiccionales de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia.’. De los preceptos antes transcritos, aparece que el recurso de reclamación resulta procedente en contra de las providencias o acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte durante el trámite de los asuntos de carácter jurisdiccional, entre los que no pueden considerarse otros que no sean, estrictamente, los relativos al juicio de amparo, según lo ha determinado el Tribunal Pleno en la tesis número LXVIII/97 visible en la página 169, Tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘RECLAMACIÓN. ESTE RECURSO ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACUERDOS DE TRÁMITE DICTADOS POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE EN TODOS LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL PLENO. La fracción V del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación faculta al Pleno de la Suprema Corte para conocer de las reclamaciones que se interpongan contra las providencias o acuerdos dictados por el presidente de la Suprema Corte durante la tramitación de los asuntos jurisdiccionales de la competencia de aquél. Para darle vida a esa facultad del Pleno y no hacerla nugatoria, debe concluirse que procede el recurso de reclamación en contra de los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte en todos los asuntos jurisdiccionales de la competencia del Pleno, y no sólo en contra de aquellos dictados en el juicio de amparo, pues los asuntos jurisdiccionales de la competencia del Pleno no se limitan a ese tipo de juicios. Sin embargo, tal aseveración no es aplicable cuando la ley que regula el procedimiento de algún asunto de la competencia del Pleno señala expresamente otro recurso o la improcedencia de la reclamación. En tal virtud, los requisitos para la procedencia del recurso de reclamación en contra de los acuerdos dictados por el presidente de la Suprema Corte son los siguientes: a) que se trate de un acuerdo dictado durante la tramitación de un asunto; b) que la ley que regula el asunto no señale expresamente otro recurso o la improcedencia de la reclamación; c) que el asunto sea de la competencia del Pleno de la Suprema Corte; y d) que se trate de un asunto jurisdiccional.’. Se sigue también de los preceptos legales invocados y de la tesis que antes se transcribe, que el referido recurso de reclamación resulta improcedente cuando se intenta en contra de providencias o acuerdos dictados en el orden administrativo que la impartición de justicia exija, según puede deducirse del contenido de la tesis del mismo Tribunal Pleno, Tomo III, Primera Parte, Octava Época del Semanario en cita, que dice: ‘RECLAMACIÓN, RECURSO DE, IMPROCEDENTE CONTRA ACUERDOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO DICTADOS POR LOS PRESIDENTES DE LA SUPREMA CORTE, DE SUS SALAS O DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Tratándose de providencias y acuerdos dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe distinguirse entre los que se pronuncian durante el trámite de los asuntos de carácter jurisdiccional, tendientes a poner un asunto en estado de resolución, y los emitidos en relación con las medidas que exijan la administración, el buen servicio y la disciplina en las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en los tribunales federales. Ahora bien, el recurso de reclamación a que alude el artículo 103 de la Ley de Amparo constituye un medio de defensa contra los acuerdos de trámite que dicten el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de cualesquiera de sus Salas o el presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito, en los juicios de amparo. Por otra parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer la competencia de la Suprema Corte, funcionando en Pleno, regula separadamente, en el artículo 11, la competencia en materia jurisdiccional, y en el artículo 12 la competencia para tomar las medidas administrativas y disciplinarias que la impartición de justicia y el buen servicio exijan en las oficinas de la Suprema Corte o en los tribunales federales, y es precisamente en el artículo 11, fracción XI, de dicha ley, en la que se prevé la competencia del Pleno del Alto Tribunal para conocer del recurso de reclamación que se interponga contra las providencias o acuerdos del presidente de la Suprema Corte, dictados durante la tramitación de los asuntos de su competencia. En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación sólo procede contra las providencias y acuerdos del presidente de la Suprema Corte, del presidente de cualesquiera de sus Salas, o del presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito, dictados durante el trámite de los juicios de amparo, y no contra providencias o acuerdos que emitan los funcionarios citados en los asuntos del orden administrativo de su competencia respectiva.’. Por su parte, los artículos 197 y 197-A de la Ley de Amparo disponen: ‘Artículo 197. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, cualquiera de dichas Salas o los Ministros que las integren, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la misma Suprema Corte de Justicia, la que decidirá funcionando en Pleno cuál es la tesis que debe observarse. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias. El Pleno de la Suprema Corte deberá dictar la resolución correspondiente dentro del término de tres meses, y deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195. Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación; el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. El Pleno o la Sala correspondiente resolverán si modifican la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en las cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. Esta resolución deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195.’. ‘Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195.’. Del análisis sistemático de dichos preceptos legales, se advierte que la actividad desplegada por el Pleno o las Salas de la Suprema Corte, con motivo de una denuncia de posible contradicción de criterios o tesis sustentadas por los órganos de la misma jerarquía que se señalan, presentada por quienes se hallan legitimados al efecto, da lugar a que los mencionados Tribunal Pleno o Salas que integran esta Suprema Corte, emitan un pronunciamiento que, sin menoscabo de su importancia y trascendencia, se reduce a decidir cuál de los criterios denunciados como contradictorios, resultado de la correspondiente función jurisdiccional, es el que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia. Como se ve, la decisión de la Suprema Corte referida a la tesis que debe observarse, en rigor, no constituye la función tutelar del derecho objetivo que se haya sustanciado en un procedimiento de naturaleza jurisdiccional que culmine con el fallo correspondiente, sino que se resuelve sobre cuál fallo debe prevalecer, o bien, en su caso, si no existe contradicción de criterios, y todo ello, sin que se afecten las situaciones jurídicas concretas sostenidas en cada resolución que el denunciante estimó en contradicción con otro u otros criterios, razón por la cual el auto que desecha la denuncia respectiva carece de las condiciones que permitan su legal impugnación mediante el recurso de reclamación. No pasa inadvertido para esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que la Primera Sala de este mismo Alto Tribunal ha sostenido un criterio que difiere con el aquí expresado y que no se comparte, esto es, dicha Sala sostiene la procedencia del recurso de reclamación contra el auto que desecha una denuncia de contradicción de tesis, por considerar, fundamentalmente, que el acuerdo relativo constituye un asunto jurisdiccional ‘en tanto que se requiere labor de juzgamiento de parte del Máximo Tribunal para decidir lo que procede en relación con la contradicción de tesis’, según se advierte de la correspondiente tesis que se publica con el número XI/99, página 63, Tomo X, julio de 1999, del mencionado Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘RECLAMACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE UN ACUERDO QUE EMITA EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE DESECHE UNA DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE TESIS. De conformidad con el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la ejecutoria que resolvió el recurso de reclamación interpuesto en la revisión administrativa 1/97, aprobada en sesión pública de diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete, contenido en la tesis del rubro: «RECLAMACIÓN. ESTE RECURSO ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACUERDOS DE TRÁMITE DICTADOS POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE EN TODOS LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL PLENO.», publicada en la página 169, Tomo V, correspondiente a mayo del año citado, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, al realizar la interpretación del artículo 10, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que los requisitos para la procedencia del recurso de reclamación en contra de las providencias o acuerdos dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia son: 1) que se trate de una providencia o acuerdo emitido durante la tramitación de un asunto; 2) que la ley que regula el asunto no señale expresamente otro recurso o la improcedencia de la reclamación; 3) que el asunto sea de la competencia del Pleno de la Suprema Corte; y, 4) que se trate de un asunto jurisdiccional. De manera específica, esta Sala estima que un acuerdo que deseche una denuncia de contradicción de tesis, que dicte el presidente del Máximo Tribunal, reúne dichos requisitos para considerar que en contra de tal determinación proceda el recurso de reclamación. El primero, en virtud de que el acuerdo de referencia se dicta durante la tramitación del procedimiento de contradicción de tesis previsto en los artículos 197 y 197-A de la Ley de Amparo; el segundo, en razón de que del análisis del ordenamiento jurídico mencionado, que regula dicho procedimiento instaurado para unificar criterios, no se encuentra disposición alguna que establezca expresamente recurso en contra de la resolución apuntada, ni tampoco existe precepto que excluya la procedencia del recurso de reclamación; tercero, habida cuenta que el artículo 10, fracción VIII, de la ley orgánica citada dispone que es competencia del Tribunal Pleno conocer de las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las Salas de la Suprema Corte de Justicia, o por los Tribunales Colegiados de Circuito cuando se trate de asuntos que por razón de la materia no sean de la competencia exclusiva de alguna de las Salas; y, cuarto, porque se trata de un asunto jurisdiccional, en tanto que se requiere labor de juzgamiento de parte del Máximo Tribunal para decidir lo que proceda en relación con la contradicción de tesis, que derive de los criterios que se sustenten en las resoluciones que decidan los juicios de amparo.’."

QUINTO. En el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con los argumentos que enseguida se expondrán.

En principio debe señalarse que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren no es cualquier apreciación, determinación u opinión, emitida por el órgano jurisdiccional en resoluciones definitivas de su competencia, sino el criterio jurídico de carácter general y abstracto que sustenta al examinar un punto concreto de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17763-1882111e/reclamacion-procede-en-contra-de-un-acuerdo-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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