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ADUANAS, CUENTAS DE GARANTÍA. EL ARTÍCULO 86-A, FRACCIÓN I, DE LA LEY ADUANERA QUE OBLIGA A REALIZAR UN DEPÓSITO A LOS IMPORTADORES QUE DECLAREN EN EL PEDIMENTO UN VALOR INFERIOR AL PRECIO ESTIMADO DE LA MERCANCÍA RESPECTIVA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, EN TANTO QUE IMPIDE LA ACTUACIÓN ARBITRARIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ADUANAS, CUENTAS DE GARANTÍA. EL ARTÍCULO 86-A, FRACCIÓN I, DE LA LEY ADUANERA QUE OBLIGA A REALIZAR UN DEPÓSITO A LOS IMPORTADORES QUE DECLAREN EN EL PEDIMENTO UN VALOR INFERIOR AL PRECIO ESTIMADO DE LA MERCANCÍA RESPECTIVA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, YA QUE EN EL CONTEXTO NORMATIVO APLICABLE SE PREVÉN LOS ELEMENTOS QUE PERMITEN REALIZAR LA CUANTIFICACIÓN DE DICHA CAUCIÓN, ADEMÁS DE QUE ÉSTA SE RELACIONA CON UN CRÉDITO FISCAL CIERTO. ADUANAS, CUENTAS DE GARANTÍA. EL SISTEMA PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 84-A Y 86-A, FRACCIÓN I, DE LA LEY ADUANERA QUE OBLIGA A REALIZAR UN DEPÓSITO A LOS IMPORTADORES QUE DECLAREN EN EL PEDIMENTO UN VALOR INFERIOR AL PRECIO ESTIMADO DE LA MERCANCÍA RESPECTIVA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. ADUANAS, CUENTAS DE GARANTÍA. EL SISTEMA PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 84-A Y 86-A, FRACCIÓN I, DE LA LEY ADUANERA QUE OBLIGA A REALIZAR UN DEPÓSITO A LOS IMPORTADORES QUE DECLAREN EN EL PEDIMENTO UN VALOR INFERIOR AL PRECIO ESTIMADO DE LA MERCANCÍA RESPECTIVA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA AL IMPEDIR A ÉSTOS OPTAR POR LOS DIVERSOS MECANISMOS DE CAUCIÓN ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2002-PL. · Registro digital (IUS): 17725
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Agosto de 2003, , Pág. 339.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2002-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: RAFAEL COELLO CETINA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. En relación con la materia de esta contradicción, la Primera Sala de este Alto Tribunal sostuvo las consideraciones que a continuación se transcriben.

Al resolver el cinco de septiembre de dos mil uno el amparo en revisión 187/2001, promovido por Colloids de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, la referida Sala consideró:

"QUINTO. Por cuestión de técnica, ha menester analizar, en primer término, los agravios que esgrime la administradora central de lo Contencioso, en ausencia del administrador general de Aduanas, pues en ellos se hace valer una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al del fondo de la cuestión constitucional planteada. Aduce la recurrente que los actos reclamados no revisten el carácter de inminentes como lo sostiene la quejosa en su demanda de garantías (aplicación del ordenamiento legal, recepción del impuesto y requerimiento de pago), por lo que no se actualiza, dice, el agravio personal y directo y, por ello, debe sobreseerse en el juicio de conformidad con lo establecido en el numeral 74, fracción III, en relación con la fracción V del artículo 73, ambos numerales de la Ley de Amparo. Además, señala que a ella no compete realizar las gestiones de recaudación reclamadas sino a diversas autoridades, como son el tesorero de la Federación, administraciones locales de recaudación, así como a la Administración General de Recaudación. Ahora bien, contrariamente a lo antes precisado, de la demanda de garantías no se advierte que los actos atribuidos a esta responsable se hayan reclamado con el carácter de inminentes, esto es, no se ve que se haya establecido que la realización de los mismos, consistente en la aplicación del ordenamiento que se tilda de inconstitucional, fuera futura y cierta. Al respecto, según se advierte de esa demanda, se reclamó: ‘Del C. Administrador general de Aduanas dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se reclama: i) Por sí, o por conducto de sus inferiores jerárquicos o cualquiera de las administraciones de aduanas del país, la aplicación de los artículos 84-A y 86-A de la Ley Aduanera, a través del artículo segundo transitorio de la resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones de mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reformado mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de 15 de septiembre de 2000, y cuya entrada en vigor, en términos del artículo primero de las disposiciones transitorias reformado, fue el 1o. de octubre de 2000. ii) Por sí o por conducto de sus inferiores jerárquicos o por cualquiera de las administraciones de aduanas del país, la exigencia, en vía coactiva, de realizar depósitos mediante cuentas aduaneras de garantías para garantizar el pago de contribuciones de mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acto que se demuestra a través del pedimento de importación número 3299-0000557 y pedimento de rectificación 3299-0000599, de fecha 4 de octubre de 2000 y la constancia de depósito con número de folio 00638, de fecha 13 de octubre de 2000, por una cantidad de $33,482.79 (treinta y tres mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 79/100 M.N.).’ (fojas 2 a 4 del expediente de amparo). Como se ve, es evidente que la aplicación de los actos no se reclamó como inminente, sino como un acto ya realizado, pues se reclamó su aplicación cierta, respecto de la cual se dijo, quedó demostrada con el pedimento de importación número 3299-0000557 y pedimento de rectificación 3299-0000599, de cuatro de octubre de dos mil y la constancia de depósito con número de folio 00638 de trece de octubre de ese año, esto es, claramente se precisó que la aplicación reclamada de los numerales, cuya inconstitucionalidad se impugnó, ya había sido realizada a través del pedimento de importación y rectificación líneas arriba descritos. Consiguientemente, si como se vio, el acto de aplicación no se reclamó como inminente sino como un acto ya realizado, y además se acreditó en autos que efectivamente esa aplicación de los numerales 84-A y 86-A de la Ley Aduanera ya había sido llevada a cabo en perjuicio de la empresa quejosa, evidentemente que no se actualiza la causa de improcedencia aludida, dado que el agravio personal y directo lo constituye, precisamente, la aplicación de los preceptos en perjuicio de la empresa quejosa, lo que hace, pues, que sí quede demostrada la afectación a su interés jurídico. Igualmente carece de razón la autoridad recurrente cuando señala que de la sentencia reclamada no se advierte con claridad cuáles son las razones que tuvo el Juez de Distrito para tener como cierto el acto reclamado a esta autoridad, no obstante que al rendir su informe con justificación lo negó. De la sentencia recurrida se aprecia que el Juez Federal, contrariamente a lo que sostiene la autoridad recurrente, sí señaló las razones que, a su juicio, resultaron suficientes para considerar que se desvirtuó la negativa vertida en el informe justificado rendido por esta autoridad y, por ende, que era cierto el acto a ella atribuido, tanto es así que al respecto dijo: ‘Por su parte, el administrador central de lo contencioso, en ausencia del administrador general de Aduanas, al rendir su informe con justificación (foja 105 de autos) manifiesta que no son ciertos los actos que se le reclaman, consistentes en la aplicación de los artículos 84-A y 86-A de la Ley Aduanera ... Sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada con la documental ofrecida por la parte quejosa como prueba de su parte, consistente en la constancia de depósito de cuenta aduanera con número de folio 00638, que obra en copia certificada a foja 44 de autos, y a la cual se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 127 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2o., de la cual se desprende que dicho depósito se hace en relación con la operación aduanera a que se refiere el artículo 86-A de la Ley Aduanera; luego entonces, atendiendo a la naturaleza jurídica y facultades de dicha autoridad, se concluye que es a quien le corresponde la recaudación de los impuestos relativos a la ley antes indicada, motivos por los cuales se tiene como cierto el acto que se le atribuye a dicha autoridad responsable.’ (fojas 125 vuelta y 126 del expediente de amparo). Según se ve, el a quo toralmente precisó que atendiendo a la naturaleza jurídica y facultades de la responsable, administrador general de Aduanas, y dadas las pruebas que quedaron descritas, a ella es a quien correspondía la recaudación de impuestos, por lo que, no obstante la negativa que expresó en su informe, el acto que se le reclamó se tuvo como cierto. Luego, es claro que el Juez Federal sí dio las razones por las que tuvo como cierto el acto reclamado que se analiza, lo que hace infundado este agravio. Pero aún más, hasta conviniendo con la recurrente en cuanto a que ella, de conformidad con las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, no le compete realizar la recaudación de impuestos, encuéntrase que los sellos de recepción del importe de pago dicen: ‘Admón. General de Aduanas. Banco Bancomer, S.A. Aduana 240. Caja: 5. Pedimento 32990000557. Fecha 4/10/2000. Hora 14:20:39. Importe: **110289**.’ y ‘Admón. General de Aduanas. Banco Bancomer, S.A. Aduana 240. Caja: 7. Pedimento 32990000559. Fecha 16/10/2000. Hora 15:58:07. Importe: **236**.’ (fojas 40 y 41 del expediente de amparo). Consiguientemente, con independencia de las alegaciones en el sentido de que al administrador general de Aduanas no le corresponde realizar la recaudación de que se trata, la leyenda contenida en los sellos arriba transcritos pone de manifiesto que fue esa autoridad quien, a través de la institución bancaria denominada Bancomer, S.A., recibió los pagos, lo que hace, pues, que como así lo precisó el Juez de Distrito, el acto reclamado a esta autoridad sí haya quedado demostrado. Previo a continuar con el análisis de los restantes agravios, ha menester dejar sentado que no pasa inadvertido a esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en el caso se abordó el estudio de estos agravios, aun cuando se plantearon cuestiones que estrictamente no contienen materia de constitucionalidad de leyes. En efecto, de conformidad con lo precisado en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación será competente para conocer del recurso de revisión, entre otros casos, cuando se impugne la constitucionalidad de una ley, siempre que subsista en el recurso dicha cuestión. En el caso, si bien en los agravios ese supuesto competencial no se actualiza, pues éstos se dirigen a evidenciar una causa de improcedencia, así como la inexistencia del acto reclamado, tampoco constituyen propiamente cuestiones de legalidad cuyo estudio deba ser abordado por un Tribunal Colegiado. Sin embargo, como se desprende de la sentencia recurrida, el Juez de Distrito extendió la protección constitucional también por lo que toca a los actos de ejecución. Luego, si el a quo vinculó los actos de ejecución a la concesión relativa a la inconstitucionalidad de los artículos 84-A y 86- A de la Ley Aduanera, evidentemente que su estudio (el de los actos de ejecución) aunque se refiera a cuestiones que no inciden con la constitucionalidad de los numerales citados, debe ser abordado por esta Sala en virtud de que se ocupará de estudiar los agravios encaminados a combatir la decisión de inconstitucionalidad asumida por el Juez de Distrito. Pretender lo contrario, esto es, reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado para que se ocupe de estos agravios, provocaría dividir el estudio de la sentencia cuando las consideraciones vertidas en la misma no lo admiten, porque, repítese, la concesión respecto de los actos de aplicación se hizo por extensión a aquella otorgada por los actos que refieren a la constitucionalidad planteada y no por vicios propios, luego, si esta Sala se ocupará de los agravios encaminados a combatir la decisión de inconstitucionalidad de los numerales 84-A y 86-A de la Ley Aduanera, por extensión también debe analizar los agravios que hace valer el administrador general de Aduanas que se refieren a los actos de aplicación de esos numerales. SEXTO. Por otro lado, son infundados los agravios que hace valer el presidente de la República por conducto de su representante. Contrariamente a lo que sostiene la autoridad recurrente, esta Sala encuentra ajustadas a derecho las consideraciones que esgrime el Juez de Distrito para declarar la inconstitucionalidad de los artículos 84-A y 86-A de la Ley Aduanera. Los numerales cuya constitucionalidad se controvierte, textualmente disponen: ‘Artículo 84-A. Las cuentas aduaneras de garantía servirán para garantizar mediante depósitos en las instituciones de crédito o casa de bolsa que autorice la secretaría, el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias que pudieran causarse con motivo de las operaciones de comercio exterior a que se refiere el artículo 86-A de esta ley.’. ‘Artículo 86-A. Estarán obligados a garantizar mediante depósitos en las cuentas aduaneras de garantía a que se refiere el artículo 84-A de esta ley, quienes: I. Efectúen la importación definitiva de mercancías y declaren en el pedimento un valor inferior al precio estimado que dé a conocer la secretaría mediante reglas, por un monto igual a las contribuciones y en su caso cuotas compensatorias que se causarían por la diferencia entre el valor declarado y el precio estimado. La garantía se cancelará a los seis meses de haberse efectuado la importación, salvo que se hubiera iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, en cuyo caso el plazo se ampliará hasta que se dicte resolución definitiva y cuando se determinen contribuciones o cuotas compensatorias omitidas, hasta que las mismas se paguen, o se ordene su cancelación por autoridad competente, en los términos que señale la secretaría mediante reglas. II. Efectúen el tránsito interno o internacional de mercancías, por un monto igual a las contribuciones y cuotas compensatorias que se determinen provisionalmente en el pedimento o las que correspondan tomando en cuenta el valor de transacción de mercancías idénticas o similares conforme a los artículos 72 y 73 de esta ley, en los casos que señale la secretaría mediante reglas. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable a las importaciones temporales que efectúen las maquiladoras y empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, siempre que las mercancías se encuentren previstas en los programas respectivos. La garantía se cancelará cuando se tramite el pedimento correspondiente en la aduana de despacho o de salida, según se trate de tránsito interno o internacional y se paguen las contribuciones y cuotas compensatorias. Cuando se cancele la garantía, el importador podrá recuperar las cantidades depositadas, con los rendimientos que se hayan generado a partir de la fecha en que se haya efectuado su depósito y hasta que se autorice su cancelación.’. Como se ve, los artículos transcritos obligan al particular a garantizar mediante depósitos en cuentas aduaneras el pago de contribuciones y cuotas compensatorias que pudieran causarse con motivo de las operaciones de comercio exterior a que hace referencia el artículo 86-A de la Ley Aduanera, el que señala los siguientes supuestos: a) Cuando se efectúe la importación definitiva de mercancías y declaren en el pedimento un valor inferior al precio estimado que dé a conocer la Secretaría de Hacienda mediante reglas. Caso en el cual la garantía deberá constituirse por un monto igual a las contribuciones y, en su caso, cuotas compensatorias que se causarían por la diferencia entre el valor declarado y el precio estimado por la propia Secretaría de Hacienda. b) Cuando se efectúe el tránsito interno o internacional de mercancías. En esta hipótesis la garantía será por un monto igual a las contribuciones o cuotas compensatorias que se determinen provisionalmente en el pedimento o las que correspondan tomando en cuenta el valor de la transacción de mercancías idénticas o similares conforme a los artículos 72 y 73 de la Ley Aduanera y de conformidad con las reglas que emita la Secretaría de Hacienda. Ahora bien, como al inicio de este considerando se precisó, los agravios son infundados. En efecto, carece de razón la autoridad recurrente respecto de lo que alega en el primero y segundo agravios, en los que se duele, esencialmente, de que el Juez de Distrito violentó en su perjuicio lo previsto en el numeral 77 de la Ley de Amparo porque declaró la inconstitucionalidad de los artículos 84-A y 86-A de la Ley Aduanera sin expresar razonamientos lógico-jurídicos ni fundamento legal para apoyar tal inconstitucionalidad. El artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: ‘Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener: I. La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; II. Los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado; III. Los puntos resolutivos con que deben terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresea, conceda o niegue el amparo.’. Ahora bien, de la sentencia reclamada, la que obra transcrita a fojas doce a veintiocho de esta resolución, se aprecia que el Juez de Distrito sí realizó un estudio minucioso de la inconstitucionalidad de los artículos 84-A y 86-A de la Ley Aduanera, pues al efecto expresó razonamientos lógico-jurídicos encaminados a evidenciar la inconstitucionalidad de los preceptos citados, y para hacer esa declaración de inconstitucionalidad se apoyó en los numerales que resultaron aplicables, como enseguida se verá. En la sentencia recurrida, en la parte que interesa, se dijo: ‘Es fundado el concepto de violación antes transcrito por las siguientes consideraciones: Los artículos 84-A y 86-A de la Ley Aduanera y la resolución que modifica a la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de septiembre de 2000, por cuanto a su artículo segundo transitorio, cuya entrada en vigor en términos del artículo primero de las disposiciones transcritas reformado fue el 1o. de octubre de 2000, a la letra expresan: (se transcriben). Ahora bien, el principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, es decir, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula, consistente en dar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, no requiere como presupuesto para su posible transgresión, el que las normas legales relativas establezcan diversas categorías de contribuyentes o diferenciación entre ellos, pues basta con que establezcan regímenes diversos aunque estos sean aplicables a todos los contribuyentes sin diferenciación, según la hipótesis legal en que se coloquen y puedan, incluso, ser aplicables a un mismo sujeto pasivo del impuesto, para que se dé la posibilidad de inequidad, ya que tal diferenciación en los regímenes puede ser, según la aplicación que corresponde de los regímenes, un trato desigual a iguales, o igual a desiguales. Por ello, el hecho de que los ordenamientos impugnados determinen la forma de garantizar el pago de contribuciones y cuotas compensatorias que se causen por operaciones de comercio exterior a través de depósitos en las cuentas aduanales de garantía viola el principio de equidad, dado que en el mismo se establecen diferencias a título particular, ya que no se toman en cuenta las situaciones económicas de cada causante para el pago de contribuciones, puesto que afecta a la quejosa en su generalidad frente a todos aquellos sujetos que deben enterar el pago de contribuciones. La Ley Aduanera, en sus artículos 84-A y 86-A, al establecer que se debe garantizar a través de cuentas aduaneras el pago de mercancías a que se refiere la fracción I del artículo 86-A del ordenamiento aludido y que le fue aplicado a la quejosa, da un trato desigual a todos aquellos que garantizan contribuciones fiscales puesto que los contribuyentes tienen a su alcance otros medios para garantizar créditos o contribuciones fiscales, sin que de la naturaleza fiscal de la Ley Aduanera se advierta que el pago de esas contribuciones no puedan realizarse a través de diversos mecanismos, esto es, mediante depósito en dinero u otras formas de garantía financiera, prenda o hipoteca, fianza otorgada por institución autorizada, obligación solidaria asumida por un tercero, embargo, títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente y de que no existe una razón de orden extrafiscal que justifique dicha medida. Luego entonces, estamos frente a dispositivos inequitativos al dar un trato desigual a los contribuyentes de impuestos ya que dichas causas no dependen de los contribuyentes, sino de la autoridad administrativa, lo que ocasiona un trato desigual a iguales, pues mientras a unos se les permite garantizar el pago de contribuciones a través de otro mecanismo, a otros no, no obstante que también realizan operaciones de comercio exterior, siendo, por tanto, inequitativa la disposición de mérito, aunque la misma no establezca diversas categorías de contribuyentes, pues tal diferenciación es, en sí misma, inequitativa al ocasionar un trato desigual a iguales. Lo anterior es así, en virtud de que no es posible considerar una situación que justifique garantizar las contribuciones fiscales por la importación definitiva de mercancías a través sólo de las cuentas aduanales de garantía pues esta circunstancia es ajena al objeto del tributo. En efecto, conforme al artículo 31, fracción IV, de la Constitución, las contribuciones deben ser proporcionales y equitativas, y la equidad implica que todos los sujetos pasivos de un tributo reciban un trato igual ante la misma ley tributaria en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, formas y plazos de pago, por lo que, tratándose de impuestos al comercio exterior, deben observarse tales supuestos, entre éstas las formas de garantizar aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, en respeto a los principios de proporcionalidad y equidad previstos en la fracción IV del artículo 31 constitucional. Luego es que la equidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de nuestra Constitución, se traduce en la igualdad de trato de la ley a los sujetos pasivos que se encuentren en las mismas circunstancias, por tanto, el elemento equidad mira fundamentalmente a la generalidad de la obligación, y cuando la ley no es general ya sólo por ello es inequitativa, con lo anterior es claro que el principio de equidad tributaria radica, medularmente, en la igualdad ante la misma norma fiscal de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que, en tales condiciones, deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, y formas y plazos de pago ...’. Lo antes transcrito pone de manifiesto que el Juez Federal, contrariamente a lo que se sostiene en los agravios, sí efectúo un estudio pormenorizado de los numerales 84-A y 86-A pues, como se vio, expresó los razonamientos por los que consideró que los numerales citados transgredían la garantía constitucional consagrada en el artículo 31, fracción IV. En efecto, según se ve, el a quo consideró que los artículos de la Ley Aduanera en análisis transgreden el principio de equidad consagrado en el numeral 31, fracción IV, constitucional, porque no le dan igual trato a los sujetos pasivos que se encuentran en las mismas circunstancias, pues mientras a unos contribuyentes se les permite garantizar el pago de contribuciones a través de otros mecanismos (hipoteca, prenda, fianza, etcétera), a otros no, ya que se les exige que sea por medio de cuentas aduaneras la garantía que otorguen, no obstante que también realizan operaciones de comercio exterior y, por ello, concluye que se infringe con el principio de equidad tributaria, agregando que no es óbice para esa decisión que los numerales de referencia no establezcan diversas categorías de contribuyentes, pues la diferenciación que hacen, es en sí misma inequitativa al dar un trato desigual a iguales, pues no se toma en cuenta la situación económica de cada causante al momento de requerir por el pago de contribuciones, lo que hace que se infrinja el precepto 31 de la Carta Magna. Así las cosas, si el a quo expresó las razones por las que consideró que los artículos 84-A y 86-A de la Ley Aduanera violentan el principio de equidad consagrado en nuestra Constitución y, además, citó el fundamento en el que se apoyó para arribar a esa determinación, esto es, el artículo 31 constitucional, el agravio en estudio resulta infundado. En otro aspecto, igualmente carece de razón la responsable cuando señala que el Juez de Distrito ‘dejó de considerar que los ordenamientos diversos 84-A y 86-A, ambos de la Ley Aduanera, no establecen diferencias a título particular, en virtud de que las autoridades aduaneras, al momento de exigir el pago de contribuciones a los importadores, sí toman en cuenta las situaciones económicas de cada causante para el pago de contribuciones’ (foja 11 del toca). La sentencia recurrida muestra que el Juez de Distrito en ningún momento precisó que los numerales impugnados transgredieran el principio de equidad porque las autoridades aduaneras, al momento de requerir por el pago, no atendieran las circunstancias económicas de cada contribuyente, lo que al respecto dijo fue que los preceptos resultaban inconstitucionales porque al establecer el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se trataba igual a los sujetos pasivos de un mismo tributo porque tales disposiciones no atendían a la situación económica de cada contribuyente. Según se ve, el Juez Federal se refirió al contenido de los preceptos, no a la actuación de las responsables. Pero aún más, tampoco se ve que esos numerales de la Ley Aduanera atiendan la situación económica del contribuyente. En ellos, como señala la recurrente, se establece el fin y objeto de las cuentas aduaneras de garantía, la causa por la que deben garantizarse las contribuciones y los sujetos obligados a garantizar mediante este tipo de cuentas, sin embargo, de ello no se sigue que esos preceptos estén atendiendo la situación económica del contribuyente, pues de su contenido no se advierte que contemplen disposición alguna en la que se establezca que previo al depósito en la cuenta aduanera, la autoridad competente determinará el monto de la contribución a garantizar tomando en consideración la situación económica del sujeto pasivo, esto es, su capacidad económica para hacer frente a la contribución a la que se hace acreedor. Así las cosas, es claro que, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, los artículos 84-A y 86-A de la Ley Aduanera no son contentivos de razonamientos y justificaciones para considerar, conforme a derecho, que sólo determinados sujetos realicen el pago de contribuciones a través de cuentas aduaneras. Tampoco asiste la razón a la recurrente cuando aduce que el Juez de Distrito no atendió la circunstancia de que no es dable a la quejosa garantizar mediante otras formas, como sería la financiera, prenda, hipoteca, fianza otorgada por institución autorizada, obligación solidaria asumida por un tercero, embargo, títulos valor o cartera de créditos del contribuyente, porque, dice la responsable ‘existe una razón extrafiscal que justifica que a la quejosa no se le permita que garantice de otra forma sino es a través de lo que establecen los artículos 84-A y 86-A, ambos de la Ley Aduanera’ y que la razón consiste en que la empresa quejosa no se encuentra dentro de los supuestos que contempla el numeral 142 del Código Fiscal de la Federación, pues realiza operaciones de comercio exterior, específicamente la importación definitiva de mercancías, y declara en el pedimento respectivo un valor inferior al precio estimado que da a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas, por lo que se ve obligada a garantizar por un monto igual a las contribuciones y, en su caso, al pago de las cuotas compensatorias que se causen por la diferencia entre el valor declarado y el precio estimado; que por ello, esa actividad debe atender a los lineamientos que establece la fracción I del artículo 141 y a lo dispuesto en el numeral 141-A del Código Fiscal de la Federación (fojas 12 y 13 del toca). Primeramente, debe establecerse que el Juez de Distrito efectivamente no atendió esas alegaciones como se plantean en esta instancia, sin embargo, ello se debió a que no le fueron así propuestas, por lo que no estaba constreñida a realizar el análisis a la luz de las mismas. No obstante ello, esta Sala encuentra infundado tal agravio. Como se ve, la recurrente establece que la razón extrafiscal por la que a la quejosa no es dable garantizar mediante otras formas que no sea la cuenta aduanera, radica en que no se encuentra en ninguno de los supuestos que prevé el numeral 142 del Código Fiscal de la Federación, pues la actividad que realiza consistente en la importación definitiva de mercancía (en la que declara en el pedimento un valor inferior al precio estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) se regula a través de los lineamientos que al efecto prevén los numerales 141, fracción I y 141-A del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, los numerales antes citados, textualmente dicen: ‘Artículo 141. Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal en alguna de las formas siguientes: (Reformada, D.O. 31 de diciembre de 1998). I. Depósito en dinero u otras formas de garantía financiera equivalentes que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general que se efectúen en las cuentas de garantía del interés fiscal a que se refiere el artículo 141-A. II. Prenda o hipoteca. III. Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y excusión. IV. Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia. V. Embargo en la vía administrativa. (Adicionada, D.O. 15 de diciembre de 1995). VI. Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, en caso de que se demuestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante cualquiera de las fracciones anteriores, los cuales se aceptarán al valor que discrecionalmente fije la Secretaría de Hacienda y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17725-60f3b9e4/aduanas-cuentas-de-garantia-el-articulo-86-a-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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