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Modo: Corpus Pro

CONSULTA FISCAL. SU RESPUESTA ES APTA PARA ACREDITAR LA OPORTUNIDAD Y EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LEYES, SI SE TRATA DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDA Y QUE SE REFIERA A UNA SITUACIÓN REAL Y CONCRETA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2002-PL. · Registro digital (IUS): 17914
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, , Pág. 273.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2002-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. En la sentencia pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dos de mayo de dos mil uno, relativa al amparo en revisión 385/2000, se determinó, en lo conducente:

"TERCERO. No es materia de la revisión el primer punto resolutivo, en relación con el segundo considerando de la sentencia recurrida en que se sobreseyó el juicio promovido por la quejosa Distribuidora Sello de Oro, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de la expedición de la regla 3.7.6. de la Resolución que establece reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal para el año de mil novecientos noventa y ocho, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve, pues el recurso no fue interpuesto por la parte a la que tal determinación pudiera perjudicar. CUARTO. Para una mejor comprensión, es necesario transcribir el artículo sexto transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, cuya constitucionalidad se controvierte, el cual es del texto siguiente: ‘Artículo sexto. Los contribuyentes de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que hubieran venido realizando actividades empresariales con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, podrán efectuar con posterioridad al 31 de diciembre de 1986, las deducciones siguientes: I. Las pérdidas cambiarias pendientes de deducir que se hayan originado antes de la entrada en vigor de este decreto, por las que se haya optado por deducirlas en ejercicios posteriores conforme a lo dispuesto por el artículo 26 de la citada ley de la materia vigente al 31 de diciembre de 1986. Las pérdidas cambiarias a que se refiere esta fracción únicamente se podrán deducir en los términos del título VII de la citada Ley del Impuesto sobre la Renta. II. El importe que sea menor entre los inventarios de materias primas, productos semiterminados, productos terminados o mercancías que el contribuyente tenga al 31 de diciembre de 1986 o de 1990. III. El costo de ventas de las enajenaciones a plazo por las que el contribuyente hubiera optado por deducirlo conforme fuera percibiendo efectivamente el ingreso por dichas enajenaciones, el que sea menor, entre dicho costo pendientes de deducir al 31 diciembre de 1986 o 1990. Las deducciones a que se refieren las fracciones II y III de este artículo, sólo podrán efectuarse en el ejercicio en que el contribuyente cambie de actividad empresarial preponderante, entre en liquidación o tratándose de personas físicas dejen de realizar actividades empresariales. Para los efectos de este párrafo se considera cambio de actividad empresarial preponderante cuando el cambio de actividad preponderante implique un cambio por más de tres dígitos en la clave de actividad conforme al catálogo de actividades publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para los efectos de las deducciones a que se refieren las fracciones II y III de este artículo, el importe del inventario y el costo de ventas por enajenaciones a plazo que conforme a dichas fracciones se tenga derecho a deducir, se ajustará con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido entre diciembre de 1986 o 1990, según a cuál de esos meses corresponda el menor de los inventarios o costo de ventas pendientes de deducir, y el mes inmediato anterior a aquél, en que el contribuyente cambie de actividad empresarial preponderante, entre en liquidación o tratándose de personas físicas deje de realizar actividades empresariales.’. La regla 106, adicionada a la Resolución que establece reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal para el año de mil novecientos noventa y tres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día treinta y uno de marzo de dicho año, mediante la Primera resolución que reforma, adiciona y deroga a la que establece reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal para el año de mil novecientos noventa y tres, y anexos 1, 14, 16, 17, 25, 28, 29, 46, 52, 54 y 55, sección 2, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y tres, que está estrechamente vinculada con el precepto legal anterior, a continuación se transcribe: ‘106. Para los efectos de la fracción II del artículo sexto transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1986, los contribuyentes podrán optar por efectuar la deducción a que se refiere dicho artículo en los términos previstos en esta regla, hasta por el monto que no hubieran deducido con anterioridad, sus inventarios de materias primas, productos semiterminados, productos terminados o mercancías que hayan tenido al 31 de diciembre de 1986 o 1988, el que sea menor, considerando el valor fiscal que tenían a dichas fechas. La deducción a que se refiere esta regla se efectuará en treinta ejercicios contados a partir del ejercicio terminando el 31 de diciembre de 1992, en una cantidad equivalente, en cada ejercicio, al 3.33% del monto mencionado en el párrafo anterior, actualizado desde el mes de diciembre de 1986 o 1988, según sea el caso y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio por el que se efectúa la deducción correspondiente. Los contribuyentes que pudiendo aplicar la deducción a que se refiere esta regla en un ejercicio, no la efectúen perderán el derecho a hacerlo en ejercicios posteriores hasta por la cantidad en que pudieron haberla efectuado. Los contribuyentes que hayan aplicado lo dispuesto por la anterior regla 106 de esta resolución, vigente hasta el 22 de abril de 1993, podrán acogerse a lo previsto en esta regla, siempre que presenten ante la Administración de Auditoría Fiscal correspondiente a su domicilio fiscal, antes del 10 de junio de 1993, un aviso en el que manifiesten que optan por lo dispuesto en esta regla, acompañando copia fotostática de la declaración complementaria en la que se deje sin efectos la deducción que se hubiera tomado de conformidad con la regla mencionada en primer término. Las declaraciones complementarias que se presenten en los términos de esta regla no se tomarán en consideración para el límite a que se refiere el primer párrafo del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación. Los contribuyentes podrán efectuar la deducción a que se refiere esta regla, siempre que las pérdidas fiscales incurridas en ejercicios terminados a partir del 1o. de enero de 1987 que se disminuyeron para calcular el resultado fiscal o ingreso acumulable en los términos de los títulos II o IV, capítulo VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según sea el caso, las hayan determinado en su totalidad conforme a las disposiciones contenidas en esos mismos títulos. Los contribuyentes que hayan disminuido conforme a los títulos II o IV, capítulo VI, de la ley antes citada, las pérdidas fiscales ajustadas a que se refiere el artículo 809 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 1990, podrán estar a lo previsto en el párrafo anterior, siempre que dichas pérdidas se hubieran disminuido conforme a lo dispuesto por los artículos 55 o 110, según corresponda, de la ley de la materia vigente en el ejercicio en que ocurrieron. Los contribuyentes que opten por lo dispuesto en esta regla y que, posteriormente, cambien de actividad empresarial preponderante, entren en liquidación o tratándose de personas físicas dejen de realizar actividades empresariales en los términos previstos en el penúltimo párrafo del artículo sexto transitorio antes mencionado, podrán efectuar en el ejercicio en que sucedan tales circunstancias, la deducción del saldo pendiente por deducir conforme a lo previsto por esta regla.’. Además, se anota el contenido del artículo 22, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del primero de enero de mil novecientos ochenta y siete. ‘Artículo 22. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: ... II. Las compras de mercancías; así como de materias primas, productos semiterminados o terminados que utilice el contribuyente para producir otras mercancías. No se incluirán los activos fijos, los títulos valor excepto aquellos que representen la propiedad de mercancías, ni los terrenos, salvo que tratándose de estos últimos la actividad del contribuyente consista en la enajenación de inmuebles.’. Ahora bien, en principio, es pertinente precisar que de la sentencia recurrida se desprende que el Juez de Distrito consideró que no se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque dijo que mediante oficio número 325-SAT-R3-L24-R1-04276 de fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y nueve, la Administración Local Jurídica de Ingresos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, desahogó una consulta y concluyó que la amparista se encuentra inmersa en la hipótesis legal que prevé el artículo sexto transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, impugnado en este juicio de amparo; contestación a la consulta que constituye el acto de aplicación, resultando suficiente su exhibición para tener por acreditado el acto de aplicación y el interés jurídico para reclamar la resolución de que se trata y la ley aplicada, toda vez que dio respuesta a la consulta que le hizo la solicitante del amparo en relación con la deducción de mercancías existentes hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, en el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y ocho. De la transcripción realizada en el considerando segundo se desprende que en vía de agravios, la autoridad recurrente señala que se surte la causal de improcedencia citada en atención a los siguientes argumentos: Es obligación a cargo de la quejosa acreditar su interés jurídico, y la respuesta a la consulta planteada por ésta a la autoridad tributaria no acredita por sí misma que la promovente tenga interés jurídico en el presente asunto. En atención a los puntos resolutivos de la respuesta citada, la quejosa no demuestra ubicarse en los supuestos del artículo sexto transitorio impugnado, que prevé la base para efectuar las deducciones por parte de los sujetos del impuesto sobre la renta que realizaban actividades empresariales con anterioridad a la entrada en vigor de ese decreto, ni respecto de la regla 106 de la Resolución que establece reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal para el año de mil novecientos noventa y tres. La quejosa endereza el juicio de amparo en contra de una norma que no le era aplicable, basándose en una consulta formulada ante las autoridades hacendarias, y en la respuesta emitida se precisó debidamente que ‘la contribuyente denominada Distribuidora Sello de Oro, S.A. de C.V., estará en posibilidad de deducir el importe de los inventarios que haya tenido al treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, en una cantidad equivalente al 3.33% del monto correspondiente, actualizado desde el mes de diciembre de mil novecientos ochenta y seis hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio por el que se efectúe la deducción correspondiente, siempre que tal contribuyente se ubique en los supuestos y cumpla con lo dispuesto en la referida regla, conforme a los señalamientos expuestos en los considerandos de la presente resolución’; esta resolución se emitió con los datos aportados por la quejosa en su consulta, sin prejuzgar sobre su veracidad. Señaló como aplicables, entre otras, la tesis visible en la página 181, Tomo IV, Primera Parte, de los meses de julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: ‘INTERÉS JURÍDICO, COMPROBACIÓN DEL.’, y la tesis visible en la página 180, Volúmenes 193-198, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Pleno, Séptima Época, bajo el rubro: ‘INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES.’. Asimismo, del expediente de amparo se desprende, en lo conducente, que la autoridad responsable, administrador local jurídico de Ingresos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto de aplicación que le atribuye la parte quejosa, pues si bien emitió el oficio número 325-SAT-R3-L24-R1-04276 de ocho de abril de mil novecientos noventa y nueve, que contiene la resolución dictada en relación con la consulta formulada por la peticionaria de garantías; de su análisis se advierte que el particular consultaba a la autoridad los alcances e interpretaciones que debía dar al artículo sexto transitorio del decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y seis; la regla 106 de la Resolución que establece reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal para el año de mil novecientos noventa y tres y la regla 3.7.6. para el año de mil novecientos noventa y ocho, publicadas, respectivamente, en el mismo órgano oficial el diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y tres y veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve, realizando en su solicitud de consulta diversas consideraciones de tipo legal, inclusive respecto a la constitucionalidad de las mismas (fojas 72 a 86). Ahora bien, en el texto del escrito de consulta se precisó lo siguiente: ‘Para cumplir con lo establecido por el artículo 18-A del Código Fiscal de la Federación y bajo protesta de decir verdad, manifiesto lo siguiente. I. Los números telefónicos del contribuyente son: 14-23-30, y de los autorizados en los términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación mencionados con anterioridad son: en esta ciudad, el teléfono (87) 14-5876 y en Monterrey, N.L., son los teléfonos (8) 345-0106, (8) 345-0131 y (8) 345-0171. II. En la presente consulta, no existen extranjeros que tengan interés jurídico con el resultado de la misma. III. Mi representada tiene como actividad principal el desarrollo de actividades comerciales, según se justifica con el poder notarial que se anexa. IV. Monto de la operación: $1'030,763.00 (un millón treinta mil setecientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.). V. Como lo hemos mencionado, la actividad a que se dedica mi representada es la comercial, según se justifica con el testimonio notarial que se acompaña, debido a ello mi representada adquiere mercancía para su posterior enajenación. En el año de 1986, el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establecía el procedimiento de deducción del costo de ventas de la forma siguiente: el costo de las mercancías que se enajenen, así como de las que formen el inventario al final del ejercicio, se determinará conforme al sistema de costeo absorbente sobre la base de costos históricos predeterminados, excepto cuando la ley prevea específicamente que se siga el sistema de costo directo. En todo caso, el costo se deducirá conforme se acumulen los ingresos relativos. El artículo 29 en mención estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 1986, ya que fue derogado por el artículo 1o. transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 1986. En ese orden de ideas, el artículo 6o. transitorio del decreto en análisis (que a su vez fue reformado de conformidad con el artículo 7o. del decreto que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales para 1989), establecía en sus fracciones II y III, así como en su último párrafo, lo siguiente: ‘Los contribuyentes de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que hubieran venido realizando actividades empresariales con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, podrán efectuar con posterioridad al 31 de diciembre de 1986, las deducciones siguientes: ... II. El importe que sea menor entre los inventarios de materias primas, productos semiterminados, productos terminados o mercancías que el contribuyente tenga al 31 de diciembre de 1986 o de 1988. ... Las deducciones a que se refieren las fracciones II y III de este artículo, sólo podrán efectuarse en el ejercicio en el que el contribuyente cambie de actividad empresarial preponderante, entre en liquidación o tratándose de personas físicas dejen de realizar actividades empresariales. Para los efectos de este párrafo se considera cambio de actividad empresarial preponderante cuando el cambio de actividad preponderante implique un cambio por más de tres dígitos en la clave de actividad conforme al catálogo de actividades publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para los efectos de las deducciones a que se refieren las fracciones II y III de este artículo, el importe del inventario y del costo de ventas por enajenaciones a plazo que conforme a dichas fracciones se tenga derecho a deducir, se ajustará con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido entre diciembre de 1986 o 1988, según a cuál de esos meses corresponda el menor de los inventarios o costo de ventas pendientes de deducir, y el mes inmediato anterior a aquel, en que el contribuyente cambie de actividad empresarial preponderante, entre en la liquidación o tratándose de personas físicas deje de realizar actividades empresariales.’. Debido a lo anterior, mi representada ha venido acumulando, en los sucesivos ejercicios anuales y en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los ingresos por la enajenación de mercancías existentes al 31 de diciembre de 1986, sin haber deducido el costo de las mercancías, como lo podrá comprobar esa autoridad con la declaración anual del ejercicio de 1986, que se anexa a la presente, misma que muestra el costo fiscal de los inventarios y mercancías a la fecha citada. VI. La razón que motiva a la presente consulta, es confirmar el criterio que sostiene mi representada de poder deducir sus inventarios que tuvo al 31 de diciembre de 1986, ajustados con el factor de actualización correspondiente en el ejercicio fiscal de 1998. VII. Los hechos y circunstancias que se mencionan, fueron planteados a esa Administración Local Jurídica de Ingresos de Nuevo Laredo, resolviéndose mediante oficio número 325-SAT-R3-L24-R1-00209 de fecha 18 de enero de 1999, en el que se concluyó la imposibilidad de dar respuesta a la consulta, ya que sólo se mencionaban datos genéricos y no se aportaban los elementos concretos con los cuales se compruebe que la solicitante se ubica en los supuestos del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente al 31 de diciembre de 1986. La resolución recaída a esa consulta fue emitida en el oficio 325-SAT-R3-L24-R1-04276 de ocho de abril de mil novecientos noventa y nueve, por el administrador local jurídico de Ingresos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, siendo relevantes las consideraciones siguientes: ‘Consideraciones. I. Es de precisarse que el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 1986, establecía la posibilidad de deducir, entre otros conceptos, el costo de las mercancías que formaran el inventario al final del ejercicio, estableciendo la mecánica de su determinación, precepto que por el artículo primero del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1986 fue reformado, derogándose a la vez, la sección II del capítulo II del título II, en la que se encontraba tal precepto, pasando dicho artículo, junto con los diversos 30 y 31 que correspondían a esa sección, a formar parte de la sección I del capítulo II del título II del ordenamiento de referencia. II. Ahora bien, el artículo sexto transitorio del decreto señalado en el párrafo anterior, reformado por el artículo séptimo de la ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales para 1989, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1988, establecía en su fracción II, así como en su último párrafo, que los contribuyentes de ese impuesto que hubieran venido realizando actividades empresariales con anterioridad al 1o. de enero de 1987, podrían efectuar con posterioridad al 31 de diciembre de 1986, entre otras deducciones, la consistente en el importe que fuera menor entre los inventarios de materias primas, productos semiterminados o mercancías que el contribuyente tenga al 31 de diciembre de 1986 o 1988, precisándose en el penúltimo párrafo del dispositivo reformado en cuestión, que la deducción a que se refiere esa fracción II, así como la fracción III del mismo artículo, sólo podría efectuarse en el ejercicio en que el contribuyente cambiara de actividad empresarial preponderante, entrara en liquidación o que tratándose de personas físicas dejaran de realizar actividades empresariales, estableciendo que se entendía como cambio de actividad empresarial preponderante, cuando ésta implicara un cambio por más de tres dígitos en la clave de la actividad conforme al catálogo de actividades publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. III. Por su parte, el último párrafo del artículo sexto transitorio en cuestión, señalaba que para los efectos de tales deducciones, el importe del inventario que conforme a dicha fracción se tenga derecho a deducir, se ajustaría con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido entre diciembre de 1986 o 1988, según a cuál de esos meses corresponda el menor de los inventarios pendiente de deducir y el mes inmediato anterior a aquel en que el contribuyente se ubique en los supuestos señalados en el párrafo previo para la procedencia de las deducciones. IV. En la regla 106 de la Resolución que establece reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal para el año de 1993, regla adicionada a tal resolución en la Primera resolución que reforma, adiciona y deroga a la misma, publicada esta última en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1993, dispuso para los efectos de la fracción II del artículo sexto transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la opción para los contribuyentes de efectuar la deducción del importe que sea menor entre los inventarios de materias primas, productos semiterminados o mercancías que el contribuyente haya tenido al 31 de diciembre de 1986 o 1988, en los términos de esa regla, considerando el valor fiscal que tenían esos inventarios a dichas fechas. V. Los términos de la regla mencionada consistían, entre otros, en que la deducción se efectuaría en treinta ejercicios contados a partir del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1992, en una cantidad equivalente, en cada ejercicio, al 3.33% del monto de sus inventarios, actualizado desde el mes de diciembre de 1986 o 1988, según el caso, hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio por el que se efectúe la deducción. VIII. Asimismo, la propia regla 106 disponía que los contribuyentes que pudiendo haber aplicado la deducción correspondiente en un ejercicio no la efectúen, perderán el derecho a hacerlo en ejercicios posteriores hasta por la cantidad en que pudieron haberla efectuado. IX. Cabe señalar que la regla 106 de la Resolución que establece reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal para el año de 1993, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de ese mismo año, su texto original fue derogado mediante resolución publicada en ese mismo órgano oficial de difusión el 22 de abril de 1993, siendo sustituida por la adición que se hiciera de la misma en la Primera resolución que reforma, adiciona y deroga a la misma, publicada el 19 de mayo de 1993, disponiendo en la regla 106 en consulta que quienes hubieren ejercido la opción establecida en la diversa regla 106 vigente hasta el 22 de abril de 1993, podrían acogerse a lo dispuesto en la regla de referencia, presentando aviso ante la Administración Local de Auditoría Fiscal que les corresponda antes del 10 de junio de ese año, en la que debían manifestar que optaban por aplicarla, acompañando copia fotostática de la declaración complementaria en la que dejaban sin efectos la deducción anterior. X. En estos términos, el quinto párrafo del artículo 106 en mención, disponía que las declaraciones complementarias que se presenten en los términos de esa misma regla, no se tomarían en cuenta para el límite a que se refiere el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación. XI. Asimismo, es de indicarse que las disposiciones fiscales que establezcan carga a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta acorde a lo preceptuado en el numeral 5o. del Código Fiscal de la Federación. XII. Por otra parte, respecto a lo manifestado por el compareciente en el sentido de considerar inconstitucional el artículo sexto transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1986, es de suma importancia señalar que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocupan de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales, que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que versa la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare, es decir, que quien no haya acudido al juicio de garantías, ni por lo mismo haya sido amparado contra determinada ley o acto, está obligado a acatarlos, no obstante que dicha ley o actos hayan sido estimados contrarios a la Carta Magna en un juicio en el que aquél no fue parte quejosa. Competencia. Esta Administración Local Jurídica de Ingresos con fundamento en los artículos 7o., fracción XIII, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en relación con el artículo tercero transitorio de la propia ley; 41, apartado C, fracción III, apartado F, número 24, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 1997, y artículo quinto transitorio del decreto que reforma al propio reglamento publicado en el multicitado Diario Oficial el 10 de junio de 1998; artículo primero, fracción III, punto 7, del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se mencionan, publicado en el referido diario el día 18 de diciembre de 1996, en relación con el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación. Por lo anterior, esta administración. Resuelve. Primero. Una vez realizado el análisis a su promoción, esta autoridad estima que conforme a lo dispuesto en la regla 106 de la Resolución que establece reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal para 1993, vigente a partir del 20 de mayo de 1990, que su representada en caso de ubicarse en los supuestos de aplicación de tal disposición, estará en posibilidad de deducir el importe de los inventarios que haya tenido al 31 de diciembre de 1986, en una cantidad equivalente al 3.33% del monto correspondiente, actualizado desde el mes de diciembre de 1986 hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio por el que se efectúe la deducción correspondiente. Segundo. Sin embargo, respecto de los ejercicios por los que habiendo podido aplicar la deducción correspondiente, esto es, los contados a partir del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1992 y que tal deducción no se hubiera efectuado, esta autoridad considera que en términos de lo dispuesto en la regla 106 multicitada, la compareciente ha perdido el derecho a hacerlo en la proporción respectiva para cada uno de los ejercicios respecto de los cuales hubiere presentado su declaración del ejercicio, pues es claro que la causa anterior, imputable al propio contribuyente, ocasiona que se haya perdido el derecho de ejercerlo. No se omite señalar que esta dependencia no prejuzga la exactitud de los datos que se sirvió aportar y que fueron tomados de base para esta resolución, por lo cual quedan a salvo las facultades de comprobación conferidas a las autoridades administrativas por las leyes fiscales.’. Los antecedentes relatados y el contenido del artículo sexto transitorio del decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, y de la regla 106 de la Resolución que establece reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal para el año de mil novecientos noventa y tres, publicada en el mismo órgano oficial el diecinueve de mayo de ese año, ponen de manifiesto que asiste razón a la autoridad recurrente en cuanto a que, contrariamente a lo aseverado por el Juez de Distrito, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, resultan sustancialmente fundados los agravios expresados por la autoridad recu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17914-bbc990e2/consulta-fiscal-su-respuesta-es-apta-para-acreditar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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