IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA TABLA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE HACE AL AUMENTO EN LOS LÍMITES INFERIORES DE LOS DISTINTOS RANGOS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2024).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 92/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MÓNICA SALOMA PALACIOS. PONENTE: MAGISTRADA VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. SECRETARIA: ANA PAOLA SURDEZ LÓPEZ.
Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión del día diez de septiembre de dos mil veintiséis, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.
RESOLUCIÓN.
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 92/2026 suscitada entre el Segundo y Tercero Tribunales Colegiados, ambos del Décimo Quinto Circuito.
2. El problema a resolver por parte de este Pleno Regional conforme se dio trámite a la contradicción de criterios consiste en determinar si La tabla de cantidades contenida en el artículo 8 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tijuana, Baja California, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, por lo que hace al aumento en los límites inferiores de los distintos rangos, transgrede el principio de proporcionalidad?
3. La anterior interrogante se precisó para su mejor comprensión, no obstante que en el auto de radicación de ocho de junio de dos mil veintiséis, se hubiese asentado como tema de contradicción el siguiente: "Determinar si la tabla de cantidades contenida en el artículo 8 de la Ley de Ingresos para el municipio de Tijuana, Baja California, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, transgrede el principio de proporcionalidad tributaria."
ANTECEDENTES DEL ASUNTO.
4. Denuncia de la contradicción. Por oficio 52/2026 recibido el cinco de junio de dos mil veintiséis, en este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual el titular del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre los siguientes órganos jurisdiccionales:
• Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativa ********.
• Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver amparo en revisión administrativa ********.
5. Radicación, admisión, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de presidencia de ocho de junio de dos mil veintiséis se radicó el expediente que se registró como contradicción de criterios 92/2026. Se requirió a los tribunales colegiados contendientes informaran si el criterio en contradicción seguían vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; asimismo se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informará respecto a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el alto tribunal, relacionada con el tema relativo a: "Determinar si la tabla de cantidades contenida en el artículo 8 de la Ley de Ingresos para el municipio de Tijuana, Baja California, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, transgrede el principio de proporcionalidad tributaria."
6. De igual forma, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto a la ponencia de la Magistrada Virginia Pétriz Herrera, para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.
7. Informes. Los magistrados presidentes de los tribunales colegiados de circuito contendientes rindieron los informes solicitados en el sentido de que los criterios materia de la contradicción se encontraban vigentes, informes que se tuvieron por recibidos mediante proveídos de quince y dieciséis de junio de dos mil veintiséis.
8. De igual forma, en proveído de veintitrés de junio del año en curso, se tuvo a la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el tema materia del presente asunto.
9. Confirmación de turno. Por auto de uno de julio de dos mil veintiséis, al encontrarse debidamente integrada la contradicción de criterios, se confirmó el turno del asunto a la Magistrada Virginia Pétriz Herrera.
10. Lista. El asunto fue listado para ser visto en sesiones de trece y veintisiete de agosto de dos mil veintiséis, fechas en las que por unanimidad de votos se decidió primero dejar en lista el asunto y, después aplazarlo.
11. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,.
C O N S I D E R A N D O :
12. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(2) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(3) así como lo establecido en los diversos numerales 6°, fracción I, 7°, 9°, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del extinto Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(4) 1º, fracción I, punto 2, y 2º del Acuerdo General 108/2022 del entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial,(5) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, y reformados mediante el Acuerdo General 38/2023 del extinto Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés.
13. El presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, los cuales se encuentran dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad administrativa sobre las que este Pleno ejerce jurisdicción para unificar criterios.
14. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por el Juez Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(6)
15. Criterios denunciados. Previo a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.
A. Ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión ******** en sesión de treinta de abril de dos mil veintiséis.
16. Juicio de amparo. Mediante escrito presentado el seis de agosto de dos mil veinticuatro, *** **** ***** ******** ******** ******* ** ******* ********, por conducto de su representante legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades siguiente:
"(...)
II. Acto Reclamado Se reclama el primer acto de aplicación del sistema legal impositivo de naturaleza heteroaplicativa formado por la aplicación mancomunada de las siguientes legislaciones: a) Artículos: 1 fracción I, punto 2; 8, penúltimo y el último párrafo, de la Ley de ingresos del municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal de 2024 publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California del 22 -de diciembre de 2023 en la sección V, que establece el ingreso para el municipio de Tijuana del impuesto sobre adquisición de inmuebles, su tasa, y sobretasa al fomento deportivo y educacional, base y obligación de emitir el comprobante a pagar, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California del 22 de diciembre de 2023 en la sección V.
b) el artículo 75-BIS-B de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 30 de Abril del 2010 mediante Decreto Número 361, así como la fe de erratas al decreto número 461, publicada en el periódico Oficial número 69, de 29 de julio de 2011 Tomo CXVII, y toda vez que esta disposición fue modificada, se combate la última reforma legislativa vigente.
Ambas disposiciones (Ley de Ingresos y Ley de Hacienda Municipal) se señalan como acto reclamado en su conjunto y se impugnan como normas heteroaplicativas ya que la contribución impugnada es el producto un sistema impositivo legal donde se aplica de manera mancomunada ambas legislaciones para la cuantificación y pago de estas contribuciones municipales de vigencia anual.
III. Autoridades Responsables y Actos que de cada una se reclaman.
A. H. Congreso del Estado de Baja California. A esta autoridad se le reclama de manera indistinta:
(I) Respecto de la Ley de ingresos del municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal de 2024
a) La iniciativa, propuesta, discusión y votación de la norma, a aprobar (artículos 1, 8, de la Ley de ingresos del municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal de 2024 que establece el impuesto sobre adquisición de inmuebles su sobretasa publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California del 22 de diciembre de 2023 en la sección V.
(II) Respecto de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California se reclama la Iniciativa, discusión, aprobación y publicación del Decreto 361 que establece el artículo 75-BIS-B de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 30 de Abril del 2010 mediante Decreto Número 361, así como la fe de erratas al decreto número 461, publicada en el periódico Oficial número 69, de 29 de julio de 2011 Tomo CXVII, y toda vez que esta disposición fue modificada se combate la última reforma legislativa vigente.
B.- El C. Gobernador del Estado de Baja California de quien se reclama la promulgación y orden de publicación del acto reclamado, mismo que ha quedado descrito en el inciso anterior.
En la especie tiene aplicación el (sic) artículos 108 y 142 de la nueva ley que dicen:
"Artículo 108: La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos, en la que se expresará:
...
III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios."
"Artículo 142. La falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva.
Tratándose de amparo contra normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la norma general o en su publicación, únicamente rendirán el informe previo cuando adviertan que su intervención en el proceso legislativo o de creación de la norma general, se impugne por vicios propios."
NOTA: No se señala ninguna autoridad exactora toda vez que no forma parte del proceso legislativo, y se impugna la ley con motivo de su primer acto de aplicación al oponerse dicho acto a la Constitución y los derechos humanos. Tampoco se señalan como responsables las autoridades que participan en el refrendo de los Decretos, ni su publicación al no existir vicios propios en términos del artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia que ilustra que no necesito señalar a autoridades ejecutoras receptoras del pago de contribuciones como autoridades responsables por haber "aplicado" las normas, ya que el pago de una contribución, no es un acto imputable a la autoridad ejecutora, se transcriben solo los rubros de las tesis:
(...)
AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. (...)
(...)
AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL.
(...)
REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. LAS AUTORIDADES EJECUTORAS CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO, AUN CUANDO SUFRAN UN PERJUICIO ECONÓMICO (ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS III.10.A.60 K).
No obstante la jurisprudencia anterior, si su Señoría considera que es necesario llamar juicio a la autoridad receptora del pago de la contribución como sería la Tesorería Municipal, del ayuntamiento de Tijuana, atentamente se solicita que en la admisión de demanda se me prevenga para que así lo indiquemos teniendo aplicación las siguientes tesis:
(...)
DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI DE SU ANALISIS SE ADVIERTE LA PARTICIPACIÓN DE UN PARTICULAR ASIMILADO A AUTORIDAD QUE NO FUE SEÑALADO COMO RESPONSABLE, DEBE PREVENIRSE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ESA OMISIÓN. (...)
AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECT?, ? FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO DE EFECTIVO.
Se manifiesta que en caso de obtener sentencia favorable, el ayuntamiento de Tijuana por conducto de una autoridad administrativa Tesorería municipal, en ejecución de sentencia y no antes, tendrá el carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia, pero nunca de autoridad responsable resultando aplicable a la especie:
(...)
AUTORIDADES VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. NO TIENEN EL CARÁCTER DE TERCERAS INTERESADAS NI SE EQUIPARAN A LAS RESPONSABLES, POR ENDE, ES INNECESARIO EMPLAZARLAS AL JUICIO, AL NO TENER LA CALIDAD DE PARTE. (...)
(...)
AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. (...)
(...)
En este sentido se considera que de concederse el amparo únicamente serán llamadas a juicio a darte cumplimiento dichas autoridades municipales pues no son autoridades responsables, ni partes en el presente juicio y como tal no pueden ser llamadas a juicio antes de la ejecución de la sentencia, pues no tienen legitimación en el proceso, hacerlo solo demoraría el juicio y sería contrario a la obligación de impartición de justicia pronta y expedita al traer al proceso partes que no están legitimadas.
A todas las autoridades se le reclaman de manera indistinta las consecuencias jurídicas fácticas que resulten por la determinación cobro de las (sic) contribución ahora controvertida, buscando que la restitución de garantías sea para que el quejoso se desincorpore de las normas impugnadas le sean devuelta las contribuciones pagadas con sus accesorios, así como que no le puedan ser aplicadas en el futuro a los quejosos.
(...).".
17. Admisión de la demanda de amparo. El Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, admitió la demanda de amparo y registró el asunto con el número 4082/2024.
18. Envió del asunto a diverso Juzgado. El trece de noviembre de dos mil veinticuatro, en atención al oficio **********************, se ordenó que se remitieran los autos del asunto en comento al Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, quien lo registró bajo el expediente con el número 682/2024.
19. Sentencia. Seguida la secuela procesal, el treinta de mayo de dos mil veinticinco, se dictó sentencia cuyo punto resolutivo es el siguiente:
"(...)
Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por *** **** ***** ******** ******** ******* ** ******* ********, por conducto de su representante legal ****** ***** ****** ******, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en los Considerandos Tercero y Quinto de esta sentencia, por las razones ahí expuestas.
Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *** **** ***** ******** ******** ******* ** ******* ********, por conducto de su representante legal ****** ***** ****** ******, contra los reclamados a las autoridades responsables analizados en el Considerando Séptimo de esta sentencia, por los motivos ahí señalados.
(...)."
20. Recurso de revisión. Inconforme con la anterior determinación, la persona quejosa por conducto de su autorizado interpuso recurso de revisión.
21. Admisión. Mediante proveído de tres de octubre de dos mil veinticinco, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, registró y admitió el recurso de revisión con el número 492/2025.
22. Sentencia. Por sentencia de treinta de abril de dos mil veintiséis, dicho órgano colegiado declaró firme el sobreseimiento contenido en el considerando cuarto, que se rige por el resolutivo primero de la sentencia impugnada, confirmó la resolución impugnada y negó el amparo y protección de la justicia a la parte quejosa, al tenor de las siguientes consideraciones:
Como se estableció con antelación, los argumentos estudiados en su conjunto, resultan ineficaces.
En primer orden, tal y como lo permite el artículo 76, de la Ley de Amparo, se aborda el segundo motivo de agravio, en el que expone que es contrario a derecho el resolver como inoperante el segundo concepto de violación, al considerar que no existe la violación a la ley del presupuesto y ejercicio del gasto público del Estado de Baja California en sus artículos 10, 11, 12 y 14, así como la reciente contradicción de criterios 50/2024 del Pleno del Norte-Centro del presente Circuito, ya que el dictamen fue aprobado soslayando la omisión en que incurrió el Municipio, al no justificar el aumento de la tasa del 2% al 4.5%, lo que constituye una violación al principio de legalidad; y, que de los dictámenes legislativos de la reforma a la ley de ingresos no existe expectativa de recaudación del ISAI en el cumplimiento de su objeto legal.
Con los referidos argumentos contenidos en el agravio en estudio, la parte recurrente omite exponer razonamientos lógico jurídicos tendentes a impugnar, de manera directa y concreta, las torales consideraciones vertidas por el A quo, con las que declaró inoperante el segundo concepto de violación en el que alegó:
"...En el segundo concepto de violación expuesto en su escrito de demanda, la parte quejosa alegó que los actos reclamados son violatorios de los principios de legalidad y seguridad jurídica debido a que son contrarios a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 104/2011 de rubro "AMPARO CONTRA LEYES. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ÉSTAS PUEDE DERIVAR DE LA CONTRADICCIÓN CON OTRAS DE IGUAL JERARQUÍA, CUANDO SE DEMUESTRE VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA."
La parte quejosa expuso que dicha Ley establece que las variaciones en las contribuciones deben ser motivadas y explicadas, precisando los efectos de las modificaciones, además de que, en caso de no cumplirse con este requerimiento, el Congreso no debe aprobar "el incremento de valores que inciden en el impuesto que se somete a consideración".
Según la parte quejosa, en el caso no se justificó "el aumento de la tasa del 2% al 4.5%", así como tampoco se explicó "por qué existe un déficit que sea necesario sea cubierto con el incremento ahora controvertido", de tal forma que se "omitió motivar y justificar su aumento de la tasa controvertida en los términos que exige la Ley del Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California", aunado a que dichas disposiciones "obliga[n] a una justificación reforzada que acredite el legislador la justificación del objetivo del incremento...".
Lo anterior, en la medida de que la inconforme, en su agravio aquí formulado, nada expuso con el fin de evidenciar que, contra lo estimado en la sentencia recurrida:
- Que sí expuso en los términos exigidos por la jurisprudencia 1a./J. 104/2011, los aspectos que acrediten y demuestren la incongruencia entre los artículos 12 y 14 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California y los artículos 1, fracción I, punto 2 y 8, párrafos penúltimo y último de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro y que acreditó cómo las normas efectivamente impugnadas violan el orden constitucional en virtud de dicha contradicción.
- Tampoco demuestra que si es posible realizar el análisis a la contradicción de los artículos 12 y 14 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, con los artículos 1, fracción I, punto 2 y 8, párrafos penúltimo y último de la Ley de Ingresos del municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro, por lo que no se desvirtúa el impedimento técnico para estudiar la violación señalada.
Así es, dado que en su agravio únicamente se insiste en los argumentos expuestos en su concepto de violación que dice fue ilegalmente analizado, al exponer que:
• Es ilegal la sentencia al resolver el segundo concepto de violación como inoperante, al considerar que no existe la violación a la ley del presupuesto y ejercicio del gasto público del Estado de Baja California en sus artículos 10, 11, 12 y 14, así como la reciente contradicción de criterios 50/2024 del Pleno del Norte-Centro del presente Circuito, ya que el dictamen por el cual fue inicialmente modificada la ley aprobada en el año dos mil veinticuatro, siendo en el año dos mil veintiuno cuando se incrementó y justifico el incremento en los términos de la ley del presupuesto y ejercicio del gasto público, fue aprobado soslayando la omisión en que incurrió el Municipio, ya que si bien en el dictamen solamente indica el cambio y la reforma de la tarifa progresiva, no justifica el aumento de la tasa del 2% al 4.5%, pues no se reunieron todos los requisitos que indicó el legislador estatal, lo que constituye una violación al principio de legalidad.
• Al analizar los dictámenes legislativos de la reforma a la ley de ingresos veremos que no fueron ni siquiera analizados por el Congreso ni valorado en sentencia, que no existe expectativa de recaudación del ISAI en el cumplimiento de su objeto legal, por lo que es carente de mostrar el comparativo con el pronóstico de como hubieses afectado el ingreso la iniciativa en el año anterior, que tampoco existió para el dos mil veintiuno, ni para el dos mil veinticinco, el análisis técnico del impacto presupuestario por el aumento, requisitos que son exigidos en la contradicción de criterios 50/2024; de ahí que, si la norma no se justificó en el año dos mil veintiuno es inconstitucional, pero también como es una norma de vigencia anual cada año se debe de realizar este análisis pues así lo ordena la Ley del Presupuesto y Equilibrio del Gasto Público.
Empero, se reitera, con esos argumentos, solo insiste en los que ya fueron desestimados, con los que además, no se controvierten las torales consideraciones y fundamentos legales que sustentan el fallo recurrido, las que acertadas o desacertadas, al no haberse destruido a través de los agravios, están en pie, para seguir sustentando el sentido de la sentencia recurrida; de ahí que sean inoperantes.
Es aplicable Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 62/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Abril de 2008, página 376, que dice:
"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN, CASI LITERALMENTE, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN CONTROVERTIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, en el recurso de revisión se expresarán los agravios que cause la resolución o sentencia impugnada, esto es, se cuestionarán las consideraciones jurídicas sustentadas en la determinación judicial que se estime contraria a los intereses del recurrente. En ese sentido, son inoperantes los agravios cuando sólo reproducen, casi literalmente, los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo y respecto de los cuales se hizo pronunciamiento en la sentencia recurrida, pues no controvierten los argumentos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional, que posibiliten su análisis al tribunal revisor".
Asimismo, se cita la jurisprudencia 1a./J. 85/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Materia Común, página 144, registro 169004, del rubro y texto siguientes:
"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que una de las modalidades de la inoperancia de los agravios radica en la repetición de los argumentos vertidos en los conceptos de violación. Al respecto, conviene aclarar que si bien una mera repetición, o incluso un abundamiento en las razones referidas en los conceptos de violación, pueden originar la inoperancia, para que ello esté justificado es menester que con dicha repetición o abundamiento no se combatan las consideraciones de la sentencia del juez de distrito. Este matiz es necesario porque puede darse el caso de que el quejoso insista en sus razones y las presente de tal modo que supongan una genuina contradicción de los argumentos del fallo. En tal hipótesis la autoridad revisora tendría que advertir una argumentación del juez de amparo poco sólida que pudiera derrotarse con un perfeccionamiento de los argumentos planteados ab initio en la demanda. Sin embargo, también puede suceder que la repetición o abundamiento de los conceptos de violación no sea más que un mero intento de llevar sustancia a la revisión, siendo que las razones sostenidas tanto en los conceptos de violación como en los agravios ya fueron plenamente respondidas por el juzgador. En estos casos, la autoridad revisora debe cerciorarse de que el fallo recurrido presenta una argumentación completa que ha contestado adecuadamente todos los planteamientos de la demanda de amparo, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, para estar en aptitud de declarar la inoperancia de los agravios al concluir que aun cuando el recurrente intenta abundar o profundizar sus conceptos de violación, con ello no combate la ratio decidendi del fallo recurrido".
De igual manera, se plasma la jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 731 del Libro XIII (octubre de 2012) Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 159947, de epígrafe:
"AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA".
Por otra parte, se analiza el primer agravio, mismo que resulta infundado, bajo las siguientes consideraciones.
Contrariamente a lo expuesto por la recurrente, si bien en el impuesto de adquisición de bienes inmuebles regulado en los artículos 75 Bis B, de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Baja California y en el artículo 8 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tijuana, Baja California, el legislador estableció la capacidad contributiva de los gobernados, tomando en cuenta el rango del valor de los bienes inmuebles, esto no implica una trasgresión a los derechos fundamentales del gobernado.
Es así, ya que en relación con el tema del incremento de los límites superior, como de la cuota fija, derivado de la aplicación de una progresión aritmética, consistente en una de segundo orden y otra de tercer orden, el resolutor de amparo estimó como infundados los argumentos expuestos por la moral quejosa en sus conceptos de violación.
Respecto a ello, este órgano jurisdiccional considera ajustado a derecho lo así determinado, toda vez que la forma de obt
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34400-5405f836/impuesto-sobre-adquisicion-de-inmuebles-la-tabla-contenida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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