CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR INCREMENTO EN EL COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO (CUS). TIENE LA NATURALEZA DE UN IMPUESTO (ARTÍCULOS 53 Y 62 DE LAS LEYES DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2016 Y 2019).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 86/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 26 DE FEBRERO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ, MARIANA FLORES VEGA Y DIANA ELDA PÉREZ MEDINA. PONENTE: MARIANA FLORES VEGA. SECRETARIA: ROSALBA JANETH RODRÍGUEZ SANABRIA.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de veintiséis de febrero de dos mil veintiséis emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 86/2025, suscitada entre los sustentados por el Tercer y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco.
2. La problemática jurídica a resolver por este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si la contribución especial por el incremento en el coeficiente de utilización de suelo, a que se refieren los artículos 53 y 62 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para los ejercicios fiscales 2016 y 2019, respectivamente, corresponden a la clasificación denominada “derecho” o bien, a la de “contribuciones de mejoras o impuestos”.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veinticinco, por **********, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso en el amparo en revisión 48/2017, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunció una posible contradicción de criterios, entre los sustentados por ese Tribunal Colegiado al resolver el expediente en cita, así como el amparo en revisión 33/2021 de su estadística y por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el amparo en revisión 23/2020.
4. Trámite de la denuncia ante este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Por auto de catorce de octubre de dos mil veinticinco, la Presidencia de este Pleno Regional ordenó el registro del escrito en cita con el expediente 86/2025, asimismo, solicitó a los Tribunales contendientes, informaran si los criterios sustentados continuaban vigentes y pusieran a disposición de este órgano los expedientes electrónicos de los asuntos involucrados; se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, que informara si en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe alguna contradicción de criterios radicada sobre el tema.
5. Por autos de veinte, veintitrés y veintiocho de octubre de dos mil veinticinco, se tuvo a los tribunales contendientes informando que el criterio contenido en los amparos en revisión 48/2017, 33/2021 y 23/2020, de su índice respectivamente, se encuentran vigentes, así como que pusieron disponible la versión electrónica de los expedientes en cita.
6. En proveído de cuatro de noviembre siguiente, se tuvo por recibido el oficio DGCCST/X/598/10/2025, de veintiocho de octubre de dos mil veinticinco, por el que el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que en ésta no se encuentra radicada contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.
7. Confirmación de turno. En auto de seis de enero de dos mil veintiséis, se confirmó el turno electrónico a la ponencia de la Magistrada Mariana Flores Vega para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
8. Retiro. El asunto fue listado para verse en sesión de veintiuno de enero siguiente, sin embargo, en dicha sesión se determinó retirar el asunto para mayor estudio, por lo que fue listado nuevamente el dieciocho de febrero del presente año.
COMPETENCIA
9. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en relación con los artículos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y 1, fracción II, número 2, y 2, del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales [reformado mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés], así como de acuerdo con lo dispuesto en los artículos transitorios séptimo y décimo noveno de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, vigente a partir del día siguiente, en virtud de que la contradicción se suscitó entre el Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito; de ahí que se comprenden en la materia y territorio asignados a este Pleno.
III. LEGITIMACIÓN
10. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por **********, autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso en el amparo en revisión 48/2017, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, criterio contendiente en este asunto.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
11. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
12. Primer criterio contendiente. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los amparos en revisión 48/2017 y 33/2021.
13. Los antecedentes de las ejecutorias pronunciadas consisten en lo siguiente:
Amparo en revisión 48/2017.
14. Demanda de amparo indirecto. Una persona física por derecho propio presentó demanda de amparo contra el ********** y otras autoridades locales, en la que reclamó el artículo 53 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis, y como acto de aplicación, la determinación de los derechos e impuestos con motivo de la emisión del Dictamen favorable definitivo de C.U.S. MAX., su cobro y recepción de pago, atribuidos al ********** y al ********** de dicha **********.
15. Trámite de la demanda. De dicha demanda de amparo indirecto correspondió conocer al entonces Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, que por acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciséis, la registró con el consecutivo **********, la admitió a trámite, y, seguidas las etapas procedimentales, el uno de septiembre posterior, tuvo verificativo la audiencia constitucional y dictó la sentencia que terminó de engrosar el treinta de noviembre siguiente, en la que sobreseyó en el juicio respecto de los actos reclamados al **********, ambos del **********, Jalisco, y al **********, y por otra parte, negó el amparo solicitado en relación con la norma impugnada.
16. Recurso de revisión. Inconforme con la determinación anterior, el autorizado en amplios términos del quejoso, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, que admitió a trámite con el consecutivo 48/2017 y en sesión de quince de julio de dos mil diecinueve, por mayoría de votos, modificó la sentencia recurrida, sobreseyó en el juicio de amparo contra los actos reclamados a las autoridades responsables **********, así como al ********** y ********** y concedió el amparo y protección de la justicia federal para los efectos ahí precisados.
Cuestiones jurídicas.
“...QUINTO. Los agravios son sustancialmente fundados.
El juez de Distrito en la sentencia recurrida negó el amparo solicitado al considerar en concreto que sí existió certidumbre sobre los factores que inciden en la carga tributaria, ya que la base gravable se determina con fundamento en valores predeterminados, cuyo cálculo se encuentra regulado, por los Planes Parciales de Desarrollo, siendo en el caso el Plan Parcial de Desarrollo Urbano **********, por lo que no queda al arbitrio de la autoridad administrativa la determinación de la contribución especial por incremento en el coeficiente de utilización del suelo contenida en el artículo tildado de inconstitucional, pues deberá de atender a las disposiciones y procedimientos contenidos en el plan de desarrollo urbano vigente aplicable al predio respectivo, para determinar la base gravable de la contribución.
También consideró como infundados los argumentos en los que planteó violación a los principios de equidad y proporcionalidad, mediante los que alegó el quejoso que tanto la tarifa como la base para determinar la contribución a enterar no está razonablemente vinculado al costo del servicio prestado como contraprestación de esos derechos, al no guardar relación con el objeto de la contribución reclamada y que ello origina que por un servicio se paguen diversas cuotas y que la Contribución Especial de Aumento de Coeficiente de Utilización del Suelo denominada (CUS), prevista en el artículo 53 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, al contemplar como base la actividad a realizar por el gobernado consistente en la edificación, y tomar en cuenta los metros cuadrados a edificar; toda vez que estimó que uno de los objetivos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano **********, es el establecimiento de los mecanismos e instrumentos que garanticen el incremento de los servicios urbanos de forma paralela a la densidad de la edificación, y que la contribución especial por incremento en el coeficiente de utilización del suelo (CUS) contenida en el artículo 53 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, pretende gravar el incremento en la densidad de la edificación en el predio del quejoso, por lo que al encontrarse el predio del cual es propietario el quejoso en una de las áreas con potencial de desarrollo, causará un aumento en la densidad de la edificación, respecto del cual el Estado está obligado a establecer los mecanismos e instrumentos que garanticen, de forma paralela, el incremento de los servicios urbanos, por lo que sí existe una actividad del estado que beneficiará al quejoso en particular en su bien patrimonial, por el incremento en la densidad de la edificación de su predio, que se activa el accionar del Estado para de forma paralela, incrementar los servicios urbanos.
Así como que tanto el artículo 53 tildado de inconstitucional, que se refiere a las contribuciones especiales por incremento en el coeficiente de utilización de suelo y el diverso 55, que prevé las contribuciones especiales de mejoras por obras públicas, atienden a la misma finalidad, que es la de gravar el beneficio que recibe el particular en el incremento de la plusvalía de un bien inmueble a causa de obras públicas realizadas por el estado y que la diferencia entre ellos es que el artículo 53, prevé que la contribución especial, se origina a través de la voluntad del propietario o poseedor a título de dueño y la contribución contenida en el dispositivo 55, se origina sin la intervención de la voluntad del contribuyente; pero a final de cuentas, ambos tributos gravan el beneficio que recibirá el particular a causa de las obras públicas y que aunque dichas contribuciones se encuentran en capítulos distintos, tal circunstancia fue una medida del legislador para darle mayor claridad a las contribuciones especiales, pero ambas, se encuentran ligadas entre sí.
En contra de lo anterior, en su primer agravio el recurrente aduce que del análisis de los elementos del tributo se desprende que “estamos ante un derecho por servicios, y no ante un impuesto como lo (textual) equivocadamente lo señala el A quo Federal”, ya que el escrutinio constitucional de una norma que prevé una prestación patrimonial pública a cargo de los gobernados, debe atenderse a su verdadera naturaleza jurídica con independencia de la denominación que le otorgue el legislador, las autoridades exactoras o el quejoso, por lo que el juzgador debió realizar un análisis respecto de la naturaleza de la contribución y posteriormente hacer el análisis de la inconstitucionalidad de la norma reclamada.
Agrega que de los artículos 5 y 7 de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, se advierte cuáles son las características propias de un impuesto en estricto sensu y un derecho tributario, el primero tiene como supuesto de causación el encontrarse en una situación prevista por la ley, de carácter general y obligatorio y, el segundo de los citados “encuentra su causa específica en los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, previa voluntad del gobernado”, y que la naturaleza jurídica de la contribución especial por incremento en el coeficiente de utilización de suelo contenida en el artículo 53 reclamado, son “sujeto: los propietarios o poseedores a título de dueño de los predios susceptibles del incremento a la densidad de la edificación; Objeto o hecho generador: El incremento en la densidad de la edificación, que se obtenga a solicitud de la persona física o jurídica; Base: el excedente de metros cuadrados de edificación que resulten una vez que se haya obtenido la diferencia entre el coeficiente de utilización suelo (cus) y el coeficiente de utilización del suelo máximo optativo (cusmax); y Tarifa: por cada metro cuadrado (m2) la cantidad de $1,064.00 (mil sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)”.
Que de los citados elementos se observa que “el hecho generador del mismo lo es el incremento en la densidad de la edificación, que se obtenga a solicitud de la persona física o jurídica que sea propietario o poseedor a título de dueño, de un predio de los susceptibles del incremento a la densidad de la edificación que lo soliciten expresamente ante la autoridad competente, es decir, el supuesto de causación se hace depender de la voluntad del gobernado, lo que implica que –dicha contribución- no sea de carácter obligatoria y, por ende, no se le deba considerar como un impuesto de estricto sensu”, ya que el impuesto deriva de un acto de soberanía del Estado, el cual es una imposición que da origen a una relación unilateral y que los derechos derivan esencialmente de un acto de voluntad del particular, en el que solicita al Estado la prestación de un servicio público que lo va a beneficiar, por lo que en el caso se está ante un derecho tributario.
Dice que el juzgador en la sentencia recurrida expresa que el artículo reclamado “prevé que la contribución se origina a través de la voluntad del propietario o poseedor a título de dueño de un predio susceptible del incremento a la densidad de la edificación”, lo que corrobora lo alegado en sus conceptos de violación, esto es que lo previsto en el artículo reclamado es un derecho por servicios.
Expresa que el escrutinio constitucional de la contribución reclamada al ser un derecho por servicios, con relación a los principios de proporcionalidad y equidad difiere al de los impuestos en estricto sensu, siendo que la proporcionalidad se determina por la razonable correlación o avenencia entre el costo del servicio y el monto de la cuota y respecto de la equidad, debe verificarse que reciben igual servicio paguen la misma cuota.
Insiste en que para analizar la proporcionalidad de una norma que establece un derecho se debe tomar en cuenta la actividad del Estado que genera su pago, la cual permitirá decidir si el parámetro de medición seleccionado para cuantificar la respectiva base gravable, resulta congruente con el costo que representa para la autoridad el servicio relativo, en el que la cuota no puede contener elementos ajenos al costo del servicio prestado, porque ello daría lugar a que por un mismo servicio se contribuya a un monto diverso.
El sintetizado agravio es fundado, pues como bien señala la parte recurrente, la contribución combatida a través del juicio de amparo no tiene la naturaleza de impuesto, sino de un derecho, por lo que su escrutinio constitucional no fue correcto.
En primer término, resulta de especial relevancia precisar que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, dispone:
"Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
"...
"IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados de la Ciudad de México y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."
En los términos de tal norma constitucional, se concluye que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación y Ciudad de México o del Estado o Municipio en que residan, de forma proporcional y equitativa en que disponga la ley.
El Código Fiscal de la Federación, en su artículo segundo, clasifica las contribuciones en los términos siguientes:
“Artículo 2o.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:
“I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este Artículo.
“II. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.
“III. Contribuciones de mejoras son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.
“IV. Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.
“Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad social a que hace mención la fracción II, las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de seguridad social.
“Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del Artículo 21 de este Código son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas. Siempre que en este Código se haga referencia únicamente a contribuciones no se entenderán incluidos los accesorios, con excepción de lo dispuesto en el Artículo 1o.”
Del transcrito numeral, se pude advertir que existen diversas formas de contribuir al gasto público, que son de naturaleza diversa, por lo que en principio, a fin de estar en aptitud de analizar la constitucionalidad de una contribución, debe establecerse a cuál de ellas corresponde, esto es, cuál es la naturaleza de la misma, con independencia de la denominación que el legislador le otorgue, lo anterior con sustento en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28, Volumen 79, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
“TRIBUTOS. SU ESTUDIO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON SU VERDADERA NATURALEZA JURÍDICA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE LE DEN LAS PARTES O INCLUSO LA LEY. Aun cuando la ley atacada de inconstitucionalidad llame al tributo controvertido "derecho"; y las autoridades responsables lo conceptúen como "derecho de cooperación", y el quejoso se empeñe en sostener que es un "impuesto especial", lo cierto es que este Supremo Tribunal debe analizar el gravamen de acuerdo con su verdadera naturaleza jurídica independientemente de la denominación que le den las partes”.
Ahora bien, en el caso el quejoso impugna la contribución contemplada en el artículo 53 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil quince, que se tilda de inconstitucional, que es del siguiente contenido:
(se transcribe)
Del citado precepto se aprecia que la contribución de que se trata, fue definida por el legislador como “contribución especial” por incremento en el coeficiente de utilización del suelo (CUS); sin embargo se considera que como bien afirma la parte recurrente, dicha contribución tiene naturaleza de un derecho, pues se trata del pago de cierta cantidad por recibir un servicio del Estado en su función de derecho público, la cual se origina a solicitud del propietario o poseedor a título de dueño de una edificación, para obtener la autorización del incremento en la densidad de la misma, en las áreas de actuación con potencial de desarrollo, en predios susceptibles a la aplicación de las normas generales de control territorial y a las normas por vialidad que se derivan de los planes parciales de desarrollo urbano del Municipio de Zapopan.
Tal contribución se paga dentro de los quince días siguientes a que se hace entrega al interesado del dictamen favorable para la aplicación del coeficiente de utilización del suelo máximo optativo, emitido por la autoridad competente, lo que evidencia su naturaleza de derecho al tener como se dijo, origen en una solicitud derivada de la voluntad del gobernado respecto de una contraprestación de una autoridad en su función de derecho público, como lo sería el dictamen de autorización del incremento en la densidad de la edificación.
Sin que resulte obstáculo de lo anterior el que dicho precepto se encuentre ubicado en el título segundo de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, “De las contribuciones especiales” y que en el propio artículo se exprese “De las contribuciones especiales por incremento en el coeficiente de utilización del suelo (CUS)”, toda vez que con base en el citado criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, independientemente a la denominación que se le dio por el legislador, atendiendo a su propia naturaleza se aprecia que tiene las características de un derecho y no de una contribución especial.
De ahí que se considere desacertado lo resuelto por el juez de Distrito en cuanto a que la contribución impugnada es una contribución especial conocida como contribuciones de mejoras, pues ésta consiste en el pago de una prestación que los particulares realizan obligatoriamente al Estado, para contribuir a los gastos que ocasionó la realización de una obra o la prestación de un servicio de interés general, que los benefició o los beneficia en forma específica, lo cual no sucedió en el caso, pues se insiste, la contribución de que se trata se origina a solicitud del propietario o poseedor de una edificación a fin de obtener un dictamen de autorización del aumento del coeficiente de utilización del suelo máximo optativo, respecto de dicha edificación, lo cual no es un beneficio general ni se trata del pago de una obra pública que realizó el estado y que beneficie al quejoso de manera específica.
Incluso el artículo 43 del Reglamento de Urbanización del Municipio de Zapopan, Jalisco, establece que la aplicación de ese coeficiente se sujetará al pago de los derechos correspondientes, lo cual si bien no es determinante para estimar su naturaleza, sí revela que la legislación correspondiente es contradictoria respecto a la naturaleza de la contribución de que se trata.
Bajo esa óptica, es de concluirse que asiste razón al quejoso en cuanto a que al analizar la constitucionalidad de la contribución impugnada deberá atenderse a que se trata del cobro por un derecho y no de una contribución de mejoras o de un impuesto, como incorrectamente hizo el juez de Distrito.
Ahora, en el agravio identificado como “SEGUNDO” plantea el inconforme que la sentencia recurrida incumple con el principio de exhaustividad, en razón de que realiza un estudio deficiente sobre la regularidad constitucional de la contribución especial de aumento de coeficiente de utilización del suelo denominada cus max, prevista en el artículo 53 de la Ley de Ingresos para el municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, toda vez que no explicó cuál es la naturaleza jurídica de la contribución contenida en la disposición reclamada y cómo se debe de analizar si éste cumple con el principio de proporcionalidad tributaria, para después explicar cómo es que la tarifa contenida en el artículo reclamado se encuentra razonablemente vinculada al costo del servicio que presta el municipio de Zapopan, Jalisco, al emitir el dictamen que autoriza el incremento del coeficiente de utilización de suelo; cómo es que la base con la que se calcula la citada contribución se encuentra razonablemente vinculada al costo del servicio que presta el municipio de Zapopan, Jalisco, al emitir el dictamen que autoriza el incremento del coeficiente de utilización de suelo; cómo es que la actividad que presta el municipio de Zapopan, Jalisco, al momento de expedir la autorización del incremento del coeficiente de utilización de suelo, va más allá de la revisión documental que establece el Reglamento de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Municipio de Zapopan y por lo cual, cómo es que la tarifa de que se trata, es razonable; cuál es la relación entre la actividad que presta el municipio de Zapopan y la base imponible de la contribución; esto es, qué tienen que ver los metros cuadrados de construcción y la autorización del incremento del coeficiente de utilización de suelo; cómo es que la tarifa de $1,064.00 (mil sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), respeta el principio de proporcionalidad tributaria, esto es si existe un razonable equilibrio entre la cuota o tarifa que se cobra al usuario y el costo que representa para el estado su presentación; y, cómo es que la tarifa de $1,064.00 (mil sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), se encuentra proporcionada, tomando en cuenta que para el Estado autorizar la edificación de un inmueble le representa cobrar una tarifa de $146.00 (ciento cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.) por metro cuadrado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Ingresos para el municipio de Zapopan, Jalisco, y si ésta no es notoriamente excesiva y desproporcionada.
Alega que en lo que respecta al principio de proporcionalidad tributaria la tarifa y la base no respetan tal principio, en tanto a que esos elementos no guardan relación con el costo que para la autoridad administrativa tiene el expedir la autorización del incremento del coeficiente de utilización de suelo máximo optativo (cusmax) y por ende, origina que los sujetos pasivos paguen cuotas diversas por un mismo servicio.
Añade que “la actividad prestada por el Estado en tratándose de la autorización del incremento del coeficiente de utilización de suelo, se limita a realizar una revisión meramente documental, es decir el estudio de la solicitud y documentación técnica, administrativa y legal, para obtener la autorización del incremento del coeficiente de ocupación del suelo máximo optativo, es un servicio que no requiere algún despliegue técnico por parte de la autoridad para verificar si procede o no otorgar dicha autorización, esto es, no debe realizar actos materiales para determinar la forma en que se prestará el servicio, pues su objeto real se traduce, fundamentalmente, en la recepción de la solicitud, el análisis de la documentación presentada por el solicitante y el trámite de la autorización, por lo que no tiene justificación que por dicho servicio se paguen cuotas diversas, fijadas con base en los metros cuadrados excedentes existentes entre el coeficiente de utilización de suelo y el coeficiente de utilización del suelo máximo optativo autorizado, ya que tal cuota no atiende ni guarda relación con el costo que efectivamente implica para el Estado proveer dicho servicio.”.
En el tercer agravio expresa el quejoso que la sentencia recurrida es incongruente al ser contradictoria en sí misma, al partir de un estudio indebido de la inconstitucionalidad planteada, dado que el juez de Distrito por un lado, considera que atendiendo a las características de la zona donde se encuentra el inmueble respectivo, puede optar por la autorización del incremento en el coeficiente de utilización de suelo, por contar esa zona con la infraestructura necesaria y luego se retracta al expresar que derivado del incremento en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34039-fd86cf5c/contribucion-especial-por-incremento-en-el-coeficiente-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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