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Modo: Corpus Pro

REGLA 3.10.10. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2021. LA MODIFICACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE MAYO DE 2021 ES CONTRARIA AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, YA QUE SU EFECTO MATERIAL FUE REDUCIR EL PLAZO CON EL QUE LAS PERSONAS CONTRIBUYENTES CONTABAN AL INICIO DE SU VIGENCIA, PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN FORMAL CORRESPONDIENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 72/2023. · Registro digital (IUS): 32058
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-01-12
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo V, Pág.4901.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 72/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 25 DE OCTUBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS (PRESIDENTE). PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIO: BENJAMÍN CIPRIÁN HERNÁNDEZ.

Cuernavaca, Morelos. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, en sesión correspondiente al veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

Correspondiente a la contradicción de criterios 72/2023, suscitada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. La problemática jurídica que subyace en este caso es la siguiente:

Este Pleno Regional debe determinar, si la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el tres de mayo de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, específicamente la regla 3.10.10., viola o no el principio de seguridad jurídica, por modificar el plazo para poner a disposición del público en general, la declaración informativa relativa a la transparencia del patrimonio y al uso y destino de los donativos recibidos, prevista en el artículo 82, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Mediante oficio 14074/2023, recibido el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés ante este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos; el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco; denunció la posible contradicción suscitada entre el criterio sostenido en el juicio de amparo directo 305/2022, del índice del citado órgano jurisdiccional, y el criterio adoptado en el juicio de amparo directo 21/2022, del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

2. Mediante acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, el Magistrado presidente del Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, ordenó su registro con el número de expediente 72/2023; y, por turno, correspondió conocer del asunto al Magistrado Arturo Iturbe Rivas.

3. En el aludido auto de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, se solicitó al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, a efecto de que informara si continuaba vigente el criterio en contienda o manifestara las consideraciones que motivaron su abandono; además, se precisó que no era necesario requerir el informe acerca de la vigencia del criterio al tribunal denunciante, al que se le tuvo por vigente.

4. Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara si en la Suprema Corte de Justicia de la Nación existe alguna contradicción de criterios radicada sobre el tema.

5. Por oficio 9326/2023 de veintitrés de agosto del año en curso, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, informó que el criterio sostenido en la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 21/2022, se encontraba vigente; asimismo, puso a disposición de este Pleno Regional la consulta de los expedientes electrónicos solicitados.

6. Por oficio DGCCST/X/772/09/2023, de trece de septiembre de dos mil veintitrés, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, informó a este Pleno que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se encuentra contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.

7. Mediante auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, la presidencia de este órgano, confirmó el turno electrónico a la ponencia del Magistrado Arturo Iturbe Rivas.

8. Por comunicaciones oficiales, la primera presentada vía electrónica el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, signada por el administrador de Amparo e Instancias Judiciales "5", así como la segunda, presentada de manera física, el once siguiente, signada por el administrador de lo Contencioso "3", ambos de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, formularon manifestaciones a manera de opinión (amicus curiae), respecto de las que se proveyó oportunamente.

II. COMPETENCIA

9. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y 2 del Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, esto es, dentro de la circunscripción territorial de este órgano colegiado.

III. LEGITIMACIÓN

10. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue hecha por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo directo 305/2022, siendo este último expediente de donde surgió uno de los criterios contendientes en la presente contradicción.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS.

11. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

12. Antecedentes relacionados con el juicio de amparo directo 21/2022, del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

13. La Administración de Apoyo Jurídico de Servicios al Contribuyente "1" del Servicio de Administración Tributaria, impuso una multa a una persona jurídico colectiva contribuyente, por el importe de $ **********, por incumplimiento a la obligación prevista en el artículo 82, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con la regla 3.10.10. de la Primera Resolución de Modificaciones de la Resolución Miscelánea Fiscal para ejercicio fiscal 2021, en virtud de no haber presentado la «Declaración informativa para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación» correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veinte.

14. En contra de dicha determinación, la contribuyente promovió juicio de nulidad, que fue resuelto el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad **********, en el sentido de reconocer la validez de la resolución fiscal impugnada.

15. Por escrito presentado el tres de enero de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Guadalajara, Jalisco, la parte interesada solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la sentencia de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, emitida por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del juicio de nulidad **********.

16. La demanda de amparo antes descrita fue turnada al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano jurisdiccional que, por auto de presidencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, la admitió a trámite y registró bajo el número de expediente 21/2022.

17. Seguida la secuela procesal, mediante sesión de uno de diciembre de dos mil veintidós, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito emitió la sentencia correspondiente, en la que determinó negar el amparo solicitado.

18. Para justificar la aludida negativa de amparo, el Tribunal Colegiado se apoyó en las siguientes consideraciones medulares:

a) Estimó infundado el argumento relativo a la transgresión a la exhaustividad que deben cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en virtud de que la Sala responsable respondió a la pretensión relativa al control de constitucionalidad y convencionalidad de la Regla 3.10.10. de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, así como de la Regla 3.10.10. de la Primera Resolución de Modificaciones de la Resolución Miscelánea Fiscal para el propio ejercicio fiscal y del artículo 82, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; en el sentido de que no advirtió violación a algún derecho fundamental de la parte actora.

b) Abordó el análisis de la constitucionalidad del artículo 82, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto de lo que resolvió que el numeral no transgrede los principios de razonabilidad jurídica y proporcionalidad legislativa, al estimar constitucionalmente válida la finalidad perseguida por el legislador, así como idóneos, necesarios y proporcionales los medios elegidos, en el sentido de dotar a la autoridad fiscal de la facultad de determinar, mediante reglas de carácter general, la fecha en que las personas contribuyentes previstas en la norma, deben hacer pública la declaración informativa correspondiente.

c) Estimó que la Regla 3.10.10. de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, así como la Regla 3.10.10. de la Primera Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para ese ejercicio fiscal, en relación con el artículo 82, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no exceden los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica, ya que la norma administrativa establece una habilitación en favor de la autoridad fiscal para determinar la fecha en que debe presentarse la declaración informativa correspondiente.

d) Analizó el argumento relativo a la confianza legítima como una manifestación del derecho a la seguridad jurídica, en su faceta de interdicción de la arbitrariedad, que en tratándose de actos legislativos, consideró el órgano jurisdiccional que debía examinarse bajo la perspectiva de irretroactividad de normas, en los siguientes términos:

• El Legislador cuenta con libre configuración legislativa en materia impositiva, que ejerce de manera anual para determinar las contribuciones del año fiscal y en caso de incrementarlas hacia el futuro, no hay afectación a situaciones acaecidas con anterioridad, por lo que las personas contribuyentes no tienen un derecho adquirido a pagar siempre respecto de una misma base gravable o tasa, ni que sea inmodificable el régimen de tributación.

• Tales directrices son aplicables a las reglas de carácter general emitidas por la autoridad fiscal, porque reúnen las características de actos materialmente legislativos, esto es, generalidad, permanencia y abstracción.

• La regla 3.10.10. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintiuno, estableció el treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, como plazo para que las personas contribuyentes cumplieran con la obligación de presentar su declaración informativa.

• La regla 3.10.10. de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintiuno, modificó el aludido plazo, imponiendo el treinta y uno de mayo de dicho año, como fecha límite para presentar la aludida declaración informativa.

• Tal situación no refleja una violación al principio de irretroactividad de las normas generales, ya que la norma administrativa que modificó el plazo entró en vigor el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, esto es, con antelación a que se cumpliera el primero de los plazos fijados, por lo que éste era una mera expectativa de derecho.

• Únicamente en caso de que la regla modificatoria hubiera previsto el plazo para cumplir con la obligación en un periodo temporal ya transcurrido a la fecha en que entró en vigor, podría considerarse retroactiva.

e) Razonó el órgano jurisdiccional, que no había una lesión a la certidumbre jurídica de la parte quejosa, por el hecho de que la Regla 3.10.10. de la Primera Resolución de Modificaciones de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal de 2021, no haya precisado que para la fecha límite ya se encontraba en operación el sistema en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria, para el cumplimiento correspondiente.

f) Procedió a examinar los argumentos tendentes a combatir la legalidad de la sentencia reclamada, por lo que calificó como infundado el concepto de violación relativo al deficiente estudio de la competencia de la autoridad fiscal.

g) Además, estimó que en el caso bajo su jurisdicción no existió una aplicación retroactiva de la norma administrativa, porque se realizó en relación con hechos ocurridos después de que entró en vigencia.

19. Por auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, al no haber sido impugnada la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado, se decretó que causó ejecutoria.

20. Antecedentes relacionados con el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, respecto del amparo directo 305/2022.

21. El uno de junio de dos mil veintiuno, la Administradora de Apoyo Jurídico de Servicios al Contribuyente "1" del Servicio de Administración Tributaria, impuso a una persona moral contribuyente una multa por la cantidad de $ **********, por no presentar la «Declaración informativa para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación» el plazo previsto en la regla 3.10.10. de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.

22. En contra de esa determinación, la parte interesada interpuso recurso de revocación, respecto del que operó la confirmativa ficta en virtud de que la autoridad resolutora fue omisa en emitir la resolución relativa.

23. La aludida confirmativa ficta fue combatida a través de una demanda de nulidad planteada ante la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que en sentencia de veintitrés de junio de dos mil veintidós, reconoció la validez de la resolución impugnada.

24. Por escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes Común para las Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la persona jurídico-colectiva afectada por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos reclamados siguientes:

"3. AUTORIDAD RESPONSABLE.

"- Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

"- La Jefa del Servicio de Administración Tributaria, como autoridad encargada de promulgar la norma reclamada.

"4. ACTO RECLAMADO.

"- La sentencia de veintitrés de junio de dos mil veintidós emitida por la Segunda (sic) Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

"- Primer acto de aplicación a mi representada de la regla 3.10.10 de la Resolución Miscelánea fiscal para 2021 (sic).

"- Primer acto de aplicación a mi representada de la regla 3.10.10 de la PRIMERA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2021."

25. La demanda de amparo antes descrita fue turnada al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano jurisdiccional que, por auto de presidencia de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, la admitió a trámite y registró bajo el número de expediente 305/2022.

26. Seguida la secuela procesal, mediante sesión ordinaria virtual de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito emitió la sentencia en la que determinó otorgar el amparo solicitado, de acuerdo con lo siguiente:

a) Estimó infundada la pretensión relativa a la falta de exhaustividad en la sentencia reclamada, en cuanto al tema correspondiente al control de convencionalidad de la Regla 3.10.10. de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, así como la Regla 3.10.10. de la Primera Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para ese ejercicio fiscal, ya que la Sala responsable no tiene jurisdicción para analizar la constitucionalidad de normas.

b) Consideró que no existe transgresión a los principios de subordinación jerárquica y reserva de ley, en virtud de que la autoridad fiscal, en ejercicio de la habilitación que le otorga el artículo 82, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, determinó las circunstancias de modo y temporalidad bajo las que las personas contribuyentes deben cumplir con la obligación formal correspondiente en las reglas administrativas de carácter general antes aludidas.

c) En cambio, estimó fundados los conceptos de violación en los que la parte quejosa argumentó una transgresión a los principios de legalidad, seguridad jurídica e irretroactividad, de acuerdo con lo siguiente:

- Precisó, que los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estatuyen los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que deben regir todo acto de autoridad.

- Razonó que el artículo 14, primer párrafo, de la Constitución Federal, establece el principio de irretroactividad de leyes, que implica, entre otros temas, que la legislación sólo rige durante su vigencia y no respecto de hechos o situaciones ocurridas en el pasado.

- Señaló, que el Alto Tribunal ha considerado, bajo la teoría de los derechos adquiridos, que un derecho es adquirido cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, por lo que el hecho no puede afectarse ni siquiera por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; mientras que una expectativa de derecho, se resume en una esperanza de que se actualice la situación jurídica que no forma parte del patrimonio.

- Añadió, que el análisis de la retroactividad de una norma general debe realizarse no sólo a partir de la afectación de derechos adquiridos, sino también tomando en consideración el menoscabo de situaciones jurídicas concretas o situaciones jurídicas constituidas en favor de las personas con el fin de respetar el derecho adquirido, con motivo de un hecho acaecido durante la vigencia de una norma anterior.

- Estimó que, bajo la teoría de los componentes de la norma, se analiza el supuesto y sus consecuencias, que deben estar previstas en la ley, por lo que si el supuesto se realiza conforme a cierta norma, la consecuencia debe producirse de acuerdo con ella.

- Con base en la jurisprudencia P./J. 123/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.", delineó los distintos supuestos para determinar si una norma general es retroactiva, a saber: • Puntualizó que cuando durante la vigencia de una norma se actualiza inmediatamente el supuesto y la consecuencia, no pueden ser variados por una norma posterior.

• Precisó el caso de que la norma prevea un supuesto y varias consecuencias sucesivas que se realicen bajo la vigencia de una ley, cuando queden pendientes algunas de las consecuencias al momento de entrar en vigor una nueva disposición, ésta no puede variar el supuesto ni las consecuencias ya realizadas.

• Estimó, que cuando la realización de alguna de las consecuencias de la ley anterior, no se hayan producido durante su vigencia, pero su realización no depende de los supuestos previstos en dicha ley, sino que estaban diferidos en el tiempo, por establecer un plazo o término específico, la nueva disposición no puede suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas.

• Añadió que en caso de que para la ejecución o realización de las consecuencias previstas en la disposición anterior pendientes de producirse, sea necesario que los supuestos relativos se realicen después de la entrada en vigor de una nueva norma, las consecuencias deben ejecutarse de conformidad con lo previsto en ésta.

- Prosiguió bajo la consideración relativa a que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone las principales fuentes de reconocimiento de derechos fundamentales, entre otros temas, precisó que el principio de progresividad ordena ampliar el alcance y la protección de derechos en la mayor medida posible, hasta lograr su plena efectividad de conformidad con las circunstancias fácticas y jurídicas.

- En su carácter positivo, dicho principio impone la obligación de ampliar el alcance y tutela de los derechos humanos, mientras que en el negativo impone la prohibición de regresividad.

- Con apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 86/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. ES APLICABLE A TODOS LOS DERECHOS HUMANOS Y NO SÓLO A LOS LLAMADOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.", razonó que la progresividad aplica a todo derecho fundamental.

- Bajo ese contexto, consideró que el plazo para la presentación de la «Declaración informativa para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación.», establecido en la regla 3.10.10. de la Primera Resolución de Modificaciones de la Resolución Miscelánea Fiscal para ejercicio fiscal 2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de mayo de dos mil veintiuno, se rige por el principio de progresividad, porque el ejercicio del derecho fundamental de seguridad jurídica previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es determinante el establecimiento del plazo que debe considerar el contribuyente para cumplir con sus obligaciones fiscales.

- Prosiguió, con el razonamiento de que en la regla 3.10.10. de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal de 2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, dispone que la obligación de presentar la aludida declaración informativa debe cumplirse a más tardar el treinta de julio de dos mil veintiuno, empero, la primera resolución de modificaciones precisada en el párrafo anterior, cambió el plazo para cumplir con la obligación durante el mes de mayo, esto es, redujo el plazo para presentar la declaración informativa.

- Concluyó, que la Primera Resolución de Modificaciones de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el tres de mayo de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, es violatoria del principio de seguridad jurídica en su vertiente de no regresividad, en virtud de la disminución del plazo para presentar la declaración informativa antes referida.

- Como sustento de su decisión, el Tribunal Colegiado citó la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 5659/2022, en el que se resolvió que la regla 3.10.10. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada mediante la primera resolución de modificaciones el tres de mayo de dos mil veintiuno, es contraria a la seguridad jurídica de la quejosa por disminuir el plazo para presentar la declaración informativa (precisó que el criterio fue sólo orientador, en virtud de no ser obligatorio por haberse aprobado por una mayoría de tres votos.)

27. Si bien, del expediente electrónico correspondiente al juicio de amparo 305/2022, no se advierte que el Tribunal Colegiado haya declarado ejecutoriada la sentencia correspondiente, se tiene presente que la sentencia fue notificada en los siguientes términos:

a) Parte quejosa. Fue notificada por lista el quince de agosto de dos mil veintitrés, por lo que surtió efectos el dieciséis siguiente y el plazo transcurrió del diecisiete al treinta de dicho mes y año.

b) Parte tercero interesada. Se notificó mediante oficio el veintiuno de agosto, por tratarse de una autoridad surtió efectos el mismo día y el plazo transcurrió del veintidós de agosto al cuatro de septiembre (fechas de dos mil veintitrés)

28. Por lo que es patente que al no haber sido interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia, para efectos de la presente resolución, debe considerarse como ejecutoria.

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

29. Por cuestión de orden, es necesario establecer si en el caso que se analiza se configura la contradicción de criterios, en tanto que bajo ese supuesto, será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que, en su caso, deba prevalecer como jurisprudencia.

30. Además, para la existencia de un auténtico diferendo de criterios es necesario que se surtan los siguientes requisitos:

a) Los órganos jurisdiccionales deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos correspondientes debe existir algún punto de toque, es decir, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Lo anterior debe dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

31. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, página 122, Novena Época, registro digital: 165077, que a continuación se transcribe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

32. En el caso, se actualizan los requisitos señalados, como enseguida se demostrará.

33. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su consideración, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, para llegar a una solución determinada.

34. Dicho requisito se encuentra colmado, en la medida en que ambos Tribunales Colegiados estudiaron la regularidad constitucional de la regla 3.10.10. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, específicamente su texto con motivo de la Primera Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de mayo de dos mil veintiuno, en relación con la modificación del plazo para presentar la «Declaración informativa para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación.», que fue establecido en la regla 3.10.10. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de diciembre de dos mil veinte.

35. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Requisito respecto del que, este Pleno considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados existe un punto de toque en relación con la resolución de un mismo tipo de problema jurídico.

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Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32058-61d8db46/regla-3-10-10-de-la-resolucion-miscelanea · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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