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RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2010. LA FICHA TÉCNICA 16/ISR CONTENIDA EN EL ANEXO 1-A DE SU REGLA I.3.9.11., RELATIVA A LA INFORMACIÓN PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DE LOS DONATIVOS RECIBIDOS, ASÍ COMO SU USO Y DESTINO, EN RELACIÓN CON LA GUÍA DE USUARIO "AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN DE LAS DONATARIAS AUTORIZADAS", AL EXCEDER LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN V, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, TRANSGREDEN EL DERECHO A LA LEGALIDAD Y EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 328/2011. · Registro digital (IUS): 24503
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, Pág. 1536.

AMPARO EN REVISIÓN 328/2011, DEL ÍNDICE DEL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO (EXPEDIENTE AUXILIAR 1046/2011). 19 DE ENERO DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: GASPAR PAULÍN CARMONA. PONENTE: MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL. SECRETARIO: LUIS ANTONIO MORALES AYALA.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Debe quedar firme el sobreseimiento decretado en el considerando segundo por el Juez Federal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados al administrador general de Comunicaciones y Tecnología de la Información de Administración Tributaria y jefe, ambos del Servicio de Administración Tributaria, consistentes en la elaboración y emisión de la "Guía de usuario. Automatización del proceso de transparencia de información de las donatarias autorizadas", particularmente el capítulo denominado "Perfil donatarias".

Así como el concerniente al administrador Central de Normatividad de Impuestos del Servicio de Administración Tributaria, relativo a la emisión del programa citado.

Lo anterior, porque en contra de tales determinaciones no se expresaron agravios.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 7/91, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, marzo de 1991, página 60, que establece lo siguiente:

"REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquéllos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente."

QUINTO. Por cuestión de técnica, este Tribunal Colegiado abordará el estudio del agravio encaminado a combatir el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la "Guía de usuario. Automatización del proceso de transparencia de información de las donatarias autorizadas".

Cabe destacar que dicho sobreseimiento lo sustentó el juzgador en que el referido acto no causaba perjuicio en la esfera de derechos de las quejosas y, por ende, no se veía afectado su interés jurídico, porque se trataba de una herramienta informativa a disposición de los sujetos obligados y del público en general, que auxilia tanto en el registro de datos como en su consulta, sin que en ella se establezca obligación alguna.

Asimismo, sostuvo que el hecho de que las solicitantes de la tutela constitucional reclamaran que la guía referida era parte de un sistema normativo, no era óbice para determinar el sobreseimiento respectivo, ya que su contenido no constituía una norma o disposición de observancia general, sino un instructivo para poder acceder e ingresar datos al programa informático planteado.

Finalmente, adujo que la regla I.3.9.11. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diez, era la que establecía la información que debían proporcionar las donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por tales razones, el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo respecto del citado acto reclamado, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la ley de la materia.

Contra lo anterior, las recurrentes alegan que las determinaciones del juzgador son incorrectas, porque el acto reclamado consistente en la "Guía de usuario. Automatización del proceso de transparencia de información de las donatarias autorizadas", sí les causa perjuicio en su esfera de derechos, ya que les exige mayor información que la prevista en el artículo 97, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que no está relacionada con el uso y destino de los donativos recibidos, cuya observancia es ineludible, so pena de que sea revocada su autorización como donatarias.

Mencionan que la única manera en que las donatarias autorizadas pueden proporcionar la información a que están obligadas en términos del artículo 97, fracción V, de la ley citada, de la regla I.3.9.11. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diez y de la ficha 16/ISR "Información para garantizar la transparencia de los donativos recibidos, así como el uso y destino de los mismos", contenida en el anexo 1-A de la citada resolución miscelánea, es a través del programa electrónico denominado "Transparencia de las donatarias autorizadas", incluyendo la información referida en la guía reclamada, por lo cual -agregan-, la inobservancia de esta última se sancionaría con la revocación de sus autorizaciones como donatarias, ya que con ello se incumpliría con la ley y con las citadas normas administrativas.

Aluden que la referida guía del usuario requiere información exclusiva y adicional, que en nada se relaciona con el uso y destino de los donativos recibidos por las quejosas, pues les exige que pongan a disposición datos e información corporativa que no encuentra sustento jurídico alguno y que, sin embargo, su inobservancia acarrea la sanción aludida, por lo que su cumplimiento es obligatorio, ineludible, público y reconocido por cualquier donataria autorizada.

Por otro lado, refieren que la guía de usuario en comento forma parte de un sistema legal indivisible, diseñado para que las recurrentes aporten diversa información para su consulta por parte del público en general, constituyendo el eslabón de una cadena que les impone obligaciones, y que su incumplimiento acarrea como sanción que se les revoque la autorización multicitada.

Que no obstante que las normas reclamadas se combatieron como un solo sistema normativo, el a quo resolvió sobre su procedencia de manera aislada, pese a que era imposible desvincularlas, ya que las reglas reclamadas no tienen aplicación ni utilidad por sí solas, pues están estrechamente vinculadas.

Son fundadas las anteriores manifestaciones.

Se llega a esa convicción partiendo de que en la demanda de amparo se reclamó: a) La regla I.3.9.11. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diez; b) La ficha 16/ISR "Información para garantizar la transparencia de los donativos recibidos, así como el uso y destino de los mismos", contenida en el anexo 1-A de la citada resolución miscelánea; y c) La "Guía de usuario. Automatización del proceso de transparencia de información de las donatarias autorizadas"; que le causaba perjuicio a las quejosas, porque las obligaba a proporcionar mayor información relacionada con el uso y destino de los donativos recibidos, que la establecida en el artículo 97, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En ese tenor, tomando en cuenta la pretensión de las solicitantes de la protección constitucional, relativa a que se debía analizar la constitucionalidad de los citados actos como un sistema normativo, se colige que la valoración que debía efectuarse en la sentencia de amparo era en ese sentido, es decir, de manera conjunta, para verificar si tales actos eran contrarios a los artículos constitucionales que estimaron infringidos, de acuerdo con los planteamientos efectuados por las agraviadas en su demanda.

Por tanto, la impugnación efectuada por las promoventes del amparo en donde se dolieron de que eran inconstitucionales los referidos actos reclamados, por formar parte de un sistema normativo que excedía el contenido del artículo 97, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, debió analizarse en la línea propuesta, porque dichos actos se reclamaron en conjunto, como parte de una unidad normativa emitida en ejercicio de una cláusula habilitante, de manera que no existía posibilidad de separarlos para verificar la afectación a la esfera jurídica de las quejosas como indebidamente se hizo en la sentencia recurrida.

Así, de conformidad con lo anterior, no procedía estudiar de forma aislada si la guía de usuario reclamada les causaba perjuicio pues, se insiste, en todo caso el estudio del interés jurídico de las disconformes debió efectuarse analizando en su conjunto el sistema normativo materia de impugnación.

Por tanto, se puede advertir que el sistema normativo en estudio sí ocasiona una afectación a la esfera jurídica de las recurrentes, en la medida en que las obliga como donatarias autorizadas, a aportar la información conducente relacionada con el uso y destino de los donativos recibidos y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, aunado a que la referida guía establece obligaciones para las donatarias, porque a través de la misma se indica el procedimiento que deben llevar a cabo para ingresar en el programa electrónico los datos correspondientes, así como la forma en que pueden guardar o modificar los mismos.

En ese tenor, queda de manifiesto lo fundado del agravio, ya que la guía de usuario combatida, como parte del sistema normativo impugnado, sí les generó afectación a su esfera de derechos, pues finalmente debe estarse a la forma concreta en que las quejosas efectuaron su reclamo en la demanda de amparo, lo que evidencia que en el caso no se actualizó la causa de improcedencia invocada por el Juez de Distrito y, por ende, no debió sobreseerse en el juicio por lo que respecta a la citada guía de usuario reclamada.

Dado que ese sobreseimiento sólo puede levantarse de no surtirse otra causa de improcedencia, a continuación se examinan las causales que al respecto propusieron las autoridades responsables y que no fueron estudiadas por el Juez.

SEXTO. Por cuestión de técnica, se procede al análisis de la causa de improcedencia que proponen el jefe del Servicio de Administración Tributaria y el administrador central de Normatividad de Impuestos Internos, en el primer motivo de inconformidad, contenido en el recurso de revisión adhesiva, por ser de orden público y estudio preferente.

Aducen que respecto de la "Guía de usuario. Automatización del proceso de transparencia de información de las donatarias autorizadas", se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que no le causa perjuicio alguno a su esfera jurídica.

Ahora bien, como se señaló en el considerando quinto del presente fallo, de la pretensión de las promoventes del amparo, relativa a que se debía analizar la constitucionalidad de los citados actos como un sistema normativo, se advierte que la valoración de la citada guía debía realizarse de manera conjunta con la regla I.3.9.11. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diez y la ficha 16/ISR "Información para garantizar la transparencia de los donativos recibidos, así como el uso y destino de los mismos", contenida en el anexo 1-A de la citada resolución miscelánea, para verificar si tales actos eran contrarios a los artículos constitucionales que estimaron infringidos, de acuerdo con los planteamientos efectuados por las agraviadas en su demanda.

Por tanto, al formar parte la guía impugnada, de un sistema normativo que excedía el contenido del artículo 97, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, debió analizarse en conjunto con las demás normas administrativas, como parte de una unidad normativa emitida en ejercicio de una cláusula habilitante y, por tal motivo, el sistema normativo en estudio sí les ocasiona una afectación a la esfera jurídica de las recurrentes, en la medida en que las obliga, como donatarias autorizadas, a aportar la información conducente relacionada con el uso y destino de los donativos recibidos y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, aunado a que la referida guía establece obligaciones para las donatarias, porque a través de la misma se indica el procedimiento que deben llevar a cabo para ingresar en el programa electrónico los datos correspondientes, así como la forma en que pueden guardar o modificar los mismos.

En ese sentido, dicha causa de improcedencia no se actualiza en la especie, ya que la "Guía de usuario. Automatización del proceso de transparencia de información de las donatarias autorizadas", sí causa perjuicio a la esfera jurídica del promovente del amparo como parte integrante del sistema normativo en que se encuentra inmersa; de ahí que la causa de improcedencia propuesta por las promoventes del recurso de revisión adhesiva es infundada.

Por otro lado, del análisis de la demanda de amparo se advierte que las responsables expresan que el juicio de amparo es improcedente conforme a lo previsto por los artículos 73, fracción XVIII y 80 de la ley de la materia, pues de concederse el amparo respecto de la "Guía de usuario. Automatización del proceso de transparencia de información de las donatarias autorizadas", no sería jurídicamente factible concretar los efectos del mismo, ya que al no ser ésta la que impone la obligación de mantener a disposición del público la información de las donatarias, sino la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que no fue reclamada por las recurrentes, no sería posible que por virtud de una concesión de amparo respecto de la guía, se les restituyera en el goce de sus garantías violadas, pues prevalecería esa obligación.

Es infundada la propuesta de las responsables, toda vez que las quejosas promovieron amparo contra la "Guía de usuario. Automatización del proceso de transparencia de información de las donatarias autorizadas", no por la obligación general de poner a disposición del público la información a través de la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria, sino por la exigencia de que proporcionen determinados datos.

De ahí que en caso de que se les otorgara la protección constitucional, tendría por efecto que se desincorporara de su esfera jurídica la obligación, pero exclusivamente respecto de esos datos, conforme a lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo.

Por ello, no asiste la razón a las responsables cuando sostienen que no es posible concretar los efectos de una concesión de amparo.

En otro aspecto, las autoridades responsables invocan la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la ley de la materia, sustentándose en la consideración de que constituye un acto derivado de un acto consentido.

Afirman lo anterior, toda vez que la guía del usuario multicitada no constituyó una norma jurídica de carácter general y simplemente fue emitida con la finalidad de informar a los contribuyentes, de manera detallada, los aspectos técnicos del programa electrónico denominado "transparencia de donatarias autorizadas", para que éstas tengan las herramientas necesarias para dar cabal cumplimiento a lo establecido en la regla I.3.9.11. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diez, así como la ficha 16/ISR "Información para garantizar la transparencia de los donativos recibidos, así como el uso y destino de los mismos", contenida en el anexo 1-A de la citada resolución miscelánea; normas que a su vez reglamentan lo establecido en el numeral 97, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que al no haber impugnado las quejosas el referido precepto, el acto reclamado deriva evidentemente de uno consentido tácitamente por éstas.

En ese sentido, el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XI. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que extrañen ese consentimiento."

Asimismo, debe decirse que la causa de improcedencia invocada por las autoridades responsables se puede actualizar en el amparo indirecto en contra de actos derivados de otros consentidos de manera tácita o expresa, tal como se advierte de la tesis III.1o.A.11 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, mayo de 1996, página 582, la cual este Tribunal Colegiado comparte, cuyo contenido es el siguiente:

"ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales."

De la interpretación de dicha causal, de los artículos referidos y de los conceptos de violación de las quejosas, se obtiene que no es factible jurídicamente concluir que, para efectos del juicio de amparo, la guía reclamada constituya un acto derivado de otro consentido, pues precisamente las agraviadas combaten por vicios propios el sistema normativo referido, dentro del cual se encuentra la guía de usuario señalada, sin que se advierta que el artículo 97, fracciones V y VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, les haya causado algún perjuicio.

Es aplicable al caso, por analogía, la tesis VI.2o.C.161 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 1051, que se comparte, cuyos rubro y texto son:

"ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. NO SE ACTUALIZAN SI LOS QUE SE REPUTAN CONSENTIDOS NO IRROGAN PERJUICIO A LA QUEJOSA. Si los actos que se reputan consentidos y que se afirma constituyen la causa directa e inmediata del acto reclamado en el juicio de garantías, no causan perjuicio alguno a la impetrante del amparo, no puede estimarse que se surta la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la ley de la materia, al considerar que el acto derivó de otros consentidos; ello en virtud de que la quejosa no tenía obligación alguna de combatirlos a través del recurso ordinario o medio de defensa legal procedente en cada caso."

Abundando en lo anterior, debe decirse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que cuando se impugnen de manera aislada los preceptos que prevén la exención parcial de un impuesto, sin reclamar los que regulan el mecanismo esencial de tributación, no genera la improcedencia del juicio constitucional, dado que, en su caso, la concesión del amparo tendría efectos restitutorios en términos de lo previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo; en ese tenor, como ya se refirió, no constituye presupuesto para la procedencia de este juicio de amparo que las quejosas también combatieran el artículo 97, fracciones V y VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que éste únicamente establece los requisitos de la exención que está regulada por la regla I.3.9.11. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diez; la ficha 16/ISR "Información para garantizar la transparencia de los donativos recibidos, así como el uso y destino de los mismos", contenida en el anexo 1-A de la citada resolución miscelánea, y la "Guía de usuario. Automatización del proceso de transparencia de información de las donatarias autorizadas".

Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 44/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, junio de 2004, página 5, del tenor siguiente:

"EXENCIÓN PARCIAL DE UN IMPUESTO. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS PRECEPTOS QUE LA PREVÉN, AUN CUANDO NO SE IMPUGNEN LOS QUE REGULAN EL MECANISMO ESENCIAL DE TRIBUTACIÓN. Conforme a la jurisprudencia P./J. 18/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la declaratoria de inconstitucionalidad del precepto que prevé la exención parcial de un tributo, no tiene por efecto desincorporar de la esfera jurídica del agraviado la obligación de pagarlo, sino el de hacer extensiva a su favor dicha exención. En ese tenor, la circunstancia de que se impugnen de manera aislada los preceptos que prevén la exención parcial de un impuesto sin reclamar los que regulan el mecanismo esencial de tributación, no genera la improcedencia del juicio de garantías, dado que, en su caso, la concesión del amparo tendrá efectos restitutorios en términos de lo previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo."

Por tanto, la causa de improcedencia invocada por las autoridades, contenida en la fracción XI del numeral 73 de la Ley de Amparo, resulta infundada.

Ahora, al haberse desestimado las causales de improcedencia hechas vales por las autoridades responsables y no advirtiéndose ninguna de oficio, este órgano jurisdiccional procederá al análisis de los restantes agravios hechos valer en contra de la sentencia reclamada.

Cabe destacar que dada la íntima relación que guardan entre sí las normas reclamadas, que justifica su impugnación conjunta en el juicio de amparo, los agravios formulados por las recurrentes en contra de la sentencia combatida, se analizarán en el contexto normativo que señala el sistema previsto en la regla I.3.9.11. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diez; la ficha 16/ISR "Información para garantizar la transparencia de los donativos recibidos, así como el uso y destino de los mismos", contenida en el anexo 1-A de la citada resolución miscelánea, así como en la "Guía de usuario. Automatización del proceso de transparencia de información de las donatarias autorizadas", las cuales, como ya se mencionó, fueron impugnadas por las quejosas como un sistema normativo.

SÉPTIMO. En el segundo de los agravios del recurso relativo, la parte recurrente aduce que la sentencia combatida es ilegal al violar los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, pues el a quo manifestó que la regla I.3.9.11. y la ficha 16/ISR, de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diez, no contemplan mayores requisitos que los previstos en el diverso 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues éstas sólo prevén cuestiones técnicas para poder cumplir con el sistema normativo reclamado.

Agregan que la conclusión alcanzada por el juzgador es ilegal, pues aseveró en el fallo impugnado que el sistema normativo reclamado no exigía mayor información que la relacionada con el uso y destino de los donativos recibidos a que se refiere el numeral 97 citado, omitiendo el análisis comparativo de lo que exigían unas normas y otras, pues de haberlo hecho se habría percatado que sí exigen datos excesivos.

Que el a quo se limitó a señalar sólo algunos de los rubros relativos de la información que les requiere a las donatarias autorizadas la ficha 16/ISR y la regla I.3.9.11. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diez, pero no a la totalidad de la información prevista en ellas; además de que pasó por alto la comparación que realizaron en su escrito inicial de demanda, en la cual detalladamente establecieron cada uno de los rubros que les exigen aquéllas, en contraste con lo único que refiere el multicitado precepto 97.

Que el Juez federal no contrastó los requisitos establecidos en el artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde únicamente se estableció que las donatarias autorizadas debían poner a disposición del público en general la información relativa a la autorización para recibir donativos deducibles; al uso y destino de los donativos recibidos y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo cual debería ser cumplido mediante las herramientas o mecanismos que para tal efecto diseñara el Servicio de Administración Tributaria, lo que de manera alguna se tradujo en una facultad para las autoridades responsables de exigir los datos e información que debían proporcionar las personas morales, al grado de poner a disposición del público en general, entre otras, su situación corporativa.

Que el a quo no analizó lo relacionado con el contraste relativo a la información que requiere el sistema normativo reclamado, por un lado, y lo exigido por el multicitado numeral 97, pues claramente la cláusula habilitante ahí contenida se excedió en demasía en su perjuicio.

Son esencialmente fundados los anteriores argumentos de las recurrentes.

Ha sido criterio del Máximo Tribunal de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 84/2001-SS, sustentada por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, en la que determinó que en el orden jurídico federal, las reglas generales administrativas se ubican por debajo de las leyes del Congreso de la Unión y de los reglamentos del presidente de la República, las cuales son emitidas por autoridades administrativas diversas al titular del Ejecutivo Federal con base en una disposición de observancia general formalmente legislativa o formalmente reglamentaria que contiene una cláusula habilitante y que, a su vez, se sustenta constitucionalmente en lo dispuesto, entre otros, en los artículos 73, fracción XXX, 89, fracción I y 90 de la Constitución General de la República.

Asimismo, resolvió que atendiendo al origen de la facultad para emitir reglas generales administrativas, así como a su jerarquía, nuestro Máximo Tribunal señaló, como notas que las distinguen de otras disposiciones de observancia general, las siguientes:

1. Las reglas generales administrativas, al ser expedidas con base en una habilitación legal o reglamentaria, se encuentran por debajo de las leyes del Congreso de la Unión o de las Legislaturas Locales, así como de los reglamentos del presidente de la República o de los gobernadores de los Estados.

2. Al encontrarse sujetas al principio de primacía de la ley y al diverso de primacía reglamentaria, las referidas reglas administrativas no pueden derogar, limitar o excluir lo previsto en las disposiciones de observancia general contenidas en actos formalmente legislativos o reglamentarios.

Incluso, para su validez, deben acatar los diversos derechos fundamentales que tutela la Constitución General de la República y, además, las condiciones formales y materiales que para su emisión se fijen en la respectiva cláusula habilitante.

3. La habilitación para expedir disposiciones de observancia general no puede conferirse en una materia que constitucionalmente esté sujeta al principio de reserva de ley.

4. Las reglas generales administrativas son emitidas por órganos del Estado y, por ende, sin rebasar lo dispuesto en la respectiva cláusula habilitante pueden vincular a los gobernados y precisar el alcance de los deberes y obligaciones que legalmente les corresponden.

5. La emisión de las reglas generales administrativas puede sujetarse, por el órgano que establezca la respectiva cláusula habilitante, al desarrollo de un procedimiento previo en el que se cumplan determinadas formalidades que estime convenientes el órgano habilitante.

El Máximo Órgano de Control Constitucional concluyó que en las reglas generales administrativas expedidas por las autoridades administrativas, sí es posible, válidamente, regular obligaciones de los gobernados, siempre y cuando con ello no se vaya más allá o se rebase lo dispuesto en la respectiva cláusula habilitante, lo que implica que las referidas disposiciones de observancia general sí pueden vincular a los gobernados, siempre y cuando respeten los principios constitucionales que norman su expedición y, además, la obligación respectiva tenga sustento en un acto formalmente legislativo o reglamentario, ya que atendiendo a los principios de primacía legal y reglamentaria, las disposiciones de aquella naturaleza deben apegarse fielmente a la voluntad del órgano dotado de la potestad normativa, prevista expresamente en la Constitución General de la República que habilitó a la autoridad administrativa correspondiente.

Dicho criterio dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 107/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 109, de rubro y texto siguientes:

"COMERCIO EXTERIOR. LAS REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS EN ESA MATERIA PUEDEN REGULAR OBLIGACIONES DE LOS GOBERNADOS, SIEMPRE Y CUANDO RESPETEN LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y RESERVA REGLAMENTARIA, Y SE APEGUEN AL CONTEXTO LEGAL Y REGLAMENTARIO QUE RIGE SU EMISIÓN. Las referidas reglas generales las emite el Presidente del Servicio de Administración Tributaria con base en los artículos 14, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, los que a su vez se sustentan en los diversos 73, fracción XXX y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no existe impedimento constitucional para que mediante esas reglas se regulen determinadas obligaciones de los gobernados, siempre y cuando no incidan en una materia sujeta a reserva de ley y no rebasen el contexto legal y reglamentario que rige su emisión, aunado a que aquéllas no se rigen por lo previsto en los artículos 33, penúltimo párrafo y 35 del Código Fiscal de la Federación, ya que éstos se refieren a los criterios internos que deben seguirse en la aplicación de las normas que inciden en el ámbito fiscal, bien sea una ley, un reglamento o una regla general administrativa, por lo que por su propia naturaleza no pueden generar obligación alguna a los gobernados sino, en todo caso, ser ilustrativos sobre el alcance de alguna disposición de observancia general, y de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24503-fee5ce80/resolucion-miscelanea-fiscal-para-2010-la-ficha-tecnica · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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