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RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE HASTA EL 17 DE OCTUBRE DE 2003 (COINCIDENTE CON EL NUMERAL 54, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO EN VIGOR), RESPETA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. PARA QUE UN TRIBUTO RESPETE ESTE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL SE REQUIERE QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE EL GRAVAMEN Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS SUJETOS, QUE ÉSTA ENCUENTRE RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO GRAVADO Y QUE EL HECHO IMPONIBLE Y LA BASE GRAVABLE SE RELACIONEN ESTRECHAMENTE. SOCIEDAD MERCANTIL. SU CONCEPTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 233/2009. · Registro digital (IUS): 22427
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, , Pág. 285.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 233/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

MINISTRO PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES.

SECRETARIO: ÓSCAR PALOMO CARRASCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197 de la Ley de Amparo; y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción VI, del Acuerdo Plenario 5/2001, en virtud de que se trata de resolver sobre la posible contradicción de criterios sustentados por las Salas de este Alto Tribunal.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197 de la Ley de Amparo, pues la formula el representante de la empresa **********, S.A. de C.V., **********, que intervino como quejosa en el amparo directo en revisión 342/2009 que participa en esta contradicción, resuelto por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, personalidad que se le tuvo por reconocida en el juicio de amparo respectivo.

TERCERO. Criterios contendientes.

1) Las consideraciones expuestas por la Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 230/2003, en la parte que interesa, son esencialmente las siguientes:

• Declaró fundado el argumento expresado por la quejosa acerca de que al reducir su capital contable se aplicó el artículo 121 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil uno, el que es inconstitucional en sus tres primeros párrafos, porque para determinar la capacidad de pago del impuesto utiliza el capital contable de la persona moral, que es un concepto producto de normas y principios contables ajenos al objeto o hecho imponible del impuesto sobre la renta y, por ello, no atiende a la capacidad contributiva del contribuyente violando el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

• A fin de arribar a la anterior conclusión, la Sala explicó la mecánica en el caso de que una persona moral residente en México reduzca su capital: "1) Si el capital contable -según el estado de posición financiera, es decir, actualizado- fuera mayor que el saldo de la cuenta de capital de aportación (actualizado conforme a la fracción II del artículo 120 de la Ley del Impuesto sobre la Renta) será considerada utilidad distribuida. Es decir, si de comparar la situación financiera actual con la aportación inicial, también actualizada; se obtiene que se superó la aportación inicial, tal diferencia es considerada por la ley como utilidad distribuida. 2) A la cantidad obtenida en términos del inciso precedente, el segundo párrafo obliga a disminuirle la utilidad distribuida determinada conforme a la fracción II del artículo 120 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, la diferencia entre el reembolso por acción y el capital de aportación. El remanente será considerado utilidad distribuida gravable. Con ello, si de forma previa a la disminución de capital se había hecho una distribución de utilidades ésta puede ser restada. 3) Según el origen de la utilidad distribuida gravable, será el tratamiento fiscal: a) si se considera que proviene de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida, la persona moral se verá obligada a pagar el impuesto sobre la renta de ejercicios anteriores que haya diferido; b) si se estima que proviene de la cuenta de utilidad fiscal neta, hasta por el monto del saldo de ésta, la persona moral no pagará impuesto; c) si se considera que no proviene de ninguna de estas dos cuentas, la persona moral determinará y enterará el impuesto aplicando la tasa del 35%."

• Tomando en cuenta la mecánica indicada, la Sala señaló que el capital contable es el resultado de confrontar el activo con el pasivo de la sociedad, por tanto, refleja la situación financiera de la persona moral, pues permite advertir si, a partir de las aportaciones iniciales, se ha generado un capital adición, o bien, una pérdida. Asimismo, estableció que: "El capital contable, entonces, deriva de las aportaciones de los accionistas y, conforme la persona moral va desarrollando sus actividades se verá modificado. Por tanto, sirve para conocer el valor financiero real de sus acciones, pero no para determinar los ingresos -objeto del impuesto sobre la renta-."

• En este sentido, precisó que el monto del capital contable puede incrementarse por cuestiones que no constituyan propiamente un ingreso acumulable, pues se rige por normas y principios diferentes de los que utiliza la Ley del Impuesto sobre la Renta. Al respecto, señaló que: "... se puede válidamente afirmar que el capital contable no refleja la capacidad contributiva de la empresa; esto es así, cualquier aumento en los activos de la empresa implicará que se modifique el capital contable, pero no la capacidad contributiva de la persona moral."

• Destacó que solamente en el caso de que se liquidara la sociedad, el capital contable serviría para determinar el estado financiero de la empresa y el monto que, según sus aportaciones, habrá de reembolsarse a cada accionista.

• Así las cosas, la Primera Sala de este Alto Tribunal concluyó que el hecho de que el artículo 121 de la Ley del Impuesto sobre la Renta confronte el capital contable con el saldo de cuenta de aportación, constituye una violación al principio de capacidad contributiva, ya que dicho capital contable no refleja la obtención de ingresos, habida cuenta de que, además, lo que se está tomando como base para determinar el impuesto constituye solamente un referencial financiero y no el resultado fiscal obtenido en el ejercicio.

• Tal conclusión la reforzó por el hecho de que la propia Ley del Impuesto sobre la Renta dispone en su artículo 15 que la revaluación de activos no es gravable, pues no da mayor capacidad contributiva y, sin embargo, sí aumentará el capital contable. Es decir, que: "... la propia ley reconoce que situaciones tales como ‘revalorar activos’, que producen necesariamente un aumento en el capital contable, no constituyen un ingreso gravable."

El anterior criterio dio lugar a la tesis aislada identificada con el número 1a. XVIII/2004, visible en la página 311 del Tomo XIX, correspondiente al mes de marzo de dos mil cuatro, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto literal reconoce:

"RENTA. LOS PRIMEROS TRES PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (VIGENTE EN 2001), VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, AL TOMAR EN CUENTA EL CAPITAL CONTABLE DE LA PERSONA MORAL PARA DETERMINAR LA UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteradamente ha sostenido el criterio de que el principio de proporcionalidad tributaria establecido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, radica en que los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad contributiva de cada sujeto pasivo, esto es, en función de su potencialidad real para contribuir a los gastos públicos, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a las de medianos y reducidos recursos. Ahora bien, los primeros tres párrafos del artículo 121 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2001, al tomar en cuenta el capital contable de la sociedad para determinar la utilidad distribuida gravable que se origina cuando una persona moral residente en México disminuye su capital, viola el citado principio constitucional, ya que el mencionado capital contable constituye un concepto producto de normas y principios contables ajenos al objeto o hecho imponible del impuesto sobre la renta. Esto es, el capital contable deriva de las aportaciones de los accionistas y conforme la persona moral va desarrollando sus actividades se verá modificado, es decir, sirve para conocer el valor financiero real de dichas aportaciones, pero no para determinar los ingresos -objeto del impuesto-, por lo que no refleja la capacidad contributiva de la empresa."

2) Las consideraciones expuestas por la Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver el amparo directo en revisión 915/2004, en la parte que interesa, fueron las que enseguida se sintetizan:

• Declaró infundado el agravio de la autoridad recurrente en el cual se alegaba que los artículos 31, fracción II y 32 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes en el año dos mil, respetaban la garantía de proporcionalidad tributaria. Estos numerales señalaban que para la deducción de las pérdidas que provengan de la enajenación de partes sociales o acciones distintas a las que se coloquen entre el gran público inversionista, deberá considerarse como ingreso obtenido el que resulte mayor entre el declarado y el determinado a partir del capital contable por acción o por parte social actualizado.

• Conforme a la tesis aislada 1a. XVIII/2004, de rubro: "RENTA. LOS PRIMEROS TRES PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (VIGENTE EN 2001), VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, AL TOMAR EN CUENTA EL CAPITAL CONTABLE DE LA PERSONA MORAL PARA DETERMINAR LA UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE.", la Primera Sala de este Alto Tribunal señaló que para actualizar el capital contable de una sociedad moral hasta la fecha de la enajenación, deben tomarse en consideración los principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales son en realidad un método para actualizar estados financieros que dentro de la órbita de la contabilidad se conoce como la reexpresión de estados financieros.

• Estableció que la actualización del estado de posición financiera del ejercicio anterior a la fecha de la enajenación de las acciones, presupone la necesidad de utilizar Índices Nacionales de Precios al Consumidor por ser la fuente oficial del reconocimiento de la inflación en periodos mensuales, por tanto, los aludidos principios de contabilidad generalmente aceptados, relacionados con la reexpresión de estados financieros, contempla igualmente una reexpresión sustentada en el cierre de cada periodo mensual bajo la base del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes correspondiente. Así, el capital contable calculado, actualizado al tenor de los principios contables generalmente aceptados, se dividirá entre el total de las acciones de la persona moral a la fecha de su enajenación, obteniéndose el capital contable por acción actualizado, de tal suerte que conforme a los preceptos reclamados el ingreso obtenido por la enajenación de acciones será el que resulte mayor entre éste y el declarado por el contribuyente, lo cual, se afirmó, vulnera la garantía constitucional de proporcionalidad tributaria.

• La conclusión indicada se apoyó en que el objeto del impuesto sobre la renta lo constituyen los ingresos, y no las utilidades que tengan los sujetos pasivos, lo que obliga a analizar si la contribución sujeta al análisis constitucional, particularmente en lo que se refiere a los artículos 31, fracción II y 32 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se ajusta a la capacidad contributiva del sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria.

• Bajo ese orden de ideas, se indicó que de acuerdo con el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas morales acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, no debiendo desconocerse que dichos ingresos acumulables, a fin de atender a la garantía constitucional de proporcionalidad tributaria, deben ser atemperados por las deducciones autorizadas por el propio ordenamiento, a fin de que el tributo efectivamente atienda a la capacidad contributiva del gobernado.

• Así, se advirtió que los artículos 31, fracción II y 32 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes en dos mil, no permitían la determinación del gravamen atendiendo a la capacidad contributiva real del causante, toda vez que la deducción de las pérdidas que llegara a sufrir el contribuyente, derivadas de la enajenación de partes sociales o acciones distintas a las que se coloquen entre el gran público inversionista, sólo se autorizaba en la medida en que se considere como ingreso obtenido el que resulte mayor entre el declarado y el determinado a partir del capital contable por acción o por parte social actualizado, lo cual es inconstitucional, porque: "... siendo el capital contable producto de normas y principios contables que sirve para conocer el valor financiero real de las acciones de la persona moral de que se trate; como lo ha sostenido esta Sala, no es útil para determinar los ingresos, por lo que al trasladarlo el legislador a la mecánica para obtener el valor de las pérdidas por enajenación de acciones o partes sociales, estableciendo que deberá ser considerado cuando el precio declarado sea menor, desatiende la verdadera capacidad contributiva de los gobernados, pues introduce un elemento que por su propia naturaleza no puede reflejar en todos los casos el valor real del ingreso por la enajenación, determinando que la diferencia resultante entre el valor declarado y el determinado a partir del capital contable, constituya una carga indebida para el contribuyente al no poder ser aplicada dentro de la mecánica de que se trata, no obstante que las pérdidas derivadas de enajenación de acciones, constituyen un concepto que efectivamente impacta negativamente el patrimonio del particular y que, por ende, debe ser considerado en términos reales."

• Por lo anterior, la Primera Sala indicó que: "... la base gravable para efectos del impuesto sobre la renta, es viciada por los artículos 31, fracción II y 32 del reglamento de la ley del impuesto relativo, al prever un elemento que no respeta la efectiva capacidad contributiva del sujeto pasivo de la relación tributaria, como lo es el capital contable y que, por tanto, impide que efectúe la deducción real de las pérdidas derivadas de la enajenación de partes sociales o acciones distintas a las que se coloquen entre el gran público inversionista y que, dada su naturaleza, resulta necesaria para efectos de calcular la base de dicho gravamen."

• En corolario, se confirmó la sentencia y se concedió el amparo solicitado para el efecto de que se le permitiera a la quejosa la deducción de las pérdidas sufridas por la enajenación de acciones, considerando como ingreso el declarado por el contribuyente, puesto que: "... los preceptos combatidos por la parte quejosa transgreden el principio de proporcionalidad tributaria porque le obligan a contribuir al gasto público conforme a una situación económica y fiscal que no refleja su capacidad contributiva auténtica, al imponerle el deber de determinar un ingreso por enajenación de partes sociales o acciones que realmente no reporta su operación, en el entendido de que las pérdidas que llegara a reportar un contribuyente por dicha enajenación, ciertamente afecta su capacidad económica y, por ende, su capacidad contributiva."

La indicada sentencia dio lugar a la tesis aislada 1a. CXVII/2004, visible en la página 376 del Tomo XX, correspondiente al mes de diciembre de dos mil cuatro, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto literal es:

"RENTA. LOS ARTÍCULOS 31, FRACCIÓN II, Y 32 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL INCLUIR AL CAPITAL CONTABLE COMO ELEMENTO PARA EL CÁLCULO DE LA BASE DE DICHO GRAVAMEN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Los citados preceptos, que prevén que para la deducción de las pérdidas que provengan de la enajenación de partes sociales o acciones distintas a las que se coloquen entre el gran público inversionista, deberá considerarse como ingreso obtenido el que resulte mayor entre el declarado y el determinado a partir del capital contable por acción o por parte social actualizado, viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no permiten la determinación del gravamen en atención a la capacidad contributiva real del causante, toda vez que introducen un elemento que por su propia naturaleza no puede reflejar en todos los casos el valor real del ingreso por la enajenación, como lo es el capital contable, que al ser producto de normas y principios contables, es útil para conocer el valor financiero real de las acciones de la persona moral, mas no para determinar los ingresos que se obtengan por su enajenación."

3) Finalmente, las consideraciones expuestas por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, al resolver el amparo directo en revisión 342/2009, en la parte que interesa, fueron:

• Declaró fundado el agravio de la autoridad en el que sostuvo que el artículo 31, primer párrafo, fracción II, del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el diecisiete de octubre de dos mil tres, no viola la garantía de proporcionalidad tributaria, al imponer el tributo considerando el valor contable de las acciones de la empresa, en vez del declarado y convenido por el sujeto pasivo del tributo.

• A fin de arribar a la anterior conclusión, la Segunda Sala de este Alto Tribunal, examinó el alcance de la garantía de proporcionalidad tributaria, y emprendió el análisis constitucional del artículo impugnado dentro del marco contextualizado de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

• Señaló que en lo que concierne al acto genérico de enajenación, el tratamiento fiscal varía atendiendo no sólo al fin de lucro que persiguen las sociedades mercantiles, sino también al momento en que se verifica el ingreso, y que para efectos del impuesto sobre la renta se prevé que se obtuvo el ingreso en el momento en que se expida el comprobante que ampara el precio de venta, se entregue materialmente el bien, se cobre el precio o éste se torne exigible, lo que ocurra primero. Por ello, el ingreso para efectos fiscales no siempre coincide con lo que a la vez prevén las disposiciones que rigen la enajenación a nivel contractual.

• Tratándose de la especie de enajenación de acciones por sociedades mercantiles, se indicó que el ingreso que se obtiene se incorpora en el patrimonio del acreedor como un derecho que permite obligar al deudor a que cumpla la contraprestación a su cargo que puede consistir en la entrega de efectivo o de bienes o en la prestación de servicios. De esta manera, las acciones en numerario se pagan íntegramente en efectivo y las de aportación se pagan con bienes distintos del dinero.

• Para comprender lo que representa la acción y la mecánica bajo la que opera su enajenación, la Sala partió del concepto de negociación mercantil, y señaló que el capital social está dividido en acciones, las cuales están representadas por títulos nominativos, que acreditan y transmiten la calidad y los derechos de accionista, por lo que la propiedad de las acciones puede ser transferida cumpliendo con las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos de la sociedad.

• En virtud de lo anterior, la acción representa todos y cada uno de los derechos que detentan los socios dentro de una sociedad mercantil, y sólo serán liberadas las acciones cuyo valor esté totalmente cubierto, o bien aquellas que provengan de capitalización de primas, utilidades retenidas o de reservas, incluyendo las de revaluación, debiendo cumplir con ciertas reglas, como el caso de las utilidades y las reservas, las cuales antes de capitalizarse, deberán estar debidamente reconocidas en los estados financieros y éstos aprobados por la Asamblea General de Accionistas. De esta manera, se precisó que: "... la acción es una parte fraccionaria del capital social que expresa en dinero el monto de las aportaciones de los socios, aun cuando las aportaciones sean de no numerario, con excepción de aquellas acciones que no tengan expresión de valor nominal."

• Acudiendo a la doctrina, la Segunda Sala señaló que la acción puede estudiarse bajo tres aspectos: a) como parte del capital social; b) como expresión de los derechos y obligaciones de los socios; y, c) como título de crédito. Siendo la acción, además, un bien mueble, según lo dispuesto en el artículo 755 del Código Civil Federal, y como tal sujeta de transmisiones de propiedad por consentimiento de las partes conforme las reglas de adquisición del Código Fiscal de la Federación.

• Se destacó que en la enajenación de acciones intervienen básicamente tres personas: la emisora, el enajenante y el adquirente: "La sociedad emisora es la empresa que recibe recursos financieros de los inversionistas, los invierte en los bienes de la negociación, realiza la actividad económica que constituye la finalidad de la sociedad, emite las constancias de aportación de los inversionistas y coadyuva a que éstos logren sus objetivos. La sociedad debe proporcionar información al enajenante para que éste asigne costo a las acciones que enajena, ya que es un elemento en el cálculo del impuesto."

• Así, cuando el accionista enajena sus acciones tiene derecho a recuperar la inversión más el rendimiento, destacándose que: "... esta ganancia puede estar gravada por el impuesto sobre la renta en la parte que no haya causado impuesto, es decir, el rendimiento gravable se origina en ingresos y ganancias que no causaron impuesto sobre la renta en la emisora y que debe causarse entonces al ser recuperado por el inversionista. La ganancia que se determina al efectuar el cálculo por la enajenación, comprende entonces, el rendimiento gravable y la ganancia que la acción hubiera adquirido por la plusvalía. La inversión recuperable o costo fiscal se denomina ‘monto original ajustado’. Esta operación se registra contablemente, en virtud de que el artículo 88 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece la obligación a las personas morales de llevar una cuenta de utilidad fiscal neta; ésta cuenta representa las utilidades contables susceptibles de repartirse a los accionistas, dado que ya se separaron de tales las provisiones de pago del impuesto sobre la renta y participación de utilidades del ejercicio que le son relativas, equivalente al nivel de utilidades que ya fueron gravadas por el impuesto sobre la renta y por esa misma razón el accionista puede retirarlas sin que la persona moral tenga que volver a pagar el impuesto; es decir, el accionista puede percibir dividendos o bien recuperar su inversión y utilidades enajenando sus acciones sin pagar otra vez el impuesto."

• A su vez, se precisó que el valor de la acción puede fijarse con base en distintos parámetros, entre ellos: a) en el valor convencional entre el enajenante y el adquirente sin un procedimiento técnico de valuación, bastando el simple acuerdo de voluntades; b) en el valor contable de cada acción, obtenido dividiendo el capital contable actualizado de la emisora entre el número total de las acciones; c) en el valor de mercado cuando se colocan en oferta pública entre el gran público inversionista; y, d) mediante avalúo, este valor es asignado por peritos y es el que toma de base la autoridad fiscal en algunos casos para determinar diferencias con el precio de enajenación pactado con el objeto de gravar esas diferencias.

• Asimismo, la Segunda Sala destacó que la enajenación de acciones a un precio inferior al valor de mercado, al costo, o a menos, puede generar la determinación presuntiva de la utilidad por la enajenación, y el adquirente debe acumular el ingreso por adquisición de bienes.

• De igual forma, la indicada Sala estableció que la ganancia por enajenación de acciones se determina conforme al procedimiento previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, según el cual, las personas morales están obligadas a acumular a sus demás ingresos la ganancia obtenida en la enajenación de acciones, señalando que: "Si el resultado es pérdida, el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece en primera instancia que no son deducibles las pérdidas por enajenación de acciones salvo que su adquisición y enajenación se hubiere efectuado dando cumplimiento a los requisitos establecidos por el SAT mediante reglas de carácter general; pero señala también que las que puedan deducirse no excederán del monto de las ganancias por ese mismo concepto en ese ejercicio o en los cinco siguientes hasta agotarlas, aclarando que se actualizan. Por su parte, el precepto legal y la disposición reglamentaria, cuya constitucionalidad se cuestiona, señala que para efectos del referido precepto legal, la pérdida por enajenación de acciones que no se coloquen entre el gran público inversionista será deducible cuando se determine cumpliendo básicamente dos requisitos: A) Que se realicen los ajustes al costo a que se refiere el artículo 24 de la ley. B) Que se considere como ingreso obtenido el que resulte mayor entre el declarado y el determinado a partir del capital contable actualizado por acción o parte social; este último se determinará dividiendo el capital contable actualizado determinado en el estado de posición financiera al cierre del ejercicio inmediato anterior a la enajenación actualizado conforme a los principios de contabilidad entre el total de acciones o partes sociales de la persona moral a la fecha de enajenación incluyendo las correspondientes a la reinversión o capitalización de utilidades o de cualquier otro concepto que integre el capital contable de la misma. De donde se sigue que la autoridad administrativa considera que el valor mínimo en que debe enajenar el inversionista sus acciones es el valor contable, que es el que tiene derecho a recuperar; por tanto, si se pacta un valor menor al contable y el resultado de la operación es pérdida, el fisco no la reconoce totalmente, sino sólo la que en su caso resulte de considerar como valor de enajenación el contable."

• La Sala Segunda Sala de este Alto Tribunal estableció que en la enajenación de acciones se advierten, contablemente, las siguientes posibilidades: "a) Si los accionistas reinvierten las utilidades a que tienen derecho en lugar de retirarlas de la sociedad, no se causará impuesto cuando se enajenen las acciones; lo anterior porque si por dichas utilidades ya se causó el impuesto en la persona moral, estas utilidades incrementarán el saldo de la CUFIN (cuenta de utilidad fiscal neta) y esto causará que ese aumento sea parte del costo fiscal cuando las acciones se enajenen, por tanto disminuirá la ganancia que posiblemente se obtenga; es claro que puede causarse impuesto si en el precio de enajenación, el accionista incluye además de las utilidades y la inversión original, un importe adicional por la plusvalía que la acción haya adquirido, o si además de utilidades se generaron pérdidas en el periodo de tenencia accionaria y a la fecha de enajenación aún estén pendientes de disminuir contra utilidades. b) Al retirar dividendos los accionistas, la persona moral disminuye el saldo de la CUFIN y, por tanto, disminuye el costo fiscal en la enajenación de acciones; lo anterior en virtud de que si ya recuperó el accionista sus utilidades, ya no tiene derecho a ellas al transmitir la propiedad de sus acciones. c) Si se pacta un precio de enajenación de las acciones inferior al de mercado, la autoridad está facultada para modificar la utilidad o pérdida del enajenante, mediante la determinación presuntiva; y por lo que respecta al adquirente, si se es persona física o residente en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, se está obligado a acumular el beneficio que se obtiene por comprar a menos del precio que corresponda. d) Si la contraprestación pactada al enajenar acciones es inferior al valor contable de las mismas, el fisco no reconocerá el total de las pérdidas en caso de que existieran. Lo anterior en virtud de que para efectos de deducción de las pérdidas, el precepto reglamentario que se impugna señala que debe considerarse como ingreso el que resulte mayor entre el declarado y el determinado a partir del capital contable actualizado por acción o parte social."

• Conforme a lo desarrollado, se estableció que la deducción de pérdidas derivadas de la adquisición y enajenación de acciones obedece a la lógica del impuesto sobre la renta, porque para generar ingreso el particular debe asumir el riesgo y, eventualmente, la realidad de una pérdida, la cual es el costo de llevar a cabo inversiones y, desde luego, de materializarse, reduce la capacidad contributiva del causante, pues: "Como ya quedó asentado, en materia fiscal, el costo comprobado de adquisición de las acciones es el costo original que tiene cada acción al momento de su compra y si a éste se le suma la inflación, desde el día de su adquisición y hasta el día de su venta, se obtiene el costo comprobado de adquisición actualizado en términos del artículo 32 del reglamento al que remite el precepto cuya constitucionalidad se cuestiona. En el esquema del impuesto sobre la renta que ha quedado pormenorizado, la regla general es, por tanto, que las pérdidas por enajenación de acciones no son deducibles en forma general, sino sólo la ganancia que el contribuyente obtenga en su enajenación. Así, si el costo promedio por acción supera al importe del ingreso obtenido por acción, entonces se tendrá una pérdida fiscal en enajenación de acciones que sólo podrá ser acreditada contra la utilidad en otra enajenación de acciones."

• Luego, la Sala al analizar si el parámetro establecido por el legislador en el precepto reglamentario impugnado, consistente en el capital contable, constituye un elemento objetivo que permita reflejar el valor real de la acción, señaló que: "... el término capit

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22427-835f4890/renta-el-articulo-31-fraccion-ii-del-reglamento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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